El apodo que Uruguay recibió a principios del siglo XX sigue vigente. El país copió lo mejor y también lo peor de su modelo europeo, y ahora sufre las consecuencias. Los "Panamá Papers" demostraron la importancia de los uruguayos en la industria de las offshore, como mediadores y clientes.

La filtración de los "Panamá Papers" reveló que Uruguay cumple un rol clave como intermediario entre el estudio panameño Mossack-Fonseca y quienes pretenden abrir una sociedad offshore. De hecho, es el décimo país del mundo en cantidad de intermediarios. Al menos 298 bufetes y profesionales uruguayos han colaborado con el estudio centroamericano que quedó al desnudo esta semana. Además, hay cientos o miles de uruguayos que participan de sociedades de este tipo en Mossack-Fonseca, así como en otras firmas panameñas o de otros países con legislaciones fiscales laxas. ¿Por qué?

Uruguay tuvo durante mucho tiempo una industria offshore de sociedades uruguayas, que eran las SAFI: sociedades anónimas financieras de inversión que tenían limitada su capacidad de hacer operaciones aquí. Gozaban de un régimen fiscal beneficioso, un impuesto mínimo —el 3 por 1.000 de su patrimonio neto—, con lo cual eran altamente convenientes para los extranjeros.

Las SAFI fueron creadas por ley en 1948. Los legisladores de la época justificaron su creación diciendo que el país atraía inversiones y competía con Mónaco. En la década del 90 esta modalidad se fortaleció y atrajo a los países vecinos. A tal punto creció en negocios que hacia el 2000 se creaba una SAFI cada dos horas.

Las facilidades tributarias y la estricta confidencialidad que brindaban las SAFI le dieron a Uruguay el título de "paraíso fiscal". A buena parte de la población ese rótulo no le importaba —de última, era dinero que ingresaba al país. Pero sobre fines del gobierno de Jorge Batlle comenzaron las recomendaciones de organismos internacionales incitando a Uruguay a modificar su legislación. Las sociedades eran aprovechadas masivamente, sobre todo por argentinos, para tener activos sin identificarse como dueños.

En un momento la Inspección General de Justicia argentina empezó a perseguir a los usuarios de este tipo de instrumentos. Muchos debieron adaptarse y convertir sus SAFI en sociedades argentinas. A su vez, en 2007, ya bajo la comandancia de Danilo Astori en el Ministerio de Economía, prácticamente se eliminó la existencia de las SAFI, que a esa altura ya eran un factor de mala reputación. La nueva normativa estableció que estas entidades podían permanecer hasta el 31 de diciembre de 2010. A partir de entonces, deberían pagar el impuesto a la renta, el IVA, el impuesto al patrimonio y al control de las sociedades anónimas.

Pero tantos años siendo una plaza offshore llevó a que muchos estudios hubieran desarrollado experiencia en un negocio poco sofisticado y muy rentable. Muchas veces tenían pocos movimientos en el año, y solo tenían que hacer los balances y las actas anuales de asambleas. Aunque el "peaje" era mínimo, como el negocio era masivo, generaba mucho dinero. Prácticamente todos los bufetes de renombre participaban.

Los argentinos, en tanto, se habían acostumbrado a venir a Uruguay, donde les eran familiares los estudios. Aun habiendo perdido el atractivo de las SAFI, los uruguayos tenían la capacidad de ofrecer otras cosas. Así funcionan los mercados. Como antes compraban sociedades uruguayas, un día empezaron a comprar panameñas. Además, por una cantidad de regulaciones resultaba incómodo hacer lo mismo en Argentina.

La tendencia al declive de las sociedades uruguayas quedó comprobada cuando en 2012 se pasó a pedir la identificación de los propietarios. Más de 84.000 entidades quedaron disueltas. Y hasta fines de 2015 solo reportaron los datos al Banco Central unas 30.000, según la memoria anual de ese organismo.

En Panamá los impuestos son bajos, el secreto bancario se respeta a rajatabla —de hecho, la Justicia uruguaya solicitó datos y no obtuvo respuesta— y una offshore puede crearse en cuestión de una tarde. En Uruguay, en cambio, generar una de estas sociedades —ahora llamadas "participaciones patrimoniales al portador"— demora entre tres y cuatro meses.

Panamá tiene otra ventaja: el anonimato. En vez de hacer que las acciones al portador se volvieran registrables, como pasó en Uruguay, allí generaron una ley de compliance de los estudios que las vendían, a quienes llamaban los "agentes custodios". El estudio panameño decía: "A mí no me tenés que decir quién es el dueño de la sociedad, si vos me firmás este documento que asegura que conocés al dueño y que certificaste que su dinero no proviene del lavado de activos". Los clientes pedían eso y los estudios uruguayos ponían la cara. En última instancia, estaban acostumbrados a ese tipo de maniobras, como prestar nombres de directores. Lo consideraban parte del negocio y de ganarse la confianza de sus clientes.

Este jueves el semanario Búsqueda dio a conocer los nombres de 22 bufetes uruguayos que en los últimos 40 años crearon al menos 50 sociedades offshore y las registraron en el estudio Mossack-Fonseca. Algunos han generado cientos. Entre ellos, el del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani. La información de los Panamá Papers revela las operaciones que Damiani ideó para que algunos de sus clientes, hoy investigados por maniobras delictivas, accedieran a privilegios en el estudio panameño. Justamente, el hecho de no haber procurado siempre la "diligencia debida" en estos casos, puede llegar a comprometerlo.

Algunos profesionales de los estudios uruguayos mencionados por el semanario, contaron a El País que tras la divulgación de la información han sido consultados por varios clientes sobre cómo evolucionará el negocio. Según dijeron, las entradas por las offshore hoy son "insignificantes" en la facturación total de los bufetes en los que trabajan.

En estos días, los dueños de los estudios señalados también han hecho sus descargos contra la difusión de los documentos, argumentando que sus acciones son legítimas. Sienten que se ha invertido la carga de la prueba: "demuestre que usted no es culpable". Y algo de eso hay: una especie de condena generalizada a todo aquel vinculado a las sociedades offshore. El presidente estadounidense Barack Obama lo dijo más o menos así: no importa que sea legal, es moralmente malo.

La Secretaría Nacional Antilavado anunció que a partir de la semana entrante iniciará inspecciones en los estudios jurídicos. Carlos Díaz, el jerarca de esa unidad de Presidencia, dijo que se controlará al personal que figura como titular de sociedades offshore. Por mes declararán unos 80 sujetos obligados, empezando por quienes figuran en procesamientos por crimen organizado. Las multas por omisión en los controles antilavado alcanzan los US$ 2 millones.

Uruguay viene realizando varias modificaciones para ganar en transparencia, como suscribir a los acuerdos de intercambio de información con otros países, o exigir que las entidades no financieras también deban reportar operaciones sospechosas ante el Banco Central. Varias son requisito para eludir la lista gris de la GAFI, una institución creada por los ocho países más poderosos. Autoridades de este organismo visitarán el país dentro de tres años para evaluar su situación.

En estos días se viralizó una explicación muy simple sobre el uso de las sociedades offshore. Un niño tiene una alcancía donde guarda sus ahorros. Cansado de que su mamá revise cuánto dinero tiene, decide llevar la alcancía a la casa de Pablito. La mamá de Pablito nunca revisa las alcancías, ni siquiera sabe de quiénes son ni pide explicaciones. Entonces muchos amiguitos del barrio comienzan a llevar sus alcancías a lo de Pablito. Algunos, como Federico, guardan el dinero que juntaron legítimamente cuando se les cayeron los dientes de leche. Otros, como Gustavo, almacenan las monedas que les robaron a sus hermanos menores.

¿Es legal tener el dinero en lo de Pablito? Sí. ¿Todo el dinero que hay en la casa de Pablito es legítimo? No. Hubo quienes, como Gustavo, cometieron un delito para obtener esas monedas. Pero como las offshore tienen una estricta confidencialidad, nadie lo sabe.

Parece sencillo, pero estas sociedades no son para cualquiera. Los contadores de estudios uruguayos que están en este negocio estiman que la persona que abre una offshore tiene, como mínimo, unos US$ 100.000 para guardar allí. La sola apertura implica entre US$ 1.500 y 2.000. Luego es necesario pagar un monto fijo para mantener activa la entidad.

La divulgación de los "Panamá Papers" también evidenció que muchos políticos, empresarios y deportistas famosos, entre los cuales hay varios uruguayos, han recurrido a las panameñas para guardar su dinero fuera de sus países de origen. Algunos resultaron salpicados por los cargos que desempeñan o porque esto se suma a acusaciones anteriores de conductas sospechosas.

Es posible medir el peso de las sociedades offshore en la economía mundial a partir de lo que deja de recaudarse gracias a ellas. Un estudio encabezado por el economista estadounidense Gabriel Zucman demuestra que el 22% de la riqueza generada en Latinoamérica se maneja por offshore. Significa una pérdida de US$ 21 mil millones de cobro de impuestos en los países de origen.

En Uruguay, según un experto tributario que trabaja en el gobierno y pidió el anonimato, la evasión fiscal de uruguayos con cuentas o negocios en otros países puede alcanzar hasta unos US$ 215 millones, lo que equivale a un 0,4% de nuestro PIB. El funcionario estima que si no hubiera evasión, la recaudación máxima por las rentas de capital mobiliario, generadas tanto dentro como fuera del país, podría ser de unos US$ 430 millones. Hoy, lo que entra del exterior por ese concepto significa para Uruguay apenas US$ 15 millones al año.

Hasta 2011 el país no gravaba las rentas en el exterior, lo cual era un incentivo para tener activos afuera, pero no había una "necesidad" de esconderlos por razones fiscales. Desde el 1° de enero de ese año sí se paga IRPF por los rendimientos de capital mobiliario. Aplica, por ejemplo, para aquel que vive en Uruguay y tiene bonos en otro país, o para quien tiene una cuenta en un banco que le genera intereses. No corre para la compra o venta de inmuebles ni para la renta de empresas.

Entonces, ¿por qué tantos uruguayos han participado de sociedades offshore en las décadas anteriores? No resulta sencillo de entender. Puede haber sido por razones de negocios. Quizás no hayan querido esconder su dinero del fisco, pero sí de una persona. Algunos especialistas consultados opinaron que quizás haya sido por un afán de "planificación patrimonial", es decir, para reducir el riesgo ante eventuales acreedores. Es posible, también, que muchos de los uruguayos que figuran vinculados a sociedades offshore hayan sido meros "prestanombre".

Un uso seguramente recurrente de este instrumento es la planificación sucesoria. Varios estudios contables y jurídicos uruguayos han recomendado, y aún recomiendan, a sus clientes este tipo de sociedades porque el titular puede, aún en vida, repartir las acciones entre sus herederos y evitarles el trámite de sucesión. Pero no todas las razones sucesorias son lícitas. Si la offshore se usa, por ejemplo, para esconder el dinero de los hijos, se contraviene la ley.

Apelar a una panameña siempre tiene una consecuencia: el anonimato. Y si bien es posible que algunos uruguayos hayan declarado su participación en estas sociedades, la información no está en Uruguay, sino en Panamá. Por motivos lícitos o no, quienes tienen offshore logran salirse del radar del fisco.

A nivel internacional, las empresas están empezando a hablar de "responsabilidad corporativa tributaria". Es algo así como la última tendencia: preferir siempre instalarse en una jurisdicción por razones estratégicas y de negocios, antes que elegir por motivos tributarios. No importa si es lícito o no pagar impuestos, porque es inconveniente no hacerlo. Bajo ese paradigma parece quedar atrás la habitual argumentación de los dueños de sociedades offshore, que es el "derecho de planificación fiscal". Va de la mano con la pérdida de privacidad que se impone en otros ámbitos. El impacto de los "Panamá Papers" parece confirmarlo.

Carlos Díaz, el jefe de la Secretaría Nacional Antilavado, es quien coordina una comisión especial que desde el 24 de marzo está diseñando la estrategia para endurecer las normativas antilavado. Es, además, el promotor de las inspecciones que el gobierno iniciará en los próximos días a los "sujetos obligados" de reportar sospechas de maniobras fraudulentas. Por si el trabajo fuera poco, a la prensa se le ocurrió divulgar los "Papeles Panamá".

Según Díaz, la investigación periodística "no cambió demasiado la operativa" de la Secretaría Antilavado. En todo caso reafirma el pensamiento del jerarca. "Desde el cambio legislativo de 2007, muchos estudios (jurídicos y contables) encontraron cómo hacer maniobras para abrir sociedades que paguen menos impuestos dentro de la ley". De ahí que sea necesaria "una modificación de las normas".

El primer planteo de la Secretaría es prohibir a las sociedades la posibilidad de ser accionistas de otras sociedades. Las autoridades quieren que figure una persona física o bien que quede claro quién está detrás de cada entidad. Lo otro es intentar que el delito fiscal sea un delito precedente del lavado de activos, como ocurre en España pero no en Uruguay.

Díaz no está de acuerdo con eliminar las offshore, porque "existen en todo el mundo", aunque se cuestiona: "¿cuál es la necesidad de tener una?". A su juicio, este tipo de sociedades pueden ser una demostración de la desigualdad social: quien tiene más dinero es quien abre esas sociedades y termina pagando menos impuestos.

También es consciente de que para muchos estudios uruguayos, el abrir offshore es un buen negocio. Pero, "¿debemos atender las necesidades de esos 1.000 o 2.000 trabajadores de los estudios, o estar pendientes de los más de tres millones de uruguayos?", plantea.

En el desfile de nombres de uruguayos involucrados en los "Papeles Panamá", hay uno que sobresale: Juan Pedro Damiani. El presidente de Peñarol, que hasta hace pocos días sonreía junto al presidente de la FIFA e inauguraba el estadio Campeón del Siglo, debió renunciar al Comité de Ética del ente rector del fútbol. Su estudio —JP Damiani & Asociados— aparece involucrado en la "ruta del dinero K" y en el lavado de activos por corrupción en la propia FIFA.

Según informó el semanario Búsqueda, Damiani abrió junto al estudio panameño Mossack- Fonseca al menos 368 sociedades anónimas en el exterior, de las cuales 211 permanecen activas. A priori este dato no configura un delito. Sin embargo, la Justicia investiga el vínculo que el estudio uruguayo mantuvo con Eugenio Figueredo —preso por aceptar coimas y posterior lavado de activos—, y con Hugo y Mariano Jinkis, señalados por Estados Unidos como responsables de pagar las coimas. Además, los "Papeles Panamá" confirman que Damiani administró una sociedad que giró más de US$ 10 millones a Liechtenstein, en Europa. Esa sociedad parece estar vinculada a Lázaro Báez, detenido en Argentina por presunto lavado de dinero.

Por estos antecedes el presidente de Peñarol encabezó las portadas de prensa. Pero la Justicia no lo imputó y, según las consultas realizadas por El País a catedráticos en Derecho Penal, su actuación no reviste una conducta delictiva.

Lo primero que hay que analizar es si se tomó la "debida diligencia". Es decir, si el estudio Damiani hizo todas las acciones necesarias para conocer a sus clientes, si exigió balances, si pidió documentación y corroboró los datos.

Ante la sospecha, Damiani debería haber informado al Banco Central. Tampoco debería haber aceptado abrir una offshore si consideraba a una de estas personas como políticamente expuestas (PEP). Se trata de un listado de cargos y funcionarios que elabora el BCU sobre quienes ocupan tareas públicas.

En el caso de Juan Pedro Damiani, quien está en el ámbito del fútbol, también es necesario indagar si por su actividad profesional sospechaba del buen obrar de Eugenio Figueredo, explica Raúl Cervini, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica.

Según este docente, el escándalo de la FIFA dio resultados demasiado rápidos, imposibilitando a los involucrados realizar movimientos en las cuentas.

Distintos fueron los tiempos en el caso de la "ruta del dinero K". Ya en marzo de 2014 el propio estudio Mossack-Fonseca puso bajo la lupa al estudio Damiani, aun cuando tenían una relación de años.

Según los documentos filtrados, el director de marketing de Mossack-Fonseca, Carlos Sousa-Lennox, escribió que era necesario una "investigación de todas las sociedades con Damiani". Desde entonces los panameños considerarían al estudio uruguayo como un cliente "riesgoso", y exigirían la debida diligencia ante los casos nuevos y viejos.

El Banco Central había detectado entre 2012 y 2013 los giros millonarios en sociedades que administraba Damiani.

Al respecto, Sandra de Cornejo, la jefa del Departamento de Cumplimiento del estudio panameño, había informado: "Tenemos una sociedad disuelta de Nevada llamada Jaguar Capital LLC, que estaba bajo la administración de Damiani", consignó Búsqueda.

Pero por los datos que revela la prensa "no se puede sacar ninguna conclusión", dice Miguel Langón, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de la República.

Para el catedrático, la prensa llega a "demonizar" a algunas figuras y da por sentado algunos supuestos que no están confirmados. Refiere a si Damiani ya tenía o no conocimiento de que el dinero que circulaba en las sociedades provenía de hechos delictivos, por ejemplo.

En la previa del partido que Peñarol jugó ayer, Damiani dijo que "la próxima semana" irá al Banco Central a presentar toda la información para aclarar su situación. El Juzgado de Crimen Organizado de 2° Turno es quien lleva adelante en Uruguay las investigaciones sobre "la ruta del dinero K" y el "FIFA Gate".

PANAMÁ PAPERS: URUGUAY, EL GRAN MEDIADOR