REFORMA CAMBIARÁ LA CARA DE LA JUSTICIA

Un nuevo ADN para la Justicia Penal

En 34 días se implementará la reforma del proceso penal. Y aunque todavía hay propuestas de último momento que aportan incertidumbre, se busca que el nuevo código mejore drásticamente la forma en que los delitos son investigados, juzgados y penados. ¿Qué cambios cabe esperar?

El eterno femenino de una imaginativa pintora
En 30 días se implementará la reforma del Proceso Penal. Foto: Archivo El País.

Hace un año, cuando el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, estrechó la mano de Tabaré Vázquez y selló la implementación del nuevo Código del Proceso Penal para el 16 de julio de 2017, anunció que en la página web del Poder Judicial se iba a incorporar un cronómetro con cuenta regresiva. Fue una manera de celebrar la confirmación de una reforma urgente que pasó más de una década postergada, redactándose en los escritorios de distintos operadores judiciales y siendo analizada por los legisladores hasta que, finalmente, en 2014 se aprobó y en 2016 se dispuso del presupuesto para echarla a andar.

Dicen que lo bueno tarda, pero llega. Cuando esta noticia se publicó en los diarios, muchos defensores, fiscales y jueces ya habían quedado afónicos de repetir que el procedimiento vigente no cumple con los estándares mínimos establecidos por los acuerdos internacionales, porque en los hechos no brinda garantías ni para las víctimas ni para los victimarios. Uruguay, que tiene a más del 60% de sus presos sin que sepan cuánto tiempo estarán tras las rejas, debía modernizar su código o arriesgarse a ser demandando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "y si eso sucede nos van a condenar", previno en varias oportunidades el fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Hasta que las agujas del reloj del Poder Judicial lleguen a su destino final, seguiremos siendo el último país de la región que mantiene un sistema inquisitivo, un diseño de proceso penal que Díaz suele describir como "un lastre heredado del reino español en tiempos de la conquista, obsoleto, que funciona mal y es injusto".

Según el código que está a punto de abandonarse, el mismo juez que lleva adelante la investigación junto a la Policía también juzga al acusado, una situación que posiblemente influya en que solo el 2% de los acusados resulte absuelto. "Esta doble función es imposible de hacer sin que se pierda imparcialidad", reconoció Alberto Reyes, ministro del Tribunal de Apelaciones y presidente de la Asociación de Magistrados.

Además, la gran mayoría de los imputados espera en la cárcel hasta dos años por su sentencia. Juan Raúl Williman, abogado y docente encargado del consultorio jurídico de la Universidad de la República que brinda asistencia a las víctimas de delitos penales, explica que esto sucede porque "la prisión preventiva, más que ser utilizada como una medida cautelar, se utiliza como una pena anticipada, lo que no es correcto". Y aclara que "las sentencias son tan lentas por una mezcla de cuestiones normativas, legislativas y presupuestales, porque también faltan recursos humanos que aceleren el proceso".

Su colega Andrés Ojeda cuenta que "como hay pocos jueces para muchas tareas, algunas veces ni siquiera están en la audiencia". ¿Quién la dirige entonces? "Un funcionario que escribe el acta y luego se la muestra al juez. En esos casos el acusado va preso sin haberle visto la cara al magistrado", asegura. Luego, a través del acceso a distintos beneficios como la libertad condicional, la libertad anticipada y la suspensión condicional de la pena, la mayoría de los acusados termina cumpliendo su condena en libertad, lo que para el fiscal Díaz "implica impunidad".

Hasta ahora los juicios son reservados, secretos, y el proceso entero se documenta por escrito, generando que en las audiencias "la única preocupación sea que el funcionario transcriba bien lo dicho y el único producto final sea el acta", denunció Díaz. Esto propicia una burocracia de tal magnitud que se evidencia en expedientes de 600 páginas y una demora en el entorno de los dos años para dictar una sentencia.

Como en las películas.

En vez del inquisitivo —donde el juez es parte, y guía la investigación—, el nuevo código propone un sistema acusatorio —en el que la investigación corre por parte del fiscal y del defensor. Es el mismo que utilizan el resto de los países de la región desde comienzos de este siglo; un molde inspirado en el proceso penal anglosajón que estamos acostumbrados a ver en series y películas norteamericanas.

El principal objetivo de la reforma es darle garantías al procedimiento poniendo la investigación en manos del fiscal (y no del juez), que pasará a trabajar junto a la policía y los peritos. El fiscal Carlos Negro admite que este cambio de diseño es un anhelo largamente trabajado que va a implicar un giro de 180°. "Nos hemos dedicado por más de 100 años a tener una labor espejo a la del juez, muy de gabinete, y ahora hay que salir al territorio. Pasamos de ser asesores de los jueces a tener el control y responsabilidad de la investigación", concluye.

Por otro lado, los jueces también deberán adecuarse a un nuevo rol, alejados de la investigación y encargados de juzgar las pruebas recibidas por la Fiscalía y la defensa para dictar sentencia."Se tendrán que morder la lengua", dijo Jorge Chediak, juez y presidente de la Suprema Corte de Justicia: "Nosotros estamos acostumbrados a un gran protagonismo y ahora el poder estará limitado a dirigir el proceso".

Aunque algunos operadores comentan que varios magistrados temen convertirse en figuras decorativas, el fiscal Gustavo Zubía está de acuerdo con Chediak en que tendrán "una función más dura de lo que se prevé". Consultada al respecto, la jueza Julia Staricco manifestó que la mayoría de los jueces están acostumbrados a cambiar de materia, pasando de Civil a Familia y a Penal. "Este es un cambio de rol como los otros y habrá que adaptarse", dijo.

Desde el punto de vista social, el aspecto más complejo de asimilar será que a partir del 16 de julio la prisión como medida preventiva pasa a ser excepcional. De esta manera, salvo ante circunstancias de delitos graves, riesgo de vida para testigos, víctimas o acusados, u otro tipo de posibles obstáculos al proceso, el imputado esperará la sentencia en libertad, como sucede en el resto de los países con sistema acusatorio.

Este código también incorpora un proceso abreviado que puede tramitarse en 24 horas. Así lo explica el fiscal Negro: "Cuando las pruebas para acusar a un sospechoso son de enorme contundencia, la defensa puede negociar con el fiscal una pena menor si su cliente confiesa los hechos, como vemos que sucede en las películas cuando se negocian los años. Esto le permitirá a la Fiscalía obtener una condena rápida y reservar los juicios para los casos más relevantes". Zubía es uno de los que se oponen a esta novedad, porque cree que la pena no debe ser negociable. "Es un tema ético", dijo. "El código nace con la columna vertebral partida".

El otro protagonista de la reforma será la víctima. En el proceso actual tiene una participación muy escueta, ligada a otorgar pruebas, pero ahora tendrá el derecho de participar activamente si así lo desea. Incluso, ante la negativa de un fiscal de iniciar una investigación, podrá consultar a un fiscal subrogante. Para atender a esta figura, la Defensoría Pública —que asume el 80% de los casos penales que se tramitan— sumará unos 60 defensores nuevos, alcanzando un total de 300. Verónica Acuña, directora de la Defensoría, dijo que "este nuevo panorama y el procedimiento oral harán posible hablar de un control de calidad del desenvolvimiento de la tarea del defensor".

La interconectividad entre el Ministerio del Interior, las sedes policiales y judiciales y la Fiscalía, estará asegurada por un sistema informático que hará que el 100% de las denuncias realizadas en cualquier mostrador se anuncien en Fiscalía. Allí se asignará un equipo a cada caso.

La inversión en tecnología es fundamental para pasar de un juicio escrito y reservado a uno oral y público, que quedará registrado en archivos de audio al que podrán acceder todos los operadores. Según los expertos consultados, este "será un cambio revolucionario".

Los talones de Aquiles.

El nuevo código tiene como cometido asegurar la transparencia de los juicios, que los tiempos se acorten y que las penas se cumplan. De esta manera se espera volver a conquistar la confianza de la sociedad en el proceso penal: "Queremos que los ciudadanos comprueben que no sucede nada raro detrás de las puertas de un juzgado", dijo Díaz esta semana, durante un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing.

En ese mismo encuentro, Chediak, el presidente de la Corte, planteó los desafíos que enfrenta coordinar la aplicación del nuevo código al mismo tiempo que afinan la logística para que los casos anteriores al 16 de julio sigan su curso según la normativa vieja. Además, recordó que la parte penal representa el 20% de la carga de trabajo del Poder Judicial: "Es decir que hay que hacer todo esto sin desatender al resto", dijo.

Aunque el cronómetro indica que faltan apenas 34 días para la esperada implementación, Chediak advirtió que habrá que esperar a que transcurra un año de funcionamiento "para juzgar sus bondades y hacerle las críticas que amerite, porque esto no es magia y hay que recordar la ley de Murphy que dice que todo lo que puede salir mal va a salir mal".

Las altas expectativas lo tienen preocupado, por eso viene avisando que esta reforma tendrá una presentación "decente" y que es una "low cost" comparada al modelo chileno que la inspiró. La chilena contó con cinco años de tiempo para instrumentarse y una inversión estatal de 800 millones de dólares para transformaciones edilicias, contratación de recursos humanos y capacitación a los operadores. La nuestra se resolvió en un año, agregó juzgados, operadores y tecnología pero no funcionarios, y tuvo que arreglarse con un presupuesto 30 veces menor.

A pocos días de que los juzgados y las fiscalías comiencen su trabajo en fojas cero, la comisión interinstitucional conformada para la puesta en marcha del nuevo código presentó a los legisladores un extenso listado de modificaciones administrativas y normativas que considera esenciales realizar antes de que comience a aplicarse, y solicitó que su implementación se prorrogue por cinco meses más. El próximo martes, la Comisión de Constitución y Códigos del Senado discutirá las modificaciones propuestas y resolverá cuáles se incorporan. Todo indica que la fecha prevista se mantendrá.

La que ya cuenta con respaldo político para ser derogada es la libertad condicional. Otras de las más importantes tienen que ver con que este código asegura un proceso con más garantías para los adultos que el que rige para los menores, y el reclamo de que haya dos jueces en lugar de uno solo: uno que formalice la acusación y otro que sentencie, para evitar errores del pasado. El penalista Fagúndez cree que de no ser así, "este código demostrará que es una mala ficción del de Estados Unidos, que ya de por sí es una ficción, y se volverá una mentira".

Ante estas idas y vueltas, en los pasillos de los juzgados se vive un clima de incertidumbre. Fagúndez sostiene que "la constante inseguridad en la aplicación del código y las interpelaciones que ha vivido el texto, parecen una burla hacia la incapacidad de los operadores". Por su parte, el abogado Williman planteó: "Los abogados que no formamos parte del Poder Judicial ni de la Fiscalía sentimos que falta coordinación. Una vez que estudiamos el nuevo código se prevén cambios que tenemos que incorporar, pero que tampoco es seguro que sean aprobados antes de 16 de julio".

Una pizca de marketing.

Otro reclamo es que, hasta el momento, la reforma no se comunicó con la intensidad necesaria ni se explicaron con claridad sus propósitos: "Se vendió a la población como una solución para la inseguridad cuando no tiene que ver con su naturaleza, porque no va a solucionar el delito. Lo que sí puede pasar es que los presos que están en la cárcel sepan por qué fueron acusados, cómo fueron defendidos y cuál es su pena", dijo Fagúndez.

El abogado Ojeda cree que al código se le están cargando responsabilidades que no son suyas. "Va a mejorar situaciones de injusticia que hay hoy, pero ni siquiera creo que lleve a más gente presa, porque este sistema va a ser más sincero y el acusado va a ir preso cuando haya condena. Si sale bien, las penas se van a cumplir más y con mejores garantías".

En el camino del optimismo está Reyes, el presidente de la Asociación de Magistrados, que considera "que al haber una organización diferente en la persecución por parte de la Fiscalía, con algunas facilidades con las que no contaban los jueces, los fiscales podrían priorizar ciertos delitos y generar fuentes y canales de comunicación para que las investigaciones sean más efectivas".

Si a la Corte le faltaba otro dolor de cabeza, se aplicó la ley de Murphy y al embrollo se sumaron las medidas gremiales de funcionarios y actuarios que amenazan con retrasar capacitaciones, algunas de las 69 intervenciones arquitectónicas previstas en las distintas sedes y la instalación del Audire, el sistema de audio que grabará cada audiencia.

Esta tecnología es, a su vez, otro talón de Aquiles. "La principal queja que hemos escuchado es vamos a tener que sentarnos cinco horas a escuchar el juicio y desgrabarlo, ¡cuando lo que queremos es eliminar el papel!", contó Chediak. Pero esta resistencia no es una exclusividad del quejoso ADN uruguayo: en Chile hubo que retirar las impresoras de los juzgados para combatir la resistencia al expediente electrónico.

Mientras el cronómetro retrocede, Chediak les responde a los contratiempos con buen ánimo y un pedido de colaboración: "Todo es mejorable, pero hay que partir de una actitud correcta, porque los seres humanos nos sentimos más cómodos lidiando con los viejos problemas que experimentando nuevas soluciones".

¿En qué se van a parecer estos juicios a los del cine?

El sistema acusatorio se aplica en los procesos penales de países anglosajones. Su diseño es el que vemos en películas y series como La ley y el orden. Al dirigir la investigación el fiscal ganará protagonismo y se enfrentará al defensor del acusado en las audiencias para intentar convencer al juez. El juicio será público y oral: los peritos, testigos, víctimas e imputados serán interrogados en sala por el fiscal y el defensor. ¿Habrá jurados? No por el momento, aunque la Constitución prevé este tipo de figura, que estuvo en funcionamiento hasta 1938. Quedó en desuso luego de que un jurado fuera comprado para obtener la absolución de un hacendado sospechoso de haber estrangulado a su esposa. El caso se recuerda como "el crimen de La ternera".

Un diseño que exigirá otra solidez a los operadores.

El abogado Juan Fagúndez dice que el juicio oral "cambiará muchísimo la labor de los defensores, porque habrá que reaccionar rápido frente al juez, el fiscal y el cliente. Ahí se acaba el bla, bla, bla", opina. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, también mencionó que este diseño exigirá que todos los operadores estén "más sólidos". Por otro lado, el abogado Ojeda sostiene que el cambio será menos dificultoso para "los que escriben mal pero hablan bien", aunque también entiende que en el período de adaptación es común que se lean los documentos en lugar de improvisar.

Verónica Acuña, la directora de la Defensoría Pública, está satisfecha con este cambio que coloca al defensor en un lugar mucho más relevante del que tenía anteriormente, cuando el juez que sentenciaba también estaba a cargo de la investigación, comprometiendo su imparcialidad. La Defensoría cuenta con 300 abogados que les brindarán asistencia letrada a los acusados y también a las víctimas, otro enorme desafío que incorpora el código. Además, la Fiscalía tendrá una unidad especializada para recibir a las víctimas. Luego, si lo desean, éstas podrán acceder a un defensor y formar parte del proceso de forma activa.

Libertad condicional, beneficio que el nuevo código derogará.

Entre las modificaciones que solicitó la Comisión Interinstitucional, las que ya consiguieron respaldo político, son la derogación de la libertad condicional y de la suspensión condicional de la pena.

Según explicó el ministro Chediak, estos institutos vienen funcionando como método de "compensación ante el exceso de prisión preventiva", dijo.

Por su parte, el fiscal Díaz aseguró que estos beneficios de contrapeso no van a funcionar a partir del 16 de julio. "No podemos seguir teniendo casos donde se dicten sentencias de condena de pena privativas de libertad que no se cumplen. Esto implica impunidad y esto es lo que no se va a permitir más. A partir de la reforma, si se decide que se va a juicio, se va a juicio; y si se es condenado, la pena se tiene que cumplir". Sin embargo, aclaró que "el nuevo código tiene otros institutos sustitutos como pueden ser los acuerdos reparatorios o la suspensión del proceso a prueba".

Consultado acerca de la importancia de derogar la libertad condicional, el fiscal Carlos Negro explicó su funcionamiento: "Como en el sistema inquisitivo la prisión preventiva se utiliza como adelanto de pena y con fundamento de pena, es necesario que una vez que la persona recupera su libertad (que lo hace cuando el juez y el fiscal entienden que ya la cumplió), no sea reintegrada a la cárcel. Entonces, cuando llega la condena y el individuo está en libertad, existe lo que se llama libertad condicional: la persona no vuelve a prisión porque se entiende que ya cumplió la pena".

Y agregó: "Es muy difícil de comprender porque es un instituto preventivo en el texto (lo correcto sería utilizarla como medida cautelar frente a obstáculos que perjudiquen el juicio), pero sin embargo el sistema mismo lo reconoce como una pena. Esta es una de las contradicciones del sistema inquisitivo que es imperioso dejar atrás". En el sistema acusatorio el acusado esperará la sentencia en libertad y recién será encarcelado cuando se fije su condena.

Sistema inquisitivo.

-Ante un hecho delictivo la Policía avisa al juez de turno, que es el que dirige la investigación.

-La labor del fiscal, prácticamente, es la de asesorar al juez. La suya suele ser una tarea de escritorio.

-La víctima tiene una participación escueta relacionada a la recolección de pruebas. No forma parte del proceso.

-Si el acusado fue sorprendido cometiendo el delito, la Policía lo detiene. El juez tiene un máximo de 48 horas para procesarlo.

-La gran mayoría de los imputados son procesados con prisión de forma preventiva y reciben su sentencia de condena unos dos años después.

Debido a distintos beneficios como la libertad condicional, el gran porcentaje cumple la pena en libertad.

Los juicios son escritos y reservados. En algunos casos el juez ni siquiera está en la audiencia.

Sistema acusatorio.

-Si ocurre un delito o ingresa una denuncia, la Fiscalía toma conocimiento instantáneo y será el fiscal de turno el responsable de dirigir la investigación.

-En las primeras 24 horas el fiscal le presenta pruebas al juez, que decide si hay o no un caso. La primera audiencia es la de formalización.

-Si la prueba acusatoria es contundente, el defensor puede recurrir a un proceso abreviado y negociar con el fiscal una pena menor a cambio de una confesión. No se va a juicio.

-Salvo casos especiales, los imputados esperarán la sentencia de condena en libertad.

-La víctima puede participar del proceso. Primero será recibida por la Fiscalía y si lo desea puede tener un defensor.

-Los juicios son orales y públicos. Las audiencias serán grabadas y los expedientes, electrónicos.

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