Las nueve sospechas que rodean a Ancap

26/03/2017, 05:26

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Refinería de combustibles de Ancap en La Teja. Foto: Fernando Ponzetto.

Las más de mil hojas del expediente de Ancap hablan de pérdidas millonarias y posibles delitos contra la Administración pública. La Justicia intenta averiguar, tema a tema, si hubo algún fraude, abuso de funciones o recibo de coimas. ¿Qué se sabe y qué queda por saber?

Había una vez una empresa que era famosa por el volumen de sus negocios, su imponente sede en la Avenida del Libertador y la emblemática planta de La Teja. Pero desde hace dos años esta institución logró una exposición mediática insospechada. La presencia de Ancap en los informativos de televisión aumentó —a fuerza de enredos políticos y causas judiciales en su contra— 13 veces respecto al bienio 2010-2011.

El dato proviene de una auditoría de Foco. Si se sumara el tiempo que ocupó el caso Ancap en los noticieros en los últimos dos años, el resultado sería como ver una película de 40 horas seguidas. Esa historia tendría un comienzo basado en los balances negativos de la gestión del ente, con pérdidas de US$ 800 millones, y las críticas a algunas decisiones del directorio. Le seguiría un desarrollo que tiene como eje una comisión investigadora en el Parlamento, que duró entre agosto y diciembre de 2015, y cuatro denuncias penales correspondientes a cada uno de los partidos de la oposición con representación legislativa. Y terminaría con un proceso judicial, que según el fiscal Luis Pacheco debería acabar antes de fin de año, en que se busca comprobar si hubo delitos contra la Administración pública. El desenlace permanece aún incierto.

La Justicia optó por englobar las denuncias sobre Ancap en nueve temas clave. Por uno de esos asuntos, sobre la publicidad y la comunicación, ya desfilaron por el juzgado los primeros indagados. Para los siguientes ochos tópicos, el fiscal solicitó la indagatoria a 28 personas, entre ellos seis gerentes de la empresa, y al senador Leonardo De León en carácter de testigo por el caso de Alur. La ronda de declaraciones finalizará con la comparecencia de los representantes del directorio, incluyendo a los expresidentes Raúl Sendic y José Coya —por ahora está exento el intendente Daniel Martínez.

<section><h2>Las nueve sospechas</h2></section><section><h2>La publicidad, la radio y la fiesta</h2> <p></p> <div>Sendic era el padre de la novia. Eso dijo, palabras más, palabras menos, el gerente de Comunicación de Ancap, Pablo Bernengo, quien de este modo explicó ante la Justicia que el expresidente del ente fue el responsable de los US$ 360 mil que costó la fiesta inaugural de la planta desulfurizadora en La Teja. En su declaración, el 2 de marzo, el gerente contó que el precio se multiplicó por cinco debido a los requerimientos del directorio, y se transformó en una especie de cumbre presidencial. Según dijo, la exmandataria Cristina Fernández llevó militantes de La Cámpora y hasta exigió un espejo de cuerpo entero en el baño.</div> <div><br></div> <div>Pero la Justicia penal no puede cuestionar si una fiesta salió dos pesos más o menos, sino si hubo algún interés especial en esta celebración o bien si alguien se favoreció, explicó el fiscal Luis Pacheco. De hecho, esta ostentosa inauguración se enmarca en el considerable aumento de gastos en publicidad que la empresa estatal comprometió en los dos años preelectorales.</div> <div><br></div> <div>Llama la atención, dice Jaime Sapolinski, abogado denunciante por el Partido Colorado, que el gasto en publicidad en una empresa monopólica haya trepado de casi cero a más de US$ 10 millones. A modo de ejemplo, los acusadores anexaron las copias de otras facturas, también firmadas por la agencia de publicidad La Diez. Una de ellas corresponde a un stand en la Expo Prado. Por el puesto en la rural se pagaron casi $ 5 millones, cuando en 2010 se habían destinado $ 890.000. A eso se les suman hechos pintorescos como la contratación de shows de magia y gauchos por $ 408.456, banderas y pinturas por más de $ 1 millón, una publicidad que superó los $ 29.000 para que un periodista de El Telégrafo viajara a una gira del teatro sanducero, dos pautas en la revista de BQB, $ 475.000 para la murga Falta y Resto, $ 153.000 por avisos en las radios que trasmiten el carnaval de Montevideo, $ 590.000 por giras de cine, $ 1,1 millones por la película 3 Millones de Jaime Roos y su hijo, $ 2,8 millones por el Día del Candombe, más de $ 118.000 al carnaval de Bella Unión (cuando no se le dio a otro pueblo que no fuera capital departamental) y $ 15.000 por la semana da San Cono. El País accedió a los comprobantes de todos estos gastos.</div> <div><br></div> <div>Sin importar los montos, los investigadores deberán averiguar si detrás de estos gastos hay un delito, o bien si pudo haber habido una ilegalidad aunque el gasto parezca menor, explica el fiscal. Al respecto, los partidos denunciantes incorporaron la factura de la compra de un televisor que valió $ 40.000, pero a la que se le anuló la fecha de solicitud de precios previa (una obligación en toda compra pública).</div> <div><br></div> <div>También parece un gasto menor, aunque se le dedicó un tiempo específico en las audiencias del jueves 2 y viernes 3 de marzo, el destinado a una publicidad para una radio de Quebracho (Paysandú). El pedido de la radio me lo trasmitió la secretaría de (José) Coya. Le di para atrás, dijo Bernengo, pero se ejecutó igual. La radio ofreció publicidad por $ 115.000. Ancap accedió y la radio compró equipos. Bernengo dijo: Fue una compra indirecta de Ancap.</div> <div><br></div> <div>La Justicia buscará deliberar si alguien recibió coimas para favorecer a una empresa concreta o a un amigo o si el dinero destinado tenía como fin indirecto el pago de una campaña electoral. Por eso la comparecencia del director de la agencia de publicidad, Pablo Álvarez, fue clave. La comisión investigadora en el Parlamento no tenía la potestad de obligar a un sujeto a declarar y ahora, en la Justicia, se puede acceder a esas voces, dice Sapolinski.</div> <div><br></div> <div>Sobre estos puntos, que fueron los únicos que hasta el momento se hablaron en el juzgado, resta conocer la opinión de los presidentes del ente. Eso será recién cuando culmine la ronda de indagatorias por los otros casos.</div></section><section><h3>Trafigura y el duro negocio</h3> <p></p> <div>Si la jueza Beatriz Larrieu respeta el orden de indagatorias que figura en el escrito del fiscal Luis Pacheco, este será el próximo punto que la Justicia abordará en las audiencias del 20 de abril. Un año después de que las denuncias ingresaran en la órbita penal, tendrán que declarar por este caso dos gerentes de Ancap. El ente compraba crudo a la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador y, a cambio, le vendía los productos terminados. Este negocio, que funcionó entre 2010 y 2011, operaba con la intermediación de una empresa de nombre Trafigura Beheer B.V.</div> <div><br></div> <div>Durante los ocho primeros meses de intercambio, Ancap operó sin contrato con Trafigura. En este tiempo las maniobras superaron los US$ 700 millones. Y la empresa de capitales holandeses se vio favorecida porque obtenía el petróleo a un precio menor al mercado (negociando como si fuera el Estado uruguayo). Sin embargo, Ancap apenas ganó el 0,10%</div> <div>De 16 millones de barriles de petróleo que deberían haber llegado a Uruguay, solamente llegaron 720.000 a la planta de La Teja, dice la denuncia de Unidad Popular. Según ese partido, el resto iba a parar a otros destinos, principalmente Estados Unidos, usando el beneficio del contrato con dos países.</div></section><section><h3>La extraña operativa con cal</h3> <p></p> <div>Para comercializar el cemento en Argentina, Ancap creó la sociedad anónima Cementos del Plata. Esta sociedad, a su vez, firmó un contrato con la Compañía de Generación Térmica de Energía Eléctrica, subsidiaria de la estatal brasileña Eletrobras, para vender cal a la planta de generación de energía ubicada en Candiota (Brasil).</div> <div><br></div> <div>Según los denunciantes, el ente público terminaba haciendo una tarea que no le compete, a través de terceros. Pero eso no es lo que más sorprendió en la acusación.</div> <div><br></div> <div>Con el fin de transportar la cal desde Treinta y Tres hasta Candiota, se firmó otro acuerdo con la empresa Pleno Verde. Dicho convenio, dice la denuncia, no pasó por un llamado competitivo ni se pidieron tres precios.</div> <div>La excusa era que solo esa empresa podía cumplir con la tarea, aunque en la acusación se dice que la propia Ancap tiene camiones de este tipo. En resumidas cuentas, el ente terminó pagando un flete por US$ 105 la tonelada cuando en el mercado se consigue por la mitad.</div> <div><br></div> <div>En el Parlamento las autoridades explicaron que se contrataban servicios según ellos inexistentes en el país: despachantes de aduana, trámites en frontera y descarga en destino. Declararán por esto tres gerentes de Ancap y otros dos indagados.</div></section><section><h3>La deuda con Venezuela</h3> <p></p> <div>Fuentes judiciales dijeron a El País que este es el tema más raro. Es el único asunto en que la mayoría de los llamados a indagatoria (dos de tres) declararán en representación de una empresa privada. Uno de ellos es un exlegislador del Frente Amplio.</div> <div><br></div> <div>Ancap mantenía una deuda con Pdvsa, de Venezuela, que en 2012 superaba los US$ 700 millones. En los tres años anteriores el ente recibió ofertas de al menos cinco financieras para cancelar ese pasivo. Pero el entonces diputado suplente del FA Alejandro Steineck sugirió convenir con Exor.</div> <div>Según le hicieron saber a Ancap, Pdvsa estaba de acuerdo con esta intermediación y se firmó un memorándum de entendimiento. Tiempo después, la estatal venezolana dijo que prefería hacer la gestión mediante el banco Bandes. Entonces Exor demandó a Ancap, aunque no hizo lo mismo con Pdvsa.</div> <div><br></div> <div>Ancap buscó salir del paso y le propuso a Exor que fuera intermediario en otra deuda, pero el Poder Ejecutivo no aceptó. Para no tener que ir a juicio, de US$ 15 millones que reclamaba la empresa, se transó con US$ 3,1 millones. Esto pudo ser, dice la denuncia del Partido Colorado, un tráfico de influencias.</div></section><section><h3>El empujador que se rompe</h3> <p></p> <div>Es el caso en el que serán citadas a declarar más personas. Pacheco pidió la comparecencia de siete indagados, incluyendo representantes de Ancap, empresas privadas y la Armada. Aunque a los denunciantes no les queda claro si hubo un delito, se prefirió incluir el asunto en el expediente porque hubo quienes no fueron a dar explicaciones en la investigadora.</div> <div><br></div> <div>La forma más rentable de transportar combustible es la vía fluvial. Por eso Ancap le encomendó a la Armada la construcción de un empujador y dos barcazas. Pero la terminación del empujador demoró más de la cuenta y hubo discrepancias entre los dos organismos públicos sobre las condiciones del mismo. Esto obligó a contrataciones a terceros, según los denunciantes sin licitación.</div> <div><br></div> <div>El enredo incluyó acusaciones cruzadas entre la Armada y Ancap. Para el primero ya estaba todo listo, pero para el segundo el nivel de sonido no era el adecuado. Luego de la comisión investigadora continuó este ida y vuelta: a fin de año el empujador volvió a dejarse inactiva por supuestas fallas.</div> <div>Según informó El País, hasta setiembre Ancap llevaba gastados US$ 8 millones en contratación de fletes.</div></section><section><h3>Los impuestos impagos</h3> <p></p> <div>Unos días antes de que comenzara la comisión investigadora, el senador nacionalista Álvaro Delgado recibió en su despacho un sobre anónimo. Dentro contenía una información que, declaraciones mediante, los legisladores pudieron comprobar. Desde 2011 hasta 2015 Ancap no pagó en fecha los impuestos correspondientes a la importación de petróleo y derivados, sobre todo gases.</div> <div><br></div> <div>Si bien el crudo está exonerado del pago de IVA, sí es obligatorio pagar otros impuestos a la importación. Pero Ancap no lo había hecho y, esos días previos a la investigadora pidió a Aduana la regularización. Ambos organismos acordaron hacerlo en un plazo de 90 días.</div> <div><br></div> <div>Esta denuncia, que terminaron presentando el Partido Nacional y el Independiente, presume la existencia de un delito fiscal: el Estado le deja de pagar lo que corresponde al Estado, resume Delgado. Si Ancap fuera un privado, y si no se tratara de crudo, según los denunciantes el caso tendría características muy similares a un contrabando.</div> <div><br></div> <div>Entre los años que no se pagó en fecha, los impuestos impagos superaron los US$ 5 millones. Además, en la comisión investigadora se supo que un embarque de petróleo llegado de Angola, por US$ 101 millones, aún no se había regularizado.</div></section><section><h3>Pluna y la falta de cobro</h3> <p></p> <div>Ancap tenía, desde 2008, un convenio por el que le vendía combustible a Pluna. El pago era por semana, en la que se llegaba a gastar US$ 1 millón. A lo sumo se permitía un crédito a 30 días. Pero sin respetar lo pactado, la aerolínea comenzó a entregar cheques a 180 días y el riesgo asociado a la deuda pasó de ser US$ 4 millones a US$ 20 millones.</div> <div><br></div> <div>En 2011 dos funcionarias de Ancap detectaron el hecho e intentaron regularizarlo, pero no avisaron a sus superiores. Y los funcionarios encargados de auditar no se dieron cuenta de lo ocurrido. Como medida ejemplarizante, se sancionó a todos los funcionarios involucrados. Pero los partidos denunciantes sostienen que eso fue solo un intento de desviar la atención y calmar las aguas. En efecto, Ancap salió perjudicado con unos US$ 30 millones no cobrados a Pluna.</div> <div><br></div> <div>La investigación sobre las irregularidades de la excompañía aérea uruguaya forma parte de otra denuncia judicial. Ancap ha aportado información para esa causa. Pero lo que los denunciantes de la oposición reclaman en este caso es conocer las posibles ilicitudes cometidas por funcionarios del ente petrolero. Por eso el fiscal Luis Pacheco pidió la citación a declarar a cuatro funcionarios del organismo.</div></section><section><h3>La consultoría de la Udelar</h3> <p></p> <div>Una única persona será citada a declarar por este caso, el director del Regional Norte de la Universidad de la República. La sospecha se disparó en la comisión investigadora cuando se detectó un aumento de consultorías hechas por Ancap en 2014, justo en año electoral.</div> <div><br></div> <div>Dentro de los estudios en cuestión sorprendió un pedido para analizar las esclusas de San Antonio, unas obras hidráulicas en el río Uruguay. Según el Partido Colorado, no habría justificación para que Ancap exigiera esta consultoría. El informe costó US$ 140.000, y la mitad se pagó de antemano a la Regional Norte. Pero al momento de haberse vencido el plazo, el ente no recibió la devolución. Aun así, un año y medio después de firmado el convenio, y sin haber recibido el informe final, Ancap volvió a adelantar dinero.</div> <div><br></div> <div>Por una rara coincidencia, o no tan rara, dice la denuncia del Partido Colorado, el director de la Regional Norte era primer suplente de candidato a la Intendencia de Salto en las elecciones celebradas en mayo de 2015.</div> <div><br></div> <div>El informe recién se recibió en noviembre de 2015, casi dos años después, cuando fue solicitado por la comisión investigadora.</div></section><section><h3>Las relaciones con ALUR</h3> <p></p> <div>Desde 2006 pasó a funcionar, dentro del grupo Ancap, la empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR). La compañía agroindustrial, con el objetivo de diversificar sus productos, pidió la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú.</div> <div><br></div> <div>Previo al llamado de precios para la construcción de esta planta, ALUR le solicitó a la española Abengoa con la que ya tenía relaciones comerciales que estimara el valor de la obra. La respuesta fue de unos US$ 88 millones. Una vez realizado el llamado, del que participaron ocho compañías, el proyecto le fue adjudicado a Abengoa, aunque había empatado con una empresa de India.</div> <div><br></div> <div>La empresa española finalmente se presentó al llamado con una cotización de US$ 82 millones. Sin embargo, por gastos periféricos que no estaban previstos, el precio trepó a los US$ 147 millones.</div> <div><br></div> <div>Fue entonces que apareció la empresa Serrana Bioenergía, que había sido descartada en el llamado, y anunció que el precio internacional en el mercado era la mitad de lo que estaba cobrando Abengoa.</div> <div><br></div> <div>La Justicia deberá investigar si hubo algún favoritismo, o si pesaron las relaciones de amistad.</div></section>

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Vivir entre los casos más mediáticos.

El rostro de Luis Pacheco transmite cansancio. Está empezando la noche y el fiscal continúa en su oficina de 18 de Julio, rodeado de expedientes y computadoras. Lleva un mes en este nuevo cargo especializado en Crimen Organizado, y calcula que aún le quedan otros dos "de ir atajando penales". De su antecesora, María Camiño, heredó los casos de Ancap, Lava Jato, Fripur, Pluna, Figueredo, Conmebol, la ruta del dinero K, Ciccone y unas decenas de expedientes menos rimbombantes sobre narcotráfico, contrabando y estafas. Con la ayuda de cuatro profesionales —aunque una está con licencia maternal—, Pacheco se las ingenia para estar al día en cada audiencia. Solo por Ancap tiene que leer unas mil hojas de expediente y otras 13 mil de anexos.

TOMER URWICZ