Otro golpe

Niños en malas manos

Un CAIF bajo investigación hace un año por la Institución de Derechos Humanos, INAU y la Justicia, por presuntos malos tratos a educadores y niños, cambia de mando tras probarse irregularidades. El hecho se suma al escándalo de violencia revelado en un centro de adolescentes.

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Asociación de Compromiso Social, foco de denuncias, cuida hijos de policías desde hace 15 años.

El Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia (CAIF) Azul debe su nombre a que los niños que allí asisten son hijos de policías. La asociación civil Compromiso Social tiene desde 1999 un convenio con el Ministerio del Interior para tener a su cuidado a los preescolares hijos de los uniformados. A su vez, el centro funciona desde 2009 en un local del Palacio Legislativo que le cedió en comodato y por eso también asisten hijos de funcionarios del Parlamento y hasta de algún legislador.

Este CAIF es investigado desde hace un año por las autoridades del INAU, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y también por la Justicia Penal. Las denuncias van desde presunto maltrato de parte de las autoridades de la asociación civil al equipo técnico y a las educadoras, el pedido de dinero a los padres —cuando legalmente no pueden hacerlo— e incluso maltrato a los niños.

Un padre que pidió reserva confirmó a El País que presentó la denuncia en junio de 2014 luego de enterarse que su hijo había sido víctima de violencia. El hombre no quiso dar detalles pero dijo que otros padres también denunciaron hechos similares. Afirmó que ya declaró una vez y espera volver a ser citado. El caso está a cargo del juez Homero Da Costa. Fue derivado al juez por la seccional 7ª.

A su vez, la INDDHH recibió la denuncia de una de las integrantes del equipo técnico por maltrato de las autoridades del CAIF. Cuando comenzaron a investigar y pedir informes a INAU, se toparon con la existencia de un expediente penal por maltrato a niños.

La trabajadora que se presentó ante la INDDHH señaló que tanto la coordinadora de gestión del CAIF como la presidenta de la sociedad civil ejercían "violencia verbal y psicológica" hacia el equipo técnico y los educadores. También sostuvo que se los amenazó con despedirlos si incumplían las órdenes que se les daban, como por ejemplo realizar informes contrarios a lo que entendían pertinente.

La empleada mencionó que "los actos de degradación" se repiten hacia los técnicos o las educadoras frente a los niños, lo que aleja al centro educativo de los objetivos del plan CAIF, según consta en la denuncia a la que accedió El País.

La directora de la INDDHH, Mariana González, explicó que luego de que el tema pasa a la órbita judicial "se deja de intervenir" para no superponer funciones. Ariela Peralta, otra directora de esa institución, agregó que tras recibir la denuncia se entrevistó a la denunciante y se iban a solicitar informes a las partes, pero al conocer que había una denuncia penal, expediente se dejó en suspenso. Si la Justicia no prosigue, se podrá retomar.

El diputado Nicolás Pereira (CAP-L) llevaba a sus hijas a ese CAIF durante 2014. Según dijo a El País, tomó conocimiento del maltrato al personal, "persecución de la dirección" a algunas educadoras, así como de "ciertas prácticas de educadoras no adecuadas pedagógicamente". "Nunca pude probar maltrato", admitió, pero aseguró que denunció el tema ante las autoridades del INAU y sabe que se estaba investigando. "No supe en qué quedó", dijo.

El CAIF Azul, ubicado frente al Palacio Legislativo, en Hocquart y Fernández Crespo, atiende a 95 niños y dentro de ese número debe disponer de 35 cupos para hijos de funcionarios del Palacio Legislativo ya que el local pertenece a la Comisión Administrativa del Parlamento, que lo cedió en comodato en 2009 y hasta 2018. Trabajan allí 25 personas entre educadores y equipo técnico (asistente social, psicólogo y psicomotricista). De los educadores, dos los aporta el Ministerio del Interior que les paga el salario, dijeron a El País las autoridades del centro. Tiene la particularidad de ofrecer una cobertura superior a la del resto de los CAIF ya que abre a las 6:0 y cierra a las 22 horas. Además atiende bebés todos los días, algo que pasarán a hacer los demás centros cuando comience a funcionar el sistema nacional de cuidados.

Cambio de mando.

El cúmulo de denuncias motivó una investigación de parte del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU). La jerarca del Plan CAIF, Natalia Ureta, dijo a El País: "Estamos realizando el informe junto con la supervisora del centro, luego de entrevistar a los funcionarios, a los padres y a la propia organización". De todas formas, adelantó que "si se prueba lo denunciado y que hubo dolo", se enviarán los antecedentes a la Justicia Penal para que se investiguen responsabilidades. "Quien lo determina es la División Jurídica de INAU", agregó.

La presidenta de la organización civil y la coordinadora del CAIF Azul —que es expolicía— negaron a El País las denuncias. Dijeron que el INAU las "persigue" porque se negaron a tomar a un niño, hijo de un funcionario del organismo. "Se trataba del hijo de un director de una dependencia del INAU, pero el cupo ya estaba dado y me negué. Un día apareció acá la directora (Ureta) y me dijo: "Vamos a negociar". "Yo le dije que yo no hago negocios", relató la presidenta.

A su vez, rechazó la acusación de que cobra a los padres de los niños. "Hay quienes dan un dinero voluntario. El padre que quiere, colabora. Es que la túnica y los materiales se los damos nosotros", agregó la coordinadora. Aseguraron que llevan registro de las donaciones.

Según ellas, el INAU no les aporta el dinero para pagar los aguinaldos del personal y salario vacacional, por lo que durante todo el año deben hacer "ahorro" de dinero para poder cumplir con ello.

Ureta desmintió tajantemente esa situación. Aseguró que el Estado les paga todos los rubros salariales y los materiales necesarios. "No existen CAIF privados, sino que se hacen contratos con asociaciones civiles, cooperativas, iglesias, grupos de vecinos, sindicatos, o con la Intendencia de Montevideo. El INAU transfiere los fondos para pagar los salarios del personal, que deben cobrar de acuerdo a los Consejos de Salarios del sector", explicó.

"Los padres no tienen que pagar ningún tipo de aporte, tampoco se les pide lista de materiales ni dinero para paseos. Todo está cubierto. Incluso la alimentación que la proporciona el Instituto Nacional de Alimentación", agregó.

La coordinadora dio otra versión y también negó que hayan existido maltratos a niños o al personal. "¿Dónde están las pruebas?", se preguntó. Según ella, hubo "observaciones verbales" a alguna de las técnicas (una de ellas fue despedida) porque incumplían con las indicaciones que se les daban. A modo de ejemplo señaló que en una oportunidad un juez de Familia pidió un informe y lo tuvo que reiterar varias veces porque el equipo técnico no le respondía. "A veces los técnicos se creen un nivel superior porque son universitarios", valoró.

Teniendo en cuenta cómo se ha actuado en casos similares, Ureta explicó que si se entiende que existe una situación de riesgo para los niños y se incumple el convenio, se cambia a la organización que está al frente del centro. "Nunca se ha cerrado un CAIF. En caso de que se llegue a esa decisión, se transfiere a otra organización civil", indicó. Probadas las irregularidades, se intenta poner fin al acuerdo por las buenas, y que la asociación civil cuestionada haga entrega del centro voluntariamente para que otra tome la posta. Si eso no sucede, el INAU rescinde los contratos en forma unilateral.

En este caso, la propia asociación civil Compromiso Social renunció a seguir a cargo. Ureta dijo que INAU determinó que realizará una auditoría "para control" de la institución. En setiembre una nueva asociación civil se hará cargo del local que no cerrará, sino que cambiará de directivos. No se informó el nombre de la nueva sociedad civil pero sí que es una que ya maneja un CAIF en Nuevo París.

Con respecto a las denuncias por maltrato al personal, Ureta aclaró que siempre que ocurran episodios de ese tipo, el personal puede presentarse al Ministerio de Trabajo porque los trabajadores de los CAIF no son funcionarios públicos, sino privados que dependen de las organizaciones civiles.

Los episodios que ahora terminaron en la Justicia tienen como antecedente una denuncia por discriminación presentada por los padres y abuela de un niño con discapacidad mental que asistía al CAIF Azul, ante la INDDHH en agosto de 2012. La abuela del niño manifestó que las personas responsables del centro habían modificado el horario de asistencia de su nieto de cuatro años sin justificación. El nuevo horario hacía imposible que pudiera continuar asistiendo.

Según la denuncia, el niño concurría normalmente entre las 10 y las 14 horas. Sin embargo, en determinado momento las encargadas del centro le dijeron que solamente podrían atenderlo entre las 10 y las 13. La abuela, que se encargaba de recoger al niño de la institución, salía de trabajar poco antes de las 14. El nuevo horario solo comprendía sugestivamente al niño con discapacidad y no afectaba a ninguno de los otros niños del CAIF.

La INDDHH citó a las autoridades del centro. En el informe se señaló que las explicaciones que dieron no conformaron, por lo que se informó de la denuncia a la coordinadora general de Políticas de Primera Infancia y al directorio del INAU. El directorio finalmente indicó que "la dirección de Promoción y Desarrollo del Plan CAIF" (….) se comunicó con la presidenta de la comisión directiva de la asociación civil Compromiso Social, y se la conminó a volver a tomar al niño "en el horario en que lo venía haciendo". "Se acuerda que se comunique nuevamente al Centro CAIF, a la abuela y a la madre, el porqué de la resolución tomada y que retomará el horario que realizaba", señala el informe.

La denunciante comunicó verbalmente a la INDDHH que el niño había sido reintegrado al CAIF Azul en su horario normal, de 10 a 14 horas. La INDDHH destacó la cooperación por parte del directorio del INAU, "que hizo cesar una situación donde existían claros indicios de prácticas discriminatorias en perjuicio" del niño.

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