Detrás de las madres que cometen el delito de abandonar a sus hijos muertos o vivos en contenedores, hay mujeres desesperadas, solas, pobres, a veces golpeadas, siempre vulneradas en sus derechos más básicos. La víctima no es solo el bebé. Ella no es la única culpable. El Estado y la sociedad están en falta.

La señora M está trabajando pero igual atiende el celular. Habla bajito, es amable y procura un trato formal. Acepta contar qué le pasó, cómo fue que lo hizo, por qué dos hijos suyos aparecieron envueltos en una sábana sangrienta, muertos, dentro de una bolsa negra de nylon entre basura, en un contenedor. El lugar de la cita lo elige ella: un bar en la esquina de 8 de Octubre y Larravide. No quiere que sea en su casa.

M tiene 38 años. Primaria completa. Tuvo tres hijas de 20, 17 y 14 con un hombre con el que no se casó. Ha trabajado en la feria vendiendo ropa usada y ayudando en el puesto de verduras de su hermana. Ha hecho limpiezas para otras familias. Ha cobrado como cuidadora de su nieta de un año. Ha sido prostituta en boliches de Florida. Ha sido desempleada.

En 2005 se hizo su primer aborto. No se había cuidado al tener relaciones con un cliente y tomó pastillas para interrumpir el embarazo. Cinco años después, cuando todavía ejercía la prostitución, volvió a quedar embarazada. Esa vez decidió tenerlo y así nació su cuarta hija, que hoy tiene cinco años.

Volvió a Montevideo en 2012 y se instaló con tres de sus mujeres en "el cante de Larravide": un asentamiento que hace varios años surgió al costado de un cantero por la misma calle del hospital Piñeiro del Campo y a pocas cuadras de la zona comercial de 8 de Octubre. Su padre, que era policía, se enfermó y luego de unos meses internado, murió. Un año después fue presa por vender droga y al salir de la cárcel se fue a vivir con su madre, un hermano y sus hijas, en una casa de material a una cuadra del asentamiento.

La señora M tiene el pelo negro, largo, apenas ondulado. Lleva un jean gastado, una remera oscura con dibujos amarillos y un saco de lana largo. No tiene caravanas ni adornos ni tatuajes. Está sentada a desgano frente a una cámara que registra sus declaraciones. La Policía fue a buscarla a su casa 8:30 de la mañana y ella no se resistió. Es 4 de noviembre de 2014.

Una oficial semióloga analiza su relato. "Cuando se le pregunta cuándo fue su último embarazo, abre los ojos grandes, eleva las cejas y mira para abajo buscando la información que va a decir, en señal de mirar bien lo que manifiesta para no equivocarse (...) Tiene una postura de no colaboración y cerramiento".

M no sabe que su ADN ya fue cotejado con el de los dos bebés hallados en un contenedor dos años antes, ni que la Policía Científica concluyó que es la mamá de ambos. No sabe que ya descubrieron que hay un embarazo más en su historia. Tampoco que la Policía detectó que el contenedor al que fueron arrojados estaba a siete cuadras de donde vivía entonces, en el cante de Larravide.

La señora M niega y niega. Pero cuando le preguntan si es consciente de la gravedad del caso, "manifiesta resignación, baja el tono de voz, aprieta sus manos e inclina la cabeza: Sí, el señor me dijo". Igual vuelve a mentir. Dice que no tiene explicaciones por la coincidencia genética entre ella y esos niños. Mienten también su madre y una de sus hijas, que declaran no haberle visto panza de embarazo en aquel tiempo.

Al final, M se rectifica: "Yo me enteré que estaba embarazada, fui a una clínica que me dijeron que salía 4.500 pesos, fui ahí, golpeé y me atendió una señora gordita que me dijo que me iba a poner unas pastillas en la vagina y me dijo que me acostara. Demoramos 15 a 20 minutos, yo empecé con dolores y no llegué ni a ver lo que era porque estaba inconsciente. Cuando me despierto la señora me dijo que ya estaba todo y que me fuera, y me dio pastillas para no hacer una infección".

Algunos le creyeron, otros no, pero enseguida fue procesada con prisión por un delito de aborto. A la clínica nunca la encontraron. El expediente presenta varios agujeros negros (ver recuadro).

Al final le preguntaron si deseaba agregar algo más, y entonces la señora M volvió a negar entre sollozos. "Yo sinceramente no sé. Yo viví mal, por eso empecé a vender droga, y estuve adentro y ya lo pagué. Por eso me sorprendió la lectura que me hizo la juez (respecto a la coincidencia de su ADN con el de los bebés). Yo viví y trabajé en boliches de Florida del año 2005 al 2012, pero me cuidaba y siempre viví con mis hijas; ellas estuvieron conmigo siempre".

Tras seis meses presa, gracias a la insistencia de su abogado, le concedieron la libertad provisional por buena conducta y problemas de salud (tiene un quiste en cada ovario). Una vez libre, M volvió a vivir con su madre, su hermano, sus hijas y sus nietos. La puerta de entrada a la casa es una reja incompleta, entrelazada con alambre. No hay timbre. Desde allí se ve un corredor largo, agua en el piso, baldosas de distinto tipo, y al final, la luz de una bombita amarilla que alcanza a iluminar el comienzo de una habitación. En la cuadra los niños son de jugar en la vereda a cualquier hora y a los adultos les gusta sentarse afuera y poner música alta. Pero M y su familia no son así. Los vecinos de las casas contiguas no los conocen. La señora M anda más bien sola. Sale a trabajar y vuelve siempre a la misma hora. Dicen los que la ven a diario que es una mujer de perfil bajo.

Unas horas antes de la cita manda un mensaje de texto para cancelar. Pide disculpas, dice que se le complicó porque un sobrino suyo está grave de salud y propone fijar otro encuentro. Pasan días. No vuelve a contestar llamadas ni mensajes. Finalmente una noche llama: se arrepintió. Agradece el interés, dice que entiende la intención de la nota pero que no va a dar una entrevista. "Ya pagué. Solo quiero olvidarme de todo lo que pasé".

En la esquina a la que convocó la primera vez no hay ningún bar.

M.E.C.J., la señora M, es la única persona que la Policía y la Justicia han conseguido incriminar detrás de la decena de bebés y fetos que han aparecido vivos o muertos en contenedores y volquetas durante los últimos tres años. Fue posible porque ya había estado presa antes, entonces su ADN integraba el banco de datos que maneja la Policía Científica. En todos los demás casos hay una muestra genética de la criatura esperando demostrar compatibilidad con algún padre o madre.

Por eso M es la única capaz de dar testimonio de cómo se puede llegar al extremo de tirar a un hijo en este caso eran mellizos a la basura.

"Yo en realidad no lo podía tener por las condiciones económicas donde vivía y el ambiente donde estaba, que apenas podía hacerme cargo de mis otras hijas". Esa fue la única explicación que dio antes de ser procesada. Nadie le preguntó nada más; nadie se cuestionó cómo la familia, el Estado y la sociedad habían permitido e ignorado algo así.

A la Justicia no le importa. Solo se le pide al Instituto Técnico Forense que determine si es imputable o no; no se hace una pericia psicológica para ahondar en motivos. "No lo hacemos, en estos casos no importa entender el porqué. Inclusive sabemos que no necesariamente lo que se declare ante un juez es lo que efectivamente pasó", dice la jueza penal Julia Staricco, que actuó en primera instancia en el caso de M.

No es que a ella no le importe. De hecho, Staricco, una mujer accesible pero atareada, que acaba de procesar a un homicida y en minutos se reúne con policías de Inteligencia, quiere transmitir que le preocupa que su trabajo se limite a una "mera aplicación de normas" y dice que aspira a una Justicia "más digna".

Intenta ponerse en el lugar de M: "Pienso que cuando una llega a eso, son situaciones muy complicadas económicas y afectivas. Gente que no debe tener un soporte familiar. No debe ser fácil, supongo. Es muy fácil acusar. Cuando uno no entra en las audiencias, se da eso de ¿por qué no procesó con prisión?. Pero al indagar a las personas a veces uno conoce otra realidad que no es la que surge plasmada en el expediente, sin perjuicio de que haya que procesar".

La jueza recuerda algunas mujeres procesadas por aborto o infanticidio. Especialmente a una que en realidad estaba acusada de haber matado a su ex pareja, pero cuando se inspeccionó su casa se encontraron "unos huesitos que llamaron la atención del forense", semienterrados en el fondo. "Ella terminó confesando que tenía una cantidad de hijos, que se había dado cuenta del embarazo casi a término, que se había hecho una maniobra abortiva y después, claro, no es fácil desprenderse". Aclara que eso sucedió hace unos años en el interior, donde la basura la recoge alguien puerta a puerta.

Situaciones complicadas a nivel económico, afectivo y familiar, dice Staricco. A ese escenario promedio, la ex jueza penal Ana Lima —que años atrás debió procesar a varias mujeres que no quisieron ser madres y ahora es una férrea defensora de la igualdad de género— agrega: "hay muchos elementos de desesperación y siempre intervienen varones".

—¿Presionando o qué?

—Diría que asumiendo ninguna responsabilidad, dejando absolutamente librada a su suerte a la persona que iba a parir, y alguna vez sugiriendo hacer esto o aquello. Y, además, no pensemos en una mujer que está con su salud intacta sino en una mujer que tiene muchísimos de sus derechos vulnerados.

—¿Y consumidora de drogas?

—No sé. No es necesario haber consumido pasta base o cocaína si sistemáticamente no hay para comer, no hay cuidado, y hay golpes. Hay situaciones de mucha vulnerabilidad, no necesariamente con drogas. No se puede pensar en una niña, una adolescente o una mujer que fue solita hasta allí (al contenedor). Y les pido que piensen por un segundo si hacemos la misma crítica cuando un varón da muerte a sus hijos.

Por cada tres o cuatro bebés o fetos que aparecen muertos en contenedores de Montevideo, uno logra conservar la vida. A ese pequeño superviviente el INAU le garantiza una familia adoptiva en menos de 48 horas, pero evitar la muerte de los otros es mucho más difícil: en eso el Estado no es tan eficaz.

Hace cinco o seis años, Adriana Abraham visitaba la cárcel de mujeres periódicamente porque era parte de su trabajo. Un día conoció a una mujer "normal, como tú o como yo, preciosa madre, preocupada por sus otros hijos, pero que había estado desesperada y, sin saber qué hacer, había dejado a su bebé en una alcantarilla". Abraham esperaba encontrarse con un "monstruo" pero se enfrentó a una realidad mucho más dura.

"Ella decía que había ocultado el embarazo hasta el final y que no se le había ocurrido otra cosa que hacer esa estupidez. Ahí sentí la necesidad de ayudar a las mujeres como ella: solas, desbordadas, con un montón de problemas mientras la sociedad plim, indiferente total".

Abraham, que es licenciada en trabajo social, creó en 2010 el programa Por Venir, para mujeres embarazadas en situación crítica, en el marco de la ONG Ceprodih. La demanda fue tal que en 2012 empezaron a ofrecerles hospedaje, comida, ropa, televisión, acceso a una computadora, asistencia psicológica... todo gratis. En los últimos dos años pasaron por allí 85 madres que querían tener a sus hijos pero que sentían que no podían; mujeres solas, muchas veces del interior, muchas veces víctimas de violencia doméstica y otras tantas inmersas en familias de consumidores o traficantes. A ellas se las contuvo durante el embarazo y hasta los seis meses de sus hijos.

El objetivo es "salvar a los dos: al niño y a la mamá". En los meses de embarazo se intenta capacitar a la mujer, ayudarla a conseguir un emprendimiento productivo, "y mientras se la contiene con cariño, va generando un vínculo de apego con su hijo", dice Abraham. Incluso las acompaña al parto.

Hace aproximadamente un mes que el hogar no funciona por falta de dinero. Hasta ahora venía financiándose con donaciones, pero ya no alcanzan, y Abraham asegura que se ha "cansado" de tocar puertas en distintos organismos del Estado pidiendo convenios. "Increíblemente nos llaman técnicos de INAU, Salud Pública o Uruguay Crece Contigo y nos dicen tengo una madre desamparada, sin hogar, pero no nos dan un peso".

Se siente impotente porque —sostiene— nadie más ofrece lo que ella. Dice que Uruguay Crece Contigo, que depende del Mides, "no aborda la previa, sino cuando la mujer ya decidió tener al bebé". Ese programa, que funciona a nivel nacional desde 2012, apunta a la protección integral de la primera infancia y procura actuar desde el embarazo, pero no tiene entre sus posibilidades dar hospedaje. En la dirección de Uruguay Crece Contigo no contestaron la consulta para esta nota.

Dice Abraham que en el Pereira Rossell le han impedido dejar folletos y que la han acusado de querer obstaculizar el aborto legal. Ella afirma que no pretende frenar a las que "deciden conscientes", sino a las que "después se arrepentirán". Quiere "que se enteren de que antes de dejar al niño en una volqueta, tienen a dónde recurrir". Aunque ahora no funciona el hogar, insiste en que Ceprodih sigue disponible para las mujeres desesperadas.

Se supone —así lo establece la ley— que cuando una mujer consulta en el sistema de salud para interrumpir su embarazo, el médico que la asesora le dice que tiene tres opciones: efectivamente abortar, continuar a pesar de las dificultades, o seguir y entregar a su hijo en adopción.

Lo cierto es que al personal de salud en general "le cuesta mucho" manejar la tercera posibilidad, dicen las psicólogas Ivana Leus y Silvia Avondet, que trabajan en la ONG Iniciativas Sanitarias, específicamente en el área Desvínculo-Adopción. Cuesta más que hablar de las otras dos opciones, dicen, porque la idea de la "maternidad idealizada", que no contempla que una mujer decida entregar a su hijo, atraviesa a todos.

Además, cuando una mujer que consulta por un embarazo no deseado escucha la palabra adopción, suele sentirse "violentada". La respuesta siempre es más o menos la misma: "Si llego hasta el final, me lo quedo".

Sin embargo, desde siempre hay madres que dejan a sus hijos en hospitales o que deciden entregarlos al momento del parto. Leus y Avondet elaboraron, junto a otros especialistas, un "marco conceptual para orientar las prácticas institucionales ante estas situaciones, que hasta hace pocos años se abordaban según le parecía a quien recibía". El trabajo de años de entrevistas e intercambios se volcó en un libro que, entre otras cosas, propone hablar de "desvínculo" en vez de abandono, y aporta elementos para comprender la peripecia de estas madres. Las psicólogas proponen acompañar la decisión desde etapas iniciales para que en el camino se cuente con apoyo suficiente.

Muchas de las mujeres que hoy lo transitan lo hacen "porque no tienen más remedio", admite Leus: a menudo se pasaron de los plazos legales para abortar (12 semanas de gestación). La decisión se piensa durante los meses en los que va creciendo la panza que intentan ocultar, inclusive ante su familia. "Se autoestigmatizan porque no están ajenas a la condena social. Eso les impide pedir ayuda. Y muchos no son controlados por miedo; No acceden a decidir acompañadas, no hay un lugar donde se sientan comprendidas", dicen.

Leus y Avondet son conscientes de que dar en adopción es un camino extremadamente difícil y doloroso, cargado de discriminación y condena. Pero insisten: es un acto de amor.

La ley 18.987, que despenaliza el aborto antes de las 12 semanas de gestación, también anuncia en su primer artículo que "el Estado garantiza el derecho a la procreación consciente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela la vida humana y promueve el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población". Advierte que "el equipo interdisciplinario (que reciba a la embarazada) deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo (...)". Nicolás Portela, director de la ONG Movidos por la Vida, opina que "se ha institucionalizado el aborto, pero no la contención". "Esto que está sucediendo es una tragedia. Tanto en los casos de aborto como de abandono de bebés nacidos, la causa de fondo es la misma: la madre no vislumbra un futuro promisorio en el horizonte si tiene un hijo, provocado por contextos críticos de especial vulnerabilidad".

Portela consideró que la sociedad está en falta ("por nuestra indiferencia o por nuestra condena destructiva") pero sobre todo enfatizó: "El Estado tiene un rol clave y también es culpable en su ausencia, por carecer de un sistema integral de protección social de la maternidad". Para él, se debe poner especial foco en las mujeres "en situación de emergencia", así como "fomentar la coparticipación y responsabilidad del padre".

hijos no deseados, madres desesperadasPAULA BARQUET