La libertad de cátedra de los docentes y la autonomía de ANEP para avalar textos cuentan con un ingrediente esencial: la ética. La realidad es que los profesores se mueven como les parece en el delicado terreno de educar sin incidir, y no hay inspectores para controlar que lo logren.

Una editorial privada decide realizar un libro de texto. Para eso, convoca a un equipo de técnicos y profesores. Lo envía a la Asociación Nacional de Educación Pública (ANEP) para que lo inspeccione. Junto con el Consejo de Educación Secundaria (CES) pueden sugerir correcciones. Luego ANEP, como ente autónomo, resuelve si integrarlo o no a la bibliografía autorizada. No hay una política de Estado por encima de esa decisión.

Los docentes hacen uso de su libertad de cátedra para elegir los textos y los contenidos a transmitir a los alumnos. Es el deber ético de su profesión respetar y promover la autonomía de pensamiento del estudiante, así como realizar consideraciones críticas respecto a cada tema que tratan.

"A mí me llega un manual y me río. Las editoriales me los mandan, pero no me sirven. Están alejados de la realidad", dice Carolina Carnebia, profesora de Historia en el primer año del liceo 41, en Cerrito de la Victoria. "¿Para quién está pensado el material?", se cuestiona Carnebia.

Cada manual cuesta entre $ 600 y $ 700. Son pocos los que pueden pagar en el liceo 41: seis o siete de una clase de 30 alumnos. Ella les pide que pregunten en su casa si hay algún manual, si un hermano alguna vez usó uno, y si no tienen, una Charoná también sirve. En la biblioteca del liceo hay libros, pero son de cuando ella iba a la escuela, hace 20 años. Al final, Carnebia termina armando fichas con fotocopias de distintos libros o recorriendo ferias buscando textos viejos de contenido valioso.

"Los manuales están hechos para un ideal de alumno. Para el de la periferia, de liceo de contexto, no son aplicables. Los niños vienen de la escuela y no saben lo que quiere decir la palabra agricultura, y los manuales te hablan de la revolución agrícola en el neolítico. Entonces yo primero les tengo que enseñar el significado de esa palabra. Yo no me guío por el programa, me guío por lo que tiene que aprender el alumno". La voz de Carnebia se crispa, se enerva: "A mí me apasiona trabajar en esa realidad porque es donde más se necesita".

Las polémicas en torno a los manuales educativos son recurrentes. La última se generó a partir de extractos que el semanario Búsqueda publicó del libro Historia económica y social del Uruguay (1870-2000), editado por Santillana. Sus autores, Leonor Berna, Pablo Langone y Silvana Pera, hacen una interpretación de los gobiernos de los años noventa que despertó malestar en los partidos Nacional y Colorado. Lo cierto es que el libro no está a la venta al público, no ha sido leído en su totalidad, ni ha solicitado la aprobación de ANEP, según declaró a El País Néstor Pereira, consejero de Codicen.

El año pasado despertó malestar en algunos sectores la Guía de educación y diversidad sexual, elaborada en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y el colectivo Ovejas Negras. Fue en ese momento que Daniel Corbo, entonces consejero de Codicen en representación de la oposición, denunció que el material no había pasado por el proceso requerido para ser aprobado por los integrantes del Codicen. Sin embargo, la dirección de Derechos Humanos de la ANEP sí había aprobado la guía, y su director, Martín Prats, sostuvo que no era necesario consultar a los consejeros. Al final, los inspectores de Codicen analizaron la guía, la descartaron y crearon una comisión de técnicos para elaborar una nueva.

En 2011 también se generó controversia por un manual de Ciencias Sociales destinado a sexto de Primaria, elaborado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). En la tapa se veían imágenes de Tabaré Vázquez con la banda presidencial y de Ernesto "Che" Guevara. Luego se encontró que en otros manuales de esa tanda, como el de Ciencias Naturales, había inexactitudes en la información.

A raíz de la última polémica, Juan Pedro Mir, director de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), dijo a El Observador que se está trabajando en una iniciativa para elaborar pautas que orienten la creación de los manuales. Según explicó Mir a El País, esto no implicaría transgredir la autonomía que le otorga la Constitución a la ANEP. Mir entiende que el Estado puede establecer parámetros a sugerencia de la sociedad civil. Por ejemplo, atender planteos como los que ha realizado la colectividad afrodescendiente contra la xenofobia, el racismo y los estereotipos presentes —según ellos— en otros materiales de consulta en liceos.

"La construcción de manuales educativos es demasiado importante para dejarla como un fenómeno de mercado aleatorio", advirtió Mir. "Tiene que ser parte de la política educativa de nuestro país. No se puede dejar librado al azar lo que se pone en un texto. Lo que se requiere son criterios y no estoy hablando en ningún momento de censura profesionales, legales. La clave de la profesionalidad docente es cómo se usa ese manual y cómo se lo enriquece."

Al igual que un médico, un docente tiene ciertas normas éticas que debe seguir y, al mismo tiempo, una libertad de acción. En las manos del primero está la vida de una persona y, en las del segundo, la educación de un adolescente.

Corbo, que hoy está alejado del gobierno de la educación, señaló que la libertad de cátedra del docente y la posibilidad de formar opinión sobre asuntos políticos y partidarios remite a un tema de ética profesional. "La ética del educador es considerar que su función no es la de trasladar a los alumnos sus visiones, o forjar militantes en su propia visión, sino que su función es la de construir capacidades en los alumnos para ser críticos, para pensar por sí mismos, para tener autonomía moral", opinó.

Carnebia, la profesora de Historia, dijo: "Yo trabajo con chicos pequeños, de primer año. Sería muy doloroso ver que un docente juega con la inocencia de un niño. Uno no puede interferir con su visión del mundo". Sin embargo, confesó: "Es muy difícil separarse de lo que uno es y de lo que piensa".

Es muy diferente ciclo básico de bachillerato. Cuando entran al liceo, "los alumnos son niños, no tienen la capacidad de distinguir si el docente está haciendo proselitismo", planteó Carnebia. En cambio, en bachillerato "ya tienen la capacidad crítica de distinguir si el docente tiene cierta tendencia".

De acuerdo con la Ley de Educación, se debe fomentar el debate democrático entre el docente y los alumnos. Según Corbo, esto no es posible porque entre alumno y docente hay una relación de asimetría: el profesor tiene una autoridad, un saber que le impide ponerse al mismo nivel. "Esto no implica que el docente deba ser neutral ante todo, ni que deba promover que los alumnos lo sean", advirtió. Ante valores democráticos y derechos humanos, por ejemplo, no corre la neutralidad. Ante fenómenos que puedan considerarse antivalores —"racismo, posiciones que inciten a la violencia o denigren a otra persona"—, el docente debe establecer con claridad su posición, presentando argumentos y justificándola. "Son temas en los que entran en juego valoraciones ideológicas, filosóficas y religiosas, en los que se debe priorizar la formación de un espíritu crítico en el alumno", opinó el exconsejero.

Corbo agregó que el docente, al presentar un caso determinado, debe poner en conocimiento del alumno las diversas fuentes que brindan información fidedigna sobre las distintas versiones del tema tratado. Se puede incluso proponer un debate entre los alumnos, aportando las que se consideran razones sustentables y las que no. "El tema debería dejarse abierto, prescindiendo de la opinión del docente para no cerrar el debate, y que de ese modo, el alumno construya una definición propia".

La teoría indica, entonces, que la libertad de cátedra debe darse en un marco de ética que limite la influencia en el adolescente. Sin embargo, en los hechos, solo los docentes y los alumnos saben a ciencia cierta qué es lo que ocurre dentro de cada aula.

En el Codicen no tienen claro cuántos inspectores hay para evaluar las prácticas de los 45.000 docentes que dan clase en secundaria. Pero, como referencia, Pereira informó que en la materia Filosofía hay solo dos para aproximadamente 1.000 profesores. Carnebia, por su parte, estimó que para Historia hay "cuatro o cinco" inspectores para todo el país. Faltan —como en otras áreas de la educación— incentivos económicos para que los profesores se vuelquen a la tarea inspectiva.

En este contexto, es probable que algunos docentes no reciban una inspección en todo el año. Así, es difícil que en los hechos se logre detectar algún tipo de injerencia ideológica de un docente. Esto es, según Pereira, perjudicial también para los propios docentes, ya que dependen de la calificación de las inspecciones para aspirar a ascender de grado, postularse a concursos o cargos administrativos. Para Carnebia, la visita de un inspector "es una suerte". Relató que cuando eso sucede, el funcionario le "ordena, guía y aconseja" en función de las necesidades de los alumnos.

Ha habido propuestas para unificar contenidos de materias emparentadas, como pueden ser Matemática, Física, Química. Esto implicaría reducir la cantidad de asignaturas y, por ende, aliviaría la demanda de inspectores. Todavía no se llegó a un acuerdo al respecto.

De todas formas, las inspecciones no pueden cubrir todo lo que sucede dentro de una clase. También se podría detectar injerencia a través de denuncias de padres de alumnos o de la evaluación de la dirección. Y, según establece el Estatuto del Funcionario Docente, si se constatara una actitud de este tipo, podría ser causante de destitución.

La última polémica por el contenido de un libro de estudios derivó en un llamado a sala en el Parlamento. La diputada nacionalista Graciela Bianchi llamó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados a la directora de Secundaria, Celsa Puente, para conocer "su posición" sobre al libro Historia Económica y Social del Uruguay, 1870-2000, del cual surgieron las discrepancias por los gobiernos colorados y el gobierno blanco llamados "neoliberales". Igual, la jerarca de Secundaria ya ha señalado que desconoce el trabajo, y que su Consejo no "avala" ni "prohibe" el texto. La diputada blanca también criticó que se lleve a cabo algún tipo de contralor de los textos por parte del MEC, pues entiende que así se estaría violando la autonomía de la ANEP.

Vázquez y el Che en la tapa.

En 2011 se generó polémica por un manual de Ciencias Sociales para sexto año de Primaria, creado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria. En la tapa había una imagen de Tabaré Vázquez junto a otra del "Che" Guevara. Fue revisado y corregido.

Educación sexual sin controles.

En 2014 fue la Guía de educación y diversidad sexual, elaborada por el Mides y Ovejas Negras. Fue denunciado por autoridades del Codicen por no haber pasado por los controles. La guía fue rechazada y se creó una comisión de técnicos para elaborar una nueva.

La definición del neoliberalismo.

Este mes, un texto de estudios desató la polémica al señalar a la dictadura y los siguientes gobiernos (colorados y blanco) como neoliberales, y afirmar que la misma es una escuela de pensamiento para la cual "la justicia, la libertad y la igualdad no son prioridades".

Libertad y autonomías en las aulasAGUSTÍN PAULLIER