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Destellos de una guerra invisible

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US$ 300.000 millones mueve el mundo del narcotráfico. Foto: R. Figueredo
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Archivo El País

El 73% de los uruguayos cree que aumentó el narcotráfico y los datos parecen darles la razón. La cantidad de procesamientos por este delito se sextuplicó desde 2000 y se hizo más evidente cuando comenzó una epidemia de "ajustes de cuentas". ¿Por qué en Uruguay?

Cuando transitaba por el kilómetro 24,100 de la avenida Ginnattasio, Ramón Quevedo recibió 14 balazos y su pareja otros dos. Un mes antes, la Policía encontró más de 40 casquillos de bala de un tiroteo entre narcos en Villa Española. A fines de diciembre, desde una moto dispararon contra la casa de dos jóvenes en Punta de Rieles y murieron en el acto. Hubo otros dos fallecidos en Sayago por guerra entre traficantes, acribillaron a uno de los jefes de la barra de Peñarol y la cuenta sigue. De los 289 homicidios ocurridos en 2015, el 36% fue por "ajuste de cuentas", la mayoría por narcotráfico.

Una adolescente de 16 años esperaba para ir a bailar y fue atropellada por una camioneta en Solymar. Fue una de las víctimas inocentes de los narcos. El vehículo era conducido por un hombre asesinado a balazos, a quien acompañaba su mujer, también acribillada y su hijo en estado de shock. Ese niño paraguayo vio morir a sus padres delante de él; quedó huérfano. Un bebé falleció tras recibir un tiro en la espalda; desde una moto tirotearon la puerta de su casa en Casabó. Desde otra moto dispararon a principios de 2015 a una niña de tres años y murió. Una balacera en Maldonado le costó la vida a Camila, de 21 años. La lista sigue.

Siete de cada 10 uruguayos consideran que aumentó el narcotráfico, según datos del Observatorio Latinoamericano de Políticas Públicas. Y los números parecen darles la razón. Los procesamientos por delitos de estupefacientes aumentaron seis veces en los últimos 15 años. Pero el mayor impacto, al menos para el imaginario colectivo, es la epidemia de homicidios entre delincuentes.

Estas muertes y otras tantas que quedan fuera del recuento son la punta de un iceberg que comenzó a visualizarse en enero de 2012. Lo que antes eran disputas entre líderes narcos desde la cárcel o heridas en las piernas, adquirió otro cariz: hoy contratan sicarios para acabar con la vida de otro a cambio de unos $ 3.500.

Que me miró mal, que me robó el cargamento, que se mete en mi territorio. Cualquier hipótesis sirve de excusa. Es que al auge económico de los últimos años, el que agrandó el mercado interno e hizo que consumidores buscaran drogas de mayor calidad, le siguió la desaceleración. Y al achicarse el negocio, las pujas internas quedaron de manifiesto.

Es mucho el dinero que mueve el narcotráfico. Es una de las cuatro industrias más poderosas del mundo, junto a las armas, los alimentos y los medicamentos. Genera US$ 300.000 millones al año, casi seis veces el PBI de Uruguay, según datos de Naciones Unidas. Un kilogramo de cocaína cuesta US$ 2.200 en la profundidad de la selva colombiana, de US$ 5.000 a US$ 10.000 en Uruguay y US$ 200.000 en Australia, según publicó Antonio Ladra en el libro Narcos en el Uruguay.

Pero, ¿acaso Uruguay no es un mercado ínfimo en comparación con sus vecinos Brasil y Argentina? Puede que la respuesta sea afirmativa. Sin embargo, el país tiene elementos muy atractivos para este negocio: posibilidad de lavado de activos, una buena infraestructura para el tránsito y redes de contrabando, sobre todo con barcazas en el río, instaladas desde hace décadas.

Por allí es que ingresó la pasta base, el primer producto que se extrae de la maceración de la planta de coca. Aunque parezca una frase hecha, la crisis de 2002, la que coincidió con la irrupción de esta droga, fue la detonante. ¿Por qué? Se abren dos nuevos frentes. Por un lado, las grandes organizaciones internacionales tienden redes en Uruguay. Por otro, el consumo de la pasta crea un mercado interno, sobre todo en zonas en que la Policía puede entrar a reprimir pero donde se le dificulta la investigación previa.

En este sentido, la Policía reconoce dos errores de estrategia. El primero fue haber juntado en una misma cárcel a los experimentados extranjeros con los amateurs uruguayos (hoy están en pabellones separados). El segundo fue haber volcado los esfuerzos en desbaratar a las grandes organizaciones. Sirvió porque "hoy no hay datos de que esté operando un cártel", dice el juez de crimen organizado Néstor Valetti, pero se descuidó al microtráfico.

Los narcos se dieron cuenta de esta flaqueza y empezaron a realizar "más envíos con menor volumen", señaló a Caras y Caretas Walter Menéndez, director de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. A su vez, se reconfiguró el modo de venta. Pasaron a instalarse pequeñas bocas. La Policía desbarata una y al día siguiente abre otra. Muchas veces son atendidas por la propia familia, lo que explica que la cantidad de mujeres presas se haya sextuplicado desde 2002.

Pero principio tuvieron la cosas.

A los pies del patrón.

Como si se tratara de una telenovela sobre Pablo Escobar, Uruguay fue el segundo mayor exportador de oro hacia Estados Unidos, y eso que no produce oro. En 1989 se detectó la compra de inmuebles y la venta de oro desde casas cambiarias. El operador era el argentino Raúl Vivas, hombre de Escobar en el Río de la Plata. Cayó preso y fue extraditado a Estados Unidos donde cumple una condena de 505 años. Según Carlos Díaz Fraga, secretario general de Antilavado de Activos, el cártel de Medellín —el de Escobar— llegó a lavar más de US$ 1.200 millones.

"Esa fue la primera vez que Uruguay tomó conocimiento del lavado de activos asociados al narcotráfico", dice Díaz Fraga. Pero la historia no terminó allí. De los 51 procedimientos por lavado de activos que hubo en 2015, "al menos en el 70% hubo delito de estupefacientes como precedente". El sector inmobiliario "es el más flojo" en este tema, enfatiza el jerarca, aunque desde enero de este año rige una mayor auditoría desde la propia Secretaria. A su vez, el 24 de febrero comenzarán las reuniones entre juristas y autoridades de Presidencia con el fin elaborar un proyecto de ley en que se incluyan (como sujetos obligados a declarar posibles irregularidades) las asociaciones civiles sin fines de lucro.

Pero Uruguay tiene más atractivos. Es un lugar "tranquilo" y, por tanto, propicio para que las organizaciones vengan a negociar o bien para que algunos cabecillas quieran instalarse. El personaje más emblemático fue Juan Carlos Ramírez Abadía, que era jefe del cártel del Norte del Valle, en Colombia. El Chupeta, como le decían por su adicción a las golosinas, cayó en Brasil cuando la Policía manejaba el dato de que quería venirse a vivir a Uruguay.

A esa tranquilidad se le suma la buena infraestructura. "El Puerto de Montevideo y el Aeropuerto de Carrasco tienen buena salida a Europa", asegura un exagente de la brigada antidroga, quien prefirió el anonimato. "En los vuelos de Lloyd Aéreo Boliviano, antes de su crisis en 2007, era jugar y cobrar: por vuelvo sacabas algún cargamento de cocaína", recuerda. Es que ese rol de "país de tránsito" estaba (y está) ligado mayormente al contrabando de cocaína. Esta droga llega hoy desde Bolivia y Perú, en menor escala desde Colombia, y entra por Argentina. La otra vía de acceso son las pistas de aterrizaje clandestinas, donde las avionetas hacen rápidas descargas. En 2013 el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, había advertido que estaban "comprobadas" más de 900 pistas ilegales. Luego se retractó. Pero el policía consultado confirma que "Uruguay todo es una gran pista de aterrizaje, es llano y cualquier campo medianamente plano ya es tierra propicia". Así fue que aterrizó el tío del presidente paraguayo Horacio Cartes, quien quedó libre el pasado 31 de diciembre.

La otra droga que acapara el merca-do, aunque más bien para consumo interno, es la marihuana. "Más del 90%" proviene de Paraguay, asegura Carlos Inzaurralde, subdirector de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Esta sustancia batió el récord de incautaciones en 2015 con 2.521 kilos.

Los costos.

Un informe del BID revela que Uruguay pierde el 3% de su PBI como consecuencia de los crímenes y la violencia. Esos centenares de millones de dólares equivalen a los ingresos del 20% más pobre de la población. Es cierto que también algo se recupera: la Junta Nacional de Drogas recibió hasta diciembre de 2015 más de un millón de dólares por bienes decomisados, sin contar los gastos que implicaron los remates.

La dotación de mayores medios para la Policía explica parte del gasto. La brigada antidroga comenzó a funcionar con 40 personas, hace dos décadas, y hoy supera las 200.

El problema es que no todas las dependencias, o instituciones involucradas tienen la misma capacidad. "Siempre se manejó el dato de que en el delta del Río de la Plata, frente a Carmelo, hay contrabando", dice el agente de la Policía consultado, "pero es imposible comprobarlo" porque la competencia es de Prefectura. Y la Prefectura "no tiene los medios".

Otro inconveniente es que "en todas las instituciones hay gente buena y mala", señala, lo que limita los controles. Por suerte, y en esto coinciden todos los consultados, el sector público no está "contaminado" por este negocio. Pero sí "Uruguay se ha latinoamericanizado", sentencia Valetti.

Microtráfico: el 100% es reincidente.

Un caso típico. La Policía detecta una boca de pasta base que funciona en una casa. Realiza un allanamiento ni bien amanece —a diferencia de otros países, en Uruguay no se permite hacerlo durante la noche— y detiene a una familia de cinco integrantes. Uno de ellos confiesa la venta de droga y termina preso. Al día siguiente los familiares libres abren otra boca, tienen que recuperar lo perdido y alimentar al integrante encarcelado. Cuando el recluso cumple su pena, vuelve a delinquir. Mientras el 60% de los presos uruguayos es reincidente, en el microtráfico la cifra asciende al 100%, informó el portal de noticias del Ministerio del Interior.

"La reincidencia habría que penalizarla de forma mayor", dice Néstor Valetti, juez de Crimen Organizado. "Se están dando demasiados beneficios: no puede ser que un reincidente obtenga los mismos cómputos por trabajo o estudio que un primario".

Las críticas del magistrado coinciden con la petición de parte de la Justicia de modificar el Código Penal. Entre otros cambios se quiere incluir al narcotráfico como agravante. ¿Por qué? "En Uruguay no existe la sumatoria de penas", explica Valetti. "Acá se toma el mayor delito y se puede aumentar hasta dos tercios". De ahí que sea imposible una pena de 505 años, como el caso de Raúl Vivas en Estados Unidos.

Por el momento, el Fiscal de Corte, Jorge Díaz, reestructuró la Fiscalía. Designó a los funcionarios más experientes para las zonas más críticas e incorporó cinco nuevos fiscales penales para Montevideo, según informó en el semanario Búsqueda.

Durante el último año los procesos judiciales por delitos de estupefacientes tuvieron una duración de 15 meses en promedio, una cifra apenas superior a otros delitos.

Pero más allá de cuestiones jurídicas, hay otros asuntos en juego. Uno tiene que ver con el acceso de la Policía a las llamadas "zonas rojas". El problema en esos lugares, dice un exagente de la brigada antidroga, es que "todos se conocen y cualquier infiltrado ya levanta sospechas". Lo otro es que "hay una problemática social más profunda", asegura Valetti. "En algunos lugares tenemos niños que juegan a ser narcos: sus sueños pasan por ahí". De ahí que la solución sea el trabajo interinstitucional, dicen las autoridades.

LOS HITOS DE UN PROBLEMA QUE YA SUPERÓ LOS 25 AÑOS.

1989 - La sorpresa.

Cae Raúl Vivas, el hombre de Pablo Escobar en el Río de la Plata. Llegó a "lavar" más de US$ 1.200 millones provenientes del narcotráfico. Hoy cumple una condena de 505 años en EE.UU.

1991 - El poder.

El panameño Ramón Puente Patiño, contador del cártel de Cali, es extraditado desde Maldonado hacia Estados Unidos. Sus negocios involucraban a la familia de Carlos Menem.

1995 - La captura.

Policías uruguayos pasan dos meses escondidos en los campos de Rivera. El 14 de mayo dan con una avioneta con droga en Bagé. Fue la primera gran misión de la brigada antidroga.

2003 - El golpe.

El uruguayo Omar Clavijo era conocido como el zar de la marihuana. En 2003 la Policía logró bajar una de sus avionetas en Cerro Largo. Meses después, el narco cayó en Paraguay.

2006 - La operación.

Terminó la célebre Operación Campanita, la que acabó con una red de narcotráfico de uruguayos y colombianos que hasta llegaba a Europa. Duró tres años de investigación.

2008 - La conexión.

Desarticulan una banda mexicana que operaba en Uruguay. Gracias a ese hecho el país se pudo desprender del cártel de Sinaloa, del conocido Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

2009 - La incautación.

Por un "problema" en el barco, la mafia serbia terminó anclada en Santa Lucía. La Policía uruguaya incautó 2.174 kilos de cocaína, la mayor captura de esta droga en la historia local.

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US$ 300.000 millones mueve el mundo del narcotráfico. Foto: R. Figueredo

narconegocio: pasado, presente y futuro

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