El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió en su informe anual 2014 acerca de "Lavado de dinero y delitos financieros", difundido en marzo pasado, sobre el desembarco de las mafias rusas en Uruguay, las que se suman a los carteles colombianos y mexicanos que ya operaron en el país.

El abogado experto en lavado y profesor grado 4 de Derecho Penal, Raúl Cervini, confirmó la versión estadounidense. Cervini dijo a El País que le consta que mafias rusas radicadas en Argentina quisieron comprar propiedades en Uruguay. Afirmó que hubo "operaciones que fueron inhibidas" por los controles que se impusieron al sector inmobiliario para determinar el origen de los fondos destinados a la adquisición de inmuebles.

"Es conocido que en Argentina operan también carteles ucranianos, mexicanos, colombianos... En lo que va del año van en ese país 14 ajustes de cuentas entre colombianos. Por eso el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, ha advertido de que se vienen las grandes mafias. Están escondidas, no hacen mucho bulto pero están", alertó el experto.

El 50% del lavado en Uruguay pasa por el sistema inmobiliario. "Y no solo hay que mirar Punta del Este, también Carmelo en Colonia y la compra de campos", agregó Cervini. Según explicó, el sector inmobiliario, los consorcios y otras entidades de ese tipo siguen siendo el colador por el que permea el lavado.

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señalaba que "aunque el gobierno de Uruguay dio pasos en 2014 para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento de las actividades terroristas (...), continúa siendo vulnerable a esas amenazas".

A ello se suma que los reportes de operaciones sospechosas de lavado (ROS) de esos sectores más delicados siguen siendo prácticamente nulos. Según datos de 2014, el sector inmobiliario reportó una transacción; los escribanos comunicaron dos; los administradores de sociedades anónimas tres; y un vendedor de metales preciosos informó una, del total de 286 reportes realizados ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). El resto fue presentado por los bancos.

También están obligados a reportar operaciones dudosas desde 2009 los rematadores, los casinos, los explotadores de zonas francas. Todos ellos no han presentado en 2014 ni una denuncia aunque el incumplimiento de la norma los hace pasibles de recibir multas pecuniarias de 1.000 a 20.000.000 Unidades Indexadas si luego se prueba que tuvieron conocimiento de alguna actividad dudosa.

El secretario antilavado Carlos Díaz dijo a El País que todo el sector "no financiero está en problemas", sobre todo teniendo en cuenta que en 2019 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará a Uruguay. El GAFI es un ente intergubernamental establecido en 1989 que fija estándares para combatir el lavado de activos, que obliga a los Estados parte del grupo.

Con respecto a la presencia de la mafia rusa, Díaz dijo que no recibió reportes concretos desde la inteligencia que realiza el Estado, lo cual "no quiere decir que no haya llegado". "Estaría bueno que la agencia nos informara detalladamente si cuenta con información", indicó.

Quienes en Uruguay están tras las rejas por lavado cometieron delitos de narcotráfico, tráfico de personas, proxenetismo y explotación sexual de menores. Sin embargo, no se ha logrado procesar a políticos o empresarios vinculados a casos de corrupción por blanqueo de fondos sucios.

Una fuente oficial vinculada al tema que pidió no ser identificada dijo que "es correcto" preguntarse por qué se procesa por lavado a narcos pero no a políticos o empresarios corruptos. "Hemos tenido casos de corrupción nacionales y habrá otros que no han saltado y no se han complementado con las investigaciones patrimoniales y procesamientos por lavado", afirmó. Apuntó que es una falla.

Incluso puso dos ejemplos de casos de corrupción en los que existían sospechas de lavado, "pero no se ha actuado": el caso del exdirector de casinos municipales Juan Carlos Bengoa, procesado en 2007 por hechos de corrupción en la intendencia, y el de la Armada.

El juez de crimen organizado Néstor Valetti, a cargo de esta última investigación por la que se resolvieron procesamientos en 2010 de oficiales de la Armada, dijo que esa causa se sigue instruyendo, aunque se negó a dar detalles. Pero los expertos en lavado afirmaron que cuanto más tiempo pasa es más difícil rastrear los bienes que se pudieron haber adquirido con dinero ilícito.

"Hay que cambiar la cabeza; la investigación patrimonial debe ser paralela a la del delito principal porque si investigas después, ya no encontrás nada", aseguró la fuente oficial.

El secretario antilavado coincidió en que si la investigación se hubiera realizado en forma paralela se podría haber llegado a buen puerto.

Díaz señaló que un caso paradigmático en el que se obtuvieron buenos resultados por investigar el lavado en forma paralela es el conocido como Las Palmeras. En esa causa, Valetti logró condenar por lavado a siete personas, entre ellas los cinco hermanos Escobar. Manejaban una red de prostitución en Paysandú que actuaba también en España. Con el dinero obtenido por el proxenetismo, la trata de personas y la explotación de menores, compraron vehículos y propiedades.

"Las investigaciones sobre lavado son muy complejas, muchas requieren informes de carácter pericial. No se trata de que la Policía ubique a la persona y la cite. Si se actúa así, se pierde. Cuando se convoca a los indagados ya tenemos elementos de prueba", explicó Valetti.

Otra dificultad que presentan los casos de lavado es que muchas veces vinculan a ciudadanos extranjeros que cometieron el delito precedente en otro país.

En ese sentido, tampoco se ha podido procesar a ningún político argentino o español a pesar de haber fuertes indicios de que blanquearon fondos en Uruguay. Así ocurrió en el caso del extesorero del Partido Popular español, Luis Bárcenas, o en el de Alejandro Vanderbroele, presunto testaferro del vicepresidente argentino Amado Boudou. En ambos casos se transfirieron fondos sucios a través de sociedades anónimas radicadas en Uruguay (ver recuadro).

Valetti, juez de ambos casos, explicó que no han tenido "a las personas para indagarlas". "Al estar en otro país es muy delicado", dijo.

Sin embargo, en los últimos años se ha sumado una nueva traba y es que la cancillería argentina se ha negado a tramitar los exhortos entre las justicias de ambos países.

Valetti no quiso pronunciarse sobre la falta de respuesta de Argentina aunque ya lo había hecho ante legisladores. "Puedo decir que se ha brindado la cooperación que se ha requerido desde la Argentina; sin embargo, no se ha recibido respuesta a la cooperación que ha solicitado ese juzgado a distintos juzgados de la República Argentina sobre el tema (...) No ha existido reciprocidad", dijo en setiembre de 2013 en la Comisión Especial con Fines Legislativos Vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado del Parlamento.

Desde entonces, su colega Adriana de los Santos espera información para poder avanzar en otra causa emblemática sobre presunto lavado, conocida como la ruta del dinero K y por la que se indaga la compra de la estancia El Entrevero en José Ignacio (ver nota aparte).

Al respecto, Cervini expresó que "los jueces uruguayos tienen el dedo mocho de pedir datos pero las respuestas no llegan". "La cooperación va para un lado solo. Ninguno de esos casos se mueve, los jueces libran exhortos y no contestan nada. No hay voluntad de cooperación". En materia de cooperación internacional, la exfiscal de crimen organizado Mónica Ferrero, actual fiscal penal, había planteado la posibilidad de que los fiscales de distintos países formaran equipos de investigación conjunta.

"En este tipo de delitos se dan bienes de un lado y del otro del territorio, y no estamos hablando de bienes de poco monto dinerario sino de bienes realmente importantes", dijo Ferrero en el Parlamento en 2011. Sugirió la formación de equipos con un fiscal uruguayo y uno extranjero para desarrollar una investigación conjunta, y compartir los resultados en materia de incautación de bienes.

De hecho, el fiscal argentino Alberto Nisman, muerto en enero pasado, había solicitado cooperación al fiscal Juan Gómez de Uruguay y se habían reunido en Argentina para intercambiar información acerca de la causa sobre el atentado terrorista a la Amia.

Otra falla que los expertos señalan respecto a la lucha contra el lavado recae sobre el sistema de confiscación de bienes. "El sistema es muy flaco", dijo Cervini. "No es afinado jurídicamente, deja brechas que podrían ser usadas luego por los procesados para pedir que le devuelvan los bienes", afirmó en relación a problemas técnicos que tienen que ver con la titulación de los bienes.

El año pasado, en el marco de la Operación Campanita —una de las causas más grandes de narcotráfico y lavado—, la Justicia debió levantar el embargo de la Torre Tamaro de Punta del Este, el que había sido resuelto ante la presunta vinculación que tenía el inversor con los narcos. Los abogados del inversor argentino demostraron que su cliente no estaba vinculado a los narcos y la Justicia dispuso el cese del embargo del edificio.

Sobre este tema Díaz señaló que es un problema atado a lo lento del proceso penal porque no se puede decomisar el bien hasta que no se haya dictado la sentencia. "El tiempo que transcurre entre el procesamiento y la condena de los implicados suele ser bastante más extenso de lo que sería conveniente. Eso complica el decomiso. Vamos a tener que mejorarlo y buscar soluciones", dijo el jerarca.

La otra fuente oficial consultada adjudicó el problema a que "no siempre se le da al tema la importancia que tiene y se siguen recuperando pocos bienes". Según datos de la Junta Nacional de Drogas (JND), en los últimos cinco años se remataron casi 400 vehículos, un velero, un pesquero, una casa y una chacra, con lo que se recaudó algo más de US$ 2 millones. El dinero se destina a programas de prevención de drogas.

Las voces oficiales reclaman que la legislación nacional incorpore el delito de defraudación tributaria como precedente del lavado. Por no contar con esa previsión en su legislación Uruguay se enfrenta a caer en la lista gris del GAFI, que realizará una nueva inspección al gobierno en 2019. Países como Ecuador y Panamá ya integran esa nómina.

Sin embargo, Cervini rechazó el argumento oficial. En opinión del experto, no es más que "una imposición internacional". "Las penurias europeas causan que no quieran que la plata venga para América Latina. En Estados Unidos no le dan importancia al delito tributario", manifestó.

A su juicio, la defraudación tributaria es un delito formal que no amerita ser incorporado en el lavado. Desde su punto de vista, hacerlo sería abrir la puerta a perseguir delitos menores como el contrabando de poca monta (hoy solo es precedente de lavado el contrabando mayor a US$ 20.000). "Lo que se deben perseguir son los delitos que afectan a la economía de verdad", opinó el experto.

La causa denominada la ruta del dinero K se abrió en Uruguay en 2013 y su centro fue un campo de 150 hectáreas ubicado en el kilómetro 171 de la ruta 10, cerca de José Ignacio, que fue comprado el 1º de agosto de 2011 en US$ 14 millones por Jumey, una sociedad anónima presidida en ese momento por Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, indagado como líder de la red de lavado asociada al expresidente Néstor Kirchner. La jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez indagaron al escribano y al operador inmobiliario que actuaron en la transacción, pidieron información a Argentina sobre los titulares del campo, y sobre todo trataron de averiguar sin éxito en estos dos años cuál es el delito procedente para definir si pueden dictar procesamientos, ya que el delito precedente también debe ser delito en Uruguay. La respuesta de Argentina nunca llegó y la causa sigue estancada. Fuentes del caso dijeron a El País que es probable que en el escrito que el juez del caso Sebastián Casanello supuestamente respondió en febrero pero que nunca llegó al despacho de la jueza, señale que en Argentina se indagan hechos y no delitos. Si esa fuera la respuesta, la Justicia tampoco podría avanzar en la causa local. A esa causa se sumó el año pasado la investigación de una transferencia de fondos por US$ 16,5 millones hacia a Helvetic Services Group, la firma controlante de SGI, la financiera que maneja el contador de Báez. Esas transferencias se realizaron desde Uruguay al principado de Liechtenstein para adquirir dos terrenos en la parada 8 de la Brava pero tampoco fueron respondidos los exhortos que Uruguay envió a Argentina.

Aun así, la Justicia uruguaya no tomó algunas acciones preventivas para poner a salvo los bienes en caso de que se probara el lavado: no decretó el embargo del campo ni de la sociedad propietaria Jumey. Tampoco decidió indagar al empresario argentino Carlos Molinari, quien fue procesado en noviembre pasado en Argentina por lavado vinculado al dine-ro K. Pese a que Molinari tiene negocios en Uruguay (el Instituto Nacional de Colonización le adjudicó el 3 diciembre de 2013 a una empresa suya una licitación por US$ 208.000 para la construcción de casas prefabricadas y en su momento quiso invertir en Pluna) y aparece vinculado a la compra de El Entrevero, la Justicia no lo tiene como indagado. Maximiliano Acosta, promitente comprador del campo que luego adquirió Jumey, declaró en Argentina en 2013: "Matías Molinari y su padre Carlos Molinari andaban con Fariña permanentemente y se presentaron como los que iban a estar a cargo del desarrollo" de José Ignacio. A esto se suma que en Argentina, Fariña declaró en marzo pasado que la compra del campo de Mendoza, por la que está procesado por lavado, la hizo con dinero de Molinari y no de Báez. La estancia El Carrizalejo fue adquirida en diciembre de 2010 por US$ 5 millones y dos años después vendida en US$ 1,8 millones.

El escribano y el operador inmobiliario que participaron en la compraventa de la estancia El Entrevero apelaron la fuerte multa que les impuso el Ministerio de Economía y Finanzas. Una resolución del mes de febrero dispuso que deberán pagar una multa de US$ 276.035 el escribano y US$ 88.934 la inmobiliaria, por no haber reportado esa compraventa realizada en 2011 como sospechosa de lavado de activos. El abogado del escribano, Augusto Durán Martínez, planteó que está "absolutamente convencido" de que el profesional "actuó con la debida diligencia, con los elementos con que se contaba al momento de la operación". En tanto, la defensa del operador inmobiliario, Leonardo Costa, señaló que intervino sólo en la etapa precontractual, que su cliente era el vendedor, y que la venta se realizó por transferencia bancaria y no debían reportar.

El empresario Lázaro Báez, señalado como el líder de la red de lavado asociada al kirchnerismo, pidió ser sobreseído ante la Justicia y dijo que no se pudo probar el lavado. Al declarar el 15 de marzo pasado por escrito, aseguró ser víctima de una historia cinematográfica que contaron Elaskar y Fariña y que protagonizó el periodista Jorge Lanata, que fue quien informó de las maniobras en el programa Periodismo para todos. Al declarar ante la Justicia, Báez aseguró que es fantasioso que se lo acuse de haber trasladado millones de dólares que fueron a parar a cuentas bancarias en el mundo entero. Por eso concluyó que todas las denuncias que existen en su contra -tanto en Argentina como en otros países- parten de un supuesto jamás probado y no tienen sustento jurídico.

El caso más reciente de lavado que se indaga lo inició Valetti de oficio hace una semana, según informó el magistrado a El País. Al tomar conocimiento de que la Banca Privada dAndorra —señalada por la unidad antiblanqueo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como "una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales"— tuvo una sede en Uruguay, el juez decidió indagar los movimientos de esa entidad financiera en el país. El diario español ABC informó que en octubre de 2011 el Banco Central uruguayo sancionó al BPA por falta de controles sobre lavado. Luego de que el banco se retiró siguió operando como Noswey SA Asesores de Inversión, en la misma dirección en el World Trade Center, informó El Observador. También se detectaron movimientos de fondos de parte de exintegrantes del gobierno venezolano.

El mayor caso de lavado que la Justicia indaga por estas horas es el que involucra al empresario Sergio Hermida por blanquear fondos provenientes de la corrupción y narcotráfico de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial del expresidente peruano Alberto Fujimori. El viernes el juez Valetti indagó a titulares de otras sociedades vinculadas a Hermida. Trata de establecer si el dinero ilícito fue usado para financiar el terrorismo en Centroamérica. A través del cambio Serhnu, propiedad de Hermida, el dinero ingresaba en el sistema financiero local con el objetivo de "blanquearlo" y de ahí se efectuaban transferencias a Buenos Aires. Posteriormente, el dinero "legal" regresaba desde bancos porteños hacia Perú. Según probó la Justicia, en 2006 y 2007, Hermida recibió al menos 256 transferencias, de entre US$ 5.000 y US$ 100.000.

El juez Néstor Valetti y el fiscal Juan Gómez embargaron un apartamento del edificio Le Parc, en la parada 8 de la Brava en Punta del Este, que a través de un testaferro compró por US$ 800.000 Julio Alegre, exjefe comunal de Santiago del Estero, condenado en Argentina por corrupción. Además, incautaron un auto Mercedes Benz que el político kirchnerista había comprado en 2008 y tenía estacionado en el garaje del edificio. La Justicia también indaga al escribano de Maldonado que participó en la compraventa y, según pudo saber El País, es probable que se pida la extradición de Alegre para poder indagarlo en Uruguay en mayo próximo. En diciembre de 2012 fue condenado a la pena de ocho años de prisión. Desde entonces goza del beneficio de salidas laborales.

Alejandro Vanderbroele, presunto testaferro del vicepresidente argentino Amado Boudou, es indagado por lavado de dinero en Uruguay. Se ha probado que envió dinero desde Uruguay para financiar la compra de la empresa impresora de billetes Ciccone Calcográfica, como testaferro de Boudou, según el procesamiento dictado por el juez argentino Ariel Lijo. Como no ha declarado, Valetti solicitó su extradición pero no podrá ser concedida a Uruguay hasta que cumpla con la condena argentina, lo que se estima llevará unos cinco años.

Valetti congeló las cuentas bancarias de sociedades anónimas uruguayas vinculadas al exsenador y extesorero del Partido Popular de España Luis Bárcenas, procesado en su país por corrupción. Se encontraron indicios de que en 2009 Bárcenas transfirió al menos 800.000 euros desde el banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de Montevideo. Según dijo el magistrado a El País, la causa se encuentra estancada porque el principal implicado en las maniobras no ha venido a declarar. Se trata de Edgardo Bel, titular de Tedesul SA y a quien la Justicia española definió como "colaborador" de Bárcenas. La Justicia aún no definió si pedirá su extradición. Los restantes titulares de otras tres sociedades investigadas ya declararon.

piedras en el camino de la justicia