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In extremis: casarse antes de morir

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En este tipo de bodas se conmueve más quien está sano que el enfermo. Foto: Archivo

Al año se realizan 50 casamientos urgentes en Montevideo. Solo se autorizan al estar en riesgo la vida de uno de los contrayentes y por lo general se hacen en hospitales o residenciales. Hay quienes los viven como su último deseo, otros lo hacen por lo que dejan a su pareja. También hay abusos que terminan ante la Justicia.

En lo que va del año el Registro Civil de Sarandí y Misiones ya realizó 14 casamientos "in extremis". Se trata de matrimonios de urgencia, que se autorizan solo cuando uno de los integrantes de la pareja tiene, certificado por un médico, riesgo inminente de muerte, y se estima que cada año se llevan a cabo cerca de 50 casamientos de ese tipo en toda la capital.

Se viven como un último deseo, como un gran anhelo de la persona o la pareja, o simplemente como una forma de activar los mecanismos legales que el matrimonio supone. Eso puede tener que ver con el acceso a una herencia o a una pensión como "persona viuda", y se hace con el objetivo de que a la pareja de quien muere, le resulte mucho más económico que el hecho de posteriormente cumplir con los eventuales requisitos legales.

Daniel Wildbaum, director del Registro Civil, explicó a El País que los casamientos "in extremis" son "iguales a los matrimonios comunes y requieren las mismas formalidades". Pero aclaró que por la urgencia se realizan inmediatamente después de la solicitud de los contrayentes, estimando que quizá a las dos horas de hecho el pedido, se pueda estar llevando a cabo el casamiento por parte de un oficial.

El jerarca dijo que es "todo igual, pero al revés en cuanto a los pasos a dar". Eso supone que lo primero que hace la pareja es brindar testimonio al oficial del Registro Civil, o sea dar el famoso "sí, acepto", momento en el cual también tienen que estar presentes cuatro testigos, como la ley determina en todos los casos.

Después vienen los trámites: se hacen las publicaciones de rigor en el Diario Oficial y se brinda la documentación que sea necesaria (por ejemplo en caso de divorcio previo hay que presentar la sentencia correspondiente). Luego, como parte de la excepción del trámite, un juez de Familia debe convalidar el matrimonio. "Nos llega el oficio del juzgado con la sentencia de convalidación y esa validación se agrega a la partida de matrimonio; ahí queda finalizado el trámite", explicó el jerarca.

Este tipo de matrimonio no tiene costo para el usuario ni tampoco tiene cargo su publicación en el Diario Oficial. Mientras que el casamiento común cuesta $ 462 en la oficina del Registro o $14.130 si se realiza fuera de la misma. Los casamientos "in extremis" se llevan a cabo, por lo general, en hospitales, en residenciales para adultos mayores y algunos en domicilios.

Según explicó María Luisa Salaberry, oficial de Estado Civil de la oficina 1ª de Montevideo, "muchas veces, como quienes se casan por esta vía son personas en estado terminal, se las da de alta para que los cuidados paliativos se realicen en su domicilio, y entonces ahí mismo se hace el casamiento si así lo desean".

La oficial, quien realizó el primer casamiento homosexual en Uruguay —que casualmente fue "in extremis"— relató que "no necesariamente son ancianos" quienes optan por contraer matrimonio justo antes de fallecer. "Hay personas jóvenes, con enfermedades terminales de rápida evolución que deciden casarse", dijo.

Relató, en ese marco, que a finales de abril realizó un matrimonio en el Instituto Nacional del Cáncer, entre una mujer de 26 años, que era quien estaba enferma, y su pareja y padre de sus hijos, un hombre de 29 años de edad. "Para ellos tenía un valor simbólico muy grande y en el centro de salud ayudaron mucho. Prestaron una sala, se vistieron para la ocasión. Fue muy conmovedor, fue uno de esos casos en los cuales uno se implica aunque no quiera o no deba hacerlo", contó Salaberry.

La oficial dijo que las personas pasan por esa instancia de distintas formas, "algunos se quiebran y otros no", y contó que "hay quienes se preparan especialmente, pero otros no pueden, porque están en cama, con vías, con mascarillas e incluso a veces no pueden firmar". En esos casos un testigo firma por ellos, pero el oficial debe constatar la voluntad de casarse.

Salaberry expresó, en tanto, que "normalmente se conmueve más la persona que está sana que la que está enferma".

Por amor o por dinero.

El Registro Civil no lleva una estadística especial de la cantidad de matrimonios "in extremis" que se realizan. Igual, en la base de datos del Diario Oficial hay algún indicio. Ahí solo aparecen los casamientos de Montevideo realizados en la oficina de la peatonal Sarandí; y quedan fuera los del interior y los concretados en las oficinas del Pereira Rossell, Hospital de Clínicas, Hospital Militar y el Sanatorio Canzani.

Según surge de dicha documentación, la oficina central del Registro Civil realizó en 2014 un total de 21 casamientos in extremis, en 2013 hizo 16, en 2012 hizo 10, otros 21 en 2011 y la misma cifra en 2010.

En los registros se aprecia, además, que entre los casamientos antes mencionados, hay muchos que fueron realizados entre personas del mismo sexo.

Se observa que muchas veces existe entre los contrayentes una gran diferencia de edad. Por ejemplo, dos casos recientes, en uno el hombre tiene 97 años y la mujer 25, en el otro el hombre tiene 82 y la mujer 21. Si bien no hay un seguimiento al respecto, en el ambiente se reconoce que muchas veces los acompañantes de la persona que tiene riesgo de muerte son los que contraen casamiento con la misma. Hay, así, casos de abuso y situaciones que terminan ante la Justicia.

Un caso de ese tipo se registró recientemente, cuando un Tribunal de Apelaciones terminó por revocar un casamiento "in extremis" realizado en una mutualista de Montevideo entre un paciente de más de 70 años con su cuidadora, de 55 años. El contrayente era un jubilado bancario, que cobraba una jubilación de algo más de $ 67.000, y la mujer, en caso de convertirse en viuda de un pasivo de la Caja Bancaria, recibiría una pensión vitalicia, que rondaría los $ 40.000.

La Justicia entendió que el hombre no estaba en condiciones de casarse, además de señalar que los testigos de la boda fueron enfermeras y nurses que después asistieron al hombre en el momento de su fallecimiento. Un juez penal también intervino en el asunto posteriormente.

De todos modos, Salaberry dijo que de todos los casamientos "in extremis", solo el 5% termina siendo invalidado por la Justicia, y afirmó que para eso resulta fundamental comprobar antes de realizar el casamiento que el contrayente con riesgo de muerte está lúcido. Ella contó que busca hablar con el mismo en privado antes de realizar el acto para evacuar dudas.

Según afirmó, en más de una oportunidad un contrayente enfermo ha resuelto, a último momento, no casarse: "Muchas veces les dicen que sí a quienes los están cuidando, pero en realidad no quieren".

Salaberry señaló que es necesario actuar "con la mayor naturalidad posible, con sobriedad y calidez", a la vez que admitió que busca no acercarse mucho a cada caso. "A veces, luego del matrimonio te invitan a una misa por la persona que finalmente falleció, pero trato de no involucrarme demasiado", dijo.

Comentó que los oficiales por lo general no saben lo que finalmente ocurre con la persona que estaba enferma, y también expresó que no siempre todos los "in extremis" culminan con la muerte, como se preveía según el diagnóstico médico.

"Me pasó el verano anterior. Era un domingo, me encontraba preparando el almuerzo, pero estaba de guardia. Suena el teléfono y me dicen que había una persona que en la tarde tenía una operación de alto riesgo, de la cual solo sobrevive el 2% de los operados, y que se quería casar, ante lo cual no pasaron dos horas que estábamos haciendo el matrimonio en el hospital", dijo. Y siguió: "Pero la operación salió bien, y unos ocho meses después me avisaron que la persona había mejorado".

Vía celular, se ubica a un oficial a toda hora del día.

En la puerta del Registro, en la peatonal Sarandí, un cartel de plástico, algo dañado y de tamaño medio, anuncia: "Matrimonios in extremis. Fuera de horario de oficina, de 18 a 7 horas, llamar al 099 639 469". El director de dicha oficina, Daniel Wildbaum, explicó que lo normal es que las personas hagan el trámite en horario de oficina, aunque dijo que existe ese número para los casos que surgen fuera de tal horario o en días no laborables. Los oficiales cuentan, en tanto, que cuando dejan el teléfono prendido, suena a toda hora, y la gente realiza las preguntas más diversas. Los oficiales se rotan las guardias, una semana cada uno, y cobran unos $ 900. Lo normal es que los casamientos fuera de horario se hagan de 19 a 22 horas, en pocos casos sobre la medianoche y nunca en la madrugada.

Él 97, ella 25; hay casos a toda edad.

En la base de datos del Diario Oficial está el registro de todos los casamientos "in extremis" realizados por la oficina central del Registro Civil en Montevideo, desde 1980 hasta la actualidad. Ahí se puede apreciar que la cantidad de matrimonios de ese tipo se ubicó en el entorno de 20 durante los últimos cinco años, solo en ese local.

Entre las publicaciones de casamientos "in extremis" se observan distintas situaciones, con una gran presencia de matrimonios de personas del mismo sexo y una amplia cantidad de casos de enlaces en los cuales los integrantes de la pareja tienen entre sí una importante diferencia de edad.

Por ejemplo en febrero de este año Aníbal Sereda, de 83 años, se casó con Mara Morros, de 43 años de edad.

En junio de 2011, Manuel del Castillo, jubilado de 97 años de edad, se casó con Liliana Mozo, una estudiante, de 25 años.

En diciembre de 2012, Juan Palaves, de 82 años, se casó con Mariana Fernández, de 21 años, con quien no compartía domicilio.

María Luisa Salaberry, oficial del Registro Civil, explicó a El País que "es un caso muy común el de las personas que deciden casarse para dejar una pensión a quien tienen a su lado, ya sea su compañero o compañera de convivencia, o una persona que poco tiempo antes comenzó a tener un contacto con ellos", como puede ser alguien del personal de salud o también un acompañante hospitalario.

De todas formas, la funcionaria afirmó que los oficiales que van a realizar el matrimonio deben tener en cuenta al momento del enlace "la voluntad de la persona de casarse y no otra cosa". Para eso, hablan con la persona que está enferma y con el médico tratante.

Salaberry dijo que se "nota rápidamente" cuando el casamiento se hace solo como un trámite y por los efectos formales que genera.

Según contó, en más de una oportunidad el contrayente con riesgo de perder la vida dice a último momento que no se quiere casar. "A veces le dicen a la persona que tienen al lado que se van a casar, pero llegado el momento se arrepienten", dijo Salaberry. En ese caso, el oficial explica que no puede proceder y debe retirarse del lugar.

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