aBUSO SEXUAL DE SACERDOTES URUGUAYOS

La Iglesia enfrenta a su peor fantasma

La película Spotlight volvió a poner sobre el tapete el abuso sexual en la Iglesia Católica. ¿Ocurrió en todo el mundo y no aquí? Las autoridades uruguayas, obsesionadas por la transparencia, revelan en este informe los casos que llegaron a sus manos.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Un hombre reza en la Catedral de Montevideo (Iglesia Matriz). Foto: F. Ponzetto.

Hace más de 10 años que la Iglesia Católica comenzó a transitar el camino de la "tolerancia cero" a la pederastia. Desde que inició su papado, en 2005, Benedicto XVI dejó de quejarse de campañas mediáticas contra los curas y pasó a hablar de "suciedad clerical". Él, que había dirigido el órgano dedicado a sancionar los pecados —la Congregación para la Doctrina de la Fe—, sabía bien que la postura oficial había sido ocultar esa "suciedad".

Con Benedicto XVI el Vaticano instó a las autoridades de la Iglesia en todo el mundo a elaborar protocolos de actuación ante denuncias de abuso sexual infantil. Si bien Francisco tomó la posta —por ejemplo, con la creación de la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, dedicada a la prevención del abuso—, el grueso de la "limpieza" fue durante el papado del alemán. Entre 2004 y 2013 hubo unas 6.000 denuncias. De esas, más de 3.000 fueron "casos creíbles", según datos oficiales difundidos hace poco por El Diario, un medio español. En total, 848 religiosos fueron reducidos al estado laical, la máxima sanción posible dentro de la Iglesia. Del período de Francisco no hay todavía información disponible.

Los ecos de los escándalos mundiales, como el que recrea la película Spotlight, fueron llegando a Uruguay. Aquí, como en todo el mundo, cada una de las 10 diócesis que integran la Conferencia Episcopal (CEU) aplicaba la letra del derecho canónico a su criterio, sin un procedimiento que estipulara, por ejemplo, que el simple traslado de los sospechosos de abuso a otras parroquias no era una opción.

En 2013 la CEU redactó su propio protocolo. Desde entonces, según información recabada por El País entre los obispos y otras personas vinculadas a la Iglesia, hubo al menos tres denuncias que ameritaron activar el protocolo: dos en Montevideo y una en Maldonado. Es posible que una cuarta denuncia se presente en la diócesis de Cerro Largo.

Pero hay más casos que no fueron denunciados ante los obispos. Hubo uno que explotó en la Justicia antes que en la Iglesia, con un hermano argentino que está preso en Salto. En ese mismo departamento vive un ex sacerdote uruguayo que fue acusado de abusar de niños en Bolivia y viajó a Uruguay prófugo de la Justicia de ese país.

Además de los sacerdotes de las diócesis, que dependen directamente de los obispos, hay muchos religiosos de distintas congregaciones, que según la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Uruguay (Confru) son 27 masculinas y 78 femeninas. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las de los padres jesuitas, salesianos, franciscanos y domínicos, o los hermanos maristas y de la Sagrada Familia, y cada congregación suele tener su protocolo. La Confru no lleva un registro de denuncias. El País supo de un sacerdote jesuita expulsado de la Iglesia por abusar de jóvenes varios años atrás.

Pero es probable que el rosario de casos en Uruguay sea más amplio porque no hay forma de conocer con certeza lo ocurrido antes de 2013, más que apelando a la memoria y la honestidad de los religiosos más experientes.

Hoy, conscientes de que la Iglesia corre con desventaja por los errores acumulados durante tantos años, y con el impulso que le ha dado al tema la película ganadora del Oscar, las autoridades católicas uruguayas se han obsesionado por transmitir una sola idea: transparencia. Por eso se animan a revelar las denuncias, aun cuando a algunos aún les cueste horrores llamar a las cosas por su nombre.

Los casos.

El padre Pablo Coimbra lleva apenas ocho años de sacerdocio, pero ya es la mano derecha del cardenal Daniel Sturla en Montevideo. Coimbra es el ecónomo de la arquidiócesis y también dirige el departamento de Comunicación. Esta vez asumió la ingrata tarea de dar a conocer las dos denuncias registradas allí.

El protocolo de la CEU establece que hay una fase preliminar para evaluar la denuncia. Si amerita, se inicia una investigación. Finalmente, si se reúnen elementos suficientes, se envía todo lo recabado en la investigación a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. Allí se evalúa que si lo concluido es grave, la sanción al acusado se dictamina desde ahí; si no, se le delega la decisión al obispo de la diócesis. Además, en caso de que se trate de menores, el obispo está obligado a presentar el caso ante la Justicia Civil.

La primera denuncia que recibieron en Montevideo con ese protocolo vigente fue de un caso ocurrido hace 20 años. La víctima aseguró que un cura lo había manoseado. Como no había pruebas, y el acusado lo negaba, la denuncia se archivó por falta de méritos. De todas formas, como medida cautelar se le quitó toda función eclesiástica. Significa que el hombre sigue siendo sacerdote pero no puede tener cargo (de párroco, vicario, capellán o director de colegio). No correspondía presentar el caso en la Justicia porque el denunciante ya era mayor. Tampoco ameritaba enviar los antecedentes al Vaticano, pero Coimbra dijo que se hizo igual "por precaución".

El segundo caso aún está en proceso. La denuncia la hizo una mujer de 27 años que afirmó haber tenido relaciones consentidas con un cura cuando ella tenía 17 y él cerca de 40. Al principio aseguró que era el padre de su hijo, pero luego de un examen de ADN la Iglesia respiró aliviada porque el resultado fue negativo. De todas formas, el acusado reconoció los hechos, se hizo una investigación —el propio Sturla la llevó adelante— y actualmente se está a la espera de la resolución de la Santa Sede.

"Por supuesto, se tomaron medidas cautelares. Seguramente todo va a resultar en una dimisión", dijo Coimbra. Reconoció que este caso despertó mucha "sorpresa". Aunque dejará de ser cura, el denunciado recibirá "un acompañamiento".

En ambos casos las personas pidieron una indemnización, algo que la Iglesia formalmente no tiene previsto pero que sucedió durante muchos años en varios países, especialmente en Estados Unidos. Allí, además de trasladar a los abusadores sin más, las autoridades eclesiales hicieron cientos de arreglos extrajudiciales para acallar a las víctimas. Por ende, piensa Coimbra, ahora es entendible que los denunciantes esperen dinero, y se les explica que no. "Se les transmite primero la solidaridad, se les pide perdón como corresponde, y se les dan todas las garantías de que se va a investigar", aclaró.

El obispo de Maldonado, Rodolfo Wirz, contó que el año pasado en su diócesis hubo una denuncia que no pudo ser confirmada porque la familia de la presunta víctima no quería tratar el tema. El denunciante era un tercero que tenía "sospechas", y el acusado no admitía los hechos. "Quedó a mitad de camino porque nadie quiso avanzar. Uno quedó con la duda. Pero la diócesis no dudó en hacer la averiguación que correspondía y aplicar las reglas del juego. No quita que estemos alertas", dijo Wirz.

Algo parecido está ocurriendo ahora mismo en la diócesis de Melo. Heriberto Bodeant, el obispo, está preocupado por transmitirle a un muchacho que ha hecho pública una denuncia grave —pero no ante él— que está dispuesto a recibirlo e iniciar una investigación.

Luis Mario Acuña González, de 30 años, nacido en Brasil pero residente en Treinta y Tres (departamento que depende de la diócesis de Melo), canalizó su denuncia a través de la organización italiana Rete LAbuso y viajó a Italia a fines de 2015 para presentarse ante la Justicia de ese país. Allí reside el cura que, según él, abusó durante años de él y otros adolescentes en un hogar de niños de Cerro Chato. La demanda está a estudio.

En un video disponible en el sitio web de la organización, Acuña dice que el hombre denunciado era "como un padre" para él, pero que ya de niño le tocaba los genitales y que siendo adolescente empezó a requerirle sexo a cambio de dinero o comida. Cuenta, también, que en un momento el cura fue trasladado a Albenga, Italia, y que el hombre le facilitó que viajara a visitarlo. Allí continuó abusando de él. Según Acuña, dos curas uruguayos siguieron los pasos del italiano cuando este ya no estaba. Eran cercanos y amorosos y luego lo invitaban a "pasar al cuarto".

El joven dice haber caído en la cuenta de todo lo vivido varios años después. "Intenté buscar ayuda, conté a personas de la religión para que me ayudaran. Nadie hizo nada. Quedó todo tapado", asegura en el video.

Bodeant dijo a El País que, efectivamente, Acuña acudió a un sacerdote de su diócesis para contar su versión. En esa charla, de acuerdo al obispo, el religioso le ofreció hacer la denuncia pero la respuesta entonces fue vaga. Bodeant entiende que sin su voluntad no puede activar el protocolo. "Uno investiga sobre la base de hechos, no sobre algo genérico. Pero, en definitiva, quiero decir que estoy dispuesto a recibirlo a él o a cualquier otra persona que quiera denunciar".

Por último, el padre Álvaro Pacheco, vocero de la Compañía de Jesús, contó que en 2007 la familia de un joven de 18 años radicó una denuncia formal a un sacerdote jesuita por "manoseo". Luego, al profundizar en la investigación, aparecieron algunos casos de adolescentes de 17 años, siempre varones, que habían sido víctimas de abusos similares. Primero la congregación apartó al sacerdote de sus tareas habituales, y luego todos los antecedentes fueron elevados al Vaticano. En 2009 se adoptó la sanción más grave, que es la reducción al estado laical, pero se lo autorizó a seguir cumpliendo tareas internas en alguna comunidad de la orden.

La prevención.

La puesta en marcha de una maquinaria capaz de recepcionar cientos de denuncias anuales fue el principal aporte de Benedicto XVI en este tema. El de Francisco, por ahora, es haber puesto el foco en la prevención.

En abril de 2015 la Iglesia uruguaya invitó a un grupo de sacerdotes, psicólogos y abogados de la Iglesia chilena, que por haber sufrido varios escándalos —entre ellos, el del famoso cura Fernando Karadima—, es una de las voces autorizadas en la región. La delegación chilena mantuvo en Uruguay reuniones con los obispos, con otros integrantes de la CEU y con delegados de la educación católica.

Siguiendo el ejemplo de Chile, la Iglesia uruguaya creó a fines de 2015 una comisión para la prevención del abuso, que tendrá su primera reunión en el correr de este mes. Bodeant, el obispo de Melo, fue designado presidente. Adelantó a El País que propondrá a los demás miembros tomar un curso virtual de seis meses que ofrece la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, creada por el Papa.

Además, Bodeant quiere que la comisión que preside aproveche el camino que han hecho distintas congregaciones religiosas en el campo educativo. "Vamos a potenciar eso y vamos a tratar de que los colegios pequeños, parroquiales, tengan mayor acceso a la formación". En Estados Unidos, luego de los escándalos, la Iglesia instaló cursos obligatorios para todos, desde el portero hasta el obispo. Bodeant quiere empezar con todos aquellos que tengan contacto con niños.

Por su cuenta, algunas diócesis han tomado medidas preventivas, como establecer que nunca haya sacerdotes solos en jornadas o campamentos juveniles.

En el seminario interdiocesano, donde se forman los sacerdotes del clero, no están ajenos a la preocupación. Su director, Milton Tróccoli, contó que los aspirantes se someten desde un primer momento a un informe psiquiátrico que busca descartar patologías incompatibles con el sacerdocio, y una es la tendencia al abuso sexual. Más adelante se les hace un psicodiagnóstico que incluye una batería de tests. Además, en el seminario procuran integrar el acompañamiento psicológico con el espiritual. Hasta ahora, nunca se logró detectar a un potencial abusador en esas instancias.

Según el sacerdote Omar França, profesor de Psicoética en la Universidad Católica, los principales síntomas de la pederastia tienen que ver con pensamientos y sueños. Estos pueden aparecer en terapia o en las sesiones de asesoramiento espiritual, pero no hay forma de saber cuándo lo que está en el plano de la imaginación puede pasar a los hechos.

En la Iglesia manejan estudios académicos que sostienen que el abuso cometido por sacerdotes es mínimo respecto al total de las pederastias. Sin embargo, sienten que es más grave porque son personas que actúan en nombre de Dios y, por eso, generan un daño mayor. El desafío ahora es recuperar la confianza.

La investigación es responsabilidad del obispo.

El protocolo de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) prevé tres fases. La preliminar va desde la recepción de la denuncia hasta la decisión de iniciar o no una investigación. Al obispo le corresponde indagar en caso de que tenga "noticia al menos verosímil" de un abuso. Esto abarca una denuncia formal, un testimonio con fundamento, o incluso "rumores continuos y consistentes". El hecho puede haber ocurrido muchos años atrás e incluye también a miembros de congregaciones. La única restricción es que la información se haya reunido bajo el secreto de confesión.

Luego se da inicio a la investigación, para lo cual se recurre a todas las herramientas del derecho canónico: se recogen testimonios, se labran actas con notario, se juntan las pruebas si existen y se puede llegar a hacer careos. La investigación puede llevar hasta un año y la responsabilidad de conducirla recae sobre el obispo o quien él designe. Si bien se presume la inocencia del acusado, se toman medidas cautelares.

Si la denuncia era falsa, se archiva. Si es verosímil, el obispo deberá enviar todos los antecedentes y la indagatoria a la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el Vaticano. Allí se resolverá una sanción o se delegará la decisión al obis-po. Hay distintos grados del delito así como depende de contra quién se comete. No es lo mismo una violación que un manoseo, una insinuación o un beso. No es lo mismo una criatura de nueve años que una de 17. En alguno de esos casos puede que no se llegue a la dimisión, pero sí a una sanción que dure varios años.

En caso de que la víctima sea todavía menor de edad, el obispo deberá presentar el caso ante la Justicia Civil.

En Salto, dos abusadores: uno preso y el otro fugitivo.

Juan José Santana ingresó al seminario de curas de los salesianos hace más de 20 años. En aquel tiempo trabajaba en el colegio Maturana. Algunos exalumnos recuerdan que en los campamentos invitaba a algunos varones a "ver el amanecer". Por algún motivo confidencial, la congregación no le permitió ordenarse. Entonces Santana se fue a Buenos Aires y se integró a una pequeña congregación de hermanos. "Pero él quería ser sacerdote", dice Pablo Coimbra, mano derecha de Sturla, que lo conoció porque ambos eran oriundos de Salto. Entonces Santana se mudó a Cochabamba, Bolivia, donde sí lo aceptaron y se integró al clero. Allí lo destinaron a un hogar de niños en el que abusó de varios varones. Una monja lo denunció ante la Justicia boliviana, pero antes de que lo pudieran juzgar, Santana huyó y se recluyó en Salto, en la casa de sus padres, donde reside hasta hoy.

En 2007, en una nota de La República, Santana reconoció que las acusaciones eran ciertas pero se negó a hablar por el dolor que dijo sentir al respecto. Aseguró que no le había llegado un exhorto de la Justicia boliviana hasta entonces. Ahora El País intentó comunicarse con él, pero su padre lo impidió y argumentó que el tema le había generado mucho sufrimiento a toda su familia. Algunos vecinos, que conocen su historia, contaron que el hombre se ha vuelto un "ermitaño", que se dedica a cuidar sus plantas y que solo sale de madrugada, cuando nadie lo ve.

El obispo de Salto, Pablo Galimberti, tuvo contacto con Santana en tres oportunidades. La primera fue cuando supo que estaba en Uruguay. Averiguó dónde era su casa, se le apareció y le ofreció hablar, pero Santana se negó. En un segundo momento volvió a visitarlo porque desde el Vaticano le habían pedido que hiciera de intermediario y le diera la oportunidad de presentar sus descargos. Otra vez rebotó. La tercera vez fue para hacerle firmar un decreto rubricado por el papa Benedicto XVI, que decía que le daban de baja el estado clerical. Según Galimberti, el hombre firmó y lo despachó sin más.

"En definitiva, ni la congregación salesiana ni la Iglesia uruguaya tienen responsabilidad en el hecho, por más uruguayo que sea. Lo ordenaron allá, y el abuso sexual de menores ocurrió allá", opina Coimbra.

También en Salto reside otro abusador, pero en la cárcel. El caso del hermano Víctor, un argentino miembro de la congregación Pobres Siervos, explotó a mediados del año pasado cuando la Policía descubrió que había abusado de al menos cinco menores de edad. Los adolescentes de entre 11 y 16 años relataron a la Justicia que el hombre les pedía sexo a cambio de dinero o comida. En una entrevista con El País, el sacerdote a cargo de la parroquia del pueblo Colonia Lavalleja, donde ocurrieron los abusos, aseguró que su compañero tenía actitudes que no le gustaban (como negarse a hacer determinadas tareas o pasar demasiado tiempo en la parroquia), pero que nunca había sospechado de él.

El hermano Víctor se había acercado a los varones del pueblo y se había ganado el cariño de sus padres organizando campeonatos de baby fútbol. La comunidad se vio conmocionada por la revelación.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)