TRAS LA IDENTIDAD

Idas y vueltas en la búsqueda de rastros de una vida

Solo cuatro de los 194 cuerpos de desaparecidos en la dictadura fueron encontrados. Los magros resultados y la burocracia de la Universidad llevó a Presidencia a desligarse del convenio que mantenía desde 2005 y a asumir un mayor protagonismo en la investigación.

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Los siete antropólogos están divididos en dos predios militares, el Batallón 13 y Pando. Foto: F. Ponzetto

Las paredes de la oficina son una mezcla entre una cartelera escolar y los grandes esquemas que arman los agentes del FBI en las películas. Cuando están en sus escritorios, los siete antropólogos que buscan los restos de los desaparecidos en la dictadura pasan horas rodeados de pizarrones con apuntes, computadoras con archivos, cajas de plástico que contienen esqueletos, o partes de ellos, y una enorme línea del tiempo que, al estilo de collage, está en constante construcción. Los investigadores tienen desplegados varios planos en los que señalan aquellos 50 lugares en los que, sospechan, están enterrados los uruguayos que sufrieron secuestros forzosos y cuyo paradero es aún un misterio. Pero la falta de pruebas contundentes y la necesidad de que haya una causa judicial, hacen que solo en dos rincones de Uruguay haya movimientos de tierra por estos días: el Batallón de In- fantería N° 13 y la Brigada de Artillería Antiaérea, a pocos kilómetros de Pando. Eso no quita que el trabajo esté agitado.

Ubicado en el tercer piso de la vieja galería Caubarrere, en pleno centro de Montevideo, el laboratorio dista del lujo y el glamour. Pero los dos controles de seguridad, la luz natural que ingresa por el ventanal que da hacia la calle Convención, el aire acondicionado en días de ola de calor y el orden de los estantes dan un confort que este grupo de trabajo no encontraba en su sede de la Universidad de la República (Udelar).

La mudanza es consecuencia del robo que sufrieron los antropólogos hace un año, que incluyó la copia de material de archivo y amenazas a sus integrantes, y que aún investiga la Justicia. También es el resultado de una pérdida de protagonismo de la Udelar en este proceso, tras más de una década encabezando los peritajes. En diciembre se acordó que los investigadores, tanto de Antropología como de Historia, dependan directamente del gobierno. El pasaje implicó la renuncia de dos arqueólogos y, a juicio de José López Mazz, la pérdida del "control de calidad" que brinda el ingreso por concurso y cierta "autonomía" que garantizaba la universidad. Mazz fue el arqueólogo que lideró las pesquisas hasta que los familiares de desaparecidos le perdieron la confianza, dos años y medio atrás. "No hay que olvidarse", agrega, "que estamos hablando del Estado que investiga el terror que cometió el propio Estado".

Según Felipe Michelini, actual coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia que creó Tabaré Vázquez al comienzo de su segundo gobierno, el cambio responde a la necesidad de saltear las trabas burocráticas de la Universidad: había que firmar un convenio cada pocos meses, se perdía la experiencia acumulada (por la rotación de personal) y las formalidades académicas propias de Udelar no coincidían con las necesidades prácticas de la investigación. Con la modificación, dice Michelini, se da cabida a un reclamo de los familiares de las víctimas.

Elena Zaffaroni vio por última vez a su esposo Luis Eduardo González el día previo a la Navidad de 1974. Ambos habían sido recluidos semanas antes en el Regimiento Nº 6 de Caballería. En estos más de 40 años de búsqueda, dice haber aprendido a valorar la experiencia que se acumula con los años. Por eso deseaba la conformación de un equipo estable, como también reclama que exista a nivel judicial. De hecho, el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que apunta a la creación de una fiscalía especializada en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

A pesar de ver el cambio con buenos ojos, Zaffaroni critica que la contratación de más personal se produzca con lentitud y que se esté "en una carrera contra el tiempo", el mayor obstáculo que encuentran además del "pacto de silencio" que para ella existe en parte de la sociedad uruguaya.

El gobierno invierte $ 20 millones al año para estas investigaciones. Antes, la mayor parte del dinero iba directo a Udelar para el pago de las horas docentes y de exploración. Ahora solo irán a la Universidad unos $ 6 millones, que serán destinados para un contrato más amplio que se ultimará la semana que viene: la Universidad asesorará en distintas disciplinas, desde la atención psicológica a las víctimas y el análisis de historias clínicas hasta la colaboración en materia de comunicación y derecho. El resto del dinero es para el pago del equipo profesional y administrativo, y los gastos de funcionamiento del local.

Como forma de calmar las aguas, Michelini aclara que los profesionales contratados son quienes ya tenían experiencia en el asunto y que siguen bajo la dirección de la antropóloga Alicia Lusiardo. Al respecto, López Mazz se queja de que una búsqueda de este tipo "tiene que estar liderada por un arqueólogo y no por un antropólogo biológico, porque es como sacarse una muela con un escribano".

Lusiardo no quiere entrar en la polémica ni en posibles recelos académicos. Solo aclara que es "la única" antropóloga forense titulada que hay en el país, para lo cual estudió en el exterior, que actualmente integra investigaciones como la de los estudiantes desaparecidos en México, y que su disciplina es la idónea para un caso de esta complejidad.


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Su trabajo es una combinación de la antropología biológica, dedicada a analizar los huesos y las características de una población, con las hipótesis que traza un médico forense, siempre al servicio de una investigación judicial. Es como si intentara encontrar vida en los restos de un fémur o que pudiera imaginar el rostro de un niño, una madre o un esposo a partir de la forma de una dentadura.

Remover.

Lo más preciso en las investigaciones sobre la dictadura es la impre- cisión. Desde que el expresidente Jorge Batlle asumió que el Estado fue responsable en la desaparición forzosa de personas y que era necesario averiguar qué había ocurrido, los expertos pasan buena parte de su tiempo recopilando pruebas y testimonios para luego descartar la inmensa mayoría de estos relatos. Esa duda constante hace que no existan cifras concretas sobre casi nada, ni siquiera de la cantidad de uruguayos desaparecidos.

El número que logra mayor consenso entre familiares e investigadores es 194. Por eso la identificación de solo cuatro cuerpos, en más de 10 años, deja sabor a poco. Michelini insiste en que, por primera vez, ahora hay un plan amplio de trabajo, con objetivos claros que van "más allá de lo arqueológico".

Un ejemplo de esta nueva modalidad de trabajo, dice Lusiardo, es que el equipo de historiadores está revisando el archivo que en diciembre le entregó el Ministerio del Interior. "Cuando haya algún dato que nos pueda servir (a quienes buscan huesos), ellos mismos nos comunican. Ahora se trabaja en forma interdisciplinaria".

Lusiardo insiste en que el trabajo no solo se trata de "meter pala". Dice que hay técnicas de fotos aéreas, análisis de vegetación, georradares y otras herramientas que permiten saber si hubo movimientos de tierra o no. Según ella, por más que se sospecha que hubo una "Operación Zanahoria", dedicada a mover los restos de lugar, no hay evidencia científica de que aquello haya sido así.

López Mazz vuelve a criticar y recuerda que poco antes de su renuncia había indicios de que debajo de un galpón, a pocos metros del Batallón 13, podía haber más de cinco cuerpos enterrados. "Era cuestión de picar el piso, que ya tenía autorización del Ministerio de Defensa, y empezar, pero se prefirió esperar otras pruebas y escuchar a los expertos argentinos consultados".

Aunque el gasto necesario para ejecutar la línea que defiende López Mazz resulte excesivo, Michelini dice que "hay que trabajar con racionalidad y seguir las buenas intenciones de la Justicia". En eso coincide Zaffaroni, en representación de los familiares de los desaparecidos. Cuenta que tiene "confianza" en los profesionales que integran el equipo de antropólogos y que participan de las reuniones de familiares una vez por mes.

Como organización, la de los familiares no tiene colores partidarios y todavía confía en el gobierno, a pesar de que Vázquez no haya mencionado el tema en la cadena de radio y televisión del miércoles, y aun cuando esperaran más resultados desde 2005.

En todo caso, dice un directivo del Observatorio Luz Ibarburu, la desconfianza recae en algunos sectores del Frente Amplio —en especial vinculados al MLN— que "no contribuyen con información". Según el dirigente, el Ministerio de Defensa está más abierto a brindar datos, pero aún falta iniciativa, "sobre todo desde el Poder Judicial".

La confianza, cuenta la antropóloga Lusiardo, es básica para esta labor. Lo dice con la experiencia de quien trabaja bajo presión y con el recuerdo presente de haber visto la dirección de su domicilio en un listado que, amenaza mediante, pretendía desalentar sus investigaciones.

Michelini coincide y acota que "hay gente que no quiere que se invierta ni un minuto en la búsqueda de desaparecidos". Al respecto, Zaffaroni agrega: "El país tiene sus carencias y, visto así, muchas inversiones parecen no tener sentido ante la demanda inmediata, pero no hay que olvidar que la justicia es también una necesidad".

Batallón N° 13 y un enigma que continúa bajo tierra.

Cuando Gonzalo Fernández era secretario de Presidencia, en 2005, recibió un sobre anónimo, el primero y único que recibió en la vida. Adentro figuraba un mapa hecho a mano con la descripción detallada de un enterramiento en el Batallón N° 13. Allí, donde aparecieron los restos de Fernando Miranda, padre del actual presidente del Frente Amplio (Javier), los antropólogos retomaron las búsquedas. Es uno de los dos predios en los que se está excavando por orden judicial. Pero esta zona, sobre la avenida Instrucciones, tiene otra particularidad: los investigadores se toparon con unos explosivos y hubo que suspender el trabajo. Luego del respaldo judicial y los consejos de un experto sudafricano, el equipo uruguayo retomó las pesquisas. Según los testimonios que había manejado en su momento el arqueólogo José López Mazz, en ese predio podía llegar a haber al menos cinco cuerpos. Por ahora los científicos solo se dedican a avanzar conteniendo cualquier ansiedad.

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