Cinco madres y 11 niños sufren el cierre de un refugio al que no se le renovó el convenio con el Mides. Se quedarán allí hasta último momento, anuncian. La incertidumbre alcanza al personal despedido, que se despacha en contra de los criterios oficiales y el "negocio de la pobreza".

Al refugio de la calle José de Béjar, en la Curva de Maroñas, le quedan pocos días de vida. Algunos cuartos ya están cerrados. Varias camas y colchones reposan sin uso sobre las paredes. Antes dormían allí 35 personas, entre madres y niños. Hoy quedan cinco mujeres con sus hijos, dispuestas a resistir hasta el final.

El José de Béjar —así lo denomina el Mides— es un refugio con buena fama entre la población de calle: la casa es grande, no se inunda, no hay ratas, hay buen ambiente y el equipo que lo dirige es respetado. La organización a cargo de la gestión es la Iglesia Anglicana. La mayoría de los educadores y técnicos están desde el comienzo, algo raro para el alto nivel de rotación que caracteriza al personal de los refugios.

Fue un día de invierno de 2012 a las cinco de la tarde. Laura Castro recibió una llamada de la iglesia diciéndole que "había que abrir un refugio Mides" y debía ser rápido porque hacía frío y había madres con niños en la calle. Más que rápido, era urgente: a las 19 horas las puertas debían estar abiertas. Castro, que en ese momento salía de su trabajo anterior, asumió el desafío de coordinarlo. Le pidieron que en dos horas reuniera a 17 educadores y cuatro técnicos de su confianza, con el criterio no excluyente de que tuvieran secundaria completa, y así lo hizo. A la hora indicada estaba con su gente. El Mides puso la casa, los muebles y lo básico para funcionar. Al ratito llegó la primera madre, María, con sus hijos de tres y un año. Venía de un asentamiento donde ya no podía vivir. Esa noche albergaron a más de 20 personas.

En aquel entonces el refugio estaba en un local muy deteriorado que tenía el Mides en la calle Río Branco. Con el tiempo, Castro y su equipo reclamaron que se les cambiara de lugar pero no fue hasta que una niña se agarró hepatitis que lo consiguieron. En el hospital le dijeron a la mamá que se había enfermado por las malas condiciones de higiene del lugar.

Finalmente se habilitó el alquiler de la casa en José de Béjar. En la cartelera, Castro colgó un papel con un texto impreso titulado "Cómo anular a una persona". "Quien ha recibido todo regalado se transforma en un indigente, porque asume la posición de víctima que sólo se queja. Cree que los demás tienen obligación de ponerle todo en las manos, y considera una desgracia desarrollarse en un trabajo digno", reza un fragmento.

Con esa mentalidad Castro orientó el refugio en los últimos tres años. De las decenas de madres que pasaron por allí, muchas no sintonizaron. Según ella, porque no aceptaron que se les pusieran reglas y se sancionara su incumplimiento. No toleraron que se les marcaran plazos para resolver su "situación habitacional", que se les exigiera mandar a los hijos a la escuela o que se les asignaran tareas de limpieza en la casa. No quisieron buscar trabajo o rechazaron usar parte de su sueldo para pagar los boletos o los pañales de sus hijos. Algunas abandonaron el refugio después de haber protagonizado situaciones de violencia desactivadas por la Policía (convocada por el personal del refugio).

Pero hubo muchas que permanecieron, y otras tantas que lograron "egresar", es decir, salir del sistema de refugios, dejar la calle y conseguir una vivienda digna.

En estos años afloraron algunas diferencias entre las autoridades del Programa de Atención de las Personas en Situación de Calle (PASC), del Mides y el equipo de José de Béjar. Distintos directores, distintos supervisores: distintos criterios. Las reuniones fueron cada vez más tensas, aunque las evaluaciones siguieron siendo esencialmente positivas.

"Empezamos a sentir que se imponía el discurso más que la acción. Venía una muchacha joven, se sentaba frente a las madres y les decía un montón de cosas que no se condecían con la realidad", dice Castro. Por ejemplo, se promovió que las diferencias entre madres se dirimieran sin intervención de la Policía y se dejó de lado una práctica usual, que era enviar a las mujeres problemáticas a la Puerta de Entrada del Mides para que se las apercibiera.

Quedaron sin efecto los plazos de egreso que las mismas autoridades antes pautaban, de entre seis meses y un año, algo que Castro veía como "lógico" incluso para establecer que si en ese tiempo no se habían logrado avances en la persona, se derivara a otro centro donde se probasen distintas estrategias. Según la coordinadora, en más de una ocasión le criticaron sus iniciativas por la "autogestión" de las madres, con el argumento de que era prácticamente "inmoral" exigir eso a personas con semejantes historias de violencia, pobreza y vulneración.

"Lo que pasó fue que cambió el discurso, cambió el enfoque y la forma de trabajar, y ahora la población empezó a hacerse crónica: tenés a las mismas mujeres dando vueltas por distintos centros, haciendo todo tipo de cosas: desde amenazas y agresiones con cuchillo a los equipos, agresión severa a los niños, y entre ellas, y tú no podés hacer nada. No se llama a la Policía y además ya no se puede sancionar a esa madre. Porque hay que trabajar en derechos solamente, ninguna obligación. Es algo que nosotros objetamos desde siempre porque nos parece que es infantilizar a las mujeres y ponerlas en un lugar de no toma de decisiones, de no hacerse responsables de nada, total, mamá Estado tiene la teta llena y la va a seguir dando", dice Castro, encendida.

Y sigue: "Al cabo del tiempo se hizo como un negocio de la pobreza. Me hago cargo de esto porque es mi percepción personal: es el negocio de la pobreza. Lo que sirve ahora es tener personas —en este caso, mujeres con hijos— crónicas en los hogares". Eso le sirve al Mides porque "se asegura la fuente de trabajo", agrega, aunque no descarta que haya "cuestiones políticas más arriba". "Y ojo, que no digo que el Mides haya sido creado para eso ni que todo funcione igual. Estoy hablando de la atención a personas en situación de calle".

Castro se despacha de esa forma —sin miedo y sin eufemismos— porque ya no tiene nada que perder. En julio, mediante licitación pública, el Mides designó las organizaciones que se harán cargo de los refugios de madres con niños de ahora en más, y el de José de Béjar no está entre ellos. Tras la licitación cerraron tres centros y otros dos dejarán de funcionar en los próximos meses, cada uno con un promedio de 15 trabajadores. En tanto, se abrieron dos nuevos refugios. En términos generales, el presupuesto destinado y la cantidad de cupos se mantiene.

El pliego de la licitación estableció que todos los educadores deben haber cursado 6° de liceo y que la dirección del refugio debe ocuparla un licenciado en trabajo social. Castro no cumple con esto último —tiene un título terciario de asistente terapéutica, y ha hecho cursos de especialización en drogas y vulnerabilidad—, y ocho de los 17 educadores de su equipo no terminaron secundaria.

Desde que se abrió la licitación, en diciembre de 2014, la Iglesia Anglicana primero y Castro después, generaron instancias para "negociar" las condiciones con el Mides. Pidieron que se evaluara la formación alternativa de los educadores y su experiencia, pero no tuvieron eco. "Fueron inflexibles", dice. Le dieron una carta a la ministra Marina Arismendi e incluso llegaron a hablar con una jerarca que les prometió una respuesta que no llegó.

"Si me decís que se llene de profesionales para sacar a toda esta gente adelante, lo aplaudo de pie. Nadie está en contra de la profesionalización; al contrario. Pero ¿excluyente? Para el trabajo que tenés que hacer, secundaria completa no es un requisito que aporte. Necesitás sentido común, gente justa, que trate bien a las personas. A veces tenés psicólogos trabajando como educadores peleándose por quién les alcanza el papel higiénico a las madres", se queja.

El 25 de julio una delegación del Mides, encabezada por el director del Departamento de Coordinación de Programas de Atención a Personas en Situación de Calle, Federico Guerrero, fue al refugio José de Béjar a explicarles a las madres la situación. Ellas grabaron el contenido por desconfianza. Básicamente les transmitieron dos cosas: una, que el proceso licitatorio era importante para ellos porque allí se establecían "las básicas" del funcionamiento de los refugios en general; y dos, que aquellas que no tuvieran en el horizonte una solución habitacional real y duradera, se apuraran a expresarlo porque si lo dejaban para último momento, quizás no tendrían lugar en otro refugio.

Algunas mujeres expresaron que sus soluciones estaban próximas pero que no tenían certeza de que se concretaran tan rápido. María está esperando el realojo del asentamiento donde vivía, y no quiere volver antes de que eso se concrete porque su vecino le pegó delante de su hija. Cecilia ya tiene aprobado un subsidio de alquiler del Ministerio de Vivienda y aguarda que se firme una resolución. Fernanda tiene a su pareja trabajando de sol a sol en Rocha para ultimar la obra de la casa donde vivirán.

Ellas plantearon que no querían moverse por unos meses a un refugio en otro barrio, teniendo en cuenta lo traumático que eso podría llegar a ser para sus hijos (cambio de escuela, de CAIF, de plaza de deportes). Contaron que algunos niños la están pasando muy mal desde que se enteraron de la noticia. Los representantes del Mides les pidieron disculpas. "Es muy arriesgado esperar. Estamos trabajando a cupo lleno", insistieron. "No hay otra solución".

Argumentaron que la licitación era "para mejorar el servicio" y que no era su intención interrumpir los buenos procesos que ellas hubieran iniciado. "Vinimos en patota a poner la cara y les pido que nos crean", dijo Guerrero, según quedó registrado en el audio.

En la reunión anunciaron instancias con cada una de ellas para analizar las situaciones particulares, algo que no sucedió. De hecho, desde aquel día siete mujeres abandonaron el refugio por su cuenta y no pasaron a vivir a otros centros. "Volvieron a sus lugares de violencia y precariedad", denuncia Castro.

La Iglesia Anglicana solicitó al Mides que se extendiera el convenio por tres meses hasta que la mayoría de las madres concretaran su egreso, pero allí argumentaron que como la licitación ya estaba vigente, eso no era posible porque otros oferentes podrían impugnarla. Para Castro, es una señal de que "no les importa" la población que atienden. "Todo lo formal debería poder ser reversible cuando estamos trabajando con personas tan vulnerables".

En definitiva, el José de Béjar cerrará el 10 de setiembre y las madres que quedan deben desalojarlo a más tardar el 1° porque la casa, que es alquilada, se devolverá a su dueño.

En el quinto piso del Mides, en una oficina pequeña y modesta, Guerrero, un licenciado en trabajo social de 37 años, se sorprende ante el planteo. Asegura que conoce a Castro y a su equipo, y que nunca antes le expresaron ninguna crítica hacia cómo dirige el programa. "Lo que dicen ellos es como decir que al Mides le interesa que la pobreza se siga manteniendo. Me resulta bien interesante", dice con ironía.

Sobre las madres que insisten con prolongar la estadía allí, confirma que no es posible. "Entendemos que no es lo mejor pero no tenemos margen. Vamos a tratar de derivar al lugar más cerca de las actividades que tengan", dice, ignorando que siete mujeres ya se fueron.

Guerrero, indignado, es capaz de dar una respuesta a cada acusación. Dice que antes, cuando había problemas entre mujeres, se las mandaba a Puerta de Entrada "a escuchar el rezongo de un equipo que no las conocían", lo cual era "un despropósito". "Ahora tratamos de que se hable con ellas en un ámbito de supervisión", dice. Se sugiere llamar a la Policía ante situaciones de violencia "que pongan en riesgo la vida de alguien", pero no ante "un conflicto cualquiera".

Rechaza que se haya cuestionado alguna vez la promoción de la autogestión. "No decimos que haya que darles todo. Está lejos de cualquier aspiración nuestra y no corresponde que digamos qué deben hacer con su plata", plantea.

Según él, se transmite a las madres que el refugio debería ser "una solución temporal" y no "de por vida". Sin embargo, admite que ya no hablan de plazos porque "se terminó demostrando que si la persona pasaba ese plazo, no se generaba algo muy positivo". Además, la "historia de institucionalización" con la que llegan muchas mujeres "juega en contra" del egreso, asegura. "Se prolonga la institucionalización porque es más difícil que la persona asuma lo de organizarse la comida, pagar las cuentas…".

Guerrero enmudece cuando oye que en el José de Béjar sienten que el Mides desea que las personas no egresen. Unos segundos después, con la mirada fija y la calma intacta, suelta: "No me animo ni a contestarte eso. No tiene sentido". Considera que el planteo es "injusto" ya que justo en este momento se trabaja en un plan piloto para favorecer la autonomía de la población de calle (ver recuadro).

Negro y blanco, su palabra contra la de ella. Pero en algo coinciden: las reglas del juego en la cancha de los refugios —al menos los de madres con niños— cambiaron. "Antes se hacían un montón de cosas que estaban mal, y asumo toda la responsabilidad porque yo formaba parte del equipo. Había cosas que no funcionaban adecuadamente", dice el jerarca, que asumió como director en enero de 2013 y entiende que hoy "se ha profesionalizado" la gestión. Lo que él considera superado es, en parte, lo que Castro añora.

Cecilia (en la foto, escondida detrás de sus compañeras) es una mujer fuerte, que se ha ganado un lugar como líder en el refugio de José de Béjar. A pesar de sus dolores lumbares, trabaja barriendo en Tacurú. Y tomó una determinación para salvar a su familia: se fue con sus cuatro hijos al Mides a pedir un techo. Su marido duerme en un taller de costura. Están esperando una resolución del Ministerio de Vivienda (al parecer, inminente) que dé por bueno el acceso a un subsidio de alquiler para los seis. Estos días son de mucha angustia para ella: ir a otro refugio sería volver a empezar. Y teme por sus hijos, sobre todo por el mayor, que se despierta con pesadillas por la situación y la ansiedad. Las otras madres plantean también sus miedos. Ninguna de ellas estuvo antes en otros refugios y se aferran al de José de Béjar casi como a un hogar.

La licitación de refugios 24 horas de madres con niños tuvo dos objetivos. Uno, ganar en transparencia. Hacía varios años que el Tribunal de Cuentas venía observando al Mides por asignar la gestión de los refugios por compra directa cuando por el monto transado, debería haberse hecho mediante licitación pública. El segundo objetivo fue "reconceptualizar" el trabajo de las organizaciones gestoras. El pliego establece qué requisitos debe cumplir cada miembro del equipo, qué tareas debe desempeñar, y se ponen por escrito varios protocolos que se hacían de hecho. "Hay un desarrollo más técnico y conceptual de cómo se concibe el trabajo. Está más ordenado, nos permite mayor control", explica Federico Guerrero, director de los programas de calle. A su vez, mediante la licitación se pretende reenfocar hacia la familia, porque antes se miraba solo al adulto. "Vimos que nos quedábamos cortos y nos perdíamos de trabajar con los niños", dice Guerrero. Eso implica controlar los cuidados de salud y la escolarización de los hijos de las madres.

El Ministerio de Desarrollo Social trabaja por estos días en los detalles de un plan piloto para presentar al Ministerio de Economía en el marco del presupuesto quinquenal. Federico Guerrero, director de los programas de atención a personas en situación de calle, dijo a El País que un objetivo de este gobierno es reducir al mínimo los refugios y pasar paulatinamente a un programa de casas asistidas. En concreto, de aquí a dos años planean tener en viviendas individuales a 120 mujeres u hombres solos y a 40 núcleos familiares de los que hoy viven en refugios colectivos. "Si me preguntás a mí cuál sería el modelo ideal de atención, yo no tendría refugios para atender mujeres. Porque es una solución muy puntual. Podría tener dos o tres para atender emergencias, pero lo ideal es trabajar en una casa asistida, acompañada. Hay que cambiar de un modelo al otro y generar una capacidad instalada que hoy no tenemos. Se están pensando estrategias para atender más integralmente las situaciones que tenemos", explicó Guerrero. Agregó que los refugios suponen "problemas de convivencia" que no aportan a la solución del problema de calle. En las casas asistidas también hay atención en salud y violencia, pero el escenario es un lugar individual. El "ideal" de Guerrero es compartido por la ministra Marina Arismendi. De hecho, el semanario Búsqueda informó que al volver al Mides, 10 años después, Arismendi sintió la necesidad de hacer un trabajo "más eficiente". Días atrás, varios jerarcas del Mides acompañaron en una recorrida por Montevideo a Volker Busch-Geertsema, sociólogo y coordinador del Observatorio Europeo de las Personas Sin Hogar. Según Búsqueda, en una conferencia de prensa se habló de la experiencia "Housing First" (vivienda primero), que va justamente en la línea de lo que proyecta hoy el Mides. Busch-Geertsema dijo entonces que es preciso "solucionar el sinhogarismo, no gestionarlo". El semanario informó que una madre con hijos le cuesta al Estado $ 25.000 por mes y una persona sola, $18.000. Según Guerrero, el piloto no demandará más presupuesto.

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