OTRA BATALLA PARA LOS PRODUCTORES DE CINE

La ley de derechos de autor indica que quienes retransmiten una obra audiovisual y hacen uso público de ella, paguen. Los músicos cobran este derecho, pero productores de cine encuentran resistencia. Entre acusaciones de gremios y juicios millonarios, el MEC debe apurarse a decidir de qué lado está.

Los creadores de películas y series no han logrado ser protagonistas de la Ley de Derechos de Autor. La ley, reformada en 2003, no incluye ni a los directores ni a los guionistas como autores, pero sí contempla la obligación de pago por "retransmisión" y "comunicación pública" de un contenido audiovisual independiente (es decir, que no haya sido producido por un canal). Los que pueden reclamar estos derechos son los productores, porque son los dueños de las obras.

En nuestro país, donde el sector audiovisual es cada vez más fuerte pero aún joven —prácticamente no se hacían películas cuando se reformó la ley—, se da la particularidad de que los directores suelen ser a la vez guionistas y productores. Y los que no lo son, habitualmente negocian una participación económica en las ganancias que generará la obra cuando se exhiba en las distintas ventanas. Por eso, recaudar estos derechos es lo más cerca que están de hacerse valer como autores.

Cobrarlos de forma individual sería extremadamente complejo. Ni Pablo Stoll ni Woody Allen pueden estar al tanto cada vez que una película suya se retransmite a través de un cable, o se exhibe en una sala de espera del mundo entero. No pueden ir en el acto, emitir una factura y recibir un cheque. Sería costoso y absurdo. Para hacerlo, existen las entidades de gestión colectiva como Egeda, que fue fundada por productores españoles en 1990, imitando el modelo que antes habían llevado a cabo sus colegas alemanes.

Con el correr de los años y el desarrollo de los sectores audiovisuales de habla hispana, fue instalándose en distintos países de Latinoamérica. Para ello, es necesario que un grupo de productores la funde y que el Poder Ejecutivo apruebe su funcionamiento. Egeda fue autorizada para iniciar su gestión en Uruguay en 2007. Desde entonces trabaja bajo la dirección de productores nacionales.

La recaudación se divide así: el 70% se reparte entre los productores, el 20% se destina a la producción nacional y el 10% corresponde a gastos de funcionamiento. "Es como el Agadu del cine. Agadu gestiona los derechos universales de la música y Egeda los del cine", explica Lucía Gaviglio, productora de Mi Mundial y tesorera de Egeda. La gestión es de Uruguay hacia el mundo y del mundo hacia Uruguay. Si mediante convenios internacionales Agadu cobra la recaudación tanto de Ruben Rada como de Paul McCartney, Egeda se dispone a hacer lo mismo con Álvaro Brechner y Steven Spielberg. En el mundo gestiona derechos de 13.000 productores y 700.000 obras.

Sin embargo, su desembarco ha causado revuelo en varios de los territorios que pisó. Para sus autoridades, los conflictos son como un flashback en una película. Opina Helena Nosei, su directora local: "Lo que pasa es que a nadie le gusta que le vengan a cobrar una cuenta nueva".

En 2012, cuando Egeda salió al mercado uruguayo y comenzó a reclamar por primera vez el pago de estos derechos contemplados por la ley, se desencadenó una fuerte resistencia. Se formaron dos bandos que están enfrentados. De un lado está Egeda y las 50 productoras locales asociadas, que cuentan con el apoyo de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay (Asoprod), y del Sindicato de Trabajadores, Técnicos y Profesionales del Cine y el Audiovisual del Uruguay (AUC-Gremiocine); del otro están quienes se oponen a pagarles por los derechos que reclaman.

"Son ellos los que presionan al Poder Ejecutivo. Nos quieren cansar y desanimar para que dejemos de reclamar y no tener que pagar nunca", dice Nosei. "Es una guerra de lobbies".

"Ellos" son los cableoperadores, que según los productores deberían pagar la retransmisión cada vez que emiten una obra de realización independiente que adquirió un canal de televisión abierta, y que a su vez ellos incluyeron como parte de su programación al retransmitir ese canal. El costo de la licencia que les exige Egeda es de $ 14 por abonado y por mes. Y, a su lado, hay un puñado de cámaras —que agrupan a miles de comercios—, que deberían pagar por cada vez que un local tiene uno o más televisores prendidos exhibiendo estas obras para entretener a sus clientes (o sea, su comunicación pública). En este caso, el precio es de $ 330 por televisión y por mes. "Se oponen a reconocer que estos derechos son válidos para los productores, aunque sí se los pagan a Agadu cuando se trata de música", plantea Nosei.

Mientras, Egeda intenta cobrar los derechos y distribuir el monto recaudado entre los productores nacionales y extranjeros. Hasta ahora ha cobrado 2.000 licencias. "Luego de un período prudente de negociaciones amigables", según Nosei, la entidad lleva a la Justicia civil a quienes se niegan a cumplir con el pago. En 2014 demandó a los cinco cableoperadores locales: TCC, Montecable, Nuevo Siglo, Cablevisión y Multiseñal. Les reclama una deuda de US$ 28 millones más multas.

Por el 2003, cuando los productores se sintieron incluidos en la reforma de la ley y discutieron distintos modelos de gestión colectiva, Agadu había sido la primera opción. "Pero no tenía considerado defender la producción cinematográfica", dice el cineasta Walter Tournier, actual presidente de la directiva de Egeda. "Por eso el primer paso que dimos fue crear Egeda, para que empezara a representarnos y defendernos con respecto a nuestras obras aquí y en el extranjero", agrega.

En esa negociación se acordó que el 20% de la recaudación estaría destinado a fomentar la producción nacional. Es decir, a hacer más películas y más series. ¿Cuál sería ese monto si se cobrara el total de los derechos que se creen justos? "Un millón de dólares", dice Mariana Secco, productora de Relocos y repasados, de Wilson y secretaria de Egeda. Esta cifra ilumina las ilusiones de los cineastas: el monto supera el capital que el Estado otorga cada año a la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional (ex Instituto de Cine) para el fomento de la producción. De suceder, el sector tendría el doble de su presupuesto histórico.

Sin embargo, más allá de este entusiasmo, Egeda se fue convirtiendo en una piedra en el zapato para algunos gremios. Desde Agadu, Gustavo Vignoli, su director general, asegura no recordar las conversaciones con Asoprod. "Lo único que nos molesta de Egeda es que manifiesta que los productores son autores y no lo son, ni para nosotros ni para ley, por eso no están contemplados en los derechos de autor", dice. Además, a la hora de salir a cobrar sus derechos, la presencia de Egeda los está perjudicando. "Obviamente que complica el mercado porque demandó a los cableoperadores y a nosotros nos cuesta salir a cobrarles. Por otro lado los comerciantes confunden Agadu con Egeda y cuando mandamos a los cobradores dicen que ya nos pagaron".

Según la opinión de distintos productores, la raíz de la molestia tendría que ver con una mera comparación de formas de trabajo que, hasta que llegó Egeda, los representados por Agadu no podían hacer. "Les cobran a los autores 35% por gastos de administración y nosotros el 10%. Dan como ayuda al sector solo el 10% de su facturación y nosotros el 20%", dijo Tournier en una entrevista anterior a El País. En tanto, Secco menciona que además existiría un contrato firmado entre Agadu y los cableoperadores "que diría algo así como que nadie más que ellos pueden cobrarles derechos de cualquier tipo". El País accedió al documento, pero de su lectura no resulta clara esa conclusión. Consultado, Agadu no quiso hacer declaraciones al respecto.

El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) también se opone a la intención de cobro de Egeda. Daniel Fernández, su vicepresidente, argumenta que "los pequeños comerciantes no pueden de ninguna manera pagar una cuenta de algo inexistente". Dice que "los que tienen un televisor ya pagan el cable", y que en todo caso "les vayan a cobrar a los cableoperadores". Desde Egeda, Gaviglio explica que quienes contratan el cable están pagando la señal y el acceso a la programación, "pero no la comunicación pública de las obras en un local comercial. No tienen autorización para hacerlo".

Para esta nota se intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) para conocer la postura de los cableoperadores, pero no fue posible. La única respuesta remitió al comunicado que el pasado 26 de octubre Andebu difundió junto a Cambadu y otras siete gremiales que representan a cientos de empresas. Allí, acusan a Egeda de "representar intereses económicos de empresarios mayoritariamente extranjeros", "de exigir pagos indiscriminados sin fundamento" y de llevar adelante "una actividad abusiva". También denuncian "graves irregularidades en el trámite de autorización y en el funcionamiento de la entidad".

En el mismo texto confirman haber hecho esta denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) —autoridad encargada de avalar el funcionamiento de las entidades de gestión— y le solicita que "cesen de inmediato su actividad".

En paralelo, Egeda comunicó que lleva un año y ocho meses siendo auditada por distintas direcciones del MEC. "No saben qué hacer con las ocho cajas enormes que les llevamos con copias de cada uno de los 700.000 contratos de las obras que gestionamos", dice Nosei. Primero fueron auditados por el Consejo de Derechos de Autor, que concluyó: "Si nos apegamos estrictamente a la formalidad legal, podría afirmarse que estaría cumpliendo con los requisitos para funcionar como entidad de gestión colectiva".

Jorge Maqueira, director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC, explica que la ministra María Julia Muñoz, "con el fin de tener una mayor garantía, pidió que se continuara la investigación" en la dirección que él preside. Allí se entendió que no hay "ninguna irregularidad ni tampoco infracción legal alguna".

Aun así, el trámite siguió en la Fiscalía de Gobierno, organismo asesor del Poder Ejecutivo. Su dictamen sí fue negativo para Egeda: el fiscal recomendó "quitar la personería jurídica" a la entidad ya que argumenta que habría "fines de lucro", condición que no puede darse en una asociación civil como es una entidad de gestión colectiva.

"Este es un expediente que ha sido complicado y ahora se está a la espera de una resolución de la ministra", explica Maqueira. El viernes, Egeda se enteró de que el expediente fue enviado nuevamente a la Fiscalía por decisión de Muñoz. Gustavo Fischer, abogado de Egeda, opina que "desde el punto de vista legal no existió el mismo tratamiento que hacia otras entidades de gestión colectivas". Cree que los pasos que se siguieron fueron "contradictorios" y que ninguna acusación, ni siquiera la que le adjudicó fines de lucro, "pudo ser demostrada".

Los productores entrevistados tienen la misma sensación. Aseguran que nunca se han reunido con ningún representante del gobierno, y que la ministra no les dio audiencia a pesar de haberla pedido en varias oportunidades. "Me llama la atención que Presidencia haya recibido a Glenn Close y a Sean Penn y jamás a un director, productor o actor uruguayo", ironiza Tournier.

En estos días, la trama está que arde y el final es incierto.

Para una parte del reparto esta fue una escena perfecta. Un año atrás, cuando Ricardo Darín, Guillermo Francella, Sonia Braga y otras 400 personalidades del cine llegaron a Punta del Este para asistir a la ceremonia de los Premios Platino, había 300 periodistas esperándolos en la alfombra roja, pero casi ninguno de ellos cubrió el evento ni para radios ni para canales de televisión abierta. Para Egeda, organizador del evento, se trató de un boicot. Los días previos a la gala varios periodistas comentaban a sus colegas que tenían prohibido hablar de los Platino en sus medios, pero pocos entendían exactamente por qué.

El evento se retransmitió a más de 60 países. Tuvo una audiencia que rondó los 300 millones de espectadores. Hubo 1.700 referencias a Punta del Este y a la cultura uruguaya en las notas publicadas en el mundo, pero el único canal que registró con profundidad lo que sucedió esa noche fue TNU. "Es como si el sector audiovisual nacional hubiera preparado un Mundial y le dieran la espalda. Era una manera de demostrar hasta dónde puede llegar nuestra industria, pero esta actitud nos perjudicó enormemente", reflexiona Secco varios meses después.

Ese gesto fue una declaración de enemistad que tenía su origen en los juicios que Egeda les había iniciado a los cableoperadores dos años antes y que, explica Nosei, "están vinculados comercialmente a los distintos canales de televisión abierta" que fueron indiferentes al evento.

Pero también hubo productores y cineastas que no asistieron. Javier Palleiro, productor de Solo, director de Respirar y nuevo presidente de Asoprod, cuenta que la primera tarea que realizó el día en que asumió fue "saldar un tema pendiente desde hace años": decidir si respaldar o no a Egeda. Ganó el sí.

Es que la entidad también había dividido aguas entre cineastas. Algunos de ellos explican que si bien están de acuerdo con el cobro de licencias a los cableoperadores, no les parece "del todo moral" cobrarles indiscriminadamente a los comercios que hacen uso de sus obras en términos de comunicación pública.

En tanto, el respaldo que falta es el de la Dirección Nacional del Cine y Audiovisual, que hasta el momento no se pronunció públicamente. Martín Papich, su director, se limitó a decir: "Como es complejo estar de un lado o del otro de las estrategias de las instituciones, prefiero verlo desde el punto de vista de la necesidad de tener este asunto de los derechos en el territorio de las certezas y no del de las incertidumbres".

Es que detrás de este fuego cruzado hay un sector audiovisual que busca concretar su profesionalización. Para la mayoría de los cineastas, la presencia de Egeda es fundamental para cobrar los derechos que ellos no pueden gestionar, pero también es importante para intercambiar conocimiento con colegas internacionales que podrían orientarlos en, por ejemplo, vislumbrar cómo modificar la Ley de Cine que tan disconformes los tiene.

Antes de llegar a la escena final de esta historia, se vería un grupo numeroso y variado de artistas diciendo que aquellos que hacen películas y series también son autores y que llegó el momento de ponerlos en primer plano.

Gustavo Vignoli- Director general de Agadu

"Nunca se trató en un consejo directivo manejar los derechos de Egeda. Lo único que nos molesta es que manifiestan que los productores son autores y no lo son. Por eso no están contemplados en la ley".

Javier Palleiro- Presidente de Asoprod

"Para que una entidad sea efectiva necesitás convenios con todos los países, y eso es difícil de lograr. El apoyo a Egeda nos ha dividido históricamente, pero es el modelo que hoy decidimos apoyar".

Daniel Fernández- Vicepresidente de Cambadu

"Entre gallos y medianoche lograron que el MEC les firmara la autorización para funcionar, pero hoy por hoy nos falta que una Fiscalía de Gobierno nos apoye y listo. Van a terminar echándolos".

Lucía Gaviglio- Productora, tesorera de Egeda

"El productor es quien asume el 100% del riesgo económico, financiero y legal. A su vez, por exhibición en cine tiene una ganancia de US$ 1,5 por entrada. Teníamos que poder cobrar estos derechos que son nuestros".

Martín Papich- Director de la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional

"Yo no opino sobre el tema institucional, el elemento central acá es la defensa de los derechos. Después, que los colectivos se den sus instrumentos, que esos sí son opinables".

Walter Tournier- Director, presidente de Egeda

"Hay mucho desconocimiento del derecho que tiene un creador por su obra. Derecho de creador, salario del creador, totalmente de acuerdo, pero que sea aplicado a todos y no solo a los músicos".