TRABAJOSO CAMINO PARA EVITAR EL CONSUMO

Drogas excluidas del trabajo

La aprobación del decreto que prohíbe el consumo de drogas en horario laboral dio lugar a una estampida de consultas de empresas de todos los rubros, ávidas por solucionar un problema recurrente. La Inspección General del Trabajo está difundiendo la norma y la fiscalizará.

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La estampida de consultas tras aprobación de decreto va más allá del ámbito empresarial. Foto: AFP

El 2 de mayo, mediante un decreto, el gobierno terminó de laudar una vieja discusión entre empleadores y empleados. A partir de entonces el consumo de drogas en el trabajo quedó prohibido, y los empleadores fueron habilitados a realizar controles a sus funcionarios, algo que hasta ese momento era resistido en algunos sectores. A su vez, la aplicación de sanciones está ahora librada a lo que se resuelva en cada empresa.

La noticia fue rápidamente digerida, al punto que desde los primeros días de mayo, y aún hasta ahora, las consultas a empresas especializadas en asuntos laborales se multiplicaron y cientos de compañías han pedido asesoramiento para aplicar el decreto, que estipula que cada empresa debe redactar un protocolo en acuerdo con el sindicato.

En algunos sectores, como la construcción o el transporte, ya existían normativas internas. En el transporte de carga, por ejemplo, hace tiempo que está previsto que un test de alcoholemia positivo sea motivo suficiente para despedir a un trabajador por notoria mala conducta, sin obligación de indemnización. Para la actividad forestal y agropecuaria ya había decretos específicos. Pero en el grueso del mercado laboral uruguayo, conformado sobre todo por pequeñas y medianas empresas, se empezó a recorrer un camino nuevo.

En la Inspección General del Trabajo se propusieron dar a conocer el contenido de la norma. El titular de esa división, Gerardo Rey, ha dado charlas y talleres, ha participado de seminarios y ha concedido entrevistas al respecto. Dijo a El País que también han recibido decenas de pedidos de asesoramiento. En tanto aumenta la difusión, crecen las consultas sobre el alcance del decreto.

Rey dice que el decreto está “plenamente vigente” y que, por ende, la Inspección está habilitada a fiscalizar su cumplimiento. Su división puede intervenir básicamente en dos situaciones: en caso de que un sindicato plantee que cierta empresa no cumple con los mínimos establecidos en el decreto, o ante un trabajador que reclame haber sido despedido por consumo de drogas sin haber mediado el test correspondiente. Hasta ahora, dijo el inspector, no han recibido ninguna denuncia de este tipo.

A principios de agosto tres funcionarios de la Intendencia de Montevideo fueron suspendidos durante tres, cuatro y cinco meses por consumir drogas en horario laboral. En el caso intervino la Policía porque se sospechaba que los trabajadores también estaban involucrados en el tráfico de sustancias, algo que finalmente no pudo comprobarse. La noticia trascendió como la primera vez que se sancionaba por consumo de drogas en horario laboral tras la aprobación del decreto.

Eduardo Brenta, director de Gestión Humana de la intendencia, explicó que, en realidad, la norma que se aplicó en ese caso fue el digesto municipal. Allí dice que “presentarse al trabajo en estado de ebriedad o ingerir bebidas alcohólicas durante el horario de labor” es una “falta gravísima”. Los sumarios de los tres sancionados se abrieron en 2015.

En la intendencia elaboraron un protocolo que se adecua a lo establecido por el decreto. El texto, al que accedió El País, ya no prevé sanciones para el trabajador que voluntariamente ingresa al protocolo. Brenta reveló que ese borrador está hace nueve meses a la espera del visto bueno del sindicato de municipales, Adeom. Si este no lo aprueba, no podrá aplicarse, y regirán los preceptos básicos del decreto.

El abogado Juan Manuel Mora, gerente del departamento de Asesoramiento Tributario de KPMG, aseguró que la “preocupación” por el consumo en horario laboral atraviesa todos los rubros y sectores. Además, entiende que si bien no es obligatorio que cada empleador tenga un protocolo de actuación, sí es recomendable. Incluso cree que eventualmente podría caberle responsabilidad a una empresa que, siendo consciente del consumo de un trabajador, no haga nada al respecto y le siga asignando tareas de riesgo. “Nuestra experiencia es que en la medida que se empieza a atacar esto de forma responsable, el consumo disminuye y mejora el presentismo”, señaló.

Mora contó que el decreto 128 disparó decenas de consultas, tanto para la redacción de los textos como para la negociación con los sindicatos. Los protocolos deben aclarar cuándo se activa el procedimiento, especificar detalles como el método para el control del consumo, el mecanismo, la toma de muestras, la cadena de conservación de las mismas. El decreto dice que esto debería hacerlo un servicio médico. En caso de que no haya un servicio interno, la empresa debería contratar a uno externo. En estos meses también han surgido empresas dedicadas específicamente a esto.

Según lo que los empresarios le han contado a Mora, la droga más extendida sigue siendo el alcohol. La marihuana también es un problema para muchos de ellos, que ven que sus empleados no la conciben como incompatible con la tarea laboral y fuman, por ejemplo, durante los descansos. La pasta base y la cocaína no son tan frecuentes. Mora dijo que si bien no conoce casos recientes de aplicación de sanciones, es esperable que se hayan dado varios. Está previsto que en caso de resultado positivo, el asunto se maneje con extrema confidencialidad.

Servicio del Clínicas trata al año a 250 trabajadores.

La estampida de consultas tras la aprobación del decreto va más allá del ámbito empresarial. En el servicio que desde 2007 funciona en el Hospital de Clínicas por un convenio entre la Universidad, la Junta de Drogas y el Pit-Cnt, las solicitudes de asesoramiento han aumentado incluso desde la aprobación de la ley que regula el mercado de la marihuana.

La psicóloga Carla Francolino, coordinadora técnica del Programa de Prevención del Consumo de Drogas en el Ámbito Laboral en la Junta, y coordinadora de la unidad asistencial del Clínicas, dijo que actualmente se atienden allí a unas 250 personas por año. Todas acuden específicamente por problemas de consumo en el trabajo. Francolino explicó que las derivaciones de pacientes se hacen desde las comisiones bipartitas, desde los sindicatos o incluso desde las empresas.

También se han presentado trabajadores por cuenta propia o los han enviado desde los servicios médicos. La unidad funciona con un protocolo de actuación que orienta la asistencia, el seguimiento y el alta de las situaciones recibidas.

“Este es un servicio gratuito, no tiene costo ni para la empresa ni para el trabajador. No hay que sacar número, se atiende por orden de llegada en el mismo día de la consulta, cualquiera sea su cobertura de salud, y atendemos personas de todo el país”, destacó Francolino. Los días de consulta son los martes de mañana o los jueves por la tarde. La unidad está ubicada en el primer piso del hospital, en el consultorio 2.

Francolino explicó que el programa sigue las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, promueve que se considere a las adicciones como un problema de salud y no como algo a sancionar, y que se les dé a los trabajadores la chance de su rehabilitación, como si tuvieran cualquier otra enfermedad.

Claves del decreto: todo sabido de antemano.

Un protocolo o lo mínimo. El sindicato base de la empresa, institución o sector negocia un protocolo de actuación con los empleadores. El acuerdo debe incluir las acciones de prevención y detección de consumo.

Si no hay acuerdo de un protocolo, la Inspección General de Trabajo fiscalizará el cumplimiento de pautas mínimas. Deben existir mecanismos de detección y análisis, métodos no invasivos que indiquen si el trabajador está, o no, bajo efecto del consumo de drogas; debe ser posible controlar al empleado que ha consumido, hacer los análisis con personal de salud y dando aviso al sindicato, y la sensibilización al personal.

La segunda es la vencida.

La segunda es la vencida. Cuando ocurre un primer resultado positivo, se suspende la jornada laboral del trabajador. El personal de salud debe realizar un informe, se le entrega una copia al trabajador y otra se maneja bajo confidencialidad en la comisión bipartita.

Si hay un segundo resultado positivo, la comisión guiará al empleado a los prestadores de salud y el empleador queda habilitado a aplicar sanciones. El trabajador siempre puede solicitar un examen confirmatorio: si da positivo, lo deberá pagar. Cuando un empleado se niegue a hacerse una prueba, no podrá reintegrarse hasta que tenga un certificado médico que asegure su aptitud.

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