ABORTO, LA DISCUSIÓN SIN FIN

El debate que siempre vuelve a cero

Ya lleva más de cuatro años de vigencia y, sin embargo, la ley del aborto sigue despertando pasiones. Tras la polémica sentencia que impidió abortar a una mujer por la oposición de su expareja, tanto los “provida” como los grupos feministas vuelven a pedir su derogación.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Los dos "bandos" manifestando durante la votación de la ley en octubre de 2012. Foto: F. Ponzetto

Más de 30 años de discusiones en el Parlamento, cinco proyectos de ley presentados por los distintos partidos (1985, 1993, 2002, 2008 y 2012), un veto presidencial, una consulta popular, un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Todo eso ha sucedido en torno al aborto y, sin embargo, cada tanto sucede algo que pone en tela de juicio una de las leyes más negociadas y dificultosamente aprobadas en la historia del país. En este asunto, Uruguay siempre vuelve al punto cero.

Es comprensible, piensa Iván Posada, autor de la ley en cuestión. "Es un tema que divide a la sociedad por el conflicto de valores que hay entre el derecho a nacer del concebido y el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Es muy difícil que la sociedad en su conjunto dé por terminado este tema", razona el diputado del Partido Independiente, que con su ley pretendió ir "por el camino del medio".

Si bien es probable que represente al grueso de los uruguayos —aquellos que no tienen una posición tomada o que se sienten desbordados ante el conflicto de valores que supone un asunto tan espinoso—, no termina de conformar a los extremos. Porque si en algo coinciden los grupos feministas y los grupos "provida" es en la necesidad de cambiar la ley.

La sentencia que impidió a una mujer de abortar ante el reclamo del padre del concebido, en Mercedes, parece haber despertado a dos gigantes justo en el simbólico mes de marzo. El 8 es el Día Internacional de la Mujer y el 25 se celebra el Día del Niño por Nacer. Es esperable que ambas manifestaciones recojan la controversia e insistan con sus puntos de vista.

De hecho, ahora Provida Uruguay planea hacer un "relanzamiento" de la Comisión Nacional Pro Derogación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La comisión se creó en octubre de 2012, días después de aprobada la ley. Hasta el año pasado participaron con frecuencia legisladores de todo el espectro político, sobre todo del Partido Nacional, pero en el último tiempo quedó reducida a las gestiones que el diputado Gerardo Amarilla y el diputado suplente Carlos Iafigliola hicieran en el exterior para demostrar la "aconvencionalidad" de la ley.

"El 27 de marzo haremos un acto de movilización provida en Florida. En ese acto voy a relanzar la comisión", adelantó Iafigliola, dirigente de Provida. El relanzamiento supone una amplia convocatoria a "actores políticos, sociales, deportivos, culturales". El objetivo, dice Iafigliola sin vueltas, es "que la ley caiga". Porque "está vulnerando el primero de los derechos humanos, que es la vida, sin el cual los demás derechos no tienen sentido".

En las antípodas de Iafigliola, la organización feminista MYSU (Mujer y salud en Uruguay) también se propone cambiar la ley que considera "mezquina". Ellas, que en 2012 decidieron celebrar a pesar del gusto amargo que tenían porque el proyecto aprobado no era una legalización del aborto sino una despenalización del delito antes de las 12 semanas de gestación y con varios requisitos. Ellas, que reconocen el avance de Uruguay en medio de una América Latina en la que el 97% de las mujeres en edad fértil vive en países muy restrictivos o prohibitivos del aborto. Ellas prefieren esta ley antes que nada, pero no por eso se conforman.

En la publicación Abortus Interruptus, de octubre de 2016, la directora de MYSU, Lilián Abracinskas, dice: "(...) habrá que seguir dando la pelea para que (la norma) sea sustituida por una versión que reconozca los derechos de las mujeres y no pretenda tutelar sus decisiones, ni bien existan las condiciones para hacerlo".

Las condiciones son políticas, sociales, culturales e institucionales, según amplió Abracinskas para esta nota. Se refiere a que haya una adecuada "correlación de fuerzas", y que en la sociedad haya "demanda suficiente" para impulsar el cambio, entre otras cosas.

A su vez, la ley ha sufrido varios golpes en estos cuatro años que lleva vigente. Desde el inicio, el sistema estuvo a merced de la objeción de conciencia de los médicos, sobre todo en los departamentos donde los "objetores" son mayoría. En 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo avaló buena parte de los puntos planteados por una veintena de ginecólogos, que fundamentalmente solicitaban abstenerse de participar en todas las etapas del IVE y no solo en la ejecutora. Lo del TCA fue un freno al decreto reglamentario elaborado por el MSP, que a juicio del tribunal fue más allá de la ley.

También en 2015 hubo un caso que hizo repensar la ley: una niña de 11 años, con una leve discapacidad mental, quiso continuar un embarazo fruto de la violación de un hombre de 41 del que decía estar enamorada. Su madre se plantó en contra (y las organizaciones feministas también) pero en el equipo de salud entendieron que obligarla a abortar era de una violencia inusitada. La ley no preveía un caso de semejante complejidad.

Ahora quedó a la vista que tampoco previó la posibilidad de que un padre se oponga a que su pareja o expareja aborte. Lo de la "niña madre" es, según Posada, parte de "la casuística". La participación del hombre, en cambio, fue excluida de la ley a propósito, por lo que la jueza "se extralimitó". El rol del padre en el proceso de aborto se está debatiendo en otros países.

En el MSP de antes y en el de ahora sobrevuela una sensación de perplejidad ante cómo este último caso reactivó todas las críticas a la ley. "Sentíamos que estaba blindada. Ahora ya no", reconoció una técnica que trabajó en la elaboración de la normativa y su puesta en práctica. Más teniendo en cuenta que a la consulta popular que se hizo en junio de 2013 para habilitar un referéndum no fue ni el 10% de los habilitados (se necesitaba el 25%).

Lo cierto es que a cuatro años de aprobada la ley, las críticas a sus definiciones filosóficas y a su funcionamiento persisten y no parece que vayan a menguar.

Una meseta.

Antes de que existiera el aborto legal se especulaba que había alrededor de 30.000 interrupciones, pero eso quedó descartado cuando en el primer año de aplicación de la ley, 2013, se registraron 7.171. En 2014 hubo 8.537 abortos y en 2015 se reportaron 9.362.

Los números ya no admiten especulaciones, pero sí distintas interpretaciones. Iafigliola, por ejemplo, dice que "hay un aumento progresivo, año a año", y que eso echa por tierra la hipótesis de que la reforma haría disminuir los abortos. Por otra parte, el Colegio Médico —cuyo consejo directivo integra Leonel Briozzo, promotor del aborto legal— emitió ayer un comunicado en el que, tras manifestar su "preocupación" por el fallo de Mercedes, destaca que la ley "ha demostrado virtudes inequívocas con respecto a la disminución de la mortalidad materna y el número de abortos en el Uruguay".

El País accedió a la cifra preliminar de interrupciones realizadas en 2016: son, hasta noviembre, 8.728. Si se agregan las estimadas en diciembre, hubo 9.587. Esto abona la teoría que predomina en el MSP: se llegó a una "meseta" y el crecimiento a partir de ahora será cada vez menor.

Las muertes maternas, en tanto, vienen disminuyendo hace 25 años y la baja más abrupta se produjo a partir de 2002, cuando empezó a aplicarse en el Pereira Rossell el modelo de reducción de daños del aborto ilegal. La entrada en vigencia de la ley no cambió demasiado en este sentido. Desde su aprobación, dos mujeres murieron en abortos clandestinos.

El porcentaje de mujeres que inició el proceso y no llegó a interrumpir —las "arrepentidas"— es del entorno del 10%. Y las que asistieron a la consulta post-aborto, en las que se habla de prevenir futuros embarazos, ronda el 35%. No se sabe cuántas han abortado más de una vez porque si bien la información está disponible, el MSP no la sistematiza.

Una de las críticas de los grupos Provida radica en que el asesoramiento inter-institucional que se supone debe tener la mujer, "no se está realizando" porque muchas veces no se logra conformar el equipo. Además, Iafigliola denuncia que el asesoramiento es "sesgado" y que, a pesar de lo que dice la ley, "no ofrecen alternativas, solo abren la puerta del aborto".

A juicio de MYSU, "persisten desigualdades e injusticias" y "la respuesta del sistema aún es insuficiente". El alto nivel de objeción de conciencia es, para ellas, "inaudito" (92% en Salto, 87% en Paysandú, 82% en Soriano y 43% en Río Negro).

El ministro de Salud, Jorge Basso, consideró que aún no es tiempo de balances, y se excusó de hacer comentarios.

El caso que llegó a la Justicia y avivó la llama.

Por haber logrado frenar un aborto a pesar de cumplir con las condiciones de la ley, por haber esbozado una argumentación compleja en pocos días, y por las suspicacias que generó su evidente concepción religiosa plasmada en el texto de su fallo, la sentencia de la jueza Pura Concepción Book reavivó la llama del debate en torno al aborto. Lilián Abracinskas, de MYSU, consideró que la decisión de la jueza de impedir a la mujer abortar puede ser un "acto de tortura", y deslizó que se trata de una operación del Opus Dei. Carlos Iafigliola, de Provida, consideró el fallo "muy positivo". Las feministas cuestionaron sobre todo la concepción del no nacido como sujeto de derecho. Los otros defendieron la independencia de la jueza. El jueves, antes de que se venciera el plazo legal (las 12 semanas de gestación), la mujer sufrió un aborto espontáneo. De esa forma, el Tribunal de Apelaciones no llegó a tener que expedirse y el caso se resolvió por fuera de la Justicia. El progenitor anunció que irá a fondo para saber si efectivamente fue espontáneo, algo muy difícil de comprobar. La mujer, en tanto, aseguró que irá contra la jueza.

La voz del padre: un debate vigente en el mundo.


La participación o no del padre
del concebido en el proceso de un aborto es un debate que se ha dado en otros países, pero al momento ninguna legislación le da cabida en la decisión de la mujer. Es, de todas formas, un asunto que sigue generando controversia. La semana pasada, un político de Oklahoma presentó un proyecto de ley que impide la interrupción sin consentimiento del hombre. Se refirió a la mujer embarazada como "anfitriona" del feto, e incitó a que sea "responsable" de su cuerpo.

La ley uruguaya menciona solo una vez al hombre, al decir que es deber del equipo interdisciplinario "entrevistarse con el progenitor, en el caso que se haya recabado previamente el consentimiento expreso de la mujer". Posada dijo a El País que el asunto del padre fue analizado pero que no se quiso darle un rol importante, en parte porque eso habría implicado requerir de un ADN.

El decreto reglamentario establece que esa entrevista "es a los solos efectos de informarle acerca de lo establecido por la ley" y que "bajo ningún concepto la entrevista con el progenitor podrá retardar o detener el proceso iniciado por la solicitante". Nunca se le pide opinión. En 2015 el TCA consideró que se le debe exigir a la mujer el "consentimiento expreso" por sí o por no para la cita con el hombre.

Varios ginecólogos consultados coincidieron en que lo habitual es que el progenitor que participa del proceso apoye la voluntad de la mujer de abortar. Ninguno recordó un caso en que el hombre se haya opuesto, como sucedió en Mercedes.

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