EL FALLO DEL SISTEMA

El debate pasivo

Las quejas de unos "cincuentones" que no superan el 1% de la población, desnudan las falencias del sistema de jubilación uruguayo. El costo político y las múltiples interpretaciones de las normas paralizan todo intento de un cambio en profundidad y postergan las discusiones.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Once mil millones de dólares en ahorro tienen las AFAP uruguayas. Foto: F. Ponzetto

Uruguay figura entre los 20 mejores países para envejecer. La prestigiosa revista Forbes dice que un jubilado estadounidense puede hacer buenas migas con los uruguayos, aunque estos apenas hablen el inglés. No encontrará los ómnibus más adaptados para las personas mayores, pero sí contará con un vecino dispuesto a ayudarlo. Esa imagen del paraíso terrenal para el momento del retiro, dista de las protestas con las que se encontró el presidente Tabaré Vázquez en Fray Bentos: un grupo de trabajadores "cincuentones" pedía a gritos una solución a su jubilación porque entienden que el sistema los desfavorece.

Por más que Vázquez haya declinado responsabilidad (el problema "no lo generó este gobierno"), la protesta da cuenta de las fisuras del régimen jubilatorio uruguayo, que excede a los "cincuentones". Surge el debate de cómo, cuándo y por qué modificar un sistema en el que dar un dólar más a cada beneficiario tendría un costo de US$ 7,2 millones al año. ¿Quién está dispuesto a asumir los costos políticos y económicos? Los actores involucrados coinciden en dar el debate. Aquí una mirada sobre los puntos clave.

Edad de retiro y el costo político.

Los uruguayos viven cada vez más, en tres décadas la esperanza de vida al nacer aumentó siete años, sin embargo la edad mínima de jubilación sigue en 60 años. Los adultos mayores gozan de mejor salud, de hecho tres de cada 10 mayores de 65 años viven en hogares unipersonales, aunque las empresas más innovadoras piden a sus empleados que se retiren cuanto antes. El problema es que para el 2100 el gasto en servicios sociales pasará del 25% actual del PBI al 40% y la cantidad de trabajadores difícilmente pueda soportar la carga de tantos pasivos.

"Si la gente puede trabajar más tiempo", dijo el economista e investigador de Udelar Álvaro Forteza, "lo razonable sería ir graduando la edad jubilatoria acorde a la esperanza de vida". En la práctica los hombres uruguayos se retiran a los 64 años y las mujeres entre uno y dos años antes. Pero "es un debate postergado porque implica un alto costo político", aclaró Rodolfo Saldain, expresidente del Banco de Previsión Social (BPS).

Ni siquiera la advertencia que el Banco Mundial realizó en abril, que urge a tomar medidas porque la situación sería insostenible luego de 2045, despertó un cambio en la agenda política. Es cierto que hay otras medidas posibles, algunas poco gratas para la población como incrementar los aportes de los trabajadores o bajar los montos de las jubilaciones, y otras que sirven de "salida de paso" como seguir reduciendo las edades de reemplazo, dice Saldain.

El senador por el Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que está dispuesto a impulsar un debate sobre este tema. Aun así, advirtió que el gobierno de Vázquez debe hacerse cargo de los reclamos de los "cincuentones" porque esa es responsabilidad del gobernante.

El régimen adecuado

La última reforma integral que sufrió la seguridad social (ley 16.713) entró en vigencia hace 20 años, luego de que el sistema político concluyera que el BPS tenía dificultades económicas. "La reforma era inevitable, el sistema era insostenible", recordó el economista Forteza.

Así se creó el sistema mixto: una parte de las jubilaciones corre por cuenta del BPS (el retiro tradicional) y la otra por los fondos previsionales (ahorro individual o capitalización). Según cuál sea el salario del trabajador, dependerá cuánto se irá a las AFAP o al BPS.

Quienes ganan menos de $ 43.810, no tienen obligación de aportar al régimen mixto, pero son libres de optar. Por encima de esa franja no hay excusa. Los aportes que superan el primer tope y hasta la segunda franja ($ 65.715) van a la administradora, aunque también se puede elegir por dividir el primer segmento entre BPS y AFAP. Mientras que si se llega a la tercera franja ($ 131.430, por encima no se computan ingresos para la jubilación) el destino de los aportes es el BPS hasta el primer tope y el resto a las AFAP.

"(El régimen) tiene sustentabilidad en el tiempo y permite consolidar un sistema que libera recursos para otras áreas importantes. Cuando los sistemas no son sustentables, consumen recursos de otras áreas" para garantizar el pago de jubilaciones, explicó la vicepresidenta de República AFAP, Jimena Pardo.

Pero el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, plantea que el sistema "no es beneficioso (para los trabajadores) y es caro para el Estado". Los cuestionamientos pasan por el lucro —las AFAP cobran una comisión por administrar los fondos— y los riesgos, dado que no hay "certezas sobre la prestación" que pagará, como sí existe en el BPS con la jubilación mínima.

Otra de las críticas apunta a que las AFAP invierten el dinero mayormente en títulos públicos, por tanto son financiadas por el Estado. El presidente del BPS planteó: "¿Cuál es el sentido financiero del sistema de capitalización individual si el Estado termina pagando intereses?" El Banco Central del Uruguay (BCU) —regulador del sistema de AFAP— permite hasta un 75% de las inversiones en papeles del Estado y Pardo informó que República invierte más del 17% del total de ahorros en inversiones productivas que generan empleo ("es un círculo virtuoso").

"El asunto es que no le dejaron hacer el trabajo (a las AFAP), hay que cambiar la regulación para que puedan invertir fuera de fronteras", sostiene Forteza.

La única aseguradora.

Las empresas aseguradoras son las encargadas de pagar la renta vitalicia tras el retiro laboral, que surge del ahorro acumulado en las AFAP. Es decir: las AFAP funcionan como un banco que invierte el dinero de sus clientes y luego esas ganancias son repartidas por aseguradoras. Si bien se aspiraba a un mercado competitivo, hubo un problema que llevó a las firmas privadas a retirarse: las pasividades ajustan en base al Índice Medio de Salarios (IMS) según la Constitución y no hay inversiones que evolucionen así. El riesgo del negocio crece y solo lo asume el Banco de Seguros del Estado (BSE), que empieza a ver incrementado su déficit a medida que crecen las jubilaciones por el régimen mixto.

"Las aseguradoras privadas se retiraron para no fundirse" por ende al BSE podría esperarle el mismo camino, planteó Ruiz. Esto provocó que hace algunas semanas las autoridades del BSE pidieran modificar los criterios para calcular la jubilación (la tasa de interés técnico y la tabla de mortalidad) como forma de paliar las finanzas.

La otra solución es crear instrumentos en Unidades Reajustables (UR) que evoluciona como los salarios, lo que podría hacer volver al negocio a las privadas y alivianar al BSE. "Sería una unidad de medida más razonable", opinó Saldain, aunque para Galli el cambio no sería beneficioso para los jubilados.

Solución para los cincuentones.

Para un grupo de trabajadores que eran menores de 40 años en 1996 y debieron afiliarse a las AFAP por su nivel salarial, llegó la hora de jubilarse y se encuentran con que el sistema mixto ofrece en algunos casos una pasividad menor que el régimen anterior. Según estudios, esa diferencia puede llegar hasta un 30% menos, aunque se trata de personas "con salarios altos y muy altos", mencionó Pardo.

Esto se da porque la reforma introdujo topes de aportes y los "cincuentones" pierden a la hora del cálculo jubilatorio lo destinado al BPS antes de 1996 por encima de la primera franja. Algunos sostienen que el BPS hace una interpretación errónea de este aspecto de la ley y debería contabilizar esos aportes, pero Galli se defiende: la Justicia le dio la razón al método aplicado ante reclamos.

Pero además, la institución propuso al Poder Ejecutivo más de una vez modificar el artículo 26 de la ley para contabilizar los antiguos aportes y no obtuvo respuesta.

Una medición oficial estima entre 22.000 y 41.000 los afectados de un universo total de "cincuentones" que supera los 200.000. El tema tomó estado público y tuvo repercusión política en los últimos meses: se plantearon varias posibles soluciones aunque el gobierno responde que no hay fondos.

Una de ellas, que permitiría el retorno de los afectados el régimen anterior y jubilarse solo por el BPS, "favorecería la situación financiera y tendría costos a partir de cinco o 10 años" dependiendo el método que se aplique, explicó Galli. Esta opción es apoyada por la representación de los trabajadores y las proyecciones marcan un costo anual entre US$ 121 millones y US$ 186 millones como escenarios de mínima y máxima.

La discusión postergada en la región.

Las discusiones que hoy afectan a Uruguay, también están sonando en la región. En Chile, donde el sistema de jubilación es privado, hay quienes buscan la intervención estatal. En Brasil es a la inversa. En Uruguay, donde el régimen es mixto, son cuatro las administradoras de fondos previsionales —tres privadas y República AFAP de propiedad estatal. Tienen más de 1,3 millones de afiliados y más de US$ 11 mil millones de ahorros. El sistema tiene una parte solidaria en donde los aportes de los trabajadores van al BPS, y otro de capitalización individual administrado por las AFAP, que generarán dos jubilaciones a futuro.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Te recomendamos
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)