En un marco de necesidad de mayor recaudación impositiva, la Ley de Inclusión Financiera implica una serie de cambios que modifican los hábitos de comportamiento de las personas y altera el modelo de negocio de varios sectores, entre ellos los comerciantes, que expresan su descontento.

Qué es más importante: ¿tener la libertad de ir a cargarle nafta al auto en la noche y pagar con efectivo o restringir el uso del papel moneda para brindar mayor seguridad a los pisteros de las estaciones de servicio? ¿Que el comerciante elija cuál es el monto mínimo con el cual sus clientes puedan pagar con tarjeta o que el usuario compre un paquete de chicles con el plástico si así le place? ¿Que el trabajador escoja el banco a través del que cobra su sueldo o que el empleador decida si paga las remuneraciones en efectivo?

Estas son algunas preguntas que surgen a partir de la Ley de Inclusión Financiera, que establece una serie de cambios tendientes a una mayor bancarización de la economía, lo que implica disminuir el efectivo en pos del dinero electrónico. La norma es muy abarcativa y altera desde la forma en la que hasta ahora se cobraban los salarios a cómo se realizan las operaciones inmobiliarias o se adquieren vehículos. Afecta también el volumen de las compras que se realizan con tarjetas (a través de incentivos como la rebaja del IVA, que al lanzarse la ley era del 4 % para débito, en la actualidad es del 3 % y a partir del 1° de agosto será del 2%). También fija el abandono del pago en efectivo en los taxis (medida que todavía no se sabe cuándo entrará en vigencia) y en las estaciones de servicio, en las cuales el retiro del dinero físico comenzó a regir en la noche del domingo 15 de abril en Montevideo y Canelones, y desde el 15 de agosto funcionará en todo el país y en todos los horarios.

Mientras estas preguntas siguen presentes, lo cierto es que la ley ha conseguido resultados en poco tiempo. Así lo ejemplifica Martín Vallcorba, responsable del programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): "Los últimos datos que tenemos en tarjetas de débito es que cuando las comparamos con dos años para atrás su uso se ha multiplicado casi por diez, tanto en el monto como en cantidad de operaciones. Todavía no tenemos una información que abarque todo el sistema, pero sí sabemos que el Banco República ha abierto desde octubre del año pasado más de 100.000 cuentas en el marco de la Ley de Inclusión Financiera. A eso hay que agregarle la cuentas que han abierto los bancos privados y los instrumentos de dinero electrónico", sostuvo. En este momento hay nueve empresas que figuran como emisoras de dinero electrónico en la web del Banco Central del Uruguay (BCU), entre ellas Prex, Redpagos y Anda), pero hay otras que se le agregarán en un futuro cercano, como Abitab, informó Vallcorba. A esto se suma los dos emisores de dinero electrónico para la alimentación, que son Sodexo y Edenred, y hay un tercera que está autorizada pero que todavía no ha emitido.

Pese a estos logros, un aspecto polémico de la Ley de Inclusión Financiera es si coarta o no la libertad de las personas. En el caso de las estaciones de servicio, Vallcorba admitió que "sin duda hay una limitación a la libertad del consumidor a decidir qué medio de pago a utilizar, pero esa restricción obedece a una razón de interés general muy potente, que es la de salvaguardar la vida de las personas que trabajan en esos lugares". No obstante, destacó, la mayor parte de las transformaciones de la ley va en la dirección de generar derechos, no obligaciones.

Entre ellas se destaca una rebaja significativa del costo de las transferencias interbancarias, la obligatoriedad del cobro de los sueldos de manera electrónica y que el usuario puede elegir con qué banco operar. "Todos los trabajadores que hasta el momento no tenían acceso a un instrumento financiero lo pueden hacer sin costo, al igual que las pequeñas empresas pueden abrir una cuenta bancaria gratis". A su vez el trabajador que ya cobra de manera electrónica podrá cambiar de banco desde octubre de 2016 después de un año de permanencia. "Se genera un entorno de mucho mayor competencia. Creemos que esto ayuda a que se entre en una dinámica de mejora continua de los servicios, junto con la propia competencia de los agentes no bancarios".

No todos coinciden, sin embargo, en que los derechos de los usuarios sean la primera consideración de la ley. "Es lo que menos se tomó en cuenta", sostuvo el contador y experto en tarjetas de crédito y endeudamiento, Nelson Chicurel.

"La ley está hecha para controlar la parte fiscal de las empresas y así tener un mayor cobro de los impuestos y las transacciones. Hay otra visión que es la de mejorar las garantías y la seguridad de los medios de pago, entre ellos los que se hagan por el lavado de activos. Otro aspecto es evitar transacciones con dinero que podían ser complicadas por un tema de seguridad de las personas. Mejorar la bancarización no solo le sirve a los bancos sino al país para tener un control de las transacciones y saber por dónde está la venta de determinados artículos o si los cobros de sueldos tienen los aportes respectivos, etc. En definitiva, la base de control es lo máximo", sostuvo Chicurel.

Ante la pregunta por el objetivo recaudatorio de la DGI, Vallcorba explicó que la ley genera las condiciones para avanzar en una economía más formalizada en las transacciones y en el mercado de trabajo, lo que impacta en los derechos de los trabajadores. Consultado por cuánto dejó de recaudar el Estado por la rebaja del IVA, que rige desde 2014, Vallcorba indicó que el monto es de US$ 100 millones anuales.

No obstante, hay que tener en cuenta que en 2015 el déficit fiscal fue del 3,5% del PIB, el mayor en 13 años, casi igual al del año 2002. Como informó ayer El País, el MEF propuso en el Consejo de Ministros aumentar el IRPF para equilibrar las cuentas y bajar el déficit. Es claro que si el Estado asumió la pérdida que presenta la rebaja del IVA es porque terminar con la evasión es beneficioso para las arcas públicas.

El debate en torno a los derechos y las obligaciones de la Ley de Inclusión Financiera genera descontentos desde la implementación de la norma en abril de 2014. Mientras para el MEF la norma "universaliza derechos y democratiza el sistema financiero", los comerciantes se quejan de que los bancos han visto cómo sus beneficios aumentan pero los aranceles que se les cobran por cada transacción que se realiza con tarjeta representan un escollo para que los negocios quieran priorizar el dinero electrónico.

Para Ana Laura Fernández, economista asesora de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), hay que tener en cuenta cómo la ley afecta a los comercios de menor tamaño y que están en el interior o en zonas remotas, lo que implica rever los aranceles porque "el negocio cambió". "Faltó que la ley se hiciera no como una imposición sino como algo más consensuado entre las partes, porque el que tiene que cumplirla es el comerciante". De acuerdo a información suministrada por Fernández, al año 2014 el 84% de las empresas en el país son micro (1 a 4 trabajadores) y el 12,3 % son pequeñas (de 5 a 19 trabajadores). Ambas suman el 96,5 % del total.

Mario Menéndez, presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) sostuvo que "los grandes beneficiarios son los bancos" y que si bien los aranceles de las tarjetas han bajado, resultan un costo muy alto para los comerciantes pequeños. "La ventaja que me puede dar cobrar con tarjeta me la quita el arancel". Si bien la ley no establece que el comerciante esté obligado a aceptar tarjetas, la incentivación del uso del débito hace que más clientes opten por esta modalidad de pago, señaló el directivo. Menéndez propuso eliminar los aranceles para los comercios chicos.

Otro tema que genera polémica entre los comerciantes es la futura prohibición de fijar un pago mínimo para las compras con tarjeta de débito, sobre la cual el MEF prepara un proyecto de ley.

El País hizo una recorrida por negocios en la zona de Cordón, Centro y Buceo, y en su gran mayoría los comerciantes expresaron su descontento con la ley. No obstante, algunos de los consultados mostraron desconocimiento sobre los verdaderos aranceles que se cobran en la actualidad, ya que pensaban que los montos eran mayores. Algunos de ellos no utilizan todavía los medios electrónicos porque no lo ven como una necesidad, y hay otros que sí lo hacen pero con un pago mínimo que va de los $ 250 a los $ 500.

"Yo no acepto tarjeta porque en mi negocio el margen de ganancia es muy chico, de un 10% o 12%", dijo Fernando García, dueño de una tienda de vinos en Buceo. En la actualidad el arancel que se cobra con tarjeta de débito es el 2,35% y para tarjeta de crédito es 4,5% en un pago, y un 4,9% en cuotas.

Alberto Latarowski, dueño del restaurante de Punta Carretas Francis, y miembro de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), dijo a El País que si bien hace unos años sus ventas con tarjeta representaban el 50% o 60% de su facturación, en la actualidad constituyen un 90% del total. Latarowski agregó que la ley complica asuntos como el pago de propinas y las compras a proveedores. "Los bancos son socios de nuestra venta, ni siquiera de nuestra utilidad".

Vallcorba desestimó que todo sean beneficios para los bancos. "El primer planteo que hizo quien era director ejecutivo de Asociación de Bancos (Julio de Brun) es que la ley era un "misil" en la línea de flotación de la rentabilidad del sistema bancario. La ley le generaba un montón de obligaciones a los bancos de proveer servicios gratuitos". Y agregó: "Lo que hay es un servicio que se presta y que tiene un costo. ¿Los comerciantes están dispuestos a venderle gratis sus productos a aquellos sectores de la población de menores ingresos?, preguntó el jerarca del MEF, quien sostuvo que hay un subsidio del 70% para el arrendamiento mensual de los POS (terminal de punto de venta, en inglés point of sale) para los pequeños comercios. El costo promedio sin el descuento es de $ 350 por mes.

Con respecto al argumento del alto arancel de las tarjetas, Vallcorba añadió: "Cuando empezamos a trabajar en la inclusión financiera el arancel máximo estaba en el 7% para tarjetas de crédito y de débito. La tarjeta de débito primero se bajó a 2,5%, a partir del 1 de enero al 2,35% y desde del 1 de julio va a ser del 2,2%. Además, desde el 1 de enero el arancel para los pequeños comercios se bajó el 2%. Hemos logrado una situación de equidad entre aquellos comercios que tienen un gran poder de negociación y los pequeños, que eran rehenes de tratos discriminatorios. En otros países la regla es que los pequeños comercios paguen más". Y agregó: "Paraguay aprobó una ley que establece los máximos para los aranceles de la tarjeta de debito en 3%. Tienen un volumen de operaciones análogo al nuestro".

Vallcorba señaló que el propio cronograma de rebaja de aranceles prevé que en el caso de la tarjeta de débito baje hasta llegar al 1,5% a medida que aumente la utilización de medio electrónico. En las tarjetas de crédito se prevé llevar el arancel al 3,5%. Por otro lado, en las próximas semanas los plazos de pago de las tarjetas de débito va a pasar de 48 horas a 24, explicó el economista.

Jorge Ottavianelli, Director Ejecutivo en Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) dijo a El País que la inclusión financiera generó oportunidades a los bancos, como el impulso de la tarjeta de débito, la incorporación de asalariados que estaban fuera del sistema y la posibilidad de retener pagos de nómina pero al mismo tiempo requirió de una importante inversión en sistemas y redes, "así como la necesidad de atender nuevos clientes o realizar esfuerzos para mantener los que hoy posee ante la aparición de nuevos competidores".

Vallcorba habló de la inversión de los bancos en la tecnología para el correcto desarrollo de los POS, que han aumentado de 13.157 en 2011 a 45.488 en 2015.

Entre los nuevos competidores de los bancos están las redes de pagos, como Abitab y Redpagos, que se han reconfigurado como emisores de dinero electrónico. Mientras en marzo el presidente de Abitab, Roberto Palermo, dijo a El Espectador que estaba "pensando seriamente" la posibilidad de impulsar un banco propio, el gerente comercial de Red Pagos, Fernando Lapchik, respondió al ser consultado por esta posibilidad que Redpagos decidió trabajar como corresponsal financiero y emisor de dinero electrónico.

"Tenemos muchas dudas. Por ejemplo en el pago del salarios al trabajador se le da una cuenta sin costo, la empresa tampoco abona nada. Hay una apuesta a cambio de comportamiento. Si la persona cuando cobra su salario, va al local y retira su dinero en una vez, es todo inversión pero no recogés nada", sostuvo Lapchik.

El gerente comercial explicó que los pagos de salarios y pasividades se harán totalmente de manera electrónica para mayo del año que viene. Redpagos lanzó recientemente la tarjeta prepaga Midinero, de la que ya han emitido "varios miles", que se otorga con la cédula y que se recarga con el salario o por depósito. Con ella se puede retirar efectivo, pagar en Redpagos o comprar en locales adheridos a Mastercard.

Otro aspecto a tener en cuenta es si el incentivo del dinero electrónico genera mayor endeudamiento. Ottavianelli sostuvo que Uruguay tiene uno de los niveles más bajos de deuda sobre ingreso de la región.

Vallcorba destacó que desde el MEF no se promueve el uso de la tarjeta de crédito, sino de la de débito. No obstante, la rebaja del IVA también implicó a las tarjetas de crédito y fue de 2% de mediados de 2014 a mitad de 2015, y de 1% entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016. A partir de esta fecha ya no habrá reducción. Los bancos además ofrecen descuentos de entre el 10% y 25% para compras hechas con tarjetas de débito y crédito, pero hay promociones exclusivas solo para estas últimas.

"No hay una modificación del uso de tarjeta de crédito a partir de la ley de Inclusión financiera. El crecimiento ha ido acompañando el aumento del consumo de la misma manera que lo hacía antes", indicó el economista del MEF. Vallcorba informó, además, que Uruguay está segundo en la región en el uso de tarjeta de crédito, después de Brasil.

Chicurel sostuvo, sin embargo, que la difusión de los instrumentos bancarios necesariamente implican un aumento del uso de las tarjetas de crédito. "Los bancos cuando te dan la tarjeta de débito te ofrecen la de crédito. Es por eso que compraron a las financieras. Su negocio es el crédito, es prestar dinero", explicó. "Tener tarjeta de crédito o débito genera mayor hábito de consumo. Esto está comprobado mundialmente. Todo lo que tenga que ver con el negocio bancario facilita endeudarse".

De acuerdo al Reporte del Sistema de Pagos Minorista del BCU, el uso de los medios de pago por medios electrónicos en el segundo semestre de 2015 indica que el 52% de las operaciones se hicieron con tarjeta de crédito y un 22% con débito. Según el documento, la cantidad de tarjetas de crédito continúa creciendo de forma sostenida y hay 2,5% más de personas tarjetas de crédito (45% de la población adulta).

No obstante, la evolución de las tarjetas de débito, indicó Vallcorba, se ha despegado: "Previa a la implementación de rebaja del IVA había unas 500.000 transacciones por mes con tarjeta de débito y hoy estamos hablando de cerca de 5 millones". En el primer reporte del BCU que aparece en su web, referente al primer semestre de 2010, la participación de las tarjetas de débito en las transacciones por medios electrónicos era el 0,87%. A su vez "unos $ 5 mil millones por mes pasaron del efectivo a la tarjeta de débito".

Si bien Uruguay está lejos de los países que se plantean eliminar el uso de efectivo, como es el caso de Suecia o Dinamarca, que prevé como fecha límite para esta modalidad el año 2030, Vallcorba consideró que los uruguayos demostraron que son capaces de hacer un cambio cultural muy rápido y que el rezago era producto de una falta de oferta y no de una ausencia de demanda.

La Ley de Inclusión Financiera ha sido criticada por el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Perera, por ser una especie de "Gran Hermano", debido a la cantidad de información en mano de los bancos, a la que eventualmente podría acceder el fisco.

Para hablar sobre este tema, El País pidió una entrevista con el director de la DGI, Joaquín Serra, quien declinó la nota. No obstante, el subsecretario del MEF y exdirector de la DGI hasta 2014, Pablo Ferreri, aclaró que este organismo "solo puede acceder a los datos del sistema bancario mediante orden judicial". Y agregó: "La enorme mayoría de las administraciones tributarias del mundo accede a los datos de los bancos. En el caso de Uruguay se ha optado por una solución más garantista".

El responsable del Programa de Inclusión Financiera del MEF, Martín Vallcorba, explicó que lo que la DGI tiene es la información de la venta de los comercios.

Nelson Hernández, exdirector de DGI, que le dejó su puesto en 2010 a Ferreri, dijo que el fisco no tiene segregada la información de los consumos de los ciudadanos pero sí investiga cuando hay gastos importantes, como la compra de vehículos. Así, por ejemplo, pueden pedirle datos a la automotora en la que se compró un auto y cruzar esa compra con el salario que percibe la persona para ver si hay inconsistencias.

No obstante, el levantamiento del secreto bancario por razones fiscales y sin orden judicial seguramente sea una realidad en el corto plazo. De acuerdo explicó Ferreri: "Para cumplir con el intercambio automático de información, que es el estándar que existe a nivel internacional, al cual Uruguay adhiere y que le ha permitido generar una muy buena imagen de transparencia, a partir de 2018 el país va a tener que intercambiar automáticamente información, para lo cual tendrá que obtener los saldos de las cuentas bancarias. Esto no implica poder acceder a toda la información bancaria".

El economista añadió que cuando se vende por encima de un determinado monto los comercios tienen que decir a quiénes le venden. "El objetivo de la inclusión financiera no es tener datos para controlar la gente", agregó.

Actualmente Uruguay intercambia información tributaria con 24 países, y hay 12 acuerdos que están firmados pero aún no entraron en vigencia. Por ahora este intercambio con otros países requiere de una orden judicial.

Vallcorba explicó que a través de la Ley de Inclusión Financiera se levantó el secreto para las instituciones a través de las cuales se paga el alquiler.

El abogado Leonardo Costa, experto en Derecho Tributario, dijo a El País: "De la mano de estos cambios tiene que venir un contrapeso en garantía para los contribuyentes. Hoy en día la DGI te embarga y después vos discutís; falta en el medio alguna solución. El mundo va hacia una inclusión financiera absoluta, lo que pasa es que otros países tienen un sistema de contencioso-tributario mucho más justo".

Mientras los taxis se encuentran trabajando para implementar el retiro de efectivo, medida que según el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, los "llena de satisfacción", en el sector todavía hay dudas de que esto sea posible.

Respecto a las estaciones de servicio, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Añón, sostuvo que esta primera semana desde que entró en vigencia la prohibición de utilizar efectivo para pagar a la noche dejó un panorama complicado. "Gente sin información y sin tarjeta, los pisteros que se quejan por la propina, dueños molestos con el tema de los minimercado porque la competencia que tienen en frente pueden agarrar dinero".

Unvenu reclama que ante la merma de efectivo las estaciones de servicio precisan cuatro días para pagar el combustible a Ancap (en la actualidad se paga al día siguiente). El costo que se le va en los aranceles de las tarjetas es de unos $110.000 por estación por mes. De acuerdo a Añón, se utiliza más la tarjeta de crédito para pagar que la de débito. El promedio de acreditación del dinero en estos plásticos es de 20 días. El responsable del Programa de Inclusión Financiera del MEF, Martín Vallcorba, destacó que fue la propia Unvenu la que llevó la propuesta del retiro de efectivo.

Un aspecto a tener en cuenta es cómo incide esto es la seguridad. En abril el director Nacional de Policía, Mario Layera, dijo a Informativo Sarandí que lo que va a haber es un corrimiento del delito hacia la rapiña en la vía pública, algo que ya sucede en la actualidad. "El aumento de la rapiña obedece a un fortalecimiento de la seguridad en las instituciones que manejan grandes cantidades de dinero", explicó.

Otros sectores que expresaron dudas son los escribanos y automotores, ya que con la Ley de Inclusión Financiera las compraventas de inmuebles y vehículos tendrán que hacerse por vía bancaria. La norma que iba a empezar a regir para e1 1° de junio, se prorrogó al 31 de diciembre.

El presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), Antonio Sarachu, dijo a El País que las conversaciones con el MEF "están dando sus frutos" porque hay normas que como estaban planteadas "no se pueden llevar adelante". De acuerdo a Fernando Pugliese, vicepresidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), de momento hay "más dudas que certezas". Entre los temas a resolver están cómo se controla cuando un auto se vende parte en cuotas o cuando otro vehículo se entrega como parte de pago.

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DEBATE POR LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONESFERNANDA MUSLERA