Pacientes, abogados y activistas por el acceso a medicamentos de alto costo acusan a la Ley de Presupuesto que votará el Senado de atentar contra un derecho básico: la salud. El proyecto dificulta aún más un camino que ya incluía, además de sufrimiento, varios escollos.

Elizabeth Fender tiene 58 años y toda su vida la pasó en Guichón, un pueblo de cinco mil habitantes en Paysandú. Ahí nació, se casó y tuvo dos hijos. A los 19 años empezó a trabajar en la Escuela Nº 77 como auxiliar de servicio. Su vida fluía sin sobresaltos hasta que, en 2003, un día fue a trabajar y durante toda la jornada le lloró el ojo derecho. Pensó que sería la presión.

A la tarde de ese día se sentó a tomar mate con su esposo. No pudo. "Estaba haciendo una parálisis facial", cuenta. En ese momento no lo sabía, pero esos eran los primeros síntomas de una leucemia que la iba a tener 10 años entre estudios, tratamientos, trasplantes y, más inesperadamente, trámites legales.

Le diagnosticaron leucemia linfoide crónica. "Es raro que se dé en una paciente tan joven como vos, me dijeron", rememora Elizabeth. Y repite lo mismo que pensó y dijo entonces: "No va a poder conmigo".

Como si quisiera llevar al límite su actitud, la vida sumó desgracias en el camino de Elizabeth. En 2003 comenzó el tratamiento y a los pocos meses su esposo falleció de un paro cardíaco. Elizabeth quedó sola con sus dos hijos adolescentes y un cáncer que recién empezaba a atacarla.

Para su primera etapa de quimioterapia necesitó un medicamento que no podía costear y al que pudo acceder gracias a la ayuda de la gente de Guichón. El 6 de octubre de 2006, tras dos años de quimioterapia, le realizaron un autotransplante. Falló.

Elizabeth continuó trabajando en la escuela, pero su salud empeoraba cada día. Su actitud, cuentan ella, sus hijos y sus colegas, siempre fue la misma: optimismo y rebeldía. Nunca perdió la sonrisa.

Sus médicos comenzaron a hablar del Rituximab, un medicamento que podía ayudarla y estaba en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) del Fondo Nacional de Recursos (FNR), pero indicado para otras patologías. Lo solicitó en 2009. El FNR no se lo dio. Siguió tratándose, pero sabiendo que los resultados no iban a ser los mejores sin ese fármaco.

En esa época conoció a la abogada Florencia Cornú, que la ayudó de manera honoraria a presentar un recurso de amparo ante la Justicia. Así, en 2012, casi 10 años después del diagnóstico, consiguió el medicamento que permitió que su quimioterapia tuviera efecto y la dejó en buenas condiciones para recibir un trasplante de médula de su hermana menor.

"Si yo no hubiera tenido el derecho a presentar el recurso de amparo, ya no estaría acá", dice Elizabeth.

El 23 de octubre de 2015 hicieron dos años del trasplante que le salvó la vida. Ese mes volvió a su labor en la escuela y ahora también trabaja en un supermercado del pueblo. El cáncer está en remisión total. Meses después del trasplante, el Rituximab fue reingresado al FTM, esta vez sí indicado para la leucemia linfoide crónica.

Como Elizabeth, muchos pacientes se ven atrapados entre la muerte y un medicamento que no pueden costear, que su médico les señala como necesario y que el FNR no les da, mientras el tiempo se les escapa. Sin embargo, no todos corren su suerte. Otros pagan un precio mucho más alto que el del medicamento: fallecen o quedan con secuelas irreversibles.

Un informe del FNR al que accedió El País en octubre señala que el año pasado se les dio medicamentos a 5.350 pacientes. Hoy el organismo financia 30 medicamentos de alto costo para distintas patologías. Entre ellas están los cánceres de mama, colon, pulmón, riñón y del sistema nervioso central, así como leucemia, linfomas, mieloma múltiple, fibrosis quística, hepatitis, entre otras.

El recurso de amparo (ver recuadro) es el manotazo de ahogado que les queda a estos pacientes cuando necesitan un medicamento que no está en el FTM o está, pero no indicado para su enfermedad. Cuando el Senado vote la Ley de Presupuesto, a partir de este lunes, los artículos 443, 456 y 457 limitarán la posibilidad de presentar amparos ante la Justicia.

Juan Ceretta es abogado, docente en la Facultad de Derecho de la Udelar de la materia Consultorio Jurídico y ayudante del director de la Clínica de Litigio Estratégico. Desde 2011 su grupo se ha dedicado ayudar a pacientes que no acceden a medicamentos de alto costo y que no los reciben del Estado. El grupo lleva presentados unos 40 recursos de amparo, con un éxito de alrededor del 80%, según el abogado.

Aunque en teoría el FTM se actualiza anualmente, la última versión es de noviembre de 2012.

"Hasta 2010, el criterio para ingresar al FTM era que un medicamento tuviera eficacia comprobada y fuera seguro, pero entonces empezaron a entrar cada vez más y se dieron cuenta de que les iba a insumir mucha más plata de la que pensaban", sostiene Ceretta. A su entender, entraron en juego otras variables: la ecuación costo-beneficio, el impacto presupuestal o si llega a afectar la sustentabilidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. "Todas consideraciones económicas".

Este año el MSP lanzó la ordenanza N° 86, en la que responde negativamente a la solicitud de 15 medicamentos. Así, los abogados que defienden a los pacientes cambiaron de estrategia y empezaron a basar su reclamo en el artículo 44 de la Constitución, que reza: "El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes".

A raíz de esto, afirma Ceretta, este año se presentó el proyecto presupuestal con los mencionados artículos. "Cuando hay una contradicción entre una norma reglamentaria (como la ordenanza 86) y la Constitución, el juez aplica la Constitución. Pero cuando la contradicción es entre la Constitución y una ley, hay que presentar un recurso de inconstitucionalidad, lo que demora seis o siete meses". Los pacientes, muchas veces, no tienen ese tiempo.

A días de que se establezca ese mecanismo por ley, la Clínica de Litigio Estratégico prepara un recurso de amparo colectivo de cinco personas por el acceso al Fingolimod, un medicamento para tratar la esclerosis múltiple. Es una medida poco común en el sistema judicial uruguayo. María José Carballo es una de las pacientes.

En 2012, el mismo año en que Elizabeth Fender logró el trasplante que la salvó de su leucemia, en Montevideo, a María José (30) le diagnosticaron esclerosis múltiple.

Hoy, tres años después, cuenta que se le duermen las piernas cuando camina unas pocas cuadras, que se puede levantar cualquier día con fiebre y tener que faltar al trabajo, que a veces se le nubla la vista. Se la ve bien, pero dentro suyo hay una enfermedad neurológica que amenaza su sistema nervioso central y que podría convertirse en una discapacidad.

Desde 2013 la trataron en dos etapas con dos medicamentos distintos, ambas sin éxito. Ahora sus médicos le prescriben un tercer medicamento que no está en el FTM: el Fingolimod.

"Es una enfermedad progresiva, crónica, autoinmune, neurodegenerativa y desmielinizante", explica el doctor Carlos Oehninger, especialista en esclerosis múltiple y miembro de la cátedra de Neurología. La esclerosis múltiple no se cura, pero es importante detectarla temprano para comenzar a tratarla cuanto antes, agrega el especialista. "Puede estar en etapa de empujes y remisiones, o en etapa progresiva. En la primera, los medicamentos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, evitar lesiones y que los empujes sean más leves y menos frecuentes. Pero si pasa a la etapa progresiva, no hay medicamento que sirva", dice Oehninger.

Por eso es tan importante para María José y los otros cuatro pacientes que presentarán el recurso de amparo acceder a un medicamento aprobado científicamente como el Fingolimod. Y cuanto antes.

Aunque la esclerosis múltiple es una enfermedad con la que se puede vivir, "es potencialmente discapacitante", señala Oehninger. Y este es el peligro, primero para los pacientes y, segundo, para la sociedad. "Es la enfermedad neurológica que más afecta a los jóvenes en Uruguay. Tiene un impacto brutal entre los 25 y 30 años, cuando están empezando a planificar su futuro", remarca.

Ceretta puntualiza que los argumentos económicos no solo no cierran en el caso de este medicamento (el Fingolimod cuesta $ 12.500 más que el Betaferon, que actualmente reciben los pacientes), sino que no tienen sentido a mediano plazo. "No se considera lo que estamos perdiendo con estos jóvenes. Porque cuando queden en silla de ruedas nos va a salir mucho más caro lo que vamos a tener que pagarles en seguridad social y vamos a perder todo lo que no van a producir. Y esto es solo con un criterio economicista. Ni hablemos de los derechos humanos", sentencia.

Cuando un médico le receta a un paciente un medicamento de alto costo, el paciente debe fijarse si el mismo está en el Formulario Terapéutico Médico. Si está y está indicado para la patología que el paciente presenta, tras llenar una solicitud, el FNR se lo entrega. Si no está en el FTM o está pero no indicado para su patología, no se lo da. En ese caso, el paciente se debe fijar si está autorizado para la venta en Uruguay y, si es así, puede comprarlo.

Si no puede o no quiere comprarlo, el paciente puede presentarse ante la Justicia para reclamar el medicamento fundamentando su reclamo en el Artículo 44, inciso 2 de la Constitución. El paciente le debe solicitar al médico un informe que diga que ese medicamento es su única alternativa terapéutica. Además, debe presentar una fotocopia de la historia clínica y la pauta de la cátedra correspondiente que diga que ese medicamento sirve para su patología. Un perito debe confirmar que la receta del médico sea correcta. Luego se solicita al FNR y al MSP el medicamento. Esto, según Ceretta, "es un ritual". "El FNR te dice a los 10 días que no y el MSP ni responde o, a veces, te responde meses después".

Tras la respuesta del FNR, se presenta un recurso de amparo. En 48 horas el juez llama a una audiencia, el FNR y el MSP hacen sus descargos, el médico le explica al juez por qué el paciente tiene que recibir ese medicamento, el juez interroga al perito y, en unos cuatro días, dicta la sentencia. Si es favorable al paciente, los abogados la presentan en el MSP y el organismo entrega el medicamento a los pocos días. Pero la sentencia es apelable. Y si en la apelación el juez revoca el fallo favorable al paciente, se le retira el medicamento.

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