Un terreno de la costa de Playa Grande hoy es el hogar de unos 30 ocupantes. Los vecinos los consideran culpables de los robos que sufren con frecuencia y reclaman soluciones. Sin embargo, las autoridades no responden y los proyectos de construcción allí no prosperan.

Si uno se para en la Ruta 10, kilómetro 94, y mira hacia la costa, posiblemente no vea más que vegetación, arena y mar. Solo al observar con atención descubrirá un techo de chapa que sobresale al verde, el único vestigio visible del asentamiento que se ha ido afianzando sobre la costa de Playa Grande.

Allí, en ese punto de la ruta que a esa altura oficia de rambla, se abre un camino de bitumen que conduce a la playa. A poco de recorrerlo empieza a colarse pasto y pedregullo. Y basura: restos de envases, tapitas, retazos de telas, bolsas degradadas, hasta un colchón de polifón. A los costados aparece cada vez más abundante el monte de acacias, chirca, espina de cruz. Hay olor a animal muerto. Se oye un murmullo que proviene de detrás de la vegetación. Quizás algún turista pase por alto la existencia de 11 viviendas irregulares semiescondidas entre las plantas, pero según un relevamiento realizado por la Subprefectura de Piriápolis en octubre de 2016, allí viven en forma permanente 17 adultos y 15 menores de edad, sin contar a los que están de paso.

Hace unos 10 años que esa zona de la costa es lugar de residencia irregular, pero antes se limitaba a un par de ranchos de pescadores. Con el tiempo, la caída de la pesca fue empujando a los pescadores a otros puertos y los viejos habitantes cedieron sus casas a amigos o conocidos. De estos, algunos se embarcan a diario, otros salen cada tanto y otros directamente se dedican a otros oficios. Sin embargo, alrededor de sus ranchos y desperdigadas a lo largo de toda la bajada a la playa aún sobreviven las barcas, un total de 14 según contó la subprefectura, de las cuales solo ocho se hacen a la mar y cuentan con los permisos al día.

Como la playa allí es de arena gruesa y cantos rodados, no hay veraneantes. La gente que baja por ese camino sigue un poco más y se acomoda en la playa siguiente. El conflicto aparece, en realidad, en las casas ubicadas en la primera línea de construcción; en sus dueños y en la sospecha extendida de que esta presencia en la playa les trajo como consecuencia una oleada de robos de las que ellos se sienten víctimas.

"Durante 30 años solo hubo sobre la costa dos casitas precarias de los pescadores que vivían allí. No molestaban a nadie, convivíamos en perfecta armonía. Desde hace unos años vemos cómo se deteriora nuestra zona, y la parte de la franja costera, ya que se ha formado un asentamiento (...)", escribió Margarita Molina, que junto a su marido tiene una casa en Playa Grande hace 47 años.

El fragmento forma parte de una carta que Molina pondrá a consideración de sus vecinos para elevar a las autoridades de varios organismos públicos. Según ella, los habitantes del asentamiento se hacen pasar por pescadores, han talado árboles para levantar sus casas y tienen perros que andan sueltos e interceptan a la gente que se dirige a la playa. Pero su principal preocupación es que "son delincuentes con profusos antecedentes penales" que, afirma, les han robado "en reiteradas oportunidades".

Otros vecinos comparten el malestar, pero, al igual que Molina, carecen de pruebas. Algunos exhibieron las denuncias que confirman los hurtos de dos, tres y hasta cuatro veces en el último año. El País intentó corroborar si su planteo se condice con un aumento de las denuncias en esa zona, pero no fue posible acceder a esa información policial.

No es la primera vez que los vecinos de Playa Grande se movilizan. Han hecho gestiones en la Intendencia de Maldonado, en el Municipio de Piriápolis, en el Ministerio de Vivienda, en la Seccional 11 de Piriápolis. Hasta ahora, según dice Molina, no han tenido respuestas porque el terreno ocupado es "tierra de nadie". La Policía les dijo que "no puede hacer nada" porque el asentamiento está en la costa y corresponde a la Subprefectura de Piriápolis. La Subprefectura, a su vez, "no puede hacer nada" más que monitorear la zona. "Nadie se hace cargo", se queja.

La solicitud de antecedentes penales se hace solamente cuando existe la presunción de que una persona puede estar vinculada a un delito, algo que hasta ahora no ha sucedido, según dijo una fuente de la Subprefectura. "No se solicitan los antecedentes de alguien por el solo hecho de que viva en la costa", ironizó.

Más allá de la certeza de los vecinos, las autoridades marítimas no manejan datos de que los ocupantes hayan cometido delitos alguna vez y entre ellos predomina la postura de "no estigmatizar". "Nosotros hicimos el relevamiento porque nos interesa saber qué actividades realizan. Pero desde el punto de vista policial no hemos tenido denuncias de incidentes graves allí", aseguró la fuente.

Lo que sí reconocen en la Subprefectura es que la Policía les ha pedido "apoyo para entrar a ubicar a algún individuo", y que en una oportunidad recibieron una denuncia de hurto entre los mismos habitantes del asentamiento.

En medio del clima de desconfianza y malestar general, algunos vecinos ponderan que allí todavía viven pescadores e incluso hay quienes aseguran comprarles mercadería. Cuentan anécdotas de discusiones frontales que han tenido con ellos y que siempre procuraron resolver a tiempo, por miedo a las represalias.

"Este es un rancho de pescadores", dice muy convencido Marcelo Ferreira, que no es pescador ni pretende parecerlo. Una hernia de disco lo condenó a una jubilación precoz, cuenta, y hoy, a sus 47 años, vive con los $ 7.600 que le paga el BPS. Su explicación de cómo llegó allí incluye separaciones y peleas en Montevideo y Canelones. En esa precaria y pequeña vivienda que un amigo le dio permiso para habitar, no tiene luz ni agua. "Esto es un asco. Mirá el baño. Vivimos peor que indígenas", plantea. Pero no tiene otra que conformarse.

Su amigo Hugo Demarco sí es pescador. Viene de Montevideo, está de paso en Playa Grande y no muestra interés en quedarse porque allí la pesca "es malísima". En invierno las tormentas son crueles y en verano el calor agobia. Anuncia que irá en busca de un alquiler.

Más adelante, por un sendero interno, vive Jorge Fernández, también pescador, pero instalado en ese terreno hace unos 10 años. Embarcarse para él es lo más disfrutable porque "no te manda nadie, estás tranquilo", pero la mala racha le ha obligado a probar otros oficios. Trabaja de albañil, galponero y jardinero. Según él, quienes le dan trabajo son los mismos que hoy los acusan de robar sus casas. "Toda la vida hubo comentarios. En toda costa que vayamos es igual. Quieren corrernos, pero no pueden. Somos pescadores, tenemos derecho a estar acá", reivindica.

En casi todos los ranchos se ve que han hecho mejoras o han agregado piezas. De las 11 casas hay una que se nota que fue construida hace poco. Fernández conoce a sus vecinos más próximos —que esa mañana no se encuentran porque están haciendo changas en el centro, según dice—, pero no sabe quiénes son los demás, ni le interesa. Cada uno hace la suya.

La vivienda menos precaria pertenece a Hugo, a quien algunos señalan como "el que cuida" la zona y "el que sabe" de quién es el terreno que ocupan. En su casa de madera hay tanque de agua y antena de Direct TV. Hugo trabaja de sereno y esa mañana está durmiendo. Más tarde, por teléfono, dice a El País con molestia que donde él habita "no es un asentamiento, porque asentamiento es cuando estás sin permiso". Asegura que cuenta con "un papel" que demuestra que le cedieron el derecho de propiedad, pero no lo tiene consigo porque se lo pidió un representante de algún organismo público que no recuerda con claridad.

La Intendencia de Maldonado no ha tenido un acercamiento al asunto. En la Dirección de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud no recuerdan haber censado a esa población y tampoco tienen previsto algún plan para facilitarles el acceso a la vivienda.

Que es de una peruana, que es del Estado, que no tiene dueño, e incluso que hay un conocido agente inmobiliario de la zona queriendo apropiarse de ese terreno mediante el instituto de la prescripción. De todo se dice en Playa Grande sobre la titularidad del padrón ocupado.

Sobre esto último, incluso en el asentamiento hay quienes hablan del agente inmobiliario con nombre y apellido como quien les autorizó a morar ahí, ignorando que sus palabras revelan una presunta maniobra delictiva. La "prescripción adquisitiva" está prevista por ley para quienes puedan demostrar haber ocupado un terreno en forma pacífica durante más de 30 años y actuando como si fuesen los propietarios (esto es, pagando los impuestos, haciendo mejoras, etcétera). Adueñarse de un terreno queriendo simular cumplir con esas condiciones es, en cambio, un delito.

La Dirección de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado está en conocimiento del comentario que circula entre vecinos y ocupantes. Por otra parte, según dijo a El País el alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, hay padrones de esa zona "cuya titularidad esta siendo cuestionada" por esa dirección de la intendencia fernandina.

Invernizzi no sabe a quién pertenece el terreno del asentamiento, pero aclara que esa información puede conseguirse con un escribano público en el Registro de Propiedad.

Ante la posibilidad de que alguien se adueñe del terreno, algunos vecinos están manejando la opción de asesorarse para tramitar la "herencia yacente". Esto implicaría presentarse ante la Justicia en forma organizada para reclamar que se investigue la propiedad, con el objetivo de que el padrón pase a ser de un colectivo vecinal.

Hace dos años, un hombre convocó a los vecinos de Playa Grande a una reunión en un salón que pertenece a Los Macaquitos, el autoservicio de referencia en la zona. Los invitó a escuchar sobre un proyecto de construcción que junto a un arquitecto había diseñado para su terreno, ubicado en la franja costera y lindero al que ha sido ocupado.

El vicepresidente de la Comisión de Fomento, Ricardo Calistro, recuerda que en aquella instancia el señor enfrentó la resistencia de la mayoría de los asistentes, algunos de los cuales argumentaban en contra de que se perdieran las especies vegetales dominantes en el predio. A Calistro le llamó la atención la actitud del dueño del terreno. "Si los vecinos no quieren, yo no lo hago", cuenta que le escuchó decir.

El hombre luego siguió haciendo consultas y, según dijo a El País, finalmente reunió apoyo de "casi todos" los vecinos, e incluso el entusiasmo de varios de ellos. Pero enfrentó un escollo mucho más determinante y que no había tenido en cuenta antes: la "falta de voluntad política", en sus palabras.

El relato del dueño de este terreno incluye decenas de consultas en distintas reparticiones de la intendencia, al menos tres expedientes, propuestas para hacer mejoras menores al terreno, y más recientemente una reunión con el intendente actual, Enrique Antía, como último intento de "hacer algo" con su propiedad.

Esta mínima esperanza de que Antía le dé una respuesta es la que lo lleva a pedir el anonimato para esta nota. No quiere que sus declaraciones provoquen malestar y se reavive la "animosidad" que ha sentido en su contra.

El proyecto que ideó en un inicio consistía en una guardería náutica, un hotel y un espacio público con vista al mar, con una inversión aproximada de US$ 10 millones (ver más en el recuadro de la página anterior). Preveía, también, un lugar para los pescadores y una bajada a la playa. Contaba con inversores españoles que ahora ya perdieron el interés y él, a su vez, está "más para venderlo que otra cosa".

La explicación a la imposibilidad de construir es sencilla: el padrón es rural. Esto, según dice la ley de ordenamiento territorial de 2008, implica que el suelo queda excluido de todo proceso de urbanización.

Cuando compró el padrón, de 23.000 metros y "con todo el proceso dominial completo", según destaca, sabía que tendría dificultades, pero no que serían insalvables. Él pretendía que la intendencia recategorizara el padrón y lo considerara urbano, lo cual asegura que se ha hecho en otras oportunidades como "excepciones" a la ley. Luego el proceso seguiría con un pedido de estudio de impacto ambiental a la Dirección de Medio Ambiente, pero eso no llegó siquiera a solicitarse porque la intendencia no consideró su pedido hasta el momento.

De todas formas, otros terrenos privados en la franja costera de la zona de Piriápolis son urbanos y sus dueños tampoco han podido construir allí.

Al parecer, Playa Grande seguirá con sus terrenos de monte y espina de cruz, y sus ocupantes en la costa. Esa tierra, por ahora, es tierra de nadie.

Hace varios años, un uruguayo que vive en Maldonado vio que un padrón de la costa de Playa Grande estaba a la venta. Le pareció una buena oportunidad porque el lugar luce "ideal" para brindar servicios náuticos. Imaginó que hacer una guardería náutica allí resultaría atractivo para turistas brasileños y argentinos de alto nivel adquisitivo.

Contrató un arquitecto para diseñarla, y el proyecto creció, sumando un hotel de cuatro estrellas y 93 habitaciones, y a nivel de la ruta un espacio público sin obstrucción del paisaje. El plan incluía una bajada pública a la playa, una rampa directa al mar y un sitio gratis para los pescadores, con lugar para guardar sus herramientas y embarcaciones, entre otras cosas. Todo era negociable con los vecinos.

El hombre había logrado captar el interés de unos inversores españoles dispuestos a aportar US$ 10 millones. Pero al cabo de unos años de gestiones, todo parece haber quedado en nada porque la Intendencia de Maldonado no le dio el visto bueno para avanzar (ver nota principal). El hombre, que pidió reserva, dice que su interés era, lógicamente, ganar rédito del terreno, pero sin perjudicar el medio ambiente.

A lo largo de la costa de Maldonado hay varios terrenos entre la arena y el asfalto, muchos de los cuales pertenecen a particulares y son comercializados. El de Playa Grande, en particular, es de los más grandes. El alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, afirmó que se trata de "una zona de un supuestamente altísimo valor inmobiliario con un amplio potencial", pero matizó: "Ese supuesto altísimo valor está sujeto a la normativa, y tanto a nivel departamental como nacional es sumamente restrictiva".

Arena, sol, vegetación y barcas. Hace al menos 10 años que en Playa Grande es habitual ver barcas de pescadores artesanales, pero ahora lo normal es verlas estacionadas y muchas veces abandonadas en medio de la vegetación, ya que varios pescadores se han ido en busca de buena pesca, dejando sus ranchos a amigos o conocidos. Desde la playa no se alcanzan a ver las 11 viviendas precarias construidas en medio de las plantas.

Peor que indígenas: así se sienten los habitantes de ese terreno. Vivir allí, sin agua ni luz y a merced de las inclemencias del tiempo, no es su ideal ni mucho menos. Dicen que nunca se les habló de la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Algunos desearían tener apoyo para construírselas ellos con sus manos.

El proyecto para construir una guardería náutica, un hotel y un espacio público por encima en la costa de Playa Grande está en vueltas en la Intendencia de Maldonado hace unos cuatro años, y las respuestas hasta al momento han sido más bien desfavorables. Sin embargo, el planteo sí cuenta con el visto bueno del municipio de Piriápolis.

Según consta en actas, el asunto fue tratado por el Concejo Municipal el 30 de octubre de 2013 y los cinco miembros resolvieron por unanimidad considerarlo "de sumo interés" aunque "sujeto a las normas departamentales y nacionales correspondientes" y "condicionado asegurando el libre acceso a la playa mediante sesión de franja".

La opinión del municipio no es vinculante y el que tiene la última palabra a la hora de otorgar los permisos de construcción es del ejecutivo departamental. El alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, aún comparte esa opinión, siempre y cuando el proyecto cumpla con la normativa. "Una guardería náutica y una rampa de acceso para pequeñas embarcaciones, con un ordenamiento de la situación traería aparejado una mejora para el turismo náutico y para la pesca artesanal, que es de interés nacional", sostuvo.

11

Viviendas irregulares contó la Subprefectura de Piriápolis en la costa de Playa Grande en octubre de 2016. En ellas viven 17 adultos y 15 menores en forma permanente, pero a menudo hay otros habitantes que están allí de paso.

14

Barcas de pesca artesanal están desperdigadas en esa zona, pero solo ocho se hacen a la mar actualmente y cuentan con los permisos y certificados requeridos por la Armada y Dinara. La pesca ha disminuido mucho allí, aseguran.

4

Padrones rurales figuran en el mapa público de la Dirección de Catastro. Sin embargo, el dueño del más grande asegura que contrató a un ingeniero agrimensor para medir su terreno y que no coincide con el trazado oficial.

500

Pesos al año paga de contribución inmobiliaria el dueño del padrón más amplio, de unos 23.000 metros. Pidió la recategorización a urbano para construir, pero le fue negada. Si el padrón fuera urbano, pagaría unos $ 100 mil.

PAULA BARQUET

CONFLICTO EN LA ARENAPAULA BARQUET