RADIOGRAFÍA DE LA SUPREMA CORTE

Una Corte que se volvió protagonista

Pronto se deberán reemplazar los cargos de dos ministros del organismo más alto de la Justicia y se manejan varios candidatos. La elección recibe cada vez más atención y debate, pero ¿cuánta importancia política tiene y cuáles han sido sus decisiones más notorias?

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Suprema Corte de Justicia. Foto: Francisco Flores

Hay un asiento libre en la Suprema Corte de Justicia, y pronto serán dos. Los legisladores no solo están debatiendo en estos días quién será el reemplazo del doctor Jorge Larrieux, quien hasta hace poco era uno de los cinco ministros de la Corte. Discuten además otro cambio, que será la vacante del actual ministro Ricardo Pérez Manrique, quien pasará a retiro en mayo al cumplir 70 años.

Las especulaciones sobre los potenciales candidatos llevan ya algunos meses. Los que tienen más antigüedad fueron los primeros en aparecer en la discusión, ya que si los parlamentarios no votan a una persona antes del 26 de febrero, pasará a ocupar el cargo el ministro de Tribunal de Apelaciones con más años de experiencia. Hoy, Eduardo Turell es el primero en la lista: si no hay un acuerdo entre los legisladores, será designado.

Sin embargo, el avance de las negociaciones entre los partidos es en gran parte un misterio y la reserva que mantienen evita conocer con claridad quiénes son los nombres y qué está en juego a la hora de acordar. Incluso en estos días, el semanario Brecha publicó el nombre de una posible candidata, la docente y ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Laboral Rosina Rossi.

El historial, prestigio y las posturas de los jueces que van a ocupar el cargo máximo dentro del Poder Judicial se han vuelto cada vez más importantes para el sistema político. A Rossi, por ejemplo, la apoya el MPP porque considera que tiene perfil para "defender a los trabajadores".

El cargo de ministro de la SCJ, que bien podría percibirse como técnico y otorgarse por mérito, es también político. Las posturas de los jueces son bien importantes para los legisladores a la hora de elegir: más adelante pueden ser decisivas para la aplicación de sus leyes.

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De "complaciente" a polémica.

Los ministros Felipe Hounie y Elena Martínez se saludan en el ascensor del primer piso del Palacio Piria. Ella lo despide apodándolo "Feli" y él le responde con una sonrisa. Acaban de terminar la sesión de acuerdo, esa que celebran los cinco —ahora cuatro— ministros cada lunes, miércoles y jueves. "Nos llevamos muy bien y tenemos absoluta naturalidad en el trato. Nada de solemnidad, pomposidad ni formalidad", cuenta Martínez. En el caso de Hounie, además, los une una amistad de muchos años, que se remonta a sus épocas de formación como jueces.

Si bien a la hora de sentarse en la mesa a discutir hay formalidades que se respetan, como el orden de los asientos o los turnos para firmar —que son por antigüedad— el trato entre ellos es "de che", dice Martínez. Esto es nuevo, cuenta el otro ministro, Ricardo Pérez Manrique, quien acaba de dejar la presidencia del organismo. Él, que fue secretario de la SCJ entre los años 1992 y 2000, sabe que la suya es una Corte mucho más descontracturada, con menos formalismos de los que el imaginario colectivo podría considerar típicos de la cúpula del Poder Judicial.

Y no solo en lo cotidiano ha cambiado. "Nosotros tuvimos históricamente una Corte muy complaciente con el sistema político, que no declaraba prácticamente inconstitucionalidades, en especial si las leyes eran importantes", dice el abogado constitucionalista Martín Risso. En los últimos años la SCJ ha tomado decisiones que han causado "molestia" en el oficialismo y que han obligado a modificar algunos de sus proyectos clave, desde el IRPF para los pasivos hasta la Ley de Caducidad, porque si bien las inconstitucionalidades aplican al caso concreto, un número importante de recursos con fallos a favor pueden dar razón a una revisión. Las decisiones de la Corte al respecto del IRPF fueron lo que los especialistas han descrito como un "crujimiento" de la relación entre la SCJ y el gobierno.

Desde el gobierno, dice Risso, los dictámenes pueden verse como palos en la rueda. Desde la ciudadanía, como algo positivo, que protege los derechos humanos. El constitucionalista entiende que hay un ciclo en la relación entre el Poder Judicial y el gobierno, y que funciona en forma de péndulo. "Hay momentos en que la Corte se retrae, controla menos y el sistema político avanza. En otros controla más y el sistema político se cuida más".

El experto entiende que en este momento el péndulo está en el centro, aunque se inclina hacia menos controles. A pesar de considerar que la Corte de los últimos 10 años (con sus diferentes integraciones) ha sido menos complaciente, también le objeta cierta "timidez", al dejar pasar inconstitucionalidades. Por ejemplo, una parte de la ley que unifica las patentes, o algunos artículos de la Ley de Medios.

La Corte de los últimos cinco años es más moderna, dicen los expertos. Consagra derechos de segunda generación, citan autores de nuevas corrientes del Derecho y tiene una comunicación más fluida con la población. Pérez Manrique se destaca, al igual que el recién nombrado presidente, Jorge Chediak, por sus apariciones en los medios. Martínez y Hounie, en tanto, por mantener perfil bajo y evitar entrevistas.

A Pérez Manrique lo han llamado desde el exterior para pedirle que hable sobre las sentencias de inconstitucionalidad de la Ley de Medios. El ministro se enorgullece. Habla de los fallos de la Corte que han recurrido a tratados internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una novedad. "Me voy conforme con lo hecho", se anticipa.

Gianella Bardazano, docente grado cuatro de Filosofía del Derecho en la UdelaR e integrante de Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay), explica que la Corte recurre cada vez más a interpretaciones de una corriente de autores llamados neoconstitucionalistas. Estos admiten que los derechos establecidos por la Constitución, por su lenguaje amplio, se pueden leer desde diferentes posturas y por lo tanto un juez o ministro más conservador puede considerar que el alcance de un derecho es más limitado que uno liberal, por ejemplo.

Esta postura, indica, es escéptica sobre el poder político porque entiende que hay algunos límites de los derechos que solamente los puede determinar un juez. Esto se puede ver en las sentencias de inconstitucionalidad.

Antes de que terminara el año hubo una sentencia que algunos especialistas, incluso Pérez Manrique, destacan como de las más relevantes. A través de un fallo sobre la inconstitucionalidad de parte de la ley que limitaba el otorgamiento de medicamentos de alto costo por parte del Estado, la Corte reconoció el derecho, para un caso concreto, a obtenerlos.

El paciente podrá, entonces, acceder al medicamento aunque sea por unos meses, hasta que el Ministerio de Salud realice su apelación. Esos meses, dice Juan Ceretta, abogado que dirige el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y que se ha convertido en un abanderado del tema, son fundamentales. Si el paciente necesita realizarse un tratamiento de poco tiempo o si precisa adquirir un equipo caro y la Corte falló a su favor, poco importa lo que se apele, dado que para ese entonces ya habrá resuelto su necesidad.

"Esta sentencia no era esperable hace 10 años", dice Ceretta, quien la considera revolucionaria. Los derechos a la salud, a la educación o a la vivienda son aquellos conocidos como de segunda generación. El gran paso es que la Corte abrió la puerta a que en el futuro surjan sentencias en estas áreas, no solamente enfocadas en temas civiles o políticos.

¿Se puede decir que la Corte enfrenta al gobierno entonces? La ministra Martínez opina que no: "Lo que la Corte tiene que hacer es aplicar la Constitución. Lo que puede suceder es que al gobierno no le guste, pero la Corte no enfrenta al gobierno, no tiene poder para hacerlo".

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Un cargo negociado.

Para Martínez no hay dudas. El cargo de ministro de la SCJ es político. No partidario, aclara, pero sí con respecto al "gobierno de los hombres".

Pérez Manrique recuerda su propia designación como un caso bisagra. Tras unos 20 años en que los cargos se llenaron por antigüedad, su elección fue acordada entre los partidos. "Creo que ha habido un cambio de actitud del sistema político", dice. Incluso desde la sociedad civil se está reclamando que se transparente el proceso de elección, lo que apoya la tesis de algunos especialistas sobre una mayor trascendencia de las elecciones.

"Me parece que hay actores de la sociedad civil, militantes u organizaciones que empiezan a darse cuenta de que los cambios de opinión de la Corte en relación a un mismo tema con alta sensibilidad pasan por cambios en su integración. Creo que empiezan a hacerles llegar la presión a los legisladores de que no pueden poner a cualquiera", opina Bardazano. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con la inconstitucionalidad del IRPF a los pasivos, cuando tras el retiro de la ministra Sara Bossio en 2007 cambiaron los equilibrios de la Corte y pasó a considerarse constitucional en los casos posteriores.

De todas formas, no todos afilian a esta teoría. El abogado y catedrático de Derecho Constitucional de la UdelaR Ruben Correa Freitas recuerda que la designación siempre fue un tema complejo. "Antes de 1977 la Suprema Corte pasó muchos años desintegrada porque los políticos no se ponían de acuerdo". Luego se incorporó la designación automática, para evitar las vacantes por largos períodos. Igualmente, Correa Freitas destaca que en los últimos tiempos hubo más negociaciones políticas por estos cargos.

Son varias las organizaciones que ahora reclaman cambios en la forma de elegir a los ministros. Lo que piden es que se transparente el proceso y que la opinión pública pueda conocer por anticipado quiénes son los candidatos.

Ya en octubre de 2014 se presentó una petición firmada por 130 organizaciones civiles, pero desde la fecha el sistema se mantuvo. También el Colegio de Abogados había presentado un proyecto en la misma línea. Sin embargo, por ahora no se le ha dado mayor debate al tema.

Lo que exigen las organizaciones son criterios pautados de antemano para la elección y que se haga saber a la opinión pública de los alcances de los acuerdos que se llevan adelante. Además, proponen la realización de audiencias públicas en las que se permita impugnar candidatos o expresar apoyo, así como conocer sus opiniones en temas importantes.

Tanto Pérez Manrique como Martínez manifestaron para este informe estar de acuerdo con la necesidad de discutir el proceso. Martínez considera que las audiencias públicas serían viables siempre y cuando no se comprometa la opinión de los candidatos que más adelante pudieran repercutir en los casos concretos. Si un ministro debe adelantar su postura sobre, por ejemplo, el aborto, sus juicios futuros pueden quedar comprometidos.

Lo que se viene.

Este miércoles ocurrió un episodio histórico. Por primera vez desde la década de 1930 un ministro de la Corte asumió una tercera presidencia del organismo. En su discurso, Jorge Chediak se centró en la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), una reforma que redefinirá la forma en que se juzgan los delitos. Pidió que no se esperen milagros de un nuevo código y advirtió que se necesitará un tiempo para implementarlo, por lo que es posible que presente problemas en sus inicios.

El otro tema que mencionó tiene que ver con los salarios de los jueces y funcionarios. Este año espera darle un "final digno" al conflicto salarial que afecta al Poder Judicial desde 2010. Chediak indicó que los jueces, fiscales y defensores ya aceptaron un acuerdo que establece las condiciones del aumento y que quedan pendientes los funcionarios y actuarios a quienes el gobierno ya realizó una propuesta. La implementación exitosa del CPP depende en gran parte de que se solucione este conflicto.

Chediak no habló de inconstitucionalidades en su asunción, dado que no son muchos los casos relevantes que la SCJ tiene en el horizonte. Entre los asuntos que la Corte deberá analizar este año, los especialistas creen que podría haber nuevos recursos por los impuestos a las pasividades. Quizás los motivos de enfrentamiento con el gobierno este año no sean por casos de posibles inconstitucionalidades. De todas formas, la Corte ya consolidó un mayor protagonismo político.

"En casos de abuso no puedo pensar en la gracia".

Entre los cinco candidatos que han trascendido para reemplazar a Jorge Larrieux en la Suprema Corte de Justicia hay cuatro mujeres. Si el cargo fuera para una jueza o ministra ocurriría algo histórico, ya que nunca en la historia del país hubo dos mujeres en la SCJ. ¿Se trata de una iniciativa para tener más cargos femeninos?

Elena Martínez explica, tal como dijo en entrevista con Búsqueda en diciembre de este año, que desde hace décadas hay una amplia mayoría de los cargos en el Poder Judicial que están ocupados por mujeres y que los cambios van dándose por escalafones. A medida que más mujeres deciden ser juezas van ascendiendo en sus cargos y lo que se ve ahora es la consecuencia de años de trayectoria de muchas que, finalmente, acceden a cargos altos. Será algo natural, opina, que cada vez haya más lugares en los tribunales de apelaciones ocupados por mujeres.

Actualmente, 70% de los cargos del Poder Judicial son ocupados por mujeres. La mayoría son cargos administrativos, auxiliares y "no jueces o juezas", según datos publicados por Inmujeres en "El lugar de las mujeres uruguayas en la toma de decisiones".

Es muy posible incluso, dice Martínez, que la SCJ ya no esté conformada por hombres en el futuro. "Yo soy docente de la facultad y en las clases de hoy son absolutamente predominantes las mujeres. Si me preguntan por qué sucedió esto, no lo sé", indica.

La ministra cree que no habría mayor diferencia si los cinco cargos fueran ocupados por ministras, aunque reconoce en sí misma una característica que la distingue muchas veces de sus colegas hombres.

"Las mujeres tenemos una tendencia a ser mucho menos contemplativas, a juzgar con mucha más severidad los delitos sexuales o de abuso, y ni que hablar de la violencia de género", dice. "Yo en los casos de abuso sexual en niños no puedo ni pensar en la gracia, que es esa facultad de la Corte para poder dejar en libertad a ciertas personas. No se me pasa por la mente permitir que salgan en libertad".

Considera que esto último es una característica cultural del género, pero afirma que una Corte mayoritariamente femenina debería apartarse de este tipo de motivaciones para regirse por consideraciones técnicas.

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