Unas 30.000 personas aseguran que la reforma de la seguridad social de 1995 las perjudicó. Sus jubilaciones serán hasta de un 30% menos de lo que les correspondería por sus aportes. Luego de dos años de movilizaciones, el gobierno anunció que tiene una fórmula que parecería dejar a todos tranquilos (o casi).

La semana pasada, un grupo de cincuentones cuyas jubilaciones se verían afectadas debido al ingreso en el régimen mixto lloraron, aplaudieron y vitorearon a Tabaré Vázquez. No eran más de 100, pero representan a un colectivo de al menos 30.000. Unos meses atrás, en Fray Bentos, el presidente les había dicho que en el primer semestre del año se iba a buscar una solución a su reclamo y el lunes, tras reunirse en Consejo de Ministros, les comunicó que en un lapso de 15 días se redactará un proyecto de ley que luego será analizado en el Parlamento. "Ustedes tendrán la oportunidad y libertad de elegir si permanecen en las AFAP o si pasan al BPS", les dijo.

Adriana Menyou, una de las principales voceras de este colectivo y la creadora del grupo de Facebook que reúne a más de 21.200 de ellos, había esperado dos años para escuchar esta promesa. "Yo estaba plenamente confiada en la palabra del presidente. Sabía que este trabajo de hormiga que hicimos iba a ser atendido porque lo que nos pasó a nosotros fue una injusticia", dice.

La de los cincuentones es una historia entreverada, de esas en las que las fechas de nacimiento de los protagonistas son determinantes, pero no es un tema estrictamente generacional: afecta solo a algunos de los 200.000 empleados que tienen entre 50 y 60 años y están afiliados a las AFAP. Entre los trabajadores que vivieron de cerca la reforma de la seguridad social en 1995 había tres grupos: unos que estaban a punto de jubilarse, otros que al 1° de abril de 1996 (fecha que estableció como punto de partida) tenían entre 40 y 60 años, y por último los más jóvenes: aquellos que no habían cumplido 40. En esta franja estaban los cincuentones que hoy, 20 años después, reclaman que los cálculos de sus pasividades no son congruentes con los aportes que realizaron a lo largo de su vida laboral.

La reforma estableció que los del primer grupo se jubilaran de acuerdo al régimen antiguo. Los del segundo, en tanto, serían amparados por un régimen de transición, creado por esta ley, que los mantendría en el sistema de reparto gestionado por el Banco de Previsión Social (BPS). Y los del tercer grupo serían las primeras generaciones en ingresar al régimen mixto, que incorporó al sistema de reparto tradicional la novedad del ahorro individual. Serían los primeros en tener dos jubilaciones: una administrada por el BPS y otra por las AFAP.

De esta manera, a partir del 1° de abril de 1996 todos los menores de 40 años que ganaban un sueldo superior a $ 5.000 nominales ($ 48.953 actuales) fueron obligados a afiliarse a las AFAP. Estas administradoras abrieron una cuenta a nombre de cada afiliado y, al igual que hacen los bancos, invirtieron sus ahorros para obtener una rentabilidad estimada en el entorno del 4% anual. Las ganancias que fueran surgiendo de estas inversiones serían repartidas entre los ahorristas.

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Para varios trabajadores fue cuestión de días quedar atados a un régimen u otro. Al empleado municipal Rubens De León le faltaba menos de una semana para festejar los 40. Como cumplía con las dos condiciones requeridas para ingresar al régimen mixto —edad y monto de sueldo—, el 15% que mes a mes se le descontaba del salario para seguridad social comenzó a repartirse entre el BPS y la AFAP. Los Rubens de esa época escucharon promesas de que gracias a este sistema en vez de una iban a tener dos jubilaciones y que el retiro sería mucho más beneficioso que el sueldo que cobraban en actividad: el ahorro sería tan bueno que los jubilados tendrían dinero "para visitar la Luna". "Esto traían escrito los folletos que nos daban los promotores. Yo todavía los tengo guardados, ¿te das cuenta?", dice ahora, 20 años después, a punto de jubilarse y angustiado por lo que le dijeron que va a cobrar.

Se calcula que entre 20.000 y 40.000 cincuentones están en la misma situación que Rubens, con un estimativo de jubilación entre 20 y 30% más bajo que lo que cobran sus colegas jubilados por el régimen de transición, es decir, únicamente aportando al BPS. "La injusticia de la situación surge porque los dos realizamos los mismos aportes pero vamos a cobrar jubilaciones distintas", explica Rubens.

La respuesta tiene varias partes. Para que este diseño de sistema previsional sea sustentable, se necesita un ahorro de entre 30 y 35 años en las AFAP, y 35 años de aportes en el BPS. Pero, como el BPS estaba casi fundido antes de la reforma, los aportes previos a 1996 no se trasladaron a las AFAP, por lo tanto los cincuentones comenzaron a ahorrar tarde y desde cero.

La reforma de 1995 aplicó algunos incentivos para atrasar la edad de jubilación de 60 a 65 años. Pero después, en 2008, una nueva reforma permitió la elección del retiro con 30 años de servicio y 60 años de edad. Hoy los expertos consideran que estos cambios de parámetros afectaron las previsiones hechas en 1996 y perjudicaron a los cincuentones.

Hay una postura que asegura que si estas personas difirieran la edad de retiro a los 65 años y sumaran 35 años de aportes, alcanzarían una remuneración justa. En ese caso, el BPS podría incrementar la tasa de reemplazo —porcentaje que se aplica sobre los 20 mejores años laborales para calcular una jubilación— del 45% al 60%. Además, incrementarían su ahorro en las AFAP. Igual, los cincuentones dicen que incluso esperando los números no cierran.

Otro elemento que explica el reclamo es que las pasividades más altas de los jubilados en el régimen de transición rondan los $ 60.000, cuando lo máximo a lo que podrían aspirar los cincuentones en el régimen mixto (y jubilándose a los 60, con 30 años de trabajo) es $ 22.028. Esto se debe a que el BPS, buscando poner en orden sus finanzas, topeó el aporte jubilatorio en $ 48.953 (los famosos $ 5.000 de la época). El tope se aplicó a toda la vida laboral de estos empleados, incluso a los años trabajados antes de 1996, ignorando así los aportes reales que realizaron en el pasado.

Ramón Ruiz, integrante del directorio del BPS en representación de los trabajadores, dice que el tope fue establecido por ley y no es un error de interpretación del artículo 27 de la 16.713, como dicen otros: "El Pit-Cnt lo advirtió hace 20 años", agrega.

Pasando en limpio, los cincuentones como Rubens De León y Adriana Menyou hicieron los mismos aportes que sus colegas mayores, que recibían el mismo sueldo que ellos, pero al jubilarse por el régimen mixto sus jubilaciones son entre un 20 y un 30% más bajas que las de los otros.

Hace un año, el diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un proyecto para contabilizar el 100% de los aportes y el directorio del BPS, en la misma línea, aprobó una propuesta para cambiar la redacción de la ley, pero nunca fue tenida en cuenta.

En 2014 el gobierno aprobó una nueva ley para dar la posibilidad de desafiliarse de las AFAP a aquellos trabajadores de entre 40 y 50 años que lo habían hecho de forma voluntaria. Durante dos años podrían asesorarse con el BPS para saber si les convenía continuar ahorrando bajo ese régimen o si era más beneficioso para ellos dar marcha atrás y mantener una única jubilación en el sistema tradicional. Al final, solo el 20% prefirió desafiliarse y las AFAP transfirieron los ahorros correspondientes al BPS.

El anteproyecto redactado por el Pit-Cnt hace un par de meses —cuya propuesta coincide con el anuncio que hizo Váz-quez—, propone una metodología similar. En caso de aprobarse, los cincuentones tendrán dos años para entrevistarse en el BPS, recibir sus cálculos de jubilación y optar entre un régimen u otro. "Resolver todos los factores que perjudican a los cincuentones no es la solución porque cada caso es distinto. Por eso es imprescindible analizar qué opción es la más conveniente", dice Ruiz. El diputado Rodríguez considera que sería mejor tomar esta decisión cuando se esté a punto de la edad de retiro y no antes, ya que la situación laboral podría mejorar o cambiar en los cinco o hasta 10 años de vida activa que aún les quedan a los implicados.

Gastón Mantero, 58 años, vendedor, se enteró de la mala noticia durante una de aquellas reuniones con el BPS en 2014. Mantero es uno de los cincuentones que, tras toparse con esta sorpresa, buscó aliados y se integró a un colectivo que se creó en Facebook. El grupo tiene 21.200 integrantes, y miles contrataron los servicios del abogado Hoenir Sarthou para encontrar una solución legal. Sarthou presentó 8.000 reclamos de inconstitucionalidad, pero hace un mes la Suprema Corte falló en contra.

En esos recursos "se planteaba que la ley hacía una discriminación injusta con las personas que tienen entre 50 y 60 años con respecto a los que son mayores y se están jubilando por el sistema de transición, y también respecto a los que en unas décadas se jubilarán por el régimen mixto, ya que habiendo ahorrado toda la vida laboral tendrán una situación más beneficiosa", explica el abogado.

Entre los cincuentones patrocinados por Sarthou hay unos 2.000 que fueron obligados a jubilarse por el tipo de tarea que desempañaban (docentes, empleados con tareas insalubres) y demandaron al Estado una reparación económica. De no ser comprendidos en la futura ley, probablemente retomarán este reclamo.

Confiado en que esta también es una cuestión política, Sarthou les advirtió a los cincuentones que para evitar que las denuncias quedaran olvidadas en los cajones de la Corte, su reclamo debía hacerse público. "Hicimos un pacto y ellos cumplieron", dice. Durante dos años fueron un dolor de cabeza para Tabaré Vázquez. Realizaron entre una y dos movilizaciones por mes. Desde el gobierno se dijo que el tema no estaba en la agenda, que no había fondos, que era una situación heredada de una reforma que el Frente Amplio no había votado; en definitiva, que no era su culpa y que arreglarlo le implicaría al Estado un dinero que había que estar dispuestos a financiar. Rodríguez, el diputado colorado, opina que fue la constancia de este grupo la que comenzó a torcerle el brazo al presidente.

Si sale la ley, las AFAP deberán transferirle al BPS unos US$ 1.600 millones que corresponden al ahorro de los 30.000 que —estiman— optarán por el cambio de régimen. Esto, dicen, no implicará inconvenientes en sus gestiones, ya que cada año reciben un número similar de nuevos afiliados. Luis Costa, el presidente de República AFAP, cree que solo a uno de cada siete afiliados le va a servir el cambio: "Son aquellos cincuentones con jubilaciones altas, los mismos que se vieron perjudicados por el tope que aplicó el BPS desde 1996", dijo.

Pero, aunque recibiera esos ahorros, ¿cuánto le costaría al Estado este cambio de régimen? El pronóstico dice que el capital que transferirán las administradoras de fondos solo alcanzará para costear 10 años. Según las AFAP, el BPS deberá cubrir la brecha de pasividades por un período de tiempo adicional que en el caso de los hombres se estima en nueve años de vida y en las mujeres en 14. Esto último significará el desembolso de unos US$ 2.600 millones.

El jueves, durante su comparecencia a la comisión de Presupuesto de Diputados, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que se realizará "una propuesta concreta acerca de cuáles son las características para llevar a la práctica la trayectoria del camino que propuso el presidente". En un panorama en el que el déficit del BPS viene incrementándose de forma alarmante, la situación puntual de un grupo perjudicado sirvió para advertir sobre un debate postergado. El lunes pasado Vázquez también anunció que solicitó un informe completo sobre la situación de la seguridad social en el país. "Este gobierno quiere analizar el tema con seriedad y responsabilidad con vistas hacia el futuro", dijo, quizás para evitar otras injusticias, otros cincuentones y más dolores de cabeza.

Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, dice que el problema de los cincuentones tiene que "descontaminarse de ideologías porque muchos están diciendo que esto es una prueba de que el régimen mixto perjudica a los trabajadores y no es verdad". El diputado aclara que el reclamo del grupo surge a partir de una imperfección de la reforma: "Es un error de diseño, pero que en nada anula la importancia de lo que hizo el sistema en su globalidad, porque el BPS era un caos y la reforma era absolutamente necesaria".

MARIÁNGEL SOLOMITA

EL GRUPO CASTIGADOMARIÁNGEL SOLOMITA