La familia de una mujer que murió en el parto por error médico en un hospital; un preso que cumplió prisión por un delito pero luego no fue condenado por la Justicia; una empresa a la que el Estado le revocó un permiso por el que prestaba un servicio y sostiene que eso le ocasionó un daño patrimonial; reclamos salariales de funcionarios que consideran se les retacean sus derechos laborales.

Todos son ejemplos de juicios que enfrenta el Estado y por los que salen de sus arcas millones de dólares, pero se desconoce la cifra global de cuánto se paga así como la cantidad de demandas en trámite.

Aunque el gobierno lleva 10 años intentando conocer ese dato, el tema es mucho más viejo. Hace casi 70 años que Uruguay procura elaborar un proyecto de abogacía del Estado para contar con una oficina que centralice la defensa de los intereses de la administración.

El primero data de 1946. En esa época el fiscal de Corte Meliton Romero ya se refería a "la necesidad impostergable de modificar el régimen actual", al cual calificaba de "funesto, deplorable, verdadera aberración, anómalo, muy inconveniente", según reseña un informe sobre el tema del profesor de Filosofía y Teoría del Derecho, Óscar Sarlo, al que accedió El País.

Dos años después, su sucesor Aníbal Abadie Santos presentó otro proyecto para contrarrestar "la completa desatención por parte de los poderes públicos" de la defensa del Estado.

Un nuevo intento se dio en 1963, durante el primer gobierno del Partido Nacional. El proyecto del fiscal de Corte Guido Berro Oribe creaba la ley orgánica de la Abogacía del Estado como institución encargada de la representación y la asistencia en juicio y el asesoramiento jurídico del Estado en materia administrativa, que dependía del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

En el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1991) el Poder Ejecutivo remitió al Senado un nuevo proyecto que tampoco llegó a buen puerto.

Durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, frente a importantes juicios como el de los guardahilos de Antel, a quienes el Estado debió reconocer la relación de dependencia con el ente, se volvió a poner atención en el tema. En la ley de presupuesto 17.930 de 2005 se creó la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, que incluyó entre sus cometidos la Defensoría del Estado, y a la que se le encargó la tarea de realizar un relevamiento de la situación litigiosa.

Los datos recogidos en 2010 se limitaron a la administración central, y arrojaron que en los ministerios el 23% de los juicios que se tramitaban en ese momento eran contra el Estado, el 70% eran demandas iniciadas por el Estado contra los particulares, y el restante 7% se tramitaba ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde se ratifican o anulan resoluciones administrativas.

En 2013 el presidente José Mujica se encargó de terminar con la tarea de contabilizar los juicios estatales. En junio de ese año el entonces secretario de la Presidencia Homero Guerrero, dijo que esa administración había pagado aproximadamente unos US$ 40 millones en indemnizaciones. Según esos datos, en 2010 se pagaron unos US$ 13 millones, en 2011 US$ 14 millones y en 2012 US$ 11 millones, solo a nivel de ministerios y Presidencia.

Concluido el gobierno de Mujica, el encargo no se cumplió. En septiembre de 2014 el director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, Pablo Maqueira, declaró a El País que estaba casi pronto un proyecto de decreto para que se reglamentara la norma legal que obliga a cada organismo a derivar la información jurídica a la dirección. En esa oportunidad Maqueira dijo que no lo habían conseguido porque había "recelo" en los organismos a entregar la información.

Esta semana el jerarca explicó a El País que no se ha avanzado ni en la redacción del decreto ni en el software que se sigue desarrollando desde el Ministerio de Educación y Cultura.

Consultado sobre la cifra que dio Guerrero, Maqueira dijo desconocerla: "No tengo esa cifra, no sé si existe en algún lugar, en este momento no es la función de la oficina. El registro se podrá llevar cuando estén prontos el software y el decreto. Podrán darnos una serie de datos".

Entre los proyectos de ley que el Ejecutivo envió al Parlamento al asumir Vázquez, se incluyó uno que convierte a la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales en un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo que dependerá de la Secretaría de la Presidencia. Maqueira afirmó al respecto que espera que "la abogacía del Estado tome otra fuerza con la nueva organización".

Sin embargo, el secretario de la Presidencia Miguel Toma dijo a El País que el tema no está bajo la órbita de su oficina y que desconoce cuál es el objetivo de la ley.

El pleito por la estación central de AFE —finalmente ganado por el Estado— en el que el propietario de ese terreno le exigía US$ 1.000 millones por no haberle entregado los bienes en tiempo y forma, llevó a Mujica a referirse a algunos abogados como "picapleitos que viven parasitando a costillas del Estado".

Juristas expertos en el tema coinciden en que "hay estudios profesionales que se dedican a organizar y promover acciones contra el Estado, pues se han especializado en detectar sus debilidades", explica el profesor Sarlo en su investigación "Abogacía del Estado y responsabilidad de los funcionarios".

Entre esas debilidades, Sarlo menciona la lentitud para tomar decisiones, así como la existencia de abogados inexperientes, con escasa información, y desestimulados en el Estado, "pudiendo llegar a la abierta connivencia o conjunción de intereses".

A su vez, señala que muchas veces los propios organismos estatales "adoptan decisiones ilegales a sabiendas de que luego el interesado podrá reclamar por indemnización".

Por ese motivo, Sarlo plantea que los abogados estatales deberían tener dedicación exclusiva y una carrera profesional bien retribuida, "con concursos exigentes y con incentivos para su renovación".

De hecho, a pesar de contar con más de mil abogados en las asesorías letradas de los organismos, el Estado termina contratando estudios externos para defender sus intereses en juicios importantes.

Asimismo, Sarlo sostiene que quienes no ejerzan debidamente la defensa de los intereses estatales "deberán resarcir el daño causado". A su juicio, no hacerlo "constituye una forma de impunidad". El artículo 25 de la Constitución establece que "cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos", es decir, reclamarle al funcionario.

Esto prácticamente no se ha aplicado, salvo en el caso del Poder Judicial que en septiembre de 2010 resolvió repetir contra el exjuez laboral Nelson Fernández, que había provocado una sentencia errónea por culpa grave. La Suprema Corte de Justicia le reclamó US$ 70.000 a Fernández (ya jubilado) por una condena errónea que motivó un reclamo contra el Estado por el mismo monto por parte de empresas pesqueras que se vieron perjudicadas por el fallo del magistrado.

Los datos sobre juicios al Estado relevados en 2010 arrojaron que el Ministerio de Economía y Finanzas era en ese momento el más demandado (con 489 juicios), seguido del Ministerio del Interior (385), Ministerio de Salud Pública (358) y Ministerio de Defensa (316). En Economía la mayoría de los juicios provienen de la DGI.

En ese organismo hay 78 abogados a los que se les exige exclusividad y cobran salarios que van de $ 53.853 hasta $ 138.893 (sueldo de 3 abogados en el más alto escalafón). A su vez, desde que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pasó a ser un servicio descentralizado con los hospitales a su cargo en 2008, se coronó como la de mayor cantidad de demandas por temas vinculados a la asistencia.

ASSE tiene 15 abogados litigantes que cobran $ 60.000. El MSP mantiene cinco abogados que tramitan los juicios de amparo por entrega de medicamentos de alto costo y cobran $ 40.000.

Demanda del Poder Judicial al Ejecutivo. Es el mayor juicio que enfrenta el Estado. Desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia hasta los funcionarios del escalafón más bajo reclaman al gobierno un aumento salarial desde 2011 a la fecha.

En primera instancia el Estado perdió el juicio y debe pagar el incremento, aunque no está claro a cuánto ascenderá la deuda. Según una estimación del gobierno de José Mujica, el monto final a pagar asciende a US$ 60 millones anuales. Sin embargo, el Poder Judicial entiende que la deuda es de US$ 30 millones anuales. El juicio podría derivar en otro pleito contra el Estado, en este caso contra el Parlamento.

El dirigente de la Asociación de Funcionarios Judiciales Gustavo Signorele dijo a El País semanas atrás: “(La Justicia) ha determinado no solamente que teníamos razón sino también que hubo una irresponsabilidad del Poder Legislativo importante”. La sentencia que les dio la razón a los trabajadores se basa en que leyes inconstitucionales les quitaron el derecho que les correspondía.

Philip Morris. El otro mega juicio que enfrenta el gobierno de Tabaré Vázquez es el iniciado por la tabacalera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. Philip Morris le reclama al gobierno US$ 25 millones por los “perjuicios causados a la empresa” con las medidas adoptadas contra el tabaquismo.

El año pasado, en plena campaña, Vázquez se reunió con José Mujica para manifestarle su disconformidad con la defensa que el Estado venía haciendo por algunos errores que se habían cometido. Uno de ellos fue que se planteó que el Ciadi no era competente en base al tratado de inversiones, que establece que para poder iniciar una instancia arbitral se debe agotar la vía de la Justicia local antes.

La contraparte le hizo notar a Uruguay que esa ley no estaba vigente. Por otra parte, en marzo pasado Uruguay obtuvo un triunfo ya que el tribunal que entiende en el juicio aceptó el pedido de Uruguay para que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) testifique.

ASSE Y LA DGI, LAS OFICINAS QUE TIENEN MÁS JUICIOSNATALIA ROBA