Al impulso del gobierno por universalizar el acceso al sistema financiero le surgió un imprevisto: la campaña de un grupo de "miles" de pequeños comerciantes, jubilados y jornaleros que se resisten a asumir las nuevas reglas del juego y planean dar batalla para volver atrás.

Bajo las consignas de la libertad y la defensa de la privacidad, un grupo de ciudadanos se propuso conseguir 260.000 firmas: las necesarias para habilitar un referéndum que permita agregar a la Constitución un artículo prohibiendo la "bancarización obligatoria" que, según entienden, les impone la ley de inclusión financiera. En tanto, el abogado Gustavo Salle anunció ayer en Twitter que interpuso una "acción de inconstitucionalidad contra la ley de esclavitud bancaria".

Esta ley, que entró parcialmente en vigencia hace una semana, obliga a que todos los sueldos se paguen y cobren a través de instituciones financieras. Al momento, empleadas domésticas y trabajadores rurales están exentos. La ley también prohíbe el efectivo en transacciones de más de 40.000 UI (unos $ 146.000) y en compraventa de inmuebles —aunque este aspecto todavía no se está aplicando. Para quienes cobren en efectivo por servicios, el monto máximo será de 2000 UI (unos $ 7.300).

Las iniciativas contra la inclusión financiera, nucleadas por el movimiento No a la bancarización obligatoria y la Cámara de empresarios del este, van por carriles separados y tienen gente de todos los colores políticos, edades, rubros y departamentos del país. Así como hay comerciantes y proveedores, también figuran consumidores. Asalariados y empleadores. Y la lista de quejas es larga.

La primera palabra que resuena entre los indignados es "libertad". Molesta el carácter obligatorio de la ley y no se ve un motivo claro para ello. "Esta ley viola mis derechos de libertad y privacidad. Yo no tengo por qué dejar que papá Estado sepa absolutamente todo de mí", dice Nicolás Álvarez, referente del movimiento No a la bancarización obligatoria. También habla de la desconfianza en el sistema financiero: defiende su derecho a tener efectivo en caso de un nuevo corralito o caída de un banco.

Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y tal vez el principal impulsor de la ley, advierte que en caso del cierre de un banco está contemplado que este se haga cargo de lo depositado en las cuentas de sueldo, y de no poder hacerlo el propio banco la responsabilidad pasaría al Banco Central.

"No estamos en contra de la bancarización, no queremos volver a la edad de piedra. Estamos en contra de que sea obligatorio. Si yo quiero tener mi plata física es mi derecho", aclara Álvarez.

Muchos de los miembros de este movimiento hablan de "dictadura", "vigilancia" y hasta "esclavitud bancaria". Se oponen más allá de los problemas logísticos —co-mo por ejemplo, que se queden sin dinero los cajeros—: es un tema de principios. Ven esta ley como una vulneración de sus derechos y libertades personales con el fin de beneficiar al sistema financiero y de imponer un control total en la población. "Esto es como un Gran Hermano, el que quiere sabe exacto en qué gastas tu plata, tu nivel de vida. Se termina la privacidad", opina una agente inmobiliaria que prefirió mantener reserva.

La inclusión financiera, para algunos, también significa el principio del fin del efectivo, como tiende a suceder en muchos lugares del mundo donde su uso ya es cada vez menor. Se pierde el dinero suelto. "¿Cómo hacés para darle 20 pesos al cuidacoches?", se pregunta Jorge. "A toda la gente que pide la matás".

Vallcorba afirma que la ley para nada apunta a la eliminación total del efectivo. Si eso ocurriera en el futuro sería "porque es allí hacia donde va el mundo, como también dejamos atrás el trueque".

Aunque desde el gobierno se insista en que la inclusión financiera es sinónimo de comodidad, una de las quejas más presentes es, justamente, la incomodidad. Se reclama por la poca cantidad de puntos de extracción y las limitaciones que imponen los cajeros: solo entregan montos múltiplos de 100 (haciendo imposible sacar menos de esa cantidad), se cobra por retiro a partir de ocho veces por mes, y ocasionalmente falta efectivo en los cajeros.

Para otros, no es cuestión de derechos ni practicidad: es cuestión de costos. Tener un POS implica un gasto mensual y el uso de tarjetas conlleva una comisión. Quienes promueven la campaña en contra entienden que si una ley impulsa que todo el mundo tenga tarjeta de débito, esto podría verse como una imposición indirecta para los comercios de aceptarlas.

Para los jubilados las complicaciones eran previsibles. Un cambio tan radical en la forma de manejar los ahorros cuesta más para personas de edad avanzada. Además de la desconfianza en la tecnología, existe un esfuerzo mayor para la realización de trámites bancarios in situ. "¿Cuál era el problema de seguir cobrando por caja? Hablar con la persona que te paga todos los meses, encontrarte con gente en la fila. Así es más frío", dice Shirley, una de promotoras de esta campaña. "(El cajero) es inclinado, te tenés que agachar, no ves las letras bien", se queja Jorge, de 82 años. "Los cajeros de antes eran más fáciles".

Los jornaleros o gente que hace "changas" tendrán que cambiar su método y tiempos para pasar a cobrar semanal o mensualmente. Para el dueño de una panadería que suele pagar a sus empleados al final del día, esta ley le impide vincularse con sus empleados con la flexibilidad y familiaridad que acostumbra. Cree que los adelantos, pagos por el día, extras por necesidad y demás serán cosas difíciles de encajar en el nuevo modelo. "No es todo tan frío, en un comercio chico los obreros no son un número", dice.

La imposibilidad de cobrar por jornal afecta también al rubro del taxi. "Yo soy jornalero, no estoy acostumbrado a estar un mes, 15 días sin plata. Yo cobro todos los días en efectivo", se queja un taxista.

Otro enojo suscita la "obligación" de pagar electrónicamente, como en el caso de las estaciones de servicio durante la noche. "¿Y si me olvido de la tarjeta? ¿Y si no me funciona?", se queja una usuaria.

Vallcorba aclara que no es cierto que los comercios estén obligados a aceptar crédito y débito, queja frecuente por parte de pequeños comerciantes. Lo que sí sucede es que, al haberse multiplicado el uso de plásticos en los últimos años, es inconveniente para un comercio no hacerlo. Pero hacerlo tiene sus costos.

Para los comercios pequeños el gasto que implica la bancarización es más alto que para las grandes superficies. Además de la instalación del POS, las tarjetas les cobran más comisión a los pequeños y medianos comercios. Algunos POS —los más baratos— funcionan por línea telefónica, por lo que cada transacción es una llamada que llega en la factura de Antel. Por una compra de $ 1.000 puede resultar insignificante, pero a los quioscos, que acostumbran vender por montos pequeños, es un gasto considerable. Con el uso de plásticos cada vez más frecuente, la comisión de las tarjetas se vuelve una porción importante de ingresos, minimizando la ganancia. Según Vallcorba, la inclusión financiera no fomenta esta brecha sino que desde su implementación la ha minimizado mediante subsidios y acuerdos.

En el interior del país los puntos de extracción son menos. Hay quienes deben recorrer kilómetros para encontrar el cajero más cercano, que es compartido por más de un pueblo en algunos casos. En Montevideo hay más de 650 cajeros, mientras que en algunos departamentos (Artigas, Treinta y Tres, Tacuarembó, entre otros) no superan los 15. Lo que no es verdad, dice Vallcorba, es que los trabajadores rurales o quienes viven en localidades de menos de 2.000 habitantes estén obligados a cobrar por vía electrónica. No por ahora.

El asesor del MEF cree que aunque se logre anular la bancarización obligatoria, "en la práctica no va a cambiar nada". El dinero electrónico llegó para quedarse.

Para pedir un POS un comercio debe tener un número de teléfono habilitado, debe estar registrado en DGI y tener una tarjeta de RUT.

El POS no se compra, se alquila. El primer paso es llamar a uno de los proveedores, que se encarga de instalarlo y de ser necesario de hacer mantenimiento. Luego hay que contactarse individualmente con las financieras con las que se quiere trabajar (las tarjetas que ese comercio va a aceptar) para establecer un convenio. En algunos casos este trámite puede hacerse telefónicamente, en otros tan solo personalmente. El tercer paso consiste en recibir el POS y el manual de su uso. El costo de un POS varía según qué tipo de dispositivo sea. El que utiliza la línea telefónica (o sea, por cada transacción Antel cobra una llamada) cuesta $ 385 por mes. El que viene con un paquete de datos de Antel incluido cuesta $ 770, y otro similar pero con el POS inalámbrico tiene un costo de $ 941 por mes.

Existen, hasta el 2018, subsidios para el costo del arrendamiento del POS (70% de total del costo hasta el 31 de diciembre de 2017, y 40% hasta el 31 de diciembre del año que viene).

FERNANDA KOSAK

CONTRACORRIENTEFERNANDA KOSAK