Arrestos ciudadanos, casos de legítima defensa e incluso de justicia por mano propia, son reportados con frecuencia por la Policía en los partes que envía a los medios. Lo normal es que al menos semanalmente se dé cuenta de un hecho de estos. Por lo general se vinculan a arrebatos, hurtos y rapiñas.

El relato es similar en casi todos los casos. Ocurre el delito y la víctima (o un testigo) decide enfrentar al delincuente. Lo reduce en el acto, lo persigue o lo sorprende en la huida, para luego entregarlo a la Policía. Pero algunas variantes pueden transformar ese acto de ribetes heroicos en un gran dolor de cabeza.

La Justicia deberá evaluar elementos como la violencia empleada o las lesiones causadas. Así, lo que puede ser un simple reflejo al sentirse expuesto o agredido, o una cuestión de solidaridad ante el infortunio de un tercero, puede poner a la persona en una situación por demás comprometedora ante la ley, que es sumamente restrictiva en cuanto a las acciones que los civiles pueden emprender contra los delincuentes.

"La ley es concreta y clara. El arresto ciudadano sólo está permitido en los casos en los cuales hay delito flagrante, lo que implica detener a la persona en el momento en el cual está cometiendo el ilícito o en la instancia inmediatamente posterior al mismo", explicó a El País el juez penal José María Gómez.

El delito de lesiones personales es una de las posibilidades en las que puede derivar un arresto ciudadano por excesivo, aunque según advirtieron otros magistrados, también se puede caer en un delito por tener una respuesta débil: la omisión de asistencia. La ley es clara, pero los márgenes de acción son complejos.

Y si bien ese tipo de episodios presentan un largo historial en Uruguay, con el caso de Gustavo Volpe —el estudiante de 22 años asesinado en 1954 tras intentar detener a un hombre que había robado una cartera en el ómnibus— como mojón, distintos magistrados consultados entendieron que es peligroso avanzar en una espiral en la cual el "accionar civil" ocupe espacios propios de la Policía.

Hoy la violencia está instalada en niveles mucho mayores que los de la época de Volpe, y las cifras de delitos siguen en aumento: en 2014 los homicidios crecieron un 0,8%, las rapiñas 11% y los hurtos 4%, según datos del Ministerio del Interior. De esa forma, el fenómeno de los arrestos ciudadanos sigue presente, e incluso hay una cierta tendencia a que aumente, coincidieron varios de los jueces penales consultados al respecto.

Fuentes policiales, en tanto, dijeron que no disponen de una medición de ese tipo de situaciones, pero admitieron que hay una mayor "participación ciudadana" en la lucha contra el delito.

Ricardo Míguez, juez penal y presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo que hay que poner especial atención en el asunto. Afirmó que más allá de que los arrestos ciudadanos sean frecuentes, los mismos "conllevan varias circunstancias" que merecen ser atendidas.

"Hay que apreciar que la persona que procede en ese sentido está asumiendo un riesgo porque no tiene la preparación que tiene un policía, y puede fácilmente resultar lesionado al querer detener a un presunto delincuente", expresó en primer lugar el magistrado.

Se refirió también al delito de lesiones personales, reconoció que está latente en las situaciones mencionadas, y dijo que es algo que la Justicia deberá evaluar en cada caso. Por otra parte, afirmó: "Aconsejo que si alguien observa que va a sufrir un robo, no oponga resistencia, porque a veces puede terminar perdiendo el bien más preciado, como lo es la vida".

"Para algo la Policía tiene un entrenamiento, sabe cómo reducir y proceder con un delincuente, mientras que un ciudadano cualquiera, al reaccionar cuando se siente vulnerado, termina exponiéndose aún más", señaló Míguez.

Consultado sobre las situaciones en las que los civiles buscan reprimir el delito, el juez Gómez afirmó: "No veo inconveniente en que haya vecinos organizados e intranquilos por la seguridad, pero lo que sí es preocupante es que no estén debidamente asesorados. Que sepan que la ley establece claramente en qué condiciones una persona puede detener a otra para que no lleguen a extralimitarse".

"Sin ánimo de desalentar a los vecinos que se organizan para mejorar la seguridad en sus barrios, me preocupa que se caiga en una especie de cacería de brujas y que se salga a atrapar a cualquier sospechoso", dijo el juez penal.

El último caso notorio de arresto ciudadano se dio hace unos días en la Ciudad de la Costa, donde un grupo de jóvenes logró atrapar a un violador que era buscado intensamente por la Policía. El mismo fue capturado cuando estaba atacando a una mujer. Lo golpearon, lo inmovilizaron y lo entregaron a los primeros efectivos en llegar al lugar. La Justicia lo procesó por violación, rapiña, ataque sexual y lesiones.

"Hay que destacar la actitud de los vecinos", subrayó enseguida la jueza del caso, Adriana Graziuso. "El hecho de hacer un arresto ciudadano, de jugársela en esta zona en horas de la noche, es destacable", agregó la magistrada. Tras ella, llegó el mensaje del Ministerio del Interior.

"Participación ciudadana: vecinos detienen a presunto violador de Ciudad de la Costa", destacó la cartera en un comunicado. Y relató: "Gracias a la participación ciudadana, la Policía de Canelones detuvo al presunto violador de Ciudad de la Costa". Se afirmó, además, que "la pronta respuesta de los vecinos impidió" que se cometiera otro delito.

Varios casos también se constataron en Montevideo en las últimas semanas. Uno ocurrió el 30 de marzo en Carrasco Norte. Dos hombres le arrebataron la cartera a una mujer de 36 años y se dieron a la fuga en moto. Otros dos hombres, que conducían un camión, vieron lo sucedido, persiguieron a los delincuentes y, tras golpearlos, lograron detenerlos. A los pocos minutos llegó un móvil policial y trasladó a los rapiñeros ante la Justicia.

Uno tenía 21 años y fue procesado con prisión; el otro tenía 14 años y recibió medidas socioeducativas en un régimen de libertad asistida. Quienes los detuvieron ya no estaban cuando llegaron los efectivos al lugar, y la Justicia tampoco pudo ubicarlos posteriormente.

La jueza penal Fanny Canessa, que actuó en el caso de Carrasco Norte, dijo que, lógicamente, quien va a ser detenido por un ciudadano, busca agredirlo o alejarlo de alguna forma, hecho que generalmente termina explicando lesiones de los dos lados en los casos de arrestos civiles.

"El exceso de fuerza no debe admitirse en los policías, pero tampoco se puede permitir en los particulares, y en el caso de que exista, lo mide el juez. Es común que los delincuentes reciban golpes en esas situaciones, pero no es menos cierto que quien cometió el delito también ataca a quien lo quiere detener", explicó la magistrada.

Canessa dijo: "Es muy difícil poder determinar quién fue que golpeó o quiénes golpearon a los detenidos. Muchas veces las personas, indignadas ante un hecho como puede ser una rapiña o un arrebato a una persona anciana, actúan en caliente", admitió la jueza.

El fiscal Gustavo Zubía también se refirió al uso desmedido de la fuerza en casos de arrestos ciudadanos, y contó que ha trabajado en situaciones en las cuales fue necesario recurrir a pericias para reconocer al detenido dado el grado de lesiones sufridas.

Así, el fiscal dijo que el uso de la fuerza en arrestos ciudadanos debe ser especialmente atendido por parte de la Justicia dado que, según afirmó, muchas veces hay grupos de personas que por esa vía buscan esconder hechos que se ajustan más a un episodio de "justicia por mano propia" o situaciones similares.

Zubía advirtió que hay que saber diferenciar cada caso: "Hay detenciones, hay casos en los cuales las detenciones terminan con agresiones, y hay casos de justicia por mano propia, lo cual ya es un paso más allá". Puso como ejemplo casos de accidentes de tránsito en los cuales los vecinos de la zona no sólo buscan detener a un implicado, sino que pretenden castigarlo con golpes por lo que hizo.

Opinó que muchas veces predomina "un sentimiento de horda y situaciones que se proyectan en las agresiones" por parte de grupos de gente hacia una persona, y que por lo tanto los mismos deben ser analizados especialmente.

De todos modos, todos los magistrados penales consultados dijeron no haber tenido casos de procesamientos por exceso de violencia en arrestos ciudadanos, y expresaron que en ningún caso los detenidos sufrieron heridas que les generaran riesgo de muerte. La conclusión de los especialistas fue prácticamente unánime: es muy difícil poder determinar el grado de participación y de responsabilidad en arrestos ciudadanos en los que estuviesen implicadas muchas personas.

Un grupo de vecinos de Cuchilla de Rocha —en el centro-norte de Canelones y a pocos kilómetros de la ciudad de Sauce— había comenzado en enero de este año a realizar un patrullaje armado debido a un aumento importante de los robos en la zona. Pero a las pocas semanas, luego de que el tema tomara estado público y tras lograr apoyo de la Policía, entendieron que debían cambiar la forma en la cual estaban trabajando para mejorar la seguridad. "Nos asesoramos legalmente y nos dijeron que no podemos reprimir, sólo disuadir y prevenir. Y entonces ahora nos avisamos y buscamos justamente hacer eso. Tenemos una red de información por distintas vías, estamos todos en contacto y lo que hemos logrado es disminuir el tiempo de respuesta cuando hay un delito o cuando se está por concretar uno", dijo a El País un productor rural de la zona e integrante de la Comisión de Fomento que viene trabajando en el tema.

"Lo primero que hay que ver es que se asume un riesgo al buscar concretar un arresto ciudadano, se puede resultar herido y en algunos casos se llega a perder la vida; por algo la Policía tiene una preparación especial", expresó el juez penal Ricardo Míguez.

El juez penal José Gómez dijo que le preocupa que en algunos casos se genere una "caza de brujas" para buscar y detener a posibles delincuentes. Dijo no querer desalentar a los vecinos organizados en defensa de la seguridad, pero llamó a tener cautela.

"Los arrestos ciudadanos se ven con frecuencia, son una forma de que la ciudadanía se involucre en la seguridad. Pueden ayudar en casos concretos, pero hay que observar que se actúa desprovisto de capacitación", dijo un juez penal que pidió no ser identificado.

"No estamos para decir háganlo o no, sólo se felicita al que hizo un arresto ciudadano porque es un acto noble, y hacen falta gestos nobles. Cada uno ve cómo actúa según su conciencia y posibilidades", dijo la jueza de la Ciudad de la Costa, Adriana Graziuso.

La jueza penal Fanny Canessa dijo que es común que en los arrestos ciudadanos los delincuentes reciban golpes a la vez que atacan a quien busca frenarlos, y explicó que el juez analiza en cada caso que la fuerza empleada no haya sido excesiva.

El fiscal Gustavo Zubía afirmó que es necesario distinguir cuando se quiere hacer pasar por arresto ciudadano un caso de justicia por mano propia. "Ahí ya hay un paso más, y a veces hay un sentimiento de horda que debemos saber identificar y actuar al respecto".

La reacción civil a la inseguridadANDRÉS ROIZEN