El interés económico corporativo es uno de los adversarios más formidables que se deben enfrentar cuando se libran las grandes batallas por impedir la degradación del ambiente.

El interés económico corporativo es uno de los adversarios más formidables que se deben enfrentar cuando se libran las grandes batallas por impedir la degradación del ambiente.

El impulso silencioso pero firme de utilizar la técnica de la fractura hidráulica o fracking para explotar hidrocarburos no convencionales en todo el mundo, es un buen ejemplo de ello.

Con la promesa de lograr cuantiosas ganancias económicas y de mejorar las reservas energéticas de los países, varias grandes empresas mineras eligen ocultar o minimizar los graves daños permanentes que esta tecnología ocasiona en las zonas donde se aplica.

Su paso provoca la destrucción del suelo y del subsuelo. El uso de sustancias químicas muy contaminantes afecta severamente la salud del lugar y su entorno, así como de las aguas superficiales y de los acuíferos, extendiendo la degradación ambiental a mucha distancia del lugar. Este aspecto resulta crítico para la gente porque puede afectar muy negativamente el suministro vital de agua de las comunidades vinculadas a la zona.

Por tratarse de una técnica basada en la violenta inyección de líquido con el fin de fracturar las rocas y liberar los hidrocarburos atrapados en pequeñas cantidades, también puede provocar la ocurrencia de sismos y movimientos de tierra.

Resulta un ataque directo a la salud del ecosistema intervenido.

En esta lucha despareja tanto el sector político de un país como la sociedad civil juegan un papel crucial, porque es en esos ámbitos donde se deben tomar las decisiones más trascendentales, no solo para el presente, sino también para el futuro de los pueblos.

Llegan desde Brasil noticias muy alentadoras. El pasado 28 de noviembre la cámara de diputados del estado de Paraná, al sur de San Pablo aprobó la prohibición de operaciones de fracking en esa jurisdicción, por los próximos diez años.

En 2013, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) del país norteño subastó 72 unidades para la explotación de gas de esquisto en el ámbito nacional, correspondiendo 16 de ellas a Paraná, localizadas en el oeste de su territorio.

Significa que el terreno estaba allanado para la realización de estas cuantiosas inversiones una vez surgieran los interesados.

Hay que recordar que la viabilidad de estos proyectos está atada a la realización de evaluaciones incompletas, evitando detallar los daños ambientales que provocarán y la consiguiente evaluación de esos costes -que haría económicamente inviable el proyecto. Así los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan -las pagarán la gente.

La buena noticia que nos llega desde Paraná es que el sector político local reaccionó correctamente, y resolvió priorizar los intereses generales, asumiendo el imperativo de un futuro más sustentable para su región.

Esta moratoria -que bien podría haber sido una prohibición permanente- constituye un mensaje claro y directo al resto del sistema político brasileño.

Sus pares sudamericanos deberían imitarlos en una demostración clara de compromiso con el bienestar de sus electorados y de las próximas generaciones.