Los derechos humanos existen para proteger al individuo frente a los abusos de poder e imponen obligaciones afirmativas de protección a los estados. Sin embargo, en la actualidad, una nueva generación de populistas autoritarios está desafiando este concepto universal.

Los derechos humanos existen para proteger al individuo frente a los abusos de poder e imponen obligaciones afirmativas de protección a los estados. Sin embargo, en la actualidad, una nueva generación de populistas autoritarios está desafiando este concepto universal.

Con la excusa de hablar en nombre del “pueblo”, tratan a los derechos como un obstáculo para imponer la voluntad de la mayoría y defender a la nación de las amenazas y los males. En aquellas sociedades donde los sistemas de control son endebles, resulta particularmente difícil frenar a estos iluminados.

Donald Trump acaba de asumir la presidencia de los Estados Unidos, y muchos se preguntan si terminará siendo uno de ellos.

El populismo autoritario avanza peligrosamente debido a que políticos demagogos explotan el descontento popular por preocupaciones legítimas, como problemas económicos, la inseguridad o la inequidad. El temor generalizado que causa el terrorismo o el malestar que pueden provocar la inmigración y la diversidad ofrecen motivo perfecto para aceptar mentiras y prejuicios y arremeter contra quienes son señalados como responsables. Estos personajes autoritarios usualmente recurren a la xenofobia, al racismo y a un discurso que sacrifica, incluso veladamente, los derechos de minorías y opositores.

En Latinoamérica, al margen de las dictaduras militares y la dictadura del gobierno cubano, hemos tenido nuestra cuota de autoritarismo. Por ejemplo, Alberto Fujimori orquestó un autogolpe, disolvió el Parlamento, corrompió las instituciones y cometió gravísimas violaciones de derechos humanos. Rafael Correa, que dejará la presidencia este año, ha perseguido a la prensa independiente y ha intimidado a la sociedad civil en Ecuador. Daniel Ortega está iniciando su tercer mandato consecutivo en Nicaragua, habiendo utilizado a la Corte Suprema para consolidarse en el poder.

Lejos, el caso más escandaloso en la región es, sin duda, Nicolás Maduro. Desde su ajustada y cuestionada victoria en 2013, el presidente venezolano ha hecho poco y nada para solucionar serios problemas -que afectan mayormente a los más pobres- como la inseguridad y la grave escasez de medicamentos, y alimentos. Por el contrario, emplea a los servicios de inteligencia para perseguir a políticos opositores y a críticos, y despliega redadas policiales y militares contra comunidades inmigrantes y populares en las cuales se cometen gravísimos abusos. Aprovechándose de su control absoluto del poder judicial, Maduro ha bloqueado la Asamblea Nacional y logró suspender un referéndum revocatorio sobre su presidencia.

Los demagogos del pasado eran los fascistas, comunistas y otros que pretendían saber qué era lo que le convenía a la mayoría, y terminaron aplastando al individuo.

En la región hemos construido un consenso a favor de los derechos humanos, pero ese consenso es muy frágil. Ante amenazas reales, la tentación de mano dura es fuerte, y si desde la Casa Blanca hay luz verde para ello, tendremos años muy difíciles por delante. Es indispensable romper la apatía y defender nuestros derechos ciudadanos y, ante todo, velar por el pleno ejercicio de la libertad de expresión y una prensa independiente.