Esta semana se discutió en el Senado la ley que crea el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. La iniciativa que surge desde la OPP y hace tiempo está en el Parlamento está cerca de aprobarse.

Esta semana se discutió en el Senado la ley que crea el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. La iniciativa que surge desde la OPP y hace tiempo está en el Parlamento está cerca de aprobarse.

Se prevé que la Agencia Nacional de Desarrollo, la ANII, Uruguay XXI, Inefop, Inacoop, la CND, el INIA, el LATU y el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático formen parte del Sistema. Se propone la integración de un Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad (RREE, MEF, MEC, MIEM, MTSS, MGAP, Mintur, Mvotma, OPP) como órgano rector que contará con una Secretaría en la OPP para el apoyo técnico y coordinación interinstitucional. Se crean también los Consejos Consultivos como potenciales instancias de articulación y consulta social.

La nueva ley intenta coordinar un conjunto de organismos -con cometidos en algún sentido asociados- de forma de definir un Sistema que no existía como tal. Más que generar nueva burocracia busca reducirla al evitar duplicaciones de tareas y evitar inconsistencias en los incentivos que transmite al sector privado al definir líneas estratégicas con amplio apoyo del Poder Ejecutivo.

La competitividad es una de las principales preocupaciones de los empresarios de nuestro país. Preocupación que tiene sustento: estamos hoy un 20% más caros que lo que deberíamos según los fundamentos de la economía. Así lo indica un reciente estudio del Centro de Economía del IEEM (Universidad de Montevideo) en el que analizamos la evolución de los determinantes del tipo de cambio real de equilibrio en Uruguay. Es claro que no es posible recuperar la paridad cambiaria manejando la política monetaria sin una mejora sustancial de la situación fiscal. También es claro que tenemos un enorme desafío de transformación productiva para mejorar la competitividad.

En aspectos críticos tenemos hoy barreras elevadas que impiden mejoras de competitividad. Estamos muy mal cuando miramos el potencial de la mano de obra. A la mitad de las personas en edad de ingresar al mercado de trabajo el sistema educativo no les brinda la capacitación necesaria para cumplir un rol productivo (¿no deberían la ANEP y el Plan Ceibal integrarse al Sistema?). El peso del Estado uruguayo en la economía es demasiado elevado en relación a la calidad de los servicios que ofrece. La calidad del gobierno de las empresas públicas es la peor de toda América Latina, lo que se traduce indefectiblemente en sobrecostos. Tenemos una regulación laboral que está lejos de adaptarse a los cambios que estamos observando en el mercado de trabajo. Y es ahí que se juega mucho para lograr complementariedad entre trabajadores y máquinas: el control de cumplimiento de horarios, la reglamentación de las horas extras y el proceso de negociación colectiva tal como hoy está estructurado, no ayudan. Nuestra actual inserción internacional limita en gran forma las posibilidades de expandir mercados e incorporar productos importados de mejor calidad en nuestra economía.

En esos frentes -en donde se juegan los partidos más complejos para mejorar la competitividad- procesar mejoras tangibles es muy complejo. En todos los casos, lograr cambios relevantes implica afectar intereses creados y escapa por lejos a un periodo de gobierno. Para lograr que en el Sistema que se está creando se avance con políticas de largo plazo, es fundamental introducir mecanismos para asegurar la sustentabilidad de las propuestas, más allá de los Consejos Consultivos que se prevén en el proyecto. La conformación de los directorios de cada uno de los organismos integrantes del Sistema indica que la oposición está al margen y el sector privado tiene escasa participación. Si bien existe presencia de las cámaras empresariales, el sector cooperativo y los sindicatos, en todos los casos la orientación depende del Poder Ejecutivo de turno.

Si pensamos en el largo plazo es necesario que las instituciones que se crean sean compatibles con cambios naturales de partidos en el Poder Ejecutivo. En este sentido sería esencial que exista alguna institución dentro del Sistema que cuente con la capacidad de desarrollar una agenda de trabajo con independencia de la voluntad del Poder Ejecutivo.

Puede parecer utópico, pero no lo es, y en donde existe funciona muy bien. Es el caso, por ejemplo, de Australia, en donde a partir de la década del 70 se produjeron cambios significativos en materia de competitividad. Como resultado, la productividad en Australia pasó de ser un 35% inferior al promedio de los países de la OCDE a un 10% superior. La transformación productiva que impulsó la mejora de competitividad vino de la mano de políticas públicas impulsadas y mantenidas por diferentes gobiernos. La reforma de las empresas del Estado, la reforma del mercado laboral, la estrategia de inserción internacional y las políticas enfocadas a la competitividad se procesaron en la Productivity Commission, que jugó un rol fundamental.

Según Gary Banks -ex director de la Productivity Commission- existen dos pilares básicos que explican el éxito del modelo que funciona en Australia. En primer lugar, la independencia del gobierno de turno: los miembros cumplen funciones en periodos de 5 años que no coinciden con el periodo de gobierno y no pueden ser destituidos por el Poder Ejecutivo. En segundo lugar, la interacción: el gobierno está obligado a escuchar a la Productivity Commission antes de introducir reformas y la Productivity Commission está obligada a publicar y discutir públicamente todos los estudios de base que realiza previo al consejo al ejecutivo. Algo similar necesitaríamos acá.

El desafío que tenemos en materia de transformación productiva y competitividad es gigante. Es muy oportuno que estemos discutiendo estos temas y que busquemos crear instituciones con la intención de avanzar. Sin embargo, sin un ámbito de diseño y discusión más amplio -como la Productivity Commission en Australia- , va a ser muy difícil que se pueda lograr una efectiva transformación productiva y una ganancia de competitividad sostenible en el largo plazo. Más allá del rimbombante título, tal como está, el actual proyecto de ley no aprovecha al máximo la oportunidad de crear un Sistema con firmes posibilidades de afectar la trayectoria de desarrollo del país.