Con el telón de fondo de los muy negativos resultados de las principales empresas públicas durante el gobierno anterior, se conoció un informe denominado “Nuevas reglas de gobierno para las empresas estatales del sector de la energía del Uruguay” realizado por un grupo de técnicos en el ámbito de la Universidad Católica.

Con el telón de fondo de los muy negativos resultados de las principales empresas públicas durante el gobierno anterior, se conoció un informe denominado “Nuevas reglas de gobierno para las empresas estatales del sector de la energía del Uruguay” realizado por un grupo de técnicos en el ámbito de la Universidad Católica.

En el documento se sostiene la necesidad de mejorar sustancialmente la institucionalidad y las prácticas de gobierno de dichas empresas. Se hace hincapié en implementar un sistema de incentivos consistente con el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad, servicio al cliente y desarrollo del negocio. Se enfatiza la importancia de la mejora sustancial en la rendición de cuentas de la gestión y en la necesidad de contar con sistemas efectivos, y transparentes de control sobre las inversiones y su financiamiento. Se sugiere captar capitales privados y realizar asociaciones para desarrollar las inversiones requeridas.

Se insiste en la necesidad de una efectiva regulación por parte de un órgano competente para proteger los intereses de los clientes y de la sociedad, así como la revisión del marco legal de funcionamiento de dichas empresas.

No es la primera vez que un grupo calificado de técnicos realizan propuestas para mejorar la gestión de las empresas públicas. En el año 2001 el Centro de Estudios Estratégicos 1815 dirigido por el Gral. Líber Seregni, convocó a un seminario denominado “Servicios públicos: aportes hacia una política de Estado”. Aquel seminario contó en su inauguración con el entonces presidente de la República Dr. Jorge Batlle y en él se presentó un documento elaborado por técnicos de todos los partidos políticos entre los cuales se contaban quienes serían las máximas autoridades económicas del país durante el gobierno anterior.

Muchos de los planteos realizados en aquella oportunidad son similares a los del documento que comentamos al principio. Se explicitan más las condiciones que deberían tener los organismos regulatorios y se enfatiza en la necesidad de que las empresas públicas dejen de ser “un instrumento del proceso político partidario” con lo que ello implica. Pasaron casi 15 años y aquellas recomendaciones podrían ser aplicables casi textualmente a la realidad actual. Sin embargo, durante los gobiernos del Frente Amplio se retrocedió en forma muy importante en relación a lo que se había definido como objetivos deseables.

¿Cuál es la razón de esto? ¿Cómo es posible que habiendo llegado a acuerdos profundos en la necesidad de transformaciones en un sector tan relevante como el de las empresas públicas, se haya ido en sentido exactamente opuesto? Estos lustros de gobierno frenteamplista se han caracterizado por la vuelta a las peores prácticas en el manejo de los entes, haciendo primar las ambiciones políticas personales o de grupo sobre los intereses de las empresas y del país en su conjunto. Quizás la explicación la podamos encontrar en que, después de todo, a quienes tuvieron la responsabilidad de dirigirlas y las usaron para su propio beneficio político no les fue nada mal, por más que la pésima gestión se adobe con un discursito ideológico. Quizás debamos esperar a que la sociedad deje de premiar estas conductas, para que las empresas públicas se pongan realmente a su servicio. Vaya paradoja.