Obviamente, el Presidente de la República lleva una retórica optimista (el arte del buen decir), cuando sale de gira por el mundo. Intenta “vender” el país y hace gala de todos los instrumentos posibles. Algunos certeros, otros no tanto y otros que hacen agua.

Obviamente, el Presidente de la República lleva una retórica optimista (el arte del buen decir), cuando sale de gira por el mundo. Intenta “vender” el país y hace gala de todos los instrumentos posibles. Algunos certeros, otros no tanto y otros que hacen agua.

Hace su trabajo en la búsqueda de la captación de inversiones.

Además, se coloca a Uruguay en el mapa mundial (Alemania y Rusia) y en Finlandia se fue en la búsqueda de una nueva fábrica de celulosa. Por allí hay una nota periodística de Diez de Medina bastante agorera respecto a este tema, mencionando la inviabilidad del proyecto por su costo. Asimismo las autoridades de UPM tampoco dieron como un hecho la concreción.

Pero hay dichos no certeros. Cuando el Presidente habló de la seguridad en Uruguay, tuvo que apelar a un esfuerzo de imaginación frondosa e hizo buena letra. ¿Para qué abundar en el tema? No hay que compararse con nadie, aquí y ahora se vive con una inseguridad no sólo latente sino manifiesta y que coarta la libertad.

El otro aspecto preocupante se refiere a la ocupación. Hoy rige la misma mediante un decreto del primer gobierno del Dr. Vázquez, del año 2006. Y la hacen pasar “como extensión del derecho de huelga”. Pamplinas. Les cuesta creer a los extranjeros que rija una norma así. Pero la ocupación es inconstitucional, no compete ninguna transacción al respecto.

Huelga es simple omisión y ocupación es acción directa contra otros derechos subjetivos. El derecho de huelga, artículo 57 inciso 3 de la Constitución, reconoce a los trabajadores la legitimidad de su omisión de trabajar. El decreto 165 que convalida la ocupación, no respeta la Carta Magna y le permite a los trabajadores actuar por la vía de los hechos, ocupan y obstaculizan al empresario la posesión de sus bienes, intentando amordazar la voluntad del mismo para que se avenga a los reclamos de los trabajadores en conflicto.

Extender el concepto de ocupación al de huelga, implica afirmar que respecto de los trabajadores que quieren trabajar y de los empresarios, se han derogado derechos constitucionales como el derecho al trabajo, el derecho al ejercicio de la libertad de empresa, derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad.

Entonces la contradicción es notoria: el Presidente aboga por inversiones pero persiste una normativa abusiva e inconstitucional, que precisamente atenta contra todo tipo de inversión. Reclamo de los empresarios desde siempre. Derogar el decreto sin más trámite se impone.

Pero además, permítaseme incursionar en el ámbito que conozco: la vivienda y sus ejecutores, los promotores privados.

Toda esa buena letra presidencial en el exterior no se compadece con lo que pasa aquí con los inversores locales.

La normativa que se ha promulgado hace poco, tanto en promoción tradicional como en vivienda de interés social, atenta contra los intereses de precisamente quienes invierten en este rubro.

Le explico al lector: un decreto reciente del Ministerio de Economía (MEF), otorga una serie de beneficios tributarios pero para inversiones de más de 15 millones de dólares. Le hemos dicho al MEF que el 98% de los promotores privados no acceden a dicha cifra en los proyectos que se embarcan. ¿Por qué no disminuir la cifra? ¿Qué capricho sostiene este aserto?

En vivienda de interés social, un reciente decreto limitó el precio de los arrendamientos determinando que los beneficios impositivos pasarán del 100% al 40%, si se excede un límite que se fijará. Lapidario.

Al día de hoy la vivienda de interés social ha jugado un rol protagónico en la industria, que permitió no solamente abrir fuentes de trabajo y mejorar barrios deprimidos, sino que además supuso una inversión de millones de dólares que es marco de un círculo virtuoso de dinamismo y trabajo para tantas industrias que trabajan en derredor.

Además viene sucediendo que el promotor le está vendiendo vivienda a inversores que arriendan la misma, logrando mantener una oferta respetable, que además hace bajar el precio de los alquileres.

Esta medida de limitar el precio coarta la iniciativa individual de seguir promoviendo este tipo de vivienda. La realidad demostró que el tope de precios en las ventas ha sido pernicioso ya que el ingreso de proyectos a la Agencia Nacional de Vivienda disminuyó a partir de esa medida.

Seamos coherentes: promovamos la inversión pero no la desestimulemos con normativa trasnochada. Los dichos del gobierno prometerán cantos de sirena, pero los hechos (las normas), son victorias a lo Pirro, de apariencia virtuosa pero casi irrealizables.