El gobierno anterior planteó durante su gestión tres grandes proyectos: la explotación de la minería de cielo abierto por la empresa Aratirí, la instalación en Rocha de un puerto de aguas profundas y la construcción de una planta regasificadora en la bahía de Montevideo.

El gobierno anterior planteó durante su gestión tres grandes proyectos: la explotación de la minería de cielo abierto por la empresa Aratirí, la instalación en Rocha de un puerto de aguas profundas y la construcción de una planta regasificadora en la bahía de Montevideo.

Sabido es que, luego de intensas movilizaciones, cuestionamientos y polémicas públicas de diverso origen los tres proyectos quedaron en el camino y que la soñadora visión inicial se fue apagando lentamente frente a la realidad.

Más allá de esos fracasos, el gobierno uruguayo anunció, que a raíz de reunión mantenida con el Presidente Macri, se reanudaría la construcción de la planta regasificadora. Ésta asumiría un costo estimado en 1200 millones de dólares y justificaría la inversión por el compromiso del gobierno argentino de comprar 5 millones diarios de metros cúbicos a través del gasoducto.

En este contexto, vale recordar que en el intento anterior participaron UTE y Ancap a través de Gas Sayago, una sociedad de derecho privado creada con ese objetivo en asociación con la empresa Gas de France; y que la licitación que favoreció a esta última fue duramente cuestionada por la falta de transparencia en la adjudicación; además de que la firma extranjera exigió la garantía del Estado, para buscar financiamiento, lo que fue aceptado por nuestro gobierno como se hizo en el caso de Pluna.

El final de la historia es por todos conocido, ya que, la insolvencia de una Empresa contratista y la falta de financiamiento fueron determinantes para que cayera el contrato.

Hoy se plantea reiniciar el proyecto, y la pregunta oportuna que tenemos que hacernos es, si esta colosal inversión es actualmente viable para nuestro país, no sólo por restricciones en las inversiones públicas sino por la modificación sustancial de la matriz energética.

Veamos: el plan energético oportunamente aprobado por todos los partidos políticos introdujo cambios importantes en la composición de las fuentes de generación de energía. Inicialmente estaba previsto la instalación de 300 MW eólicos a los que debía sumarse 180 MW de Biomasa provenientes de las plantas de celulosa y de las que aprovechan residuos forestales.

Actualmente se encuentran operativos 800 MW eólicos y en vías de construcción otros 650 MW para el próximo año. A ello se agregan 80 MW de energía fotovoltaica que alcanzaran en breve los 200 MW más los 180 MW de Biomasa ya concretados.

En resumen, el proyecto eólico resultó un éxito tanto en su eficiencia como en su economía por lo que en pocos años tendremos 1500 MW operativos, que representarían más del 15% del total de la generación de energía que se vuelca a las líneas de transmisión.

A partir de esta información, la nueva matriz nos obliga a simular escenarios considerando una determinada demanda potencial para el año 2023, e incorporando las distintas condiciones del clima, ya sea años secos, medianamente secos y extremadamente secos. Esto se completa relacionando la generación hidráulica del país con el consumo diario de gas de nuestro mercado interno.

Hechos los primeros números, que deberían constar en el Poder Ejecutivo, todo indica que no parece lógico embarcarse en una inversión pública de este monto con recursos de UTE en un 90% (es decir, por los consumidores de electricidad); sobre todo, cuando la regasificadora sólo tiene sentido como exportadora de gas a la región, sea a través de gasoductos o de MW eléctricos.

Con esto queremos advertir que el ahorro país que se deriva del menor costo de la generación eólica no puede gastarse en una apuesta para vender energía que no surge clara en este momento; simplemente, porque el gobierno argentino, aún con la mejor buena voluntad, afirmó que comprará sólo por un plazo de diez años la mitad de los 10 millones de metros cúbicos que produciría la regasificadora.

La pregunta surge naturalmente ¿por qué sólo por diez años?

Y la respuesta es muy clara: el déficit energético heredado por el gobierno asciende a 10.000 millones de dólares aproximadamente, por lo que, el Presidente Macri se plantea como meta razonable alcanzar en pocos años la autosuficiencia en generación de energía. Y para eso buscará abrir el sector a la inversión privada paralizada hace varios años y eliminar la política de subsidios a las tarifas que significó grandes pérdidas de recursos; mientras tanto, durante ese lapso comprará lo que necesite del excedente producido por la planta en territorio uruguayo.

La segunda pregunta surge sola: después de los diez años ¿qué hacemos con esa energía? ¿A quién se la vendemos? ¿Cómo se recupera esa cuantiosa inversión?

La respuesta depende de las variables técnicas y financieras que se tomen en cuenta. A partir de allí, UTE y Ancap deberán ajustar sus decisiones de acuerdo a lo que decida el Poder Ejecutivo. Volvemos a insistir: el motor del desarrollo no son las empresas públicas y menos las decenas de sociedades de derecho privado creadas por ellas que se encuentran fuera del control de legalidad del Tribunal de Cuentas.

En consecuencia, como la generación de energía ha dejado de ser monopolio del Estado, la única opción viable es la iniciativa privada como sucedió en el desarrollo de fuentes alternativas. Pero más que eso, debe analizarse si la construcción de la regasificadora se justifica, tanto por el monto inusual que requiere, como por la situación del parque de generación en el que la energía eólica podría desalentar la construcción de la regasificadora.

Sería muy positivo que en el marco de la política de Estado ya iniciada, los partidos políticos fueran convocados para ser informados y aportar sus puntos de vista sobre los pasos a tomar en esta colosal inversión.

En conclusión, vivimos tiempos de relacionamientos políticos diferentes. La integración energética del Mercosur tiene que ser parte de una agenda concreta y viable. La cooperación debe dar paso a acciones en la interconexión eléctrica y en la ejecución de decisiones que avancen en el intercambio de energía hidroeléctrica de las represas binacionales con los otros socios. Esa es la forma de habilitar el uso de las líneas de transmisión en cada tramo.

Para expresarlo simplemente: la voluntad integracionista solo se verá cuando la compra de energía y su transmisión no tengan más barreras legales o pretextos técnicos que las dificulte.

Por tanto, el diálogo debe impulsarse nuevamente. Son decisiones de mediano y largo plazo que necesitan una proyección ajena a los intereses electorales.

Los acuerdos que puedan alcanzarse serán la mejor prueba de que la integración energética va más allá de los discursos políticos.