Varios temas vinculados a la Seguridad Social han estado en la palestra en estos últimos días. Uno de ellos tiene que ver con la recolección de firmas a efectos de introducir en la Constitución la prohibición de gravar a las jubilaciones. Esta enmienda constitucional promovida por un grupo de pasivos ya ha tenido pronunciamientos políticos. Es interesante analizar cómo se ha llegado a la situación actual, para lo cual habría que remontarse a lo que podría ser el origen de la misma.

Varios temas vinculados a la Seguridad Social han estado en la palestra en estos últimos días. Uno de ellos tiene que ver con la recolección de firmas a efectos de introducir en la Constitución la prohibición de gravar a las jubilaciones. Esta enmienda constitucional promovida por un grupo de pasivos ya ha tenido pronunciamientos políticos. Es interesante analizar cómo se ha llegado a la situación actual, para lo cual habría que remontarse a lo que podría ser el origen de la misma.

En noviembre de 1989 fue aprobada una reforma constitucional que consistió en la indexación de las pasividades a la evolución del Índice Medio de Salarios. Esa reforma, impulsada por organizaciones de pasivos ante la pérdida de poder adquisitivo que sufrían periódicamente sus ingresos, fue apoyada por todo el espectro político (a excepción de un sector del Partido Colorado) y aprobada por una abrumadora mayoría de la población (73%).

En su momento, aquella reforma aumentó el gasto del BPS (alrededor de 2 puntos del PIB) haciendo necesario un mayor ajuste fiscal al comienzo del gobierno del Dr. Lacalle. Por otro lado, aumentaron las pasividades en términos reales, de modo tal que en esos segmentos de población los índices de pobreza disminuyeron sustantivamente.

Esta reforma implicó en los hechos que la evolución de las jubilaciones y pensiones iría atada a la de la productividad de los trabajadores activos. Así, el crecimiento del salario real verificado en los últimos años fue compartido por los jubilados y pensionistas.

Los gobiernos frenteamplistas se las han ingeniado para, de alguna manera, perforar la decisión ciudadana de 1989.

La iniciativa de gravar las pasividades surgió con la creación del IRPF en 2007. En ese momento se presentaron recursos de inconstitucionalidad. Los fallos (divididos) de la Suprema Corte de Justicia fueron favorables. Ante este revés, el Poder Ejecutivo sustituyó la iniciativa por otra, el IASS, que era casi lo mismo. Esta vez los recursos de inconstitucionalidad fracasaron, no porque el fondo del asunto hubiese variado sino porque una nueva integración de la Corte rechazó el recurso (también en fallo dividido).

Finalmente y en el marco del ajuste fiscal de 2016 se aumentaron las tasas de algunos tramos del IASS con lo cual se reavivó el tema. En sus comienzos no llegaban a cien mil quienes pagaban el tributo, pero en 2015 esa cifra ya ascendía a 165 mil. El ajuste del Mínimo no imponible por IPC también contribuye a esta tendencia.

El Poder Ejecutivo ha tenido entonces discrecionalidad no solo para implementar el IASS sino también para modificar tasas y franjas. Podría recurrir a ese expediente en el futuro ante el persistente deterioro fiscal afectando a pasivos de menores ingresos que los que actualmente tributan. Es por ello que no les falta intuición a aquellos que promueven la iniciativa de reforma constitucional en el sentido de que esta escalada tributaria contra las pasividades lesiona el espíritu de la Reforma de 1989. La idea era poner a las pasividades a salvo de las penurias fiscales de los gobiernos de turno y la tributación a la que se las somete desde 2007 horada ese espíritu, independientemente de la opinión sobre la justicia intergeneracional que la reforma propuesta pueda tener.