La mayoría del Frente Amplio, integrada por el MPP, PS, PCU y PVP, con la oposición del grupo astorista, ha resuelto impulsar una reforma de la Carta vigente.

La mayoría del Frente Amplio, integrada por el MPP, PS, PCU y PVP, con la oposición del grupo astorista, ha resuelto impulsar una reforma de la Carta vigente.

A estar a sus propuestas, se trata de otorgar rango constitucional a algunos de los alegados logros políticos frentistas, así como consagrar un Poder Judicial independiente, rediseñar el mecanismo de constitucionalidad de las leyes, eliminar el veto presidencial, potenciar las comisiones investigadoras parlamentarias, habilitar el sufragio en el exterior del país, así como modernizar el derecho de propiedad, consagrando la propiedad social, comunitaria y cooperativa.

Fuera de la vaguedad de las proposiciones y al hecho de que muchas de ellas admiten su abordaje por vía legal, otras cuestiones consideradas como la renta básica o modificaciones a las relaciones entre empresarios y trabajadores, carecerían de consenso entre sus impulsores. El planteo, que ratifica viejas posiciones de la izquierda aunque soslaya otras antes muy caras como el parlamentarismo, es revelador de la irrealidad que actualmente cunde en este grupo político.

Sabido es que en la historia del país la frecuente apelación a la reforma constitucional fue más un instrumento coyuntural relacionado con los intereses de los partidos políticos, que un recurso para enfrentar las dificultades institucionales de la nación, lo que significó que la Constitución no siempre fuera vista como la consagración del pacto social y político que requiere la democracia para su consolidación. Ello determinó que, con frecuencia, las soluciones conseguidas no fueran las mejores. Alcanza en ese sentido con detenerse en los arbitrios constitucionales y legales sancionados en materia electoral que consagraron durante decenios pactos partidarios poco transparentes, que congelaron la libre expresión ciudadana. Artilugios en suma que si bien pudieron consolidar a los partidos, dificultaron las transformaciones del sistema político. Por más que no impidieran la consagración de un régimen de democracia en el marco del Estado social de Derecho, que continúa siendo ejemplo en el entorno del continente y del mundo. Solo que requiere prudencia cuando se propone reformar el pacto constitucional; actitud que supone trascender los intereses de sus proponentes para contemplar las necesidades y aspiraciones de la sociedad en su conjunto.

Las últimas encuestas donde el oficialismo frentista aparece francamente superado por la oposición, despejan dudas en este aspecto. Ningún proyecto promovido por la mayoría populista del Frente, que en el mejor de los casos alcanza alrededor del 20% del voto ciudadano, tiene posibilidades de modificar la Constitución. Y ello aún aceptando que este bloque, más allá de coincidencias puntuales, presente y conserve niveles de coherencia capaz de otorgarle unidad de propósito. Por su lado, si bien son ciertamente conocidas las debilidades del Frente Líber Seregni, su manifiesta incapacidad para oponerse a las mayorías radicales, aún si estas contaran al fin con su concurso, igualmente las adhesiones al proyecto frentista no superarían, o lo harían escasamente, un tercio del total del electorado. Por lo cual, siguiendo la tradición histórica, ninguna modificación constitucional será posible sin un pacto entre partidos, algo que en este momento parece muy difícil de obtener. Una situación que sin dudas debemos agradecer.