Diez años de gobierno progresista justifican un balance que limitaremos a la estructura estatal, aquella donde se coincidía que era urgente emprender transformaciones y donde en principio más sencillo sería lograrlas. Para esa finalidad el Frente prometió la “reforma del Estado”. La solución definitiva a décadas de molicie, ineficacia y clientelismo.

Diez años de gobierno progresista justifican un balance que limitaremos a la estructura estatal, aquella donde se coincidía que era urgente emprender transformaciones y donde en principio más sencillo sería lograrlas. Para esa finalidad el Frente prometió la “reforma del Estado”. La solución definitiva a décadas de molicie, ineficacia y clientelismo.

Jorge Batlle terminó su mandato con 231.000 empleados públicos; pasados diez años Tabaré Vázquez comienza su segundo período de gobierno con 292.473 funcionarios, un 26% de aumento en su número total. Blancos y colorados fueron acusados durante más de un siglo de manejar en su beneficio al Estado y sus empresas. Entidades, se decía, que en lugar de ser utilizadas como motores del desarrollo nacional, fueron reservorios para hinchar al Estado con una burocracia ineficiente presta a alimentar al partido de gobierno.

Pasada una década nada queda de esa prometida renovación. Tanto el Estado central como las corporaciones públicas muestran sin pudor esta triste realidad. Ancap, un ente que comercializa la totalidad del combustible del país, termina su último año de gestión con una pérdida de 324 millones de dólares, en una gestión que solo puede calificarse de lamentable, con déficits en casi todos sus rubros. ¿Cómo explicar este monumental desaguisado? Las débiles justificaciones de la ministra, pretendiendo que la diferencia de cambio darían razón de la pérdida, parecen un argumento para un país de tontos, una masa ciudadana que desconociera que Uruguay compra el petróleo en el exterior porque carece del mismo, y que por consiguiente todas sus operaciones en este rubro se desarrollan en divisas extranjeras. ¿Acaso sus administradores ignoraban que el país mantuvo su moneda sobrevaluada durante años y que por lo mismo, si no se adoptaban medidas correctivas, cuando volviéramos a la realidad el actual reajuste era inevitable? ¿Se advirtió a la población que el precio interno de la nafta, el más caro del continente, estaba por debajo de sus costos? ¿Qué tipo de política era ésta, que bajando el precio de los insumos llevaba a la quiebra a quien la emprendía? Y aún admitiendo el pobre argumento cambiario, ¿cómo explicar que teniendo la exclusividad del mercado se perdiera en todos los negocios laterales? ¿Qué pasa con ALUR que es un secreto de Estado protegido con siete sellos? Preguntas tan obvias que molesta formularlas.

El panorama no es mejor en los otros entes del Estado. Antel, también monopólico, reduce sus utilidades. Aún así, desoyendo al Tribunal de Cuentas, decide, contra viento y marea, levantar un estadio cerrado, que ahora, a medio construir, debe detener por tratarse de una inversión no conveniente. Tamaña proeza constructiva la propició un personaje que ahora, distinguido por sus méritos, reviste como ministra de Industria. OSE, emblema del progresismo estatal uruguayo, produce agua contaminada. La enseñanza pública, en todos sus niveles, atraviesa la crisis más profunda de su historia. La Universidad no rankea, ni siquiera en Latinoamérica. AFE carece de trenes, sólo tiene funcionarios. Este es el resultado de 10 años de gobiernos del FA, pese a que en el mismo período Uruguay atravesó, desde el punto de vista económico, uno de los lapsos más venturosos de su historia. ¿Qué cabe esperar, cuando los vientos ya no nos son favorables?