Hay dos cosas básicas para tener una discusión sobre políticas públicas. La primera es asumir que nadie tiene la verdad revelada, y que no hay modelo “ideológico” que resuelva todos los problemas. La segunda, tener la cabeza abierta como para aceptar poner en duda los propios pensamientos. Lo contrario no es ideología, como se ha escuchado en el debate reciente sobre los beneficios a las universidades privadas, sino que se parece mucho más a un dogma religioso.

Hay dos cosas básicas para tener una discusión sobre políticas públicas. La primera es asumir que nadie tiene la verdad revelada, y que no hay modelo “ideológico” que resuelva todos los problemas. La segunda, tener la cabeza abierta como para aceptar poner en duda los propios pensamientos. Lo contrario no es ideología, como se ha escuchado en el debate reciente sobre los beneficios a las universidades privadas, sino que se parece mucho más a un dogma religioso.

Entonces es importante no caer en lo que se ha caído para criticar esta propuesta, que es subestimar a sus ideólogos. Tampoco sucumbir a la tentación de reírse por la falta de carisma y elocuencia de quien la planteó (la diputada Macarena Gelman), ni por el minúsculo peso electoral de su grupo, que obtuvo en las internas del FA la friolera de 987 votos.

En todo caso eso último debería fomentar un debate sobre cómo un sector tan minoritario enfrasca a todo el país en una polémica de tan dudosa utilidad.

Y la respuesta es que más allá de ese grupito, la misma hizo eco en ese atávico sentimiento estatista y en esa idealización de la educación pública que anida en los uruguayos. Una idealización que, debe confesarlo, padeció también este autor en su tierna juventud, hasta que el pasaje por la facultad de Derecho de la UdelaR la fue extirpando con cada abuso de los funcionarios, con cada prepotencia de los compañeros agremiados, con cada medida administrativa delirante durante la larga década en esa casa de estudios.

A esta altura, buena parte de los motivos que se usaron para justificar la medida han quedado desvirtuados. Para empezar el que decía que el Estado financiaría así a la educación privada. Los expertos han demostrado que esto hace que las empresas que se amparan en el sistema, paguen todavía más de lo que hubieran aportado si no lo hacían.

También ha caído la que dice que subsidia a los nenes bien, con iPhone, como dijera un humorista radial. Los datos duros muestran que quienes se terminan recibiendo en la UdelaR tienen un perfil social idéntico a los que lo hacen en las privadas. Y la experiencia personal muestra que a la universidad pública casi no llegan personas de estratos humildes.

Entonces sería bueno poner a prueba el argumento central para defender este planteo: que más allá de números esto es un tema ideológico, “programático”, a decir de Gelman, ya que se defiende que el Estado es mejor distribuidor de recursos que el mercado.

A esta altura, defender esa idea es chocar de frente con la realidad histórica. Todos los experimentos de manejo centralizado de las decisiones económicas han fracasado miserablemente. Y la clave para el progreso de los países que todavía se aferran a modelos socialistas de este tipo ha sido, justamente, liberar las fuerzas del mercado para que manejen las grandes decisiones económicas.

Tal vez el caso más emblemático sea el de China, cuyo explosivo crecimiento económico se dio cuando Deng Xiaoping abrió la economía a lo privado. “Lo importante no es el color del gato, sino que cace ratones”, decía Deng.

Pero hay una forma más simple de descalificar ese planteo, y es mirar la escala salarial en el Estado uruguayo. Que un funcionario base de un ente público gane cuatro veces más que una maestra, es expresivo de que allí no se distribuye con criterios de justicia o interés general, sino por capacidad de presión sindical.

Pero hay otro punto interesante que defiende la idea de dejar las decisiones económicas en manos de los ciudadanos y que parece difícil de atacar por parte de un partido que, como el Frente Amplio, ha hecho de la descentralización una bandera. ¿Qué es la descentralización? Es acercar las decisiones a la gente, en el entendido de que el ciudadano que ve los problemas tiene mayor capacidad de reacción que la pesada burocracia pública. Eso mismo es lo que justifica que el Estado conceda a los privados la posibilidad de elegir las causas de beneficio general a las que destinar una parte de sus obligaciones impositivas. ¿Cuánto le toma a la UdelaR modificar sus políticas presupuestales internas? ¿Alguien cree que lo puede hacer al ritmo en que cambia el mundo productivo real?

Esta semana en una charla organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo, el empresario informático Nicolás Jodal decía un par de cosas interesantes: que el software esta invadiendo el mundo, que los cambios que veremos en los próximos 10 años serán mucho más profundos que los vividos en los 10 pasados, y que un país chico como Uruguay tiene mucho para ganar por su capacidad de adaptarse rápidamente a esos cambios. Eso sí, decía Jodal, siempre que se eviten las discusiones que apuntan “al empate”.

Con todos los desafíos existenciales que tiene el país y ante las evidencias implacables de la realidad, que dediquemos este tiempo discutiendo por una propuesta así, es como para tirar por la borda todo el optimismo patriótico del amigo Jodal.