En artículos anteriores vimos como la Democracia pasa por momentos de crisis y cuáles son las causas: algunas de carácter técnico, emergentes de la estructura del sistema democrático, otras de naturaleza si no antropológica, cultural, que hacen al ser humano, lo que evidentemente, es más difícil de abordar.

En artículos anteriores vimos como la Democracia pasa por momentos de crisis y cuáles son las causas: algunas de carácter técnico, emergentes de la estructura del sistema democrático, otras de naturaleza si no antropológica, cultural, que hacen al ser humano, lo que evidentemente, es más difícil de abordar.

Quizás por ello, la mayoría de los intentos apunta a cambiar instituciones o procedimientos.

Es significativo constatar cómo las modificaciones introducidas en aras de mejorar el funcionamiento de la democracia se inscriben en visiones no democráticas. Contrario a los slogans, (“precisamos más democracia”), las reformas han ido en la dirección de crear instituciones autónomas al poder político, o directamente, a recortar las facultades del legislativo, tradicionalmente visto como el más democrático de los poderes. En la primer categoría puede listarse la creación del Tribunal de Cuentas.

En cuanto a la segunda, las reformas constitucionales y la legislación más moderna han incluido normas que quitan o restringen competencias a los poderes políticos: caso creación del BCU, las restricciones en materia de gastos y la iniciativa privativa del PE, de los artículos 86, 133, 138, 315 y 229 de la Constitución, así como la creación de órganos reguladores para actividades con fuerte presencia estatal. El razonamiento, claramente, es que para ciertos defectos de la democracia, el remedio es menos democracia.

Dicho lo cual, es posible modificar ciertas normas que contribuyan a paliar algunos de los factores que debilitan la eficiencia del sistema democrático.

Una fuente de desencanto con la democracia está focalizado en el parlamento: su poca presencia como protector de derechos, la pretensión (de la gente, pero también de los políticos), de cambiar realidades por actos de voluntad legislativa, sumado a la imagen de ser puro discurso, movido sólo por el corto plazo de la próxima elección.

El parlamento es visto como uno, si no la principal causa de la ineficiencia democrática y hay algunas cosas que se pueden mejorar. El enfoque debe ser tratar de acotar su propensión popu-voluntarista.

1) Crear, como tienen otros países, una oficina técnica en materia presupuestal de composición apolítica, con facultades para pronunciarse acerca de todo proyecto presentado que implique gasto.

Su pronunciamiento versaría sobre los montos estimados de gasto, la existencia o no de financiación genuina y, en su caso, el impacto sobre el déficit.

2) Establecer una regla fiscal. Hay experiencia suficiente a nivel del derecho comparado como para poder elegir fórmulas y mecanismos probados.

No sirve el argumento de que son imperfectos. El punto es si sirven para mejorar las actuales -graves- imperfecciones de nuestro sistema fiscal.

3) Crear una oficina de Información y Transparencia: como órgano desconcentrado del Tribunal de Cuentas, con el cometido de divulgar todo proyecto de ley que implique mayores costos y/o cargas tributarias o limitaciones de derechos para las personas.

4) Volver a considerar las propuestas de normas presupuestales que hiciera en el 2010. El Poder Legislativo no puede dictar normas que impliquen mayores gastos sin acompañarlas de la creación de impuestos u otras fuentes genuinas de recursos.

El Poder Legislativo puede transferir recursos dentro de los presupuestos y rendiciones, pero no aumentar el gasto total enviado por el Poder Ejecutivo.

No se podrán transferir recursos bajo la forma de subsidios, salvo expresa sanción legislativa, que cumpla con el requisito del ítem anterior;

Imposibilidad de aprobar presupuestos o rendiciones que impliquen déficit o que superen el total de gastos del presupuesto anterior, salvo casos de emergencia y en éstos, detallando el déficit y la forma de abatirlo, dentro del período

Esas y otras iniciativas pueden ayudar a paliar algunos de los fenómenos disfuncionales de la democracia, pero no constituirán por sí solos una transformación tan radical que le devuelva la adhesión, pretérita y necesaria. Restan los otros problemas, que provienen de la naturaleza humana.

Los griegos eran conscientes de que el funcionamiento de la democracia presuponía virtud en el ciudadano y jamás habrían entendido el razonamiento moderno que pretende de la Democracia ser fuente de virtud cívica, cuando el proceso es exactamente el inverso.

Las grandes corrientes políticas sobre las que ha discurrido la democracia no participan de esas creencias de los clásicos y no han enfocado a la virtud o a la formación virtuosa del ciudadano, como uno de los objetivos del gobierno.

La tradición liberal no puso a la política como herramienta para promover la perfección humana, sino primero para preservar la libertad y luego, con la modernidad, para asegurar el bienestar de las personas.

La otra gran corriente, de origen rousseauniano-socialista, derivó hacia una concepción de la virtud como producto de la voluntad iluminada del sistema, ahogando la adhesión libre y creativa del ciudadano.

En definitiva, para éste fenómeno, no hay recetas, ni cortadas.