Hoy la gente no deja de mirar, leer o escuchar las noticias que no cesan de ilustrar sobre la corrosión de los gobiernos kirchneristas. Al tiempo de sentir asco, como lo definiera el propio presidente Macri, ante el gigantesco latrocinio llevado a cabo por gobiernos transformados en asociaciones para delinquir, hay una pregunta que flota en el aire.

Hoy la gente no deja de mirar, leer o escuchar las noticias que no cesan de ilustrar sobre la corrosión de los gobiernos kirchneristas. Al tiempo de sentir asco, como lo definiera el propio presidente Macri, ante el gigantesco latrocinio llevado a cabo por gobiernos transformados en asociaciones para delinquir, hay una pregunta que flota en el aire.

¿Se hará justicia finalmente? ¿Hasta cuán arriba llegará? Si bien no hay una respuesta categórica, ciertos hechos permiten abrigar esperanzas, a pesar de que actualmente los jueces involucrados dejen mucho que desear. Son los mismos que durante años cajonearon los expedientes o tomaban el camino más largo, cosa de avanzar en zig zag. Pero hoy las circunstancias han cambiado.

Para empezar, el Consejo de la Magistratura, organismo que tiene la potestad de remover a los jueces y camaristas que hayan actuado incorrectamente, ya no está dominado por el kirchnerismo, como sí lo estuvo en otros momentos. Su integración es de 13 miembros y en la actualidad, tras la última elección, el kirchnerismo duro quedó con solo cinco representantes. Es una cifra aún suficiente para bloquear los dos tercios necesarios para enjuiciar a un magistrado o designar nuevos. Sin embargo, con el olfato que los caracteriza, cuando el viento cambia, ellos también. De esos cinco, tres sumaron sus votos al proyecto de auditoría que había sido propuesto. Y como los otros dos kirchneristas optaron por no votar, el resultado positivo fue por unanimidad.

Esa auditoría es un proyecto presentado por el Colegio de Abogados presidido por Guillermo Lipera y una docena y media de otras organizaciones. Entre las más representativas figura la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), encabezada por Eduardo Massot. La intención es limpiar al Poder Judicial de los jueces que contribuyeron con su falta de acción, ya sea por venalidad, cobardía o ineptitud, al florecimiento de la corrupción en la era K.

La investigación abarcará a la Cámara Federal Porteña, a la de Casación, y a los tribunales orales federales. A resultas de esos estudios que no apuntan al sentido de los fallos en el caso de que los hubiera, sino a ver de qué manera se actuó para aclarar las denuncias de dolo, cohecho y demás, o si lo que se hizo fue mirar para otro lado, permitiendo de esa forma que el sistémico saqueo continuase, puede llegar la hora de sacar a los magistrados que no hayan actuado debidamente.

Ante esta ola que se percibe en el horizonte, es probable que a la renuncia del tristemente célebre juez Oyarbide, aparezcan otras y comience así un saludable recambio. Los rumores ya traen varios nombres que incluyen camaristas y jueces que han estado metidos en todas estas causas, como los camaristas federales Freiler y Ballestero, los jueces Canicoba Corral, Rafecas y Casanello, quienes han sido puestos en el tapete tras los grotescos episodios que ya no pueden taparse, como el de Lázaro Baéz (el contratista) el de López (el del convento) y las grandes sospechas sobre el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, alias “La Morsa” según las imputaciones del detenido por los asesinatos del caso de la efedrina.

Aunque ahora han apretado el acelerador, es probable que sea demasiado tarde, aparte de que no esté del todo claro tampoco, cuál es su derrotero, pues a veces da la impresión de que le dan tiempo a los acusados para que se organicen y otras, que en realidad hay intención de salvar a algunos o “algunas”. La pesquisa que hay por delante es de tan largo aliento, que da un poco de temor de que se pierda por el camino, pero por otra parte, el Consejo de la Magistratura cuenta con un abultado presupuesto y un numeroso cuerpo de auditores que facilita un amplio accionar. La propuesta es una auditoría que va desde 1996 hasta ahora, porque en aquel año, gobierno de Menem, se suscitaron grandes dudas sobre la probidad de muchos jueces. Todavía se recuerda la escena del ministro Corach cuando le escribió en una servilleta los nombres de los jueces “amigos”, a un sorprendido Domingo Cavallo.

Como si todo lo que se ha ventilado hasta ahora fuera poco, la carta que le mandó la temible y audaz Elisa Carrió a la gobernadora María Eugenia Vidal, denunciando al Jefe de Policía de la Provincia Pablo Bressi de estar vinculado al narcotráfico, ha sido una bomba.

Se acusa en ella a la persona que Vidal -quien se ha mostrado desde siempre con una muy firme y valiente actitud en contra del creciente crimen organizado- justamente eligió para una crucial responsabilidad. Es tan arriesgada su postura que la gobernadora tuvo que dejar su casa y mudarse a una dependencia militar. Por su parte, la diputada de Cambiemos ha recibido amenazas de muerte y se ve obligada a tener custodia.