Aunque casi no ha trascendido a la opinión pública, estamos en los umbrales de dar un paso fundamental en la conservación de nuestro país, y de evitarle a las generaciones futuras la pesada herencia de un problema ambiental con derivaciones graves e irreversibles.

Aunque casi no ha trascendido a la opinión pública, estamos en los umbrales de dar un paso fundamental en la conservación de nuestro país, y de evitarle a las generaciones futuras la pesada herencia de un problema ambiental con derivaciones graves e irreversibles.

La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados está estudiando tres proyectos de ley que prohíben el uso de la técnica de “fractura hidráulica” o fracking en Uruguay.

El primero fue presentado hace más de un año por el diputado del Partido Nacional Gerardo Amarilla. Contiene un solo artículo en el cual se prohíbe la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos a través del fracking. Cuenta con el apoyo de otros diputados de su partido, por el Partido Colorado y la Unidad Popular.

Otro diputado nacionalista, Alejo Umpiérrez, seis meses después presentó su proyecto que es más específico y detallado que el anterior, pues incluye la prohibición del uso de esta técnica a fines científicos. Especifica que la restricción abarca a las superficies marítimas, lacustres y fluviales; y algo muy interesante: contempla la retroactividad de su aplicación, dejando sin efecto permisos, autorizaciones o adjudicaciones que se hubiesen acordado antes de la aprobación de la norma.

Por último está la propuesta del diputado colorado, Walter Verri, que busca la prohibición transitoria de las actividades de exploración y explotación para obtener gas o petróleo mediante fracking, pero exceptúa a las perforaciones con propósitos científicos o de estudio del suelo. Incluye la creación de una comisión técnica que cada cinco años evalúe la prohibición vigente, considerando las nuevas técnicas que puedan surgir y otros parámetros, y decida si se mantiene o no.

Sobrevuela un optimismo moderado de que se concrete la prohibición debido a que habría consenso político.

Los partidos de oposición están decididos. El gobierno, como ha sido lo habitual, presenta dos caras. El presidente y la ministra de la cartera han expresado públicamente que son contrarios al uso del fracking. Pero, al mismo tiempo, el organismo estatal responsable del uso de los hidrocarburos (Ancap) ha firmado contratos con empresas extranjeras en los cuales se admite la posibilidad de explotación de hidrocarburos no convencionales en el centro norte del país -algo que solo se puede realizar usando el fracking. El directorio de Ancap lo nombra y responde al gobierno.

Como se sabe, esta técnica resulta altamente destructiva del ecosistema pues implica la inyección a alta presión de agua mezclada con ciertos productos químicos, para facilitar la liberación de gas y de petróleo, que se hallan almacenados en el subsuelo en bajas cantidades y dispersas. Las consecuencias ya documentadas incluyen serios impactos en el aire, el agua, la salud de los trabajadores y de los vecinos, en la estabilidad sísmica de la zona, y desde luego en la fauna y flora locales. Inhabilita el lugar -y a kilómetros a la redonda- para realizar actividades agropecuarias y turísticas.

En lo personal nos inclinamos por el proyecto del diputado Umpiérrez porque formaliza una prohibición más amplia y asegura que caiga cualquier acuerdo reservado que se haya firmado, si incluye la utilización de la fractura hidráulica en nuestro país.