La Cámara de Representantes votó anteayer la creación de la Comisión Investigadora para la planta regasificadora de Puntas de Sayago. Aleluya. Las denuncias del muy respetable diputado Pablo Abdala evidenciaron primariamente que están en juego temas que comprometen el interés público. Y eso no puede desatenderse, vengan de donde vengan los planteos.

La Cámara de Representantes votó anteayer la creación de la Comisión Investigadora para la planta regasificadora de Puntas de Sayago. Aleluya. Las denuncias del muy respetable diputado Pablo Abdala evidenciaron primariamente que están en juego temas que comprometen el interés público. Y eso no puede desatenderse, vengan de donde vengan los planteos.

Cuando aparece en el horizonte la sombra de una irregularidad o el cimbronazo de pérdidas millonarias para el Estado, es obligatorio indagar las responsabilidades jurídicas y políticas, sin fijarse en cintillos ni afinidades intra o extrapartidarias del que acusa ni del que se defiende.

Por eso, cuando sobre este asunto con alcances enormes, el Ministerio de Industria dejó sin contestar “seis-pedidos-seis” de informes, lo lógico es que el Parlamento indague. Puesto que las Cámaras no sólo tienen por misión legislar sino además controlar, el intento oficialista para atajar la investigación resultó para nuestra democracia un acto contra natura: buscó dejar en cono de sombra lo que necesita intemperie y luz.

Las crónicas hacen caudal del fuerte revés que para el oficialismo es no haber contado esta vez con su mayoría absoluta. Tienen razón: tras una década larga haciendo que por disciplina partidaria los acólitos tragasen sapos y culebras, toparse en estos días con un rebelde ha sido angustiante y amenazador para el lema gobernante.

En cambio, quienes sentimos la tradición de nuestro civismo republicano sabemos muy bien cuán fecundos fueron para engrandecer al Uruguay los muchos gobiernos que, sin mayoría automática, supieron oír a los adversarios y construyeron acuerdos a la vista de la ciudadanía, logrando el consentimiento de consciencias que hablaban fuerte y no el consenso de silencios orquestados.

Por eso, mucho más importante que la fractura de la mayoría absoluta habituada a ahogar críticas en un líquido amniótico sin parto que lo haga fecundo, es lo que dijo el diputado Gonzalo Mujica al establecer que su voto “no puede ser resultado del temor a las represalias políticas, a los insultos o a las acciones de un tribunal de conducta”, porque “es la gente el tribunal de conducta que yo aceptaría”, agregando que “si de la investigación surgen elementos serios y fundados sobre irregularidades o delitos, debemos dar paso a la Justicia”.

No tenemos trato alguno con el díscolo de la hora y es notorio que no lo votamos, pero en la independencia cívica que denotan esas palabras vemos retoñar -¡otra vez!- a la persona, protagonista irreemplazable de la vida republicana. Al fin de cuentas, la democracia debe asentarse en la virtud ciudadana, impone buscar lo mejor por encima de lo meramente posible, reclama la afirmación de principios más allá del confort político- gregario, y llama a abrazar ideales sin postergarlos como utopías inalcanzables.

Hay instituciones que no se derogan. Una, criolla como lo denota su nombre, es la gauchada. Otra, universal, es la persona. La Comisión Investigadora esclarecerá cuanto pueda, pero un día su asunto concluirá.

La persona como consciencia activa quedará sometida a las presiones de los materialismos de izquierda y de derecha y a las carreras político-marketineras de un mundo Trump-trastornado. Pero no desaparecerá jamás.