Que el Poder Judicial no sea tenido en cuenta y no se le destine un solo peso en la ley de Presupuesto no es un tema económico, es institucional. Es más que una señal, es un ataque con mano enguantada hacia uno de los tres pilares de la democracia. Es un golpe a la República. El presidente Vázquez dio la orden directa de que no se le diera nada.

Que el Poder Judicial no sea tenido en cuenta y no se le destine un solo peso en la ley de Presupuesto no es un tema económico, es institucional. Es más que una señal, es un ataque con mano enguantada hacia uno de los tres pilares de la democracia. Es un golpe a la República. El presidente Vázquez dio la orden directa de que no se le diera nada.

Ni un solo artículo aunque no tuviera costo. Para la Ley de Presupuesto el Poder Judicial no existe; quiere decir que no existe para quienes redactaron y firmaron la ley, empezando por el presidente. No es una distracción, es una decisión.

En estos años de Poder Ejecutivo con mayorías propias y absolutas en el Poder Legislativo, el único poder del Estado que no pudo ser controlado por el Frente Amplio a su voluntad fue el Judicial. La Suprema Corte de Justicia decidió con independencia en asuntos que molestaron al gobierno. Todos los gobiernos democráticos coincidieron y discreparon con la Justicia, pero ninguno la ahorcó. En estos períodos del Frente Amplio, con mayor o menor estridencia se la acosó. El episodio de la toma violenta del edificio de la SCJ fue una muestra.

En la cabeza de los dirigentes del Frente Amplio con más poder, no se acepta la independencia de la Justicia, es un tema ideológico. No comparten a Montesquieu y su separación de poderes. A tal punto que están pergeñando un sistema de elección de los ministros de la Corte que pase por el colador de algunas organizaciones que no son más que sellos militantes disfrazados de opinión pública. La senadora Topolansky ha insistido con esto.

Es el mismo esquema que el kirchnerismo usa en Argentina con el llamado Consejo de la Magistratura, que somete a los jueces a sumarios y persecuciones si no se alinean con la voluntad del gobierno. Aquí se quiere hacer lo mismo: hacer desfilar a los jueces por los despachos oficialistas para ponerlos de rodillas pidiendo la bendición y someterlos. Dar esta batalla es oponerse a una idea institucionalmente golpista que terminaría con la separación de poderes y sería el fin de la República y de las garantías individuales.

La SCJ le pidió una entrevista a Vázquez, pero el presidente no les contesta, los ignora. Es todo un signo de los tiempos que corren. El Poder Ejecutivo, enojado con la Justicia por sus decisiones, le pega un portazo. Como tiene además la iniciativa presupuestal, la ahorca económicamente. No le da recursos para jueces, para juzgados, para iniciar los trabajos del nuevo proceso penal, es decir para que el país tenga mejor Justicia y mejor calidad institucional. Quiere una Justicia que acogotada ceda y le diga, por ejemplo, que su Ley de Medios a estudio de la SCJ es constitucional, y con ella pueda someter también a la prensa. Busca despejar el camino sin temor a fallos en contra en estos años. Si se porta bien le tirará unos pesos mediante refuerzo de rubros año tras año, esa es la estrategia oficialista; regularle el presupuesto de acuerdo a como se porte con el gobierno.

Aquí está el centro del funcionamiento democrático: entender los límites del poder y los controles que la República le pone a los poderosos. Vázquez se siente desafiado, y enojado comenzó una cruzada que en Uruguay, por suerte, solo tiene un final: el fracaso. Son años de dictadura y de Justicia amordazada, como para que ahora la encapuchen en democracia.