Las declaraciones del presidente Vázquez exigiendo al Poder Judicial la aplicación de las máximas sanciones a los implicados en los incidentes en el Estadio Centenario -que además él tipifica como “asonada”- son improcedentes y fuera de lugar.

Las declaraciones del presidente Vázquez exigiendo al Poder Judicial la aplicación de las máximas sanciones a los implicados en los incidentes en el Estadio Centenario -que además él tipifica como “asonada”- son improcedentes y fuera de lugar.

Son atentatorias contra el principio de separación de poderes y la absoluta independencia del Poder Judicial. Y además, da la impresión de que el objetivo de sus palabras es quitarle presión a los patéticos resultados de un operativo policial, anunciado con bombos y platillos, y desviar la atención de las autoridades ministeriales, responsables (aunque no los únicos) de su planificación y su fracaso. Otra vez aquello de que “la culpa es del otro”.

No hemos escuchado -creo que nunca- al Poder Judicial dar indicaciones de cómo tiene que actuar el Poder Ejecutivo en éste o en otros asuntos, salvo que expresamente se le consulte opinión. Jamás ha utilizado el Poder Judicial a los medios de comunicación para sus respuestas, con el objetivo de lograr la más amplia repercusión. Ese es el proceder correcto y respetuoso de nuestro sistema republicano de gobierno. Y debe salvaguardarse.

Pero además las declaraciones de Vázquez ocurren en un momento en que el Poder Judicial enfrenta una severa crisis económica por la falta de recursos para funcionar y requiere de la comprensión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo -donde el partido del presidente tiene mayoría- para solucionar su problema. Algo que obviamente también afecta -y mucho- la independencia del Poder Judicial, que ha quedado rehén de la voluntad del Frente Amplio a la hora de decidir sus recursos. Y en los últimos años el resultados fue ni un peso para el Poder Judicial en el Presupuesto Nacional y ni un peso al Poder Judicial en esta Rendición de Cuentas ni en las anteriores de la administración Mujica.

Esa situación de crisis se agravó a lo largo de este año y el Poder Judicial entró en una especie de economía de guerra para subsistir: facturas impagas, servicios amenazados, reducción de viáticos y horas extras, limitación del número de fotocopias de sus actuaciones (también para las sentencias). Incluso la Suprema Corte de Justicia ordenó el cierre de 13 Juzgados en el interior del país por falta de recursos, con el perjuicio a los derechos del ciudadano a la hora de acceder a la justicia en las poblaciones afectadas.

A pesar de todas esas carencias, la Justicia uruguaya fue ubicada en el N° 1 en la región por su confiabilidad y ocupa el lugar N° 20 en el mundo, de acuerdo a un ranking que evalúa, entre otros aspectos, los controles a los poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, cumplimiento de los derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de las regulaciones gubernamentales, justicia civil y justicia criminal. El informe, elaborado por el World Justice Project que publicó su Rule of Law Index 2016, es el resultado de una investigación que encuestó a más de 100 mil hogares y expertos de 113 países, para medir la Justicia en situaciones prácticas de la vida cotidiana. Pero ni siquiera eso conmovió a las autoridades políticas uruguayas. Tenemos el mejor Poder Judicial de la región, pero también el más pobre.

La asfixia económica y la presión política parecen ser las coordenadas elegidas para el relacionamiento por el Poder Ejecutivo. En lugar de facilitar los recursos para que la justicia pueda cumplir con su finalidad, se los retacea, y en lugar de darle confianza y apoyo a sus actuaciones, se pretende indicarle el camino que debe seguir. Mientras organismos especializados del mundo destacan el altísimo grado de “confiabilidad” de la justicia uruguaya, en nuestro país se busca que no abandone su condición de “pordiosera” y que su independencia no pase de una declaración formal de la Constitución.

Frente a esta situación fueron reconfortantes las declaraciones del juez Gustavo Iribarren, que tiene a su cargo el expediente sobre los incidentes en el Estadio, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Iribarren precisó que “el propósito (de los procesamientos) no es que sean ejemplarizantes, es aplicar la ley”. El presidente de la Corte por su parte fue muy claro cuando afirmó “que el señor Presidente de la República no tiene de qué preocuparse porque los jueces, en la medida que tienen pruebas, toman las decisiones y esas decisiones son en aplicación de la ley. Y si en el Uruguay hay más de 10.000 personas privadas de libertad, es porque hay jueces que tomaron esa decisión”.

Hace pocos días, Pérez Manrique fue el orador principal en la conmemoración de “La noche de los cristales rotos”. Allí, entre otras cosas remarcó la importancia y la significación de la independencia del Poder Judicial y concluyó recordando palabras de Couture: “El día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de su pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque ya no quedará más derecho en esa pobre patria así perdida”.

Al Poder Judicial hay que cuidarlo, defenderlo y, sobre todo, respetarlo. No es necesario que se le indique qué debe hacer y tampoco corresponde.