La mesura y la prudencia son cualidades imprescindibles en las relaciones exteriores de los Estados.

La mesura y la prudencia son cualidades imprescindibles en las relaciones exteriores de los Estados.

Sin embargo, también es imprescindible mantenerse fiel a determinados principios y valores. A veces, inevitablemente, llega al momento de actuar con firmeza y claridad para defender lo que se debe defender.

No existen líneas que demarquen el límite entre lo que recomienda la mesura y lo que exige la tutela de los valores esenciales. Tampoco existe un equilibrio preciso entre los principios de no intervención en los asuntos internos de los demás Estados y la defensa de los derechos humanos. Es aquí donde entra a jugar el arte del estadista y donde son tan importantes las enseñanzas de la historia.

Una de esas lecciones es que aunque en el corto plazo pueda parecer más conveniente apaciguar a los tiranos, el costo de esa actitud puede ser muy alto en el largo plazo.

Ningún Estado tiene el derecho de ampararse en su soberanía para atropellar los derechos humanos de sus ciudadanos. El Uruguay tiene un claro interés en defender el principio de no intervención, pero también tiene un interés igualmente evidente en proteger los derechos humanos en los demás países de nuestra región.

Sin embargo nuestro gobierno ha demostrado una posición ambigua respecto de lo que sucede en Venezuela. A partir de cierto punto tanta tibieza puede convertirse, objetivamente, en una complicidad.

Ha llegado el momento de decir las cosas con firmeza y claridad.

La declaración aprobada en Mendoza contó con el apoyo de los Estados fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los Estados asociados de Chile, Colombia y Guyana, así como México. Bolivia no firmó.

El texto es, claramente, el producto de un mal compromiso. Ladra (un poquito) pero no muerde. Ni siquiera expresa la voluntad de hacerlo.

Por una parte, la declaración llama “al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías y los derechos humanos”. La palabra clave es “restablecimiento”. Restablecer significa “volver a establecer algo o ponerlo en el estado que antes tenía”.

Ese parágrafo afirma que Maduro ataca el orden institucional, atenta contra el Estado de derecho y la separación de poderes, y desconoce el “pleno respeto de las garantías y los derechos humanos”.

Pero, enseguida, la declaración se limita a exhortaciones bonachonas, peticiones de diálogo y una reiteración de la disposición a acompañar el diálogo. ¡Qué contraste con la forma expeditiva con que se actuó en el caso paraguayo!

Entre tanto, el gobierno de Maduro avanza decidido, sin detenerse ni dialogar, en la instalación de una dictadura totalitaria cívico-militar. El último eslabón de esa estrategia es eliminar a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público, los últimos reductos de democracia y de respeto a la Constitución bolivariana que sobreviven.

La única luz en este panorama es el admirable coraje de la sociedad venezolana que, al encontrar cerrados todos los caminos legales para expresar su legítima voluntad, debe recurrir al camino de la oposición en la calle y del sacrificio para proteger su libertad.