El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo califica a la seguridad ciudadana como “la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas -su vida, su integridad, su patrimonio- contra un tipo específico de riesgo (el delito), que altera en forma ‘súbita y dolorosa’, la vida cotidiana de las víctimas”.

El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo califica a la seguridad ciudadana como “la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas -su vida, su integridad, su patrimonio- contra un tipo específico de riesgo (el delito), que altera en forma ‘súbita y dolorosa’, la vida cotidiana de las víctimas”.

La considera una de las cuestiones que afectan “negativamente otras variables como los procesos económicos, sociales y políticos que a su vez facilitan el desarrollo humano”. No puede la seguridad -para esta fuente- ser prescindente de la equidad y la libertad.

En el listado ordenado por naciones del Índice de Desarrollo Humano que elabora la ONU, que mira entre otras cosas los niveles de educación, salud y renta per cápita de los habitantes de los países, de estar en el lugar 28º en el mundo en 1990, tiempos de “desenfreno neoliberal” -con menos de 1.000 presos en las cárceles- los uruguayos pasamos al lugar 52º, luego de “las maravillas conquistadas en la hora progresista” -con presos que rondan las 10.000 personas- y crímenes horrorosos exponencialmente multiplicados en el día a día.

La estadística oficial verdadera es la de un pueblo cuyos miembros no pueden andar por la calle sin temor a que los maten o mutilen, con particular impulso en los barrios carenciados de la capital como Casavalle, Piedras Blancas, Manga, etc. Tras once años frentistas de compra de votos con prebendas, empleos estatales y despilfarro histórico de las finanzas públicas, lejos se está de haber conseguido ascenso cultural, económico y social significativo para sus pobladores. Es unánime: el primer remedio para la mejora social es la educación. Hoy está hecha trizas en manos de una caterva de autoridades incapaces atrornilladas en los asientos, y de agitadores sindicales “ideológicos” a los que lo que menos importa es su obligación republicana y docente.

La parábola del sapo y el alacrán viene a colación. Había un charco grande. El alacrán pidió al sapo que le dejara cruzar en su lomo ya que él no podía hacerlo por sí mismo. El sapo se negó argumentando al alacrán que lo iba a picar mortalmente. Este último le respondió: “No seas tonto, si te pico tú te mueres y yo me muero contigo en el charco”. El sapo quedó convencido y comenzó el cruce con el alacrán en su lomo. En el medio del charco, en el peor lugar del trayecto el alacrán picó al sapo. Agonizante el sapo expresó: ¿Qué hicisteis? ¡Nos vamos a morir los dos!”. Y el otro le dijo: “Perdóname, es que no puedo con mi naturaleza”.

En la historia de la República tras la colonia, los patriotas buscaban formas de organización política y optaron por constituir instituciones fundadas en la tradición occidental de los derechos humanos y el gobierno democrático. Paralelamente hubo una línea continua desde fines del 1800, que se inició con el anarquismo, siguió por el marxismo-leninismo, el partido comunista y el terrorismo castrista, cuyo propósito visceral es la tiranía y el caos institucional.

Manifiesta su respeto por los victimarios y menos aprecia a las víctimas. A esta línea, desde que se inició el gobierno frenteamplista en 2005, han pertenecido los ministros del Interior y sus colaboradores.

Los actuales cuentan en su vida con un prontuario policial cierto y grave. ¿Alguien cree viéndolos actuar y escuchándolos que integra su naturaleza perseguir seriamente al delito?