El próximo martes, como todos los 27 de junio, el calendario deposita ante la conciencia cívica de los uruguayos el recuerdo -amargo y lacerante, por cierto- de la caída formal del Parlamento y las instituciones democráticas. No comparto la repetida tesis de que es de precepto recordar esa fecha porque su evocación es una garantía para que tales desmanes no se repitan. Para asegurarnos la democracia es mucho más conducente cuidar ciertas cosas que estamos descuidando y hacer otras que no hacemos.

El próximo martes, como todos los 27 de junio, el calendario deposita ante la conciencia cívica de los uruguayos el recuerdo -amargo y lacerante, por cierto- de la caída formal del Parlamento y las instituciones democráticas. No comparto la repetida tesis de que es de precepto recordar esa fecha porque su evocación es una garantía para que tales desmanes no se repitan. Para asegurarnos la democracia es mucho más conducente cuidar ciertas cosas que estamos descuidando y hacer otras que no hacemos.

Más allá de que considero negativo empantanarnos en el pasado, la invocación del período dictatorial como responsable de todos los males, culpable único sobre cuyas espaldas se puede descargar todo lo malo que nos pasa, me suena a excusa cómoda y vil. No quiero sumarme a los que han encontrado en la referencia al pasado una clave de interpretación universal para todos los males del presente. Se ha construido un relato falso en el cual los villanos de la historia estuvieron todos en un solo lado.

El 27 de junio es una fecha simbólica porque es el día -o la noche- en que fue disuelto el Parlamento y ocupado el Palacio Legislativo, símbolo físico de la democracia como gobierno del pueblo. Pero hay un contexto del que no es históricamente legítimo desprender esa fecha. Ese día tiene antecedentes, lo que en esa fecha sucedió no surgió de la nada.

El Uruguay de esos años había caído enfermo de descreimiento. Carencia de afecto en la democracia y rechazo de la política. La guerrilla había construido un discurso deslegitimador de todo aquello; el Uruguay era presentado como una sociedad irremisiblemente corrompida, intrínsecamente injusta, dominada por grupos económicos de poder que la hacían inaceptable, y solo redimible por el fuego de las armas, sin esperar ni recabar consenso alguno de la gente cuyo futuro se prometía mejorar. Inventaron un Uruguay de Sierra Maestra para justificar una sublevación armada y ellos serían los Guevaras.

Las Fuerzas Armadas, por su lado, fueron llamadas por el gobierno para combatir la guerrilla; la derrotaron rápidamente y pasaron luego a ocuparse de tareas que nadie les había encomendado: pasaron a gobernar el país según el paradigma del cuartel. En el proceso violaron su juramento de defender la Constitución y se mancharon con atropellos infames. También elaboraron un discurso justificador, despectivo de la democracia y de los políticos (proscripción de los dirigentes y congelamiento de la actividad partidaria).

La antipolítica se extendió sobre el Uruguay pero no conquistó el corazón de todos los uruguayos. La mayoría de quienes en aquellos tiempos vivíamos y actuábamos desaprobamos tanto de los militares como de los guerrilleros: ninguno de los dos contó con nuestra solidaridad y apoyo, aguantamos siempre con un NO. Y teníamos razón: ninguna de las dos propuestas antisistema dejó algo útil o positivo para el presente.

Si para algo sirve traer a colación el 27 de junio es para revalorizar lo que tenemos, conjurar aquel ánimo descreído en la democracia y en los partidos, honrar a quienes se jugaron por esa parada, y cuidar con más respeto y menos palabrerío barato la libertad, la democracia, el derecho como norma, la democracia como espacio vital y la política como campo de tramitación de las diferencias.