El oficialismo se queja de que la política se está judicializando. Lo atribuye a la intención opositora de ganar los debates en la Liga y no en la cancha.

El oficialismo se queja de que la política se está judicializando. Lo atribuye a la intención opositora de ganar los debates en la Liga y no en la cancha.

¡Error mayúsculo! Y no de estrategia, ni de imagen, ni de cálculo. ¡Error de consciencia constitucional! ¡Error sobre los derechos del hombre y el ciudadano! ¡Error sobre qué es el Derecho!

En todo país que viva su legalidad sin prejuicios, los temas que revelan desviaciones no llegan a los tribunales por el capricho embanderado de un gobernante o un opositor. Llegan a la Justicia porque a primera vista hay hechos que no se entienden, números que no cierran y turbiedades sin despejar.

Temas de Estado como Ancap, Pluna, la ambulancia de Bella Unión, el avión presidencial o la estafa al Fonasa no pueden confundirse con las situaciones -reales pero infrecuentes- donde la denuncia es fabricada por algún calumniador exhibicionista. Pero asuntos de la laya de los citados no están siendo arriados a los juzgados por el capricho sin base de unos empecinados. No: ¡llegan a las barandas de Crimen Organizado porque alguien, con buen olfato, percibe que algo huele a podrido en Dinamarca!

Es claro que toda investigación empieza a partir de fragmentos inconexos, sospechas y cavilaciones. No es con la plena prueba en la mano que se comienza una indagación. La emprenda un científico deductivo como Sherlock Holmes, un filósofo intuitivo como el Padre Brown o un chambón exitoso como Clouseau, todo empieza por una fisura, una incongruencia o un absurdo injustificable. El material inicial será mucho o poco: pero si se lo deja correr, si nos habituamos a que para algunos “no pasa nada”, lo que cae es el Derecho.

Por eso, no tiene razón la senadora Topolansky cuando argumenta que “si se debilita a las instituciones, es responsabilidad de quien lleva el caso a la Justicia”, pues ¡si algo debilita las instituciones es taponear las denuncias abusando de mayorías regimentadas, poniendo obediencia ideologizada en vez de luz en las consciencias y generando, con la defensa a ultranza de los elencos gobernantes, el clima alegre pero sórdido de las sociedades in frittata!

¿Qué pensaríamos si al tal Iñaki, yerno del exrey de España y cuñado del actual, no se le hubiera indagado por el caso Nóos y hubiese quedado en las sombras su ristra de fechorías? ¿Le daríamos la razón a Berlusconi que -idéntico a quienes hoy nos gobiernan- se quejaba de los jueces hasta que, a punta de ley y pruebas, acabaron ellos con el oprobio de Italia? ¿Olvidaríamos que, por su independencia, el Poder Judicial es, especialmente en la tradición nacional, la garantía última de nuestro pueblo y nuestra legalidad?

Amenazados por corporativismos y fanatismos, la alternativa es diáfana: o se llevan las causas a los tribunales o se las hunde en catacumbas de complicidad y silencio.

Es así ante cada indicio de bochorno: lo mismo cuando mancha al poder que cuando ofende a una colectividad que está en el llano, como acaba de hacerlo Francisco Sanabria -no por fundirse sino por huir.

Si alguien está exento de la igualdad ante la ley, el Derecho no funciona. Quejarse de que se denuncie a la Justicia es sembrar conmixtión e indiferencia.

Esas lacras llevan a olvidar que contra la legalidad no hay correligionarios.