A largo plazo, el crecimiento económico, no será una consecuencia de un clima especialmente favorable que permitió el aumento de la generación de electricidad y de la cosecha de soja, ni será consecuencia del atraso cambiario en Argentina y Brasil que potenció el turismo, ni del aumento de los impuestos a los bienes y servicios transables ni de la buena suerte del equipo económico.

A largo plazo, el crecimiento económico, no será una consecuencia de un clima especialmente favorable que permitió el aumento de la generación de electricidad y de la cosecha de soja, ni será consecuencia del atraso cambiario en Argentina y Brasil que potenció el turismo, ni del aumento de los impuestos a los bienes y servicios transables ni de la buena suerte del equipo económico.

Los países que deberían servirnos de modelo no apuestan a la buena suerte ni a los incentivos equivocados. Más bien siguen un sistema basado en reglas de juego sencillas pero inflexibles, a sistemas judiciales estrictos, a un sistema educativo que intenta maximizar las capacidades individuales y colectivas de manera de asegurar las oportunidades de empleo y negocios de alta productividad.

Contra todo pronóstico, los países con mayor desarrollo humano, productividad, equidad e ingresos, son también los mayores productores de alimentos, los de mayor productividad y especialmente los que han maximizado el desarrollo de cadenas de abastecimiento de insumos y servicios más completas. Países pequeños como Finlandia, N. Zelanda o Noruega o grandes como EE.UU. o Canadá, entre muchos otros, se caracterizan por el desarrollo de las industrias manufactureras vinculadas a las cadenas que valorizan alimentos y materias primas agropecuarias. El contraste es que entre nosotros las cargas fiscales asfixian a las cadenas de valor de bienes primarios, a la vez que desde el sistema político, las redes sociales o la academia ven la manera de adherir a toda iniciativa que obstaculice el crecimiento de las actividades que pese a todo sustentan la balanza de pagos del país.

La inflación y el déficit fiscal han sido los mayores problemas de la economía, que a juicio del gobierno han puesto un freno al reparto y al mejoramiento de la distribución. Implícitamente se ha aceptado que son una consecuencia de las políticas macroeconómicas que implementa el gobierno bajo la presión de los sindicatos que ya son una guía para el diseño de las políticas públicas. Los precios de los alimentos exportables crecieron fuertemente hasta el año 2014, cuando los salarios, el empleo y el consumo crecían sistemáticamente. Cuando los precios dejaron de crecer, el reparto mantuvo sus tendencias. El número de funcionarios públicos, sus salarios y las jubilaciones continuaron su expansión. Los salarios son la mayor proporción del gasto público y a eso se sumaron las deudas de Ancap, el Fondes, el 6% y lo conocido.

La consecuencia es el ingobernable déficit que ocurre en el mejor momento de la economía en más de medio siglo. La suma de estos desajustes que se iniciaron en el gobierno 2010/2015 y se continuaron más de la cuenta durante el actual gobierno, llevó a una mayor presión fiscal, atraso cambiario y endeudamien- to. Todo en un marco de promesas de moderación en el gasto.

La tarea de bajar la inflación resultó mucho más fácil. Bastó con atrasar el tipo de cambio por unos pocos meses y sorprendentemente el valor del dólar volvió a ubicarse en la banda prevista por el BCU.

Deuda + presión fiscal + atraso cambiario, una vez más fue la combinación de políticas que ya es un clásico de los ministros de economía para corregir todos los desbalances asegurando la vuelta a tasas de crecimiento muy moderadas y pobreza en los barrios.