La Generalitat de Cataluña, liderada por Artur Mas, llevó a cabo, marginando cualquier legalidad, la consulta popular sobre la independencia de su provincia, por más que aclarando que constituía un acto no vinculante sin efectos jurídicos, una especie de fantochada para consumo popular.

La Generalitat de Cataluña, liderada por Artur Mas, llevó a cabo, marginando cualquier legalidad, la consulta popular sobre la independencia de su provincia, por más que aclarando que constituía un acto no vinculante sin efectos jurídicos, una especie de fantochada para consumo popular.

Con ello no se propuso cerrar un proceso sino prolongar un forcejeo. Evaluó como muy oneroso para Madrid prohibir a la fuerza un acontecimiento opcional y multitudinario, pero lo estimó conveniente para mostrar al mundo la voluntad independentista del “inerme” pueblo catalán. Tal como antes había organizado una manifestación masiva con idénticos fines. Los resultados están a la vista: Madrid, el despótico poder central aparece, como siempre, negando a los catalanes el elemental derecho a manifestarse.

Henry Kamen, un acreditado hispanista, muestra las razones por las cuales esta independencia carece de justificación (1). Históricamente, porque los catalanes nunca fueron obligados a integrar España, y étnicamente no sólo porque pertenecen a un mismo tronco, sino porque el masivo desplazamiento interno hacia Cataluña, especialmente en el transcurso de este siglo, impide diferenciarlos como un pueblo original.

Otra razón, aduce, es que la nueva entidad, al no poder integrarse a la Unión Europea seguramente no sería viable. Pese a lo cual, sostiene, los catalanes, aun engañados por un falso relato que contrapone España a Cataluña, resultan ser los únicos legitimados para decidir sobre su destino. Contrariando lo que se dice, ninguna de ambas entidades constituye una verdadera nación; son formaciones políticas que aún manteniendo diferencias culturales han estado unidas históricamente, mientras que el sentimiento independentista, resulta una construcción mitológica, elaborada en el siglo pasado en base a razones inexistentes, como el choque de naciones.

Siguiendo esta línea, el 23 de enero de 2013 el Parlament catalán adoptó la “Declaración de Soberanía” según la cual el “pueblo de Cataluña” es un “sujeto legal y político soberano” con “derecho a decidir… su futuro político colectivo”. Pero es aquí donde se equivoca el Parlamento y el propio Kamen. Los catalanes no están legitimados para decidir su independencia y no sólo por la prohibición constitucional. El único que lo está es el pueblo español en su conjunto, sin que tenga más derecho un catalán a pretender escindir su tierra de la península, que un andaluz a oponerse a que ello ocurra. Siempre que no haya habido violencia convalidada (como en el caso escocés), se trata de derechos equivalentes de los dos ciudadanos y no se ve por qué las prerrogativas de uno deben primar sobre las del otro. Ambos poseen iguales derechos, por lo que será la voluntad mayoritaria la que decida. Como sería el caso, valga el ejemplo, de que Tacuarembó decidiera escindirse del Uruguay.

Éste es el sentido que cabe darle al principio de la “libre determinación de los pueblos”, muy a menudo interpretado como si cualquiera tuviera, por siempre, un derecho potencial a separarse de sus respectivos países, especialmente si constituyen un agregado de naciones o comunidades. Con lo cual ningún país del mundo estaría a salvo de continuas mutaciones territoriales y poblacionales. Además de un flaco tributo a la democracia.

(1) H. Kamen, “España y Cataluña”, ed. La Esfera de los Libros, Madrid, septiembre 2014Hebert Gatto, la independencia de Cataluña, el pueblo español.