De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Intentar bajar el precio de los alquileres en forma estable y permanente regulándolo constituye justamente el incentivo inverso al crecimiento del mercado inmobiliario y por tanto contrario al objetivo buscado.

De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Intentar bajar el precio de los alquileres en forma estable y permanente regulándolo constituye justamente el incentivo inverso al crecimiento del mercado inmobiliario y por tanto contrario al objetivo buscado.

El proyecto de ley que se propone presentar el Partido Comunista prevé varias otras iniciativas que implican nueva burocracia para control del precios y constitución de garantías. De ningún modo es necesario o conveniente la creación de nuevas comisiones, los arrendamientos se abaratan aumentando la oferta de inmuebles y para ese cometido el estado ya cuenta con el Mvotma y el Banco Hipotecario, así como la ley de vivienda social.

La presión tributaria sobre la construcción, como la contribución inmobiliaria, el impuesto de primaria, el impuesto a los arrendamientos, el impuesto a las transmisiones inmobiliarias, el impuesto al patrimonio y demás impuestos indirectos, impactan directamente en el precio de los arrendamientos.

Antes que la fijación de los precios, que constituiría una gran injusticia pues gravaría a los propietarios de los inmuebles para cumplir con una obligación que es en definitiva del estado, sería más lógico pensar en cómo bajar la presión tributaria y promover así la inversión del pequeño ahorrista hacia esa industria, como ocurría en generaciones anteriores.

Era una forma habitual de ahorro de la clase media que le permitía mejorar su ingreso en la etapa del retiro. Por qué usar un método que ha fracasado una y otra vez, el control de precios sólo genera que no se invierta en el área y en un plazo que seguramente no será muy largo los arrendamientos se irán a las nubes pues habrá menos oferta de inmuebles para alquilar.

“La intención de los legisladores es dar “un alivio” a los miles de uruguayos que destinan gran parte de sus ingresos en pagar un alquiler”. El alivio durará poco y aquellos a quienes se quiere ayudar pronto verán que cuando se venzan los respectivos arrendamientos, los siguientes serán más y más escasos y más y más gravosos, y verán que sus hijos tendrán cada vez mayor dificultad en independizarse por no tener acceso a vivienda.

El proyecto de ley establece un nuevo gravamen a la propiedad inmueble. Adicionalmente el proyecto prevé multar a aquellos propietarios cuyos inmuebles estén vacíos. En primer lugar el derecho de propiedad es un derecho consagrado en la Constitución de la República y su ejercicio pleno debe ser protegido por el derecho. En segundo lugar las razones por las cuales un inmueble esté sin uso pueden ser múltiples, entre otras, una sucesión indivisa, la imposibilidad de ponerlo en situación de ser alquilado u otras y si todavía se le aplican multas sólo se logrará que el inmueble se torne en ruinas.

Es el Estado el que tiene la solución a su alcance, bajar la presión tributaria sobre la propiedad inmueble, el estado no debe inmiscuirse en cómo cada uno administra sus bienes aplicando multas. Nadie pierde plata por el gusto de hacerlo, siempre una razón habrá.

La fijación de precios no ha dado resultado jamás, ya se probó en Uruguay hace algunas décadas, no sólo en materia de arrendamientos, sino de cualquier otro bien comercializable, ¿cómo puede ser que no se aprenda de la historia?