En 1876 José Pedro Varela se quejaba de “la fiebre de asaltar los puestos públicos y de vivir a costa del Estado”. En 1901, Julio Herrera y Reissig escribía que “los uruguayos, fuera de ocupar un triste empleo en alguna oficina pública, carecen de toda aptitud para el trabajo, así como de iniciativa y perseverancia”. En 1941, los funcionarios públicos eran más de 57.000 (2,9% de la población). Pero en 1955, en pleno período neobatllista, sobrepasaron los 166.000 (6,9% del total de la población). Al alcanzar el poder nacional, el Frente Amplio abrió las puertas del Estado nuevamente, y en esta década volvió a crecer la cantidad de funcionarios públicos.

En 1876 José Pedro Varela se quejaba de “la fiebre de asaltar los puestos públicos y de vivir a costa del Estado”. En 1901, Julio Herrera y Reissig escribía que “los uruguayos, fuera de ocupar un triste empleo en alguna oficina pública, carecen de toda aptitud para el trabajo, así como de iniciativa y perseverancia”. En 1941, los funcionarios públicos eran más de 57.000 (2,9% de la población). Pero en 1955, en pleno período neobatllista, sobrepasaron los 166.000 (6,9% del total de la población). Al alcanzar el poder nacional, el Frente Amplio abrió las puertas del Estado nuevamente, y en esta década volvió a crecer la cantidad de funcionarios públicos.

El problema de esta evolución larga del país no es la ineficiencia burocrática o los problemas de gestión que el Estado gordo trae en su ADN. Esos son temas tratados y conocidos: de ellos discuten siempre los políticos, y se encolerizan algunos ciudadanos al enterarse de los inefables acomodos.

En verdad, el problema mayor es la idiosincrasia nacional que ese talante ha instalado y que se ha hecho hegemónica. Se trata de la imposibilidad del uruguayo de imaginar, entender, asumir, calibrar e incorporar en su razonamiento ciudadano, las restricciones propias de la escasez.
Desde el más notorio analista político, hasta el más humilde funcionario público, pasando por diputados, sindicalistas, investigadores sociales, jubilados o simples empleados de empresas privadas, todos asumen como un derecho a reclamar la mejora del bienestar económico. En el fondo de nuestro sentido común colectivo, nunca hay un vínculo estrecho entre mejor nivel de vida y responsabilidad individual y colectiva por procurarlo. Al contrario, siempre acompaña al uruguayo la sensación de que la riqueza está oculta en algún lado y que alcanza con reclamarla, con vigor si es necesario, para que aparezca.

Es así como la bonanza de estos años es interpretada antes que nada como un designio moral. Es porque, ahora sí, se reparte la riqueza, que todos estamos mejor. Es porque, ahora sí, hay voluntad honesta de alcanzar mejoras para todos, que las mejoras existen. Nadie cree, porque a nadie se le ocurre, que antes no se pudiera mejorar tanto como hoy porque había restricciones objetivas que lo impedían. El uruguayo, voluntarista, en su cotidiano pensar abomina la escasez. Prefiere la demanda simple inserta en su ADN reclamante que lo vincula al tranquilizador Estado demiurgo que lo acompaña desde siempre.

Es por eso que añora Maracaná, tiempo feliz de clientelismo sin restricciones. Es por eso que nunca terminó de entender que las reglas económicas neobatllistas hundieron al país. También, que le resultó accesible, en los sesenta, culpar a la oligarquía terrateniente de sus males, en vez de integrar cualquier restricción a su diagnóstico. Es por eso que le es fácil condenar los menores presupuestos de los noventa en educación o en salud, comparados con los cientos de millones actuales. Es por eso finalmente, que tiene tanto éxito la explicación de atribuir nuestros males pasados al imperialismo o a una elite conservadora rapaz: todo con tal de prescindir pensar dimensiones de restricciones económicas y de necesarias mejoras de productividad.

En estos lustros frenteamplistas nada cambió. Si en el futuro las restricciones se hacen más grandes, se recurrirá, sin duda, a estos viejos y conocidos chivos expiatorios.