Hace seis meses que el aparato de espionaje del ministerio del Interior conocido como “El Guardián” puede interceptar las llamadas de 800 celulares y 200 teléfonos fijos así como intervenir 100 servicios de correos electrónicos y monitorear tres redes sociales. Aunque todo debe hacerlo con orden judicial, nadie controla cómo, cuándo, por cuánto tiempo y con qué resultados se practica ese espionaje. Eso pasa porque aun no está listo un software que debía elaborar el ministerio para que la justicia pueda fiscalizar sus procedimientos.

Hace seis meses que el aparato de espionaje del ministerio del Interior conocido como “El Guardián” puede interceptar las llamadas de 800 celulares y 200 teléfonos fijos así como intervenir 100 servicios de correos electrónicos y monitorear tres redes sociales. Aunque todo debe hacerlo con orden judicial, nadie controla cómo, cuándo, por cuánto tiempo y con qué resultados se practica ese espionaje. Eso pasa porque aun no está listo un software que debía elaborar el ministerio para que la justicia pueda fiscalizar sus procedimientos.

Se concreta así una de las amenazas contra la privacidad de los ciudadanos contenidas en ese sistema implantado en una operación que desde el principio apareció impregnada de misterio. Mientras esta situación de descontrol persista -y todo indica que va para largo- el ministerio del Interior puede leer correos electrónicos y oír conversaciones telefónicas sin la supervisión completa comprometida en su momento con la Suprema Corte de Justicia.

Se nos pide que hagamos plena confianza en que la vigilancia electrónica y el espionaje cibernético acometerán solo contra la delincuencia, el crimen organizado o el terrorismo, y nunca con otras finalidades. Pero no es sencillo confiar plenamente en un organismo conducido por un ministro como Eduardo Bonomi que es ante todo un político profesional y un acerbo militante de izquierda. Aun suponiendo que a nadie se le ocurra implementar escuchas “extrajudiciales” y partiendo de la base de que la justicia autoriza escrupulosamente cada intervención de “El Guardián” siempre existirán motivos para recelar de la marcha de ese sistema mientras los jueces y los fiscales no puedan controlar totalmente su aplicación y sus consecuencias.

El software faltante se llama Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (Sail) previsto para “dotar de transparencia al procedimiento” según se aseguró. Los meses pasaron, el espionaje se expandió a niveles nunca vistos en Uruguay, pero el Sail, una garantía para los ciudadanos, sigue brillando por su ausencia en medio de las excusas del ministerio del Interior que aduce que afronta problemas técnicos que atrasan su puesta en práctica. Y no se pregunte más al respecto porque desde 2013, cuando se compró “El Guardián”, ante cada duda o cuestionamiento se opone el secreto de Estado como si fuera un muro infranqueable.

Un secreto que hasta ahora impidió saber cuánto costó, a quién se le compró y cuáles son sus atributos técnicos. Esa nebulosa en torno a “El Guardián” sumada a la ausencia del susodicho software refuerza la postura de quienes reclaman la aprobación de una ley que organice todo lo relativo a un tema tan delicado. Una ley respetuosa del artículo 22 de la Constitución que prohíbe expresamente “las pesquisas secretas”, y que determine que las tareas de inteligencia, indispensables para la seguridad pública, deben someterse siempre al contralor de la justicia e incluso del Parlamento.

Se trata de un control indispensable sobre las acciones de un Estado que ensanchó como nunca su capacidad de espiar a los ciudadanos, algo que está ocurriendo sin que ninguno de los tantos organismos oficiales que dicen defender los derechos humanos haya alzado su voz.