El escándalo de ASSE es mucho más que una anécdota o un traspié electoral para el oficialismo. También es más que una irregularidad (o más bien: un conjunto grande de irregularidades) cometidas por unos pocos. El episodio de ASSE es un emergente que muestra las insuficiencias y los peligros de una visión corporativa de la sociedad.

El escándalo de ASSE es mucho más que una anécdota o un traspié electoral para el oficialismo. También es más que una irregularidad (o más bien: un conjunto grande de irregularidades) cometidas por unos pocos. El episodio de ASSE es un emergente que muestra las insuficiencias y los peligros de una visión corporativa de la sociedad.

La idea de que los representantes de un grupo específico (los trabajadores, los jubilados, los empresarios o quien sea) deban gobernar o cogobernar instituciones que son de todos es sencillamente una mala idea, reñida con la democracia y con la justicia social. Lamentablemente, la izquierda uruguaya sigue defendiéndola como si fuera buena.

La representación corporativa es mala, en primer lugar, porque inevitablemente tiende a poner a las instituciones de todos al servicio de un grupo particular. Contra lo que sostiene una visión ideologizada del mundo, todo grupo particular privilegia sus intereses sobre los intereses de otros grupos. Para los trabajadores organizados, los intereses de quienes trabajan son más importantes que los intereses de los desempleados (que no tienen sindicato que los defienda), de los jubilados (a quienes disputan parte de los dineros públicos) o de los miembros de las nuevas generaciones (que pueden verse perjudicados, por ejemplo, por una política industrial o de desarrollo del turismo que impulse la generación de empleos a costa del medio ambiente). Lo mismo pasa con cualquier otro caso que se considere. Los trabajadores no son un grupo particularmente egoísta, sino tan egoísta como cualquier otro grupo de interés.

Pero, en segundo lugar, la representación corporativa es una idea que no puede aplicarse en su integralidad. Tomemos el caso de ASSE. Si colocamos a representantes de los trabajadores en su directorio, ¿por qué no colocar a representantes de los pacientes? ¿Y por qué no incluir a representantes de los proveedores de insumos médicos, que se verán fuertemente afectados por las decisiones que se adopten? Para peor, cada uno de estos grupos puede subdividirse. Entre los trabajadores de ASSE, no es lo mismo un chofer que un cirujano. ¿Estamos seguros que cualquiera de ellos podrá representar los intereses del otro? Y la situación es todavía más compleja con los pacientes. Los usuarios del interior no tienen las mismas necesidades que los de Montevideo. Las mujeres requieren con intensidad algunos servicios que no cuentan para los hombres. Los enfermos crónicos y las personas con discapacidades tienen demandas que no coinciden con las del resto de los pacientes.
¿Por qué admitir que haya representantes de algunos de estos colectivos pero no de otros? Y si queremos evitar las injusticias que pueden surgir de esas exclusiones: ¿cómo evitar que los organismos de decisión se conviertan en asambleas multitudinarias?

El problema no tiene solución, de modo que al final siempre terminamos llegando al mismo resultado: el grupo que tiene más poder (en el caso de ASSE, los trabajadores organizados) termina colonizando los lugares de representación corporativa y alentando la ficción de que está representando a todos. Pero el episodio de Silva confirma que eso es falso: el dinero que terminó en manos de las cooperativas de trabajadores por vía de la sobrefacturación dejó de estar disponible para atender a las necesidades de los usuarios.